Página principal

Informe no. 84/11


Descargar 129.25 Kb.
Página2/3
Fecha de conversión21.09.2016
Tamaño129.25 Kb.
1   2   3

I
I
II. Medidas de reparación no pecuniarias

El Gobierno de la Republica Argentina y los Peticionarios solicitan a la lustre Comisión Interamericana que acepte los compromisos asumidos por el Gobierno de la Provincia de Mendoza mediante el acta citada en el punto 1.1, relacionados con medidas de reparación no pecuniarias que a continuación se transcriben:
1. Medidas normativas:


  1. Someter a la consideración de la Legislatura de la Provincia de Mendoza un proyecto de ley mediante el cual se cree un organismo local de prevención en el marco del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, y a realizar las gestiones pertinentes para lograr su aprobación. Dicho organismo deberá responder a los estándares de independencia y autonomía fijados en dicho Protocolo, y deberá adaptarse en definitiva a los criterios que se establezcan oportunamente al sancionarse el mecanismo nacional correspondiente. A tal fin se establece un plazo de 90 días a partir de la firma del presente;




  1. Someter a la consideración de la Legislatura de la Provincia de Mendoza un proyecto de ley mediante el cual se cree la figura del Defensor del Pueblo de Mendoza, que tendrá a su cargo la defensa de los derechos humanos al conjunto de la población (salud, educación seguridad, desarrollo, medio ambiente sano, libertad de información y comunicación, derechos de los consumidores y usuarios, etc.) y a realizar [as gestiones pertinentes para lograr su aprobación.




  1. Someter a la consideración de la Legislatura de la Provincia de Mendoza, en un plazo no mayor de 90 días, un proyecto mediante el cual se crea una Procuración a favor de las personas privadas de libertad, y a realizar Ias gestiones pertinentes para lograr su aprobación.




  1. Someter a la consideración de la Legislatura de la Provincia de Mendoza, en un plazo no mayor a 90 días, un proyecto de ley mediante el cual se crea una Defensoría Pública oficial ante los juzgados de ejecución penal, y a realizar Ias gestiones pertinentes para lograr su aprobación.




  1. Adoptar las medidas que fueran necesarias para jerarquizar la Coordinación de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno a nivel de Dirección o Subsecretaria.


2. Otras Medidas de Satisfacción:


  1. El Gobierno de la Provincia de Mendoza adoptara las medidas necesarias para colocar, en un plazo no mayor a 90 días, una placa recordatoria de las medidas solicitadas por la CIDH y por la Corte IDH respecto de las cárceles de Mendoza, que se ubicara en la entrada de la Penitenciaria Provincial;




  1. El Gobierno de la Provincia de Mendoza se compromete a realizar, en el ámbito de su competencia, todas las gestiones necesarias para que continúen las investigaciones de todas las violaciones a derechos humanos que derivaron en el dictado de las medidas provisionales dispuestas por la Corte IDH. Los resultados de dichas gestiones serán presentadas por el Gobierno de la Provincia de Mendoza en el marco del proceso de seguimiento del cumplimiento del acuerdo, así coma las medidas adoptadas a los efectos de determinar responsabilidades que de dichas violaciones se deriven. Los resultados de dichas investigaciones deberán ser difundidas por los medios de comunicación.


C. Plan de acción y presupuesto
1. El Gobierno de la Provincia de Mendoza se compromete, en un plazo no mayor de 90 días, a elaborar, en consulta con el Estado Nacional y con los peticionarios un Plan de Acción en Política Penitenciaria que permita establecer políticas publicas de corto, mediano y largo plazo con un presupuesto acorde que posibilite su implementación. Dicho plan deberá contemplar, al menos, los siguientes puntos:


  1. Indicar las medidas a implementar para que los jóvenes adultos privados de libertad en Ia Provincia de Mendoza sean asistidos y custodiados por personal con formación especifica para dicha tarea. Asimismo, se deberá garantizar a la totalidad de la población en esas condiciones la educación, la recreación y el acceso a actividades culturales y deportivas, una adecuada asistencia medica/ psicológica y toda otra medida destinada a una adecuada inserción social y laboral;




