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Informe no. 84/11


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Otras Medidas de Satisfacción:
El Gobierno de la Provincia de Mendoza adoptará las medidas necesarias para colocar, en un plazo no mayor a 90 días, una placa recordatoria de las medidas solicitadas por la CIDH y por la Corte IDH respecto de las cárceles de Mendoza, que se ubicara en la entrada de la Penitenciaria Provincial.


  1. El Estado informa que dicha placa fue colocada en el ingreso al Complejo Penitenciario No 1, Boulogne Sur Mer.



El Gobierno de la Provincia de Mendoza se compromete a realizar, en el ámbito de su competencia, todas las gestiones necesarias para que continúen las investigaciones de todas las violaciones a derechos humanos que derivaron en el dictado de las medidas provisionales dispuestas por la Corte IDH. Los resultados de dichas gestiones serán presentadas por el Gobierno de la Provincia de Mendoza en el marco del proceso de seguimiento del cumplimiento del acuerdo, así como las medidas adoptadas a los efectos de determinar responsabilidades que de dichas violaciones se deriven. Los resultados de dichas investigaciones deberán ser difundidas por los medios de comunicación.


  1. Los peticionarios informan que no ha habido avances en este sentido y que la mayor parte de los casos continúa en la impunidad.


Plan de acción y presupuesto
El Gobierno de la Provincia de Mendoza se compromete, en un plazo no mayor de 90 días, a elaborar, en consulta con el Estado Nacional y con los peticionarios un Plan de Acción en Política Penitenciaria que permita establecer políticas públicas de corto, mediano y largo plazo con un presupuesto acorde que posibilite su implementación. Dicho plan deberá contemplar, al menos, los siguientes puntos:


  1. El Estado informa que mediante acta de 16 de abril de 201, el Gobierno Provincial y los peticionarios acordaron establecer un cronograma de trabajo, a fin de completar e implementar el Plan de Acción en política penitenciaria. En este marco, y sobre la base de un plan de acción elaborado por los peticionarios, se llevó a cabo la primera reunión a principios de junio de 2010 en el marco de la cual, el gobierno provincial presentó a los peticionarios un plan de acción penitenciario abarcativo de medidas de corto, mediano y largo plazo. El Estado informa que está a la espera de comentarios de los peticionarios respecto al plan.


Indicar las medidas a implementar para que los jóvenes adultos privados de libertad en Ia Provincia de Mendoza sean asistidos y custodiados por personal con formación específica para dicha tarea. Asimismo, se deberá garantizar a la totalidad de la población en esas condiciones la educación, la recreación y el acceso a actividades culturales y deportivas, una adecuada asistencia médica/psicológica y toda otra medida destinada a una adecuada inserción social y laboral.



  1. El Estado informa que el en Complejo San Felipe se ofrece la totalidad de los niveles educativos formales, esto es, Educación general Básica de Adultos dependiente del CEBA No 3-122, Polimodal dependiente del CENS No. 3-494 y Educación Superior a través de la ejecución conjunta con la Universidad Nacional de Cuyo. La matrícula total asciende a 170 estudiantes. Asimismo, se ofrecen talleres artísticos, recreativos como cine debate, música, murales, teatro, yoga, etc. Existen dos cursos de capacitación laboral Carpintería y Electricidad con 44 alumnos, entre otras.




  1. Los peticionarios informan que en el Complejo San Felipe se habrían presentado nuevos hechos de tortura por parte de personal penitenciario en 2011.




  1. Los peticionarios informan que existe hacinamiento en el Complejo Boulogne Sur Mer y en Almafuerte y que en ambos recintos se han presentado muertes violentas. Informan que no se ha seguido el plan de obras para superar las deficiencias edilicias de Boulogne Sur Mer (Informan que el 21 de octubre de 2009, la Sala Administrativa de la Corte Suprema de Justicia dio un plazo no mayor de 60 días al Gobierno de Mendoza para que elabore un plan de trabajo anual e integral que contemple la reparación o sustitución de la totalidad de las instalaciones de la cárcel de Boulogne Sur Mer).