  1. Teniendo en cuenta las condiciones de detención de los internos de las penitenciarias de Mendoza, solicitar a las autoridades administrativas o judiciales la revisión de antecedentes disciplinarios o informes del Organismo Técnico Criminológico y del Consejo Correccional que afecten la implementación de los beneficios contemplados en el Régimen Progresivo de la Pena. Además deberá analizar el funcionamiento del Organismo Técnico Criminológico y del Consejo Correccional con el objeto de optimizar su labor;




  1. Mejorar el servicio de salud de la Penitenciaria Provincial con la colaboración del Ministerio de Salud y realizarse las inversiones necesarias para la efectiva prestación del servicio a toda persona privada de libertad;




  1. Garantizar el acceso a la actividad laboral a todos los internos de las Cárceles de Mendoza que así lo soliciten;




  1. Garantizar el acceso y adecuada atención en los Juzgados de Ejecución, de toda persona que tenga un interés legítimo sobre la Ejecución de la Pena de los internos de las Cárceles de Mendoza. En especial el libre acceso a los abogados quienes podrán compulsar libremente Ios expedientes que se tramitan en dichos juzgados;




  1. Se procurare una adecuada capacitación y formación profesional del Personal Penitenciario.


D. Ratificación y difusión:
Se deja constancia que el presente acuerdo deberá ser aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, y posteriormente sometido a ratificación legislativa. Una vez cumplidas dichas formalidades, el Gobierno de la Provincia de Mendoza se compromete a elevar el presente acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a efectos de su evaluación y ratificación en sede internacional, solicitando su sometimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los efectos contemplados por el articulo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, Ias partes convienen en garantizar la confidencialidad de lo aquí acordado hasta tanto el Estado nacional ratifique el presente acuerdo mediante su remisión a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos conforme lo previsto en el párrafo anterior.
Sin perjuicio de ello, el Gobierno de la Provincia de Mendoza y los peticionarios acuerdan que el informe producido por la Comisión de Seguimiento deberá difundirse en dos periódicos de circulación provincial y en otro de circulación nacional.
Finalmente, las partes acuerdan mantener abierto un espacio de dialogo y a constituir una Comisión de Monitoreo a efectos de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos en la presente acta, incluyendo las propuestas normativas y demás medidas acordadas, en cuyo marco las partes podrán proponer otras medidas de acción que pudieran ser conducentes a un mejor cumplimiento del objeto y fin del presente acuerdo."
IV. Petitorio
El Gobierno de la Republica Argentina y los Peticionarios celebran la firma del presente acuerdo, manifiestan su plena conformidad con su contenido y alcance, valoran mutuamente la buena voluntad puesta de manifiesto durante el proceso de solución amistosa. Asimismo, y tomando en cuenta lo dispuesto en el punto II.D del acta a que se hace referencia en el punto L1, aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza N° 2740/07 de fecha 12 de octubre de 2007, se deja constancia que el presente acuerdo se suscribe ad-referéndum de la ratificación por parte del Poder Legislativo provincial de dicho decreto, y de la conclusión de las formalidades de rigor en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Una vez que ello acontezca, las partes acuerdan que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio International y Culto, se solicite formalmente a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos la aprobación del presente acuerdo, y la adopción del informe previsto por el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Washington, DC, 12 de octubre de 2007.