Teniendo en cuenta las condiciones de detención de los internos de las penitenciarias de Mendoza, solicitar a las autoridades administrativas o judiciales la revisión de antecedentes disciplinarios o informes del Organismo Técnico Criminológico y del Consejo Correccional que afecten la implementación de los beneficios contemplados en el Régimen Progresivo de la Pena. Además deberá analizar el funcionamiento del Organismo Técnico Criminológico y del Consejo Correccional con el objeto de optimizar su labor.



  1. Informa el Estado que desde principios de 2008 el Organismo Técnico Criminológico ha modificado los criterios de evaluación, estableciendo pautas más flexibles y acordes a la realidad penitenciaria provincial, logrando de este modo un notable incremento de los dictámenes positivos, lo que ha permitido un mayor acceso de los internos a los beneficios establecidos en la Ley 24.660 (de ejecución de la pena privativa de libertad). Asimismo, informa que se modificaron los criterios de evaluación del Consejo Correccional conforme con los criterios establecidos en el Servicio Penitenciario provincial.


Mejorar el servicio de salud de la Penitenciaría Provincial con la colaboración del Ministerio de Salud y realizarse las inversiones necesarias para la efectiva prestación del servicio a toda persona privada de libertad.



  1. El Estado informa que en el Complejo San Felipe la división sanidad realiza guardias médicas las 24 horas, además de control semanal. Se les brinda asistencia mediante la Junta Interdisciplinaria de Jóvenes adultos, conformada por profesionales de distintas disciplinas. Se creó asimismo una división psicosocial. En adición informa que se ha finalizado la construcción de los edificios de panadería, cocina y talleres de laborterapia y mantenimiento, y la construcción de un nuevo microhospital.




  1. El Estado informa que se incorporaron 23 profesionales de la salud durante 2009, y 13 durante 2010. La atención médica se desarrolla mediante un modelo que ha permitido lograr un control médico, odontológico y psiquiátrico eficiente, de manera quincenal. Cuando el requerimiento es por urgencia, el interno es conducido inmediatamente a los consultorios de la División sanidad para su atención y tratamiento. Se implementó una ficha médica que permite identificar cualquier patología y se está trabajando sobre una historia clínica digital. Se firmó un convenio con el hospital Central y se gestionó la ampliación del convenio con el hospital El Sauce para poder ampliar el número de internos alojados. Además se ha avanzado en un sistema de vacunación. La atención psicológica funciona desde las 8 a las 18 horas y cuenta con una guardia de emergencias. Asimismo, se trabaja con un programa de adicciones, para ayudar a los internos con estos problemas. Informa que el 100% de las fichas clínicas se encuentran elaboradas.




  1. No hay información respecto a los centros de Gustavo André y Penitenciaría.


d) Garantizar el acceso a la actividad laboral a todos los internos de las Cárceles de Mendoza que así lo soliciten;


  1. El Estado informó que hubo un aumento de plazas en Complejo San Felipe y la Granja Penal Gustavo André Lavalle.


e) Garantizar el acceso y adecuada atención en los Juzgados de Ejecución, de toda persona que tenga un interés legítimo sobre la Ejecución de la Pena de los internos de las Cárceles de Mendoza. En especial el libre acceso a los abogados quienes podrán compulsar libremente Ios expedientes que se tramitan en dichos juzgados;



  1. Los internos de San Felipe y Boulogne Sur Mer se encuentran a cargo de un juez de ejecución. Se creó uno nuevo por Ley 7240/05, el cual ya tiene Jueza asignada.


f) Se procurará una adecuada capacitación y formación profesional del Personal Penitenciario.


  1. El Estado informa que fue aprobada la Ley no 7.976 Orgánica del Servicio Penitenciario Provincial que exige la profesionalización de las máximas autoridades penitenciarias, lo que provocará un aumento en la capacitación y profesionalización del personal que tenga intención de ascender en la carrera penitenciaria. Se creó el Área de Formación y Capacitación del personal penitenciario. En una segunda etapa se proyectará la creación del Instituto Universitario Penitenciario.