Anexo I Al Acta de acuerdo del 28 de agosto de 2007
Muertos en la Penitenciaría de Mendoza por los que se reclama
01) ANDRADA MOLFA, Mario Guillermo: Fallecido el 01 de mayo de 2004 por asfixia en Granja Penal. Ministerio de Justicia y Seguridad Expediente Administrativo no 4249- P-04. Causa Penal: no 106032, 106045 y 106054 Tercer Juzgado de Instrucción. Demanda Civil: no 163.375 del 1 Juzgado Civil de Mendoza. Reclamante: Cándida Graciela MOLFA (madre)
02) FALCON PORRAS, José Alejo: Fallecido el 01 de mayo de 2004 por asfixia en la Granja Penal. Ministerio de Justicia y Seguridad Expediente Administrativo No. 4349-P-04.. Causa Penal: no 106032, 106045 y 106054 Tercer Juzgado de Instrucción. Demanda Civil: no 163.375 del 1 Juzgado Civil de Mendoza. Reclamante: Alicia Cruz FALCON (hermana).
03) GUALPA, Javier Antonio: Fallecido el 01 de mayo de 2004 por asfixia en la Granja Penal. Ministerio de Justicia y Seguridad Expediente Administrativo No. 4349-P-04.. Causa Penal: no 106032, 106045 y 106054 Tercer Juzgado de Instrucción. Demanda Civil: no 163.375 del 1 Juzgado Civil de Mendoza. Reclamante: Norma Lila GUALPA (madre).
04) REALES REYNOSO, Sergio Darío: Fallecido el 01 de mayo de 2004 por asfixia en la Granja Penal. Ministerio de Justicia y Seguridad Expediente Administrativo No. 4349-P-04.. Causa Penal: no 106032, 106045 y 106054 Tercer Juzgado de Instrucción. Demanda Civil: no 163.375 del 1 Juzgado Civil de Mendoza. Reclamante: Rosa Aurelia REINOSO (madre).
05) VILLAROEL MURÜA, Carlos Marcelo: Fallecido el 01 de mayo de 2004 por asfixia en la Granja Penal. Ministerio de Justicia y Seguridad Expediente Administrativo No. 4349-P-04.. Causa Penal: no 106032, 106045 y 106054 Tercer Juzgado de Instrucción. Demanda Civil: no 163.375 del 1 Juzgado Civil de Mendoza. Reclamante: Manuel VILLAROEL (padre).
06) SAEZ, Ramón Pedro: Falleció en el hospital Lagomaggiore el 04 de junio de 2004, luego de pasar un mes internado por las quemaduras que sufrió en el incendio de la Granja Penal de Lavalle. Causa Penal: no 106032, 106045 y 106054 Tercer Juzgado de Instrucción. Demanda Civil: no. 163.566, del primer Juzgado Civil de Mendoza. Reclamantes: Rosa Antonia SAEZ (madre); Julio César SAEZ (hijo); Tomás Agustín SAEZ (hijo); Ramón Emiliano SAEZ (hijo).
07) CASTRO IRAZOQUE, Ángel Patricio: Asesinado el 27 de septiembre de 2004 con elementos punzo-cortantes. Ministerio de Justicia y Seguridad Expediente Administrativo no. 1403-P-04. Causa penal: Sumario no. 4759/04, Comisaría 6, Segundo Juzgado de Instrucción. Demanda Civil: no 97.524, Décimo Tercer Juzgado Civil de Mendoza. Reclamante María Argentina IRAZOQUE (madre) y Heriberto Dionisio CASTRO (Padre).
08) CAMARGO QUIROGA, Alejandro Ceferino: Asesinado el 30 de octubre de 2004 con elementos punzo cortantes en el interior del pabellón No 11 de la Penitenciaría Provincial. Ministerio de Justicia y Seguridad expediente Administrativo No 2818-P-04, Causa penal: Sumario no. 6397/04, Comisaría 6ª, no. P-78757/04, Cuarto Juzgado de Instrucción, Demanda Civil: no. 15.2460, Décimo Primer Juzgado Civil de Mendoza. Reclamante: Teresa QUIROGA (Madre).
09) SALINAS ARES, Sergio Norberto: Asesinado el 4 de diciembre de 2004 con elementos punzo-cortantes y descuartizado en el interior del Pabellón no 7. Causa penal: Tercera Cámara del Crimen de Mendoza. Demanda Civil: no. 115.187, Décimo Tercer Juzgado Civil de Mendoza. Reclamante: Norberto Ángel SALINAS y Julia Rosario ARES.
10) CAMARGO QUIROGA Marcelo Javier: Herido el 21 de noviembre de 20Q4, con elementos punzo-cortantes en el pabellón 13 de la Penitenciaria Provincial y falleció en el hospital Lagomaggiore el 30 de octubre de 2004. Causa penal: ° P-84858-04, Secretaria General de NN, Demanda civil: n° 152,460, Décimo Primer Juzgado Civil de Mendoza; Reclamantes: Mónica .Beatriz. LUCERO en representación de su hija menor de edad Priscila Abigail CAMARGO LUCERO y Teresa QUIROGA (Madre). 
11) Luis CUELLAR VASQUEZ Asesinado el 17 del marzo de 2005. Causa penal: Unidad Fiscal de Delitos Complejos. Demanda civil; nº 21,5519, 20° Juzgado Civil de Mendoza. Reclamantes: Ella Brualia VASQUEZ (Madre).
12) GOMEZ GONZALEZ, Gerardo: (39 años): Asesinado y mutilado el 17 de junio de 2006. Causa penal: 159801, Unidad Fiscal de Delitos Complejos. Demanda civil: nº 110,752, Décimo Segundo Juzgado Civil de Mendoza. Reclamantes: Hijo menor no reconocido, con filiación en tramite.
13) FERRANTI LUCERO, Diego Ceferino (32 años): Asesinado y mutilado el 17 de junio de 2006. Causa penal: P- 59801, Unidad Fiscal de Delitos Complejos. Demanda civil: nº 82,744, Séptimo Juzgado Civil de Mendoza. Reclamantes: Mirta Yolanda LUCERO (Madre) y un hijo menor sin representación legal.
14) HERNANDEZ ALVARADO, Héctor Gustavo: Luego de intoxicarse con "Chimichuqui", murió por falta de atención medica en el interior de la Penitenciaria de Mendoza en setiembre del 2006, Causa penal: P- 107889, Unidad de Delitos Complejos. Demanda civil: Reclamante ESPINOSA, Vanesa.
15) MINATI, Federico Alberto (22 años): Asesinado el 01 de febrero de 2006 en el interior del pabellón 13 de la Penitenciaria Provincial, con elementos punzo-cortantes. Causa Penal: P- 794.6106, Unidad Fiscal de (Delitos Complejos. Demanda civil: Reclamantes: Víctor Hugo MINATI (hermano), Andrea Silva MINATI (hermana), Lorena Mónica MINATI (hermana), Gustavo MINATI y Daniel Orlando SUAREZ (hermanastros).
16) MANRIQUE FLORES, Sergio Alberto (28 años): Asesinado el 12 de Marzo de 2007, con elemento punzo-cortantes en el interior del Pabellón 10 de la Penitenciarla de Mendoza. Causa penal: n° 20031107, de la Unidad Fiscal de delitos complejos, "F.c RIVAS SOSA, Mario Alberto". Demanda civil: Reclamantes: Marina ABREGO, por sus hijos menores Marcelo Ezequiel ABREGO (filiación), Priscila Daiana ABREGO. (Filiación}; Sheila Milagros Nicol ABREGO (filiación) Matías Emanuel MANRIQUE, Sara Nieves Flores (Madre) y Miguel Ángel MANRIQUE (Padre).
17) CESAR NICOLAS VIDLA FERNANDEZ: Fue asesinado el 8 de diciembre de 2006, en el interior del Pabellón 4 de la Penitenciaría de una puñalada en la espalda. Cause Penal: P- 131268106, Unidad Fiscal de Delitos Complejos. Demanda civil: Reclamantes: Ricardo VIDELA (padre) y Stella Maris FERNANDEZ.
18) VIDELA FERNANDEZ, Ricardo. David: Fue encontrado ahorcado en su celda de la Unidad 1.1 de la Penitenciaría, el 21 de junio 'de 2005. Causa Penal: P-468241051A, Unidad Fiscal, nº 1 de Capital. Demanda civil: Reclamantes: Ricardo VIDELA (padre) y Stella Maris FERNANDEZ,
ANEXO II Al acta de acuerdo del 28 de 2007
Heridos en la Penitenciaria de Mendoza que reclaman