  1. En relación con los complejos bajo medidas provisionales Gustavo André y Boulogne Sur Mer, el Estado informa que se designó en 2008, a 338 agentes penitenciarios; asimismo se creó un sistema de ascensos y reescalafonamiento del personal; se está trabajando en capacitación y en el Reglamento de la Ley Orgánica Constitucional. Asimismo, se continúa con el proceso de separación de condenados y procesados.


Finalmente, las partes acuerdan mantener abierto un espacio de diálogo y a constituir una Comisión de Monitoreo a efectos de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos en la presente acta, incluyendo las propuestas normativas y demás medidas acordadas, en cuyo marco las partes podrán proponer otras medidas de acción que pudieran ser conducentes a un mejor cumplimiento del objeto y fin del presente acuerdo.


  1. Los peticionarios informan que no se ha constituido la Comisión de Monitoreo.




  1. La Comisión ha tomado conocimiento, como se menciona más arriba, tanto del proceso desarrollado para llegar al fallo arbitral, como de la decisión emitida en cuanto a las reparaciones pecuniarias en el caso en fecha 19 de mayo de 2011. La Comisión estima que el laudo se ajusta a los estándares internacionales aplicables. La Comisión desea expresar su reconocimiento al Tribunal Arbitral por su trabajo cuidadoso con el proceso arbitral y su decisión emitida, y desea reconocer una vez más la buena fe y voluntad de las partes en este proceso, cuyo compromiso ha hecho posible importantes avances. La Comisión recibe el laudo como una contribución importante para la resolución del presente caso, y espera recibir información periódica de las partes sobre el cumplimiento con los términos de reparación pecuniaria, así como sobre las otras medidas de reparación no pecuniarias establecidas en el laudo arbitral.




  1. La información que antecede demuestra que se ha registrado un cumplimiento importante del acuerdo, dentro de los términos de la Convención Americana. La CIDH valora altamente los esfuerzos desplegados por ambas partes para lograr el acuerdo y para implementarlo. La Comisión declara que el mismo resulta compatible con el objeto y fin de la Convención.


VI. CONCLUSIONES


  1. Con base en las consideraciones que anteceden y en virtud del procedimiento previsto en los artículos 48(1) (f) y 49 de la Convención Americana, la Comisión desea reiterar su satisfacción por los esfuerzos realizados por las partes y por el logro del acuerdo de solución amistosa en el presente caso basado en el objeto y fin de la Convención Americana.




  1. En virtud de las consideraciones y conclusiones expuestas en este Informe,


LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
DECIDE:
1. Aprobar los términos del acuerdo de solución amistosa firmado por las partes el 28 de agosto y ratificado ante la CIDH el 12 de octubre de 2007 y continuar con el seguimiento de los puntos pendientes de cumplimiento, con especial énfasis en lo relativo a las condiciones de detención de los internos de las Penitenciarías y a la investigación de los hechos denunciados.
2. Reconocer el Laudo Arbitral emitido por el Tribunal Arbitral Ad-Hoc en fecha 19 de mayo de 2011 en este caso; declarar que el mismo se ajusta a los estándares internacionales, y hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias dispuestas en el mismo.
3. Hacer público el presente informe e incluirlo en su Informe anual a la Asamblea General de la OEA.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 21 días del mes de julio de 2011. (Firmado): Dinah Shelton, Presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Primer Vicepresidente; Rodrigo Escobar Gil, Segundo Vicepresidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Felipe González, Luz Patricia Mejía Guerrero, y María Silvia Guillén, Miembros de la Comisión.


1 Argentina es parte de la Convención Americana desde el 5 de septiembre de 1984, fecha en que depositó el correspondiente instrumento de ratificación. 

2 En un principio, la denuncia identificó como peticionarios a los internos del Pabellón 8 de la Penitenciaría de Mendoza, y varios de ellos firmaron la petición. Posteriormente, la solicitud de medidas cautelares llegó a nombre de todos los internos de la Penitenciaría de Mendoza y de la Unidad Gustavo André de Lavalle. Al momento de acumular la petición, la Comisión identificó como supuestas víctimas a los internos de la Penitenciaría de Mendoza y de la Unidad Gustavo André de Lavalle.

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