  1. RUARTE SORIA, Diego Hernán: Herido gravemente el 16 de marzo de 2004, junto con Esteban Apolinario GARCIA CONTRERAS (posteriormente falleció) y trasladados por la, complejidad de sus heridas al hospital Lagomaggiore. Causa penal: n° P-19773104, caratulados "F.c/NN p/ Av. Homicidio de GARCIA CONTRERA, Esteban Apolinario", Décimo Juzgado de Instrucción. Demanda civil: no153.117, del Décimo Primer Juzgado Civil de Mendoza. Reclamante: Debido a su fallecimiento posterior a la presentación de la demanda reclama como heredera María Isabel SORIA (madre).




  1. HERRERÏA Jose Edmundo: Herido gravemente el 6 de junio de 2003, con elemento punzo-cortante en el tórax cuando se encontraba alojado en el Pabellón 9 de Penitenciaria Provincial. Causa penal nº 178.693/1:caratulados "F.c/ PEREZ, Julio; DIAZ, Mauricio; BARROSO, Sergio y CANTO/Italo p/Lesiones Graves a Edmundo José HERRERIA" del Primer Juzgado de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia. Demanda civil: nº .83.541, caratulados ''HERRERIA, Jose Edmundo CIPROVINCIA DE -MENDOZA S/ Daños y Perjuicios. Reclamo: $ 40.000.




  1. VERA FUNES Miguel Gustavo: Herido gravemente el 12 de diciembre de -2005, con elementos punzo-cortantes en la Unidad Penitenciaria n° 4, Granja Penal de Gustavo André Lavalle. Causa penal: Autos N° P-92.931105 de la Fiscalía de lnstrucción N° 18 -l Unidad Fiscal de Delitos Complejos. Demanda Civil: Incapacidad del 70%.




  1. GUIRALDES ECHEGARAI, Sergio Héctor: Herido gravemente el 03 de octubre de 2006 en el interior de la Penitenciaria, con una chuza en el rostro. Fue derivado al hospital Lagomaggiore y luego al Central donde se declaró meningitis y se lo mantuvo internado hasta el 28 de diciembre de ese mismo ano. Causa penal: Demanda civil.

5) VILLAREAL DOMINGUEZ, José Lucas. Ingresa la Penitenciaria el 7 de abril de 2007 y fue violado el 10 y 11 de abril ese mismo día lo lesionaron gravemente con un elemento punzante, perdiendo la visión de su ojo izquierdo. Causa penal: Denuncia en Unidad Fiscal nº 1 de Capital de Mendoza.


6) ORELLANO SILVA, Vicente Raúl: Debido a una infección le colocaron una sonda en la vejiga, por la deficiente atención medica se necrosó su uretra ya que estuvo en esa condición durante 14 meses. En julio de 2006, fue herido con un elemento punzante en uno de sus ojos lesionándolo en el cerebra y derivando en una infección. Causa Penal:
Demanda civil:
7) MOLINA VALDEZ, Hernán Adrián: Estuvo privado de libertad desde setiembre de 2003 hasta el 5 de julio de 2007, fecha en que recupera la libertad. Le han diagnosticado alopesía (enfermedad de la piel), como manifestación psicosomática por las condiciones de su detención, según informes de los psicólogas del penal, que constan en autos nº 7067-F del Juzgado de Ejecución Penal nº 1. Inicialmente se le negó la libertad condicional debido a una leve sanción recibida en febrero de 2006, la que un año después fue anulada por el Juez de Ejecución Eduardo Mathus, argumentando que se habla violado su derecho de defensa y el debido proceso. Recién se le otorga el beneficio en julio de 2007.
8) IDEME BASAEZ: Interno que sufrió graves heridas cuando se cayó de un andamio mientras trabajaba realizando reparaciones en el interior de la Penitenciaria.
V. DETERMINACIÓN DE COMPATIBILIDAD Y CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO


  1. La CIDH reitera que de acuerdo con los artículos 48(1)(f) y 49 de la Convención, este procedimiento tiene como fin “llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Convención”.  La aceptación de llevar a cabo este trámite expresa la buena fe del Estado para cumplir con los propósitos y objetivos de la Convención en virtud del principio pacta sunt servanda. También desea reiterar que el procedimiento de solución amistosa contemplado en la Convención, permite la terminación de los casos individuales en forma no contenciosa y ha demostrado, en casos relativos a diversos países, ofrecer un vehículo importante y efectivo de solución, que puede ser utilizado por ambas partes.




  1. En esta oportunidad, la CIDH observa que las partes han acordado diversas medidas reparatorias, y que ambas partes han solicitado a la CIDH que se pronuncie respecto del acuerdo de solución amistosa. De la información recibida, la CIDH observa que se ha implementado el acuerdo de la siguiente manera:


Medidas de Reparación Pecuniarias:

Las partes convienen en constituir un Tribunal Arbitral "ad-hoc", a efectos de que este determine el monto de las reparaciones pecuniarias debidas a Ias victimas involucradas en el caso:


  1. El acuerdo fue aprobado mediante Decreto No. 2740, en el cual se reconoció la responsabilidad del Estado y la Ley ratificatoria del acuerdo fue sancionada el 16 de septiembre de 2008 y publicada el 17 de octubre de 2008. En virtud de lo anterior, se constituyó el Tribunal Ad- Hoc el 15 de diciembre de 2008. Dicho Tribunal emitió laudo el 29 de noviembre de 2010.




  1. El laudo examina los montos de reparación debidos a cada víctima de las enumeradas en los anexos del acuerdo. El Tribunal recuerda el marco de su competencia en el reconocimiento de responsabilidad que hizo el Estado “en los casos de muertes violentas y de graves atentados contra la integridad personal por no haber garantizado las condiciones mínimas de seguridad, guarda e integridad física de los internos…”. Como cuestión preliminar, resuelve la solicitud de los peticionarios de incluir en el análisis “la posible indemnización por las causas que originaron la privación de libertad, el retardo en las investigaciones y en contestar el traslado ante este procedimiento arbitral, la mala praxis médica y las costas devengadas en los juicios locales”. El Tribunal resuelve que en cuanto a las costas únicamente se referirá al procedimiento ante la CIDH y ante el Tribunal arbitral, asimismo que resulta improcedente analizar las presuntas irregularidades procesales fuera de los casos de muertes arbitrarias, así como las demoras en el proceso arbitral. Concluye que “en definitiva este laudo examinará los hechos que motivaron estos procedimientos, sólo en cuanto tienen incidencia para la determinación de los montos. Por ende, su pronunciamiento se centrará en la determinación de las reparaciones pecuniarias derivadas del incumplimiento, por acción u omisión por parte del Estado de las obligaciones de seguridad, guarda y protección de la integridad personal, de las personas privadas de libertad bajo su exclusiva jurisdicción con los alcances establecidos en los considerandos precedentes y/de las consecuencias derivadas de tales incumplimientos como la generación de muertes arbitrarias o graves violaciones a la integridad personal de los internos […]”. De acuerdo con lo anterior, examinó las 6 muertes (enumeradas como 1 a 6 del acuerdo) producidas en el penal de Lavalle por el incendio ocurrido el 1 de mayo de 2004, y estableció un total de 601.000 dólares estadounidenses. Estableció asimismo que el monto a pagar por el Estado en los 10 casos de las personas (7 a 18 del acuerdo) fallecidas en la penitenciaría ubicada en Boulogne Sur Mer de 1.413.000 dólares estadounidenses. En los 8 casos de personas que sufrieron lesiones en los distintos centros, estableció un monto de 202.000 dólares estadounidenses. Como costas y honorarios, dispuso el pago de 100.000 dólares estadounidenses y 18.000 de remuneraciones a los árbitros.




  1. Además de establecer las circunstancias particulares de cada víctima, el laudo establece que "las violaciones a los derechos humanos que motivan la intervención de este Tribunal Arbitral han sido cometidas en el contexto de severas falencias del sistema penitenciario provincial mendocino. Y que si bien dicho contexto no ha sido motivo de valoración a los fines de la determinación definitiva de las indemnizaciones pecuniarias acordadas, a tenor de que las mismas carecen de fines punitivos, nos permitimos exhortar, con el objeto de que se garantice efectivamente los derechos de las personas privadas de libertad, su consideración por el Estado".


M
I
edidas de reparación no pecuniarias

Medidas normativas:
Someter a la consideración de la Legislatura de la Provincia de Mendoza un proyecto de ley mediante el cual se cree un organismo local de prevención en el marco del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, y a realizar las gestiones pertinentes para lograr su aprobación.
Someter a la consideración de la Legislatura de la Provincia de Mendoza, en un plazo no mayor de 90 días, un proyecto mediante el cual se crea una Procuración a favor de las personas privadas de libertad, y a realizar Ias gestiones pertinentes para lograr su aprobación.


  1. El Estado informó que se sometió a la legislatura provincial un proyecto de ley que une estos dos puntos del acuerdo proponiendo la creación de un órgano externo, “extra poder” de control de las condiciones de detención de los privados de libertad, presidido por el Procurador Penitenciario y conformado por ONG’s con trayectoria en materia de derechos humanos. Informó que con el objeto de lograr su aprobación, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, en 2009 y 2010 concurrió a diferentes comisiones de la Legislatura Provincial de Mendoza y a jornadas de aplicación del Protocolo Facultativo.




  1. El Estado informa que el 15 de abril de 2011, fue promulgada la Ley 8.279, que dispone la creación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Dicha Ley fue publicada en el Boletín Oficial el lunes 16 de mayo de 2011.




  1. Los peticionarios informan que no se ha cumplido el punto relativo a la procuración en favor de las personas privadas de libertad.


Someter a la consideración de la Legislatura de la Provincia de Mendoza un proyecto de ley mediante el cual se cree la figura del Defensor del Pueblo de Mendoza.


  1. El Estado informa que sometió dicho proyecto e informa que con el objeto de lograr su aprobación, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, en 2009 y 2010 concurrió a diferentes comisiones de la Legislatura Provincial de Mendoza y a jornadas de aplicación del Protocolo Facultativo.




  1. Los peticionarios informan que esto no se ha cumplido.


Someter a la consideración de la Legislatura de la Provincia de Mendoza, en un plazo no mayor a 90 días, un proyecto de ley mediante el cual se crea una Defensoría Pública oficial ante los juzgados de ejecución penal, y a realizar Ias gestiones pertinentes para lograr su aprobación.



  1. El Estado informa que la creación de estas defensorías está contenida en la Ley Orgánica de Ministerio Público, número 8008, recientemente sancionada y que tiene por objeto la defensa y representación de los condenados por sentencia firme en los trámites judiciales y administrativos relativos al régimen progresivo de la pena y a las condiciones de detención en general. En el cumplimiento de esta función tendrán el deber de entrevistar periódicamente a sus defendidos, informándoles sobre el trámite procesal de su causa. Igual función corresponderá a los defensores oficiales respecto a los procesados. Se informa que ya se ha designado a una defensora para el Penal Almafuerte y se designará la defensora para el penal Boulogne Sur Mer.




  1. No hay información respecto a la designación de defensore/as para los centros de Penitenciaría de Mendoza y Gustavo André.


Adoptar las medidas que fueran necesarias para jerarquizar la Coordinación de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno a nivel de Dirección o Subsecretaria.


  1. El Estado informa que fue cumplida mediante Decreto Ejecutivo No. 186 el 29 de enero de 2008.

1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje