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Informe no. 84/11


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INFORME No. 84/11

CASO 12.532

SOLUCIÓN AMISTOSA

ARGENTINA

INTERNOS PENITENCIARÍAS DE MENDOZA

21 de julio de 2011




  1. RESUMEN


  1. El 29 de mayo de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o la “CIDH”) recibió una petición presentada por 200 internos del Pabellón 8 de la Penitenciaría de Mendoza en la cual se alegó la responsabilidad de la República de Argentina1 (en adelante, “el Estado” o “el Estado argentino”) por la violación de los derechos de los internos a la integridad física, a la salud y a la vida. El 26 de octubre de 2004 se recibió por vía del Defensor del Pueblo otra denuncia firmada por los internos del pabellón 6 de la Penitenciaría. El 21 de julio de 2004, la Comisión recibió por vía electrónica una solicitud de medidas cautelares en el presente asunto a favor de los internos alojados en la Penitenciaría de la Provincia de Mendoza y sus dependencias, en la cual se alegó la violación del Estado de los artículos 4, 5 (6), y 1(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención” o “la Convención Americana”).  El original y los anexos de esta solicitud fueron remitidos a la Comisión el 28 de julio de 2004. En esta ocasión, los internos fueron representados por Alfredo Ramón Guevara, Diego Jorge Lavado, Pablo Gabriel Salinas, Carlos Eduardo Varela Álvarez y Alfredo Ramón Guevara Escayola, todos ellos abogados. Dicha solicitud contenía aspectos de carácter urgente así como también solicitudes de carácter más amplio que ameritaban ser tratadas dentro del sistema de peticiones individuales. La Comisión decidió tratar los aspectos relacionados con riesgos de daños irreparables a la vida o la integridad física a través de un proceso de medidas cautelares y luego medidas provisionales; y tratar los demás aspectos como una petición.




  1. En el transcurso del trámite interno de las peticiones, la Comisión, haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 29(1)(d) de su Reglamento en vigencia, procedió a acumular y tramitar, en un mismo expediente, la petición inicial y los aspectos de la solicitud de medidas cautelares que correspondían a una petición. Luego de analizar la información recibida, se identificó a los internos de la Penitenciaría de Mendoza y de la Unidad Gustavo André de Lavalle, junto con sus representantes, como “los peticionarios”. La CIDH destaca que luego del inicio del trámite y hasta la fecha, sólo se han recibido comunicaciones de los abogados Alfredo Ramón Guevara, Diego Jorge Lavado, Pablo Gabriel Salinas, Carlos Eduardo Varela Álvarez y Alfredo Ramón Guevara Escayola, quienes representan a todos los internos de la Penitenciaría de Mendoza y de la Unidad Gustavo André Lavalle. Dicha solicitud fue registrada bajo el número 1231/042.




  1. El 13 de octubre de 2005, la CIDH adoptó el Informe 70/05. En él, concluyó que era competente para conocer la petición referente a las supuestas violaciones de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud, contenidas en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana, referentes a las condiciones de detención de los internos de la penitenciaría de Mendoza y de la Unidad Gustavo André de Lavalle. Concluyó que analizaría la posible violación de los artículos 1, 2, 7 y 25 de la Convención en relación con sus obligaciones de garantizar la libertad personal, de respetar los derechos, de adoptar disposiciones de derecho interno y de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso.




  1. Las partes firmaron un acuerdo de solución amistosa el 27 de agosto de 2007, y lo ratificaron ante la CIDH el 12 de octubre del mismo año, en el marco de su 130 Período Ordinario de Sesiones.




  1. En el presente informe de solución amistosa, según lo establecido en el artículo 49 de la Convención y en el artículo 40(5) del Reglamento de la Comisión, se efectúa una reseña de los hechos alegados por la parte peticionaria. Asimismo, se transcribe el acuerdo de solución amistosa suscrito entre las partes. Por último, la Comisión decide aprobar el acuerdo suscrito entre las partes y la publicación del presente informe.


II. TRÁMITE ANTE LA CIDH


  1. La CIDH emitió el Informe 70/05 de Admisibilidad de la petición 1231/04, el 13 de octubre de 2005 y le asignó el número de caso 12.532. Dicho Informe fue trasladado a los peticionarios el 21 de noviembre de 2005, ocasión en la que la CIDH se puso a disposición de las partes para iniciar un proceso de solución amistosa. El Informe fue trasladado al Estado en la misma fecha. El 17 de octubre de 2005 se celebró una audiencia con la participación de las partes durante el 123 Período Ordinario Sesiones de la CIDH, ocasión en la cual acordaron, mediante un acta de trabajo, una ruta a seguir con el objeto de iniciar un proceso de solución amistosa. El 27 de diciembre de 2005, los peticionarios propusieron puntos para avanzar en el proceso de solución amistosa.




  1. Los días 19 y 20 de junio de 2006, los peticionarios solicitaron la consecución del trámite por no haber obtenido respuesta del Estado. El 19 de septiembre los peticionarios presentaron observaciones sobre el fondo. El 5 de diciembre de 2006 se realizó una reunión de trabajo en el marco de una visita del Relator del país a Argentina. El 12 de diciembre los peticionarios enviaron nueva información.




  1. El Estado solicitó una prórroga el 6 de febrero de 2007. El 5 de marzo el Estado informó sobre su voluntad de avanzar en un proceso de solución amistosa. Los peticionarios solicitaron la emisión del Informe a la CIDH por medio de comunicación de 8 de mayo de 2007, informando nuevos hechos. El Estado informó el 13 de junio que han acordado con los peticionarios retomar el espacio de diálogo con el fin de arribar a una solución amistosa. Los peticionarios presentaron información adicional en fechas: 25 de junio y 31 de julio de 2007. El Estado presentó información adicional el 13 de junio de 2007.




  1. Los peticionarios solicitaron medidas cautelares el 10 de abril de 2007, a favor de Pablo Salinas, su esposa y sus hijos. El 16 de abril la CIDH solicita información al Estado. El 30 de abril, los peticionarios amplían la solicitud a favor de Diego Lavados, Alfredo Guevara y Carlos Varela y sus respectivos grupos familiares. El 4 mayo la CIDH solicita nueva información al Estado. El Estado informa el 11 de mayo de 2007. La CIDH no otorgó las medidas cautelares.




  1. El 12 de octubre de 2007 se ratificó ante la CIDH un acuerdo de solución amistosa firmado entre las partes el 28 de agosto del mismo año.




  1. Los peticionarios presentaron nueva información en fechas: 15 de septiembre; 26 de septiembre; 13 de diciembre y 29 de diciembre de 2007; 24 y 30 de enero; 1 de febrero; 29 de febrero y 22 de agosto de 2008.




  1. El Estado presentó información adicional el 29 de septiembre. El 16 de noviembre informó de la emisión del Decreto 2740 de 12 de octubre de 2007 que aprueba el Acuerdo de Solución Amistosa, con sus anexos. Solicitó prórrogas el 12 de marzo; 20 de junio y 5 de diciembre de 2008.




  1. El 9 de enero de 2009, informó que el Senado dio sanción definitiva a la Ley 7.930, que autoriza al Poder Ejecutivo a conformar el Tribunal Ad-Hoc a los efectos de determinar la eventual pertinencia e indemnización que pudiera corresponder, en el marco del decreto No. 2740/07. Solicitó en este escrito la emisión por parte de la CIDH del Informe de Solución Amistosa.




  1. El Estado solicitó prórroga el 19 de febrero de 2009. Envió información adicional sobre la implementación del acuerdo el 11 de marzo de 2009, y solicitó la emisión del informe de solución amistosa a la CIDH.




  1. El 21 de diciembre de 2009 los peticionarios informaron sobre la falta de cumplimiento de la conformación del Tribunal Arbitral. El 27 de enero de 2010, ambas partes, Estado y peticionarios, solicitaron a la CIDH la emisión del Informe de Solución Amistosa. Los peticionarios enviaron comunicación el 18 de febrero de 2010 solicitando la postergación de la emisión del Informe, debido a nuevos hechos ocurridos en las Penitenciarías. El Estado informó el 4 de junio y solicitó la emisión del Informe por parte de la CIDH.




  1. Durante el 140 Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, se convocó a una reunión de trabajo con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento del acuerdo de solución amistosa, que contó solo con la presencia del Estado. El Estado entregó información sobre cumplimiento el 28 de octubre de 2010, lo cual fue debidamente transmitido a los peticionarios. El 14 de diciembre de 2010 los peticionarios informan que se dan por “notificados del Laudo emitido por el Tribunal Arbitral Ad Hoc” e informaron acerca de su conformidad con el mismo. Solicitaron a la CIDH la emisión del Informe conforme al artículo 49 de la Convención Americana. De dicha comunicación se les acusó recibo el 18 de enero de 2011. Los peticionarios informaron el 2 de febrero sobre nuevos hechos de tortura en el Penal San Felipe. El 27 de abril de 2011, se solicitó a los peticionarios el envío del laudo arbitral. El 12 de mayo de 2011 se recibió una comunicación de los peticionarios dando seguimiento a su solicitud de homologación del acuerdo. El 27 de mayo de 2011 el Estado informó acerca de la creación de la “Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” mediante Ley sancionada por la Provincia el 22 de marzo de 2011 y promulgada el 15 de abril de 2011. El 16 de junio de 2011, el Estado envió copia del Laudo Arbitral.


Las Medidas cautelares y provisionales


  1. Tomando en cuenta la relación entre la petición y las medidas cautelares y después provisionales, aquí se resume en forma sumaria el trámite de las medidas urgentes adoptadas. Frente a la solicitud de medidas cautelares recibida por la Comisión el 28 de julio de 2004 y registrada bajo el número 923-04, la CIDH decidió, con fecha 3 de agosto de 2004, solicitar al Estado que, en consulta con los peticionarios, adoptase medidas cautelares con el fin de:

a) asegurar las debidas condiciones de seguridad necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de los reclusos;  

b) separar a los internos en detención preventiva de los condenados; y

c) condiciones de higiene y salud adecuadas, incluyendo el acceso a servicios sanitarios y duchas.




  1. Durante la vigencia de las medidas cautelares, la Comisión recibió 26 cartas, suscritas por 227 internos de la Penitenciaría Provincial, según las cuales las condiciones imperantes en el centro de reclusión no habían mejorado. De hecho, en plena vigencia de las medidas cautelares, la Comisión conoció que el 28 de agosto de 2004 murió otro interno, y el día 14 de octubre de 2004 un interno recibió graves heridas que requirieron su hospitalización.




  1. En consideración de la falta de avances en materia de condiciones de seguridad en la Penitenciaría de Mendoza, el 14 de octubre de 2004, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordene al Estado argentino:

a) que adopte sin dilación todas las medidas de seguridad y control que sean necesarias para preservar la vida e integridad personal de las personas recluidas en la Penitenciaría de Mendoza y en la unidad Gustavo André de Lavalle, así como las de todas las personas que ingresen a tales centros carcelarios, entre ellas los empleados y funcionarios que prestan sus servicios en dichos lugares;


b) que adopte medidas inmediatas conducentes a la separación de los internos encausados y los condenados, en cumplimiento de las condiciones exigibles bajo los estándares internacionales aplicables a la materia;
c) que lleve a cabo investigaciones serias, completas y ágiles en relación con los actos de violencia ocurridos al interior de la Penitenciaría de Mendoza y la unidad Gustavo André; individualice a los responsables y les imponga las sanciones correspondientes, como mecanismo de prevención para impedir la recurrencia de nuevos hechos de violencia;
d) que dentro de un plazo razonable presente a consideración del Tribunal un plan para la reubicación de los internos que alberga en exceso la Penitenciaría de Mendoza y la unidad Gustavo André respetando su capacidad máxima y las necesidades en materia de recursos humanos, pero sin generar un nuevo problema de hacinamiento en otros establecimientos carcelarios; y
e) que dentro de un plazo razonable proceda a la readecuación de las instalaciones de la Penitenciaría de Mendoza y la unidad Gustavo André a fin de que presten las condiciones mínimas sanitarias, de espacio y dignidad necesarias para albergar a los internos.


  1. Las medidas provisionales estuvieron vigentes hasta el 26 de noviembre de 2010, fecha en que la Corte decidió levantarlas.


III. LOS HECHOS


  1. Los peticionarios sostuvieron que el Estado es responsable de violaciones a sus derechos a la vida, a la salud y a la integridad personal puesto que  aproximadamente 2400 de ellos se encontrarían alojados en un penal con capacidad para 600 internos, de tal forma que 4 o 5 internos se encontrarían en celdas de 3 x 2 metros cuadrados. Alegaron también que carecen de baños, duchas, comida suficiente y atención médica adecuada.




  1. Los peticionarios añadieron que hasta cuatro personas se alojan en celdas cuyas dimensiones no superan los 2 metros cuadrados y en donde existe una sola cama, no existe luz natural ni ingresa el aire de exterior.  Informaron que en muchos casos dicho encierro se extiende por un término que alcanza las veinte horas y que sólo durante cuatro horas alternadas pueden estar fuera de las celdas. Afirmaron que deben realizar sus necesidades fisiológicas dentro de una bolsa de nylon en condiciones de promiscuidad y dentro de la celda frente al resto de sus compañeros. Alegaron además que carecen de agua para bañarse debiendo recurrir a una manguera y que muchos de ellos padecen de sarna y otras enfermedades producto de la falta de higiene.




  1. Los peticionarios dejan constancia que tanto los encausados como los condenados se encuentran en permanente riesgo de sufrir graves ataques contra su integridad física y su vida, riesgo que se ha visto materializado con repetidos hechos de violencia que han resultado en una serie de heridos y muertos. Más específicamente, denunciaron en la petición que en el transcurso del año 2004, por ejemplo, murieron al menos 11 internos y resultaron heridos un número indeterminado de internos sin que se hayan esclarecido las circunstancias de estos actos.




  1. Los peticionarios alegaron que las condiciones de detención de esta dependencia penitenciaria incumplen sistemáticamente con las funciones y fines de las penas privativas de la libertad puesto que no cumplen con el objetivo de proporcionarles un tratamiento tendiente a su readaptación social ni con la necesidad de contar con medidas para asegurar la seguridad dentro de la Penitenciaría.




  1. Por otra parte, denunciaron que no tenían acceso a tratamiento médico, que reclusos se cortaron con el fin de conseguir tal acceso y que en cualquier caso, no contaban con los recursos materiales o médicos necesarios para un tratamiento mínimo. Los peticionarios dieron a conocer que la mayoría de internos no puede acceder a ningún tipo de trabajo o tarea de resocialización ni puede asistir a la escuela ni a los oficios religiosos y que no existe separación entre condenados y encausados.




  1. Los peticionarios sostuvieron que la Dirección del establecimiento facilita permanentes ingresos de un denominado “cuerpo especial” de la Policía de Mendoza, conformado por personas encapuchadas y acompañadas de perros entrenados para amedrentar y lesionar a los internos.




  1. Los peticionarios informaron que han realizado permanentes reclamos ante los tribunales por medio de acciones de hábeas corpus por agravamiento injustificado de las condiciones de detención sin que, como resultado, lleguen a cumplirse las obligaciones que los tribunales imponen al Gobierno provincial.




  1. En la petición se dejó constancia que tanto el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria como Amnistía Internacional han investigado la situación y manifestado su profunda preocupación por la gravedad de la misma, presentando recomendaciones al gobierno.




  1. Los peticionarios adjuntaron durante el trámite una serie de recortes de prensa relacionados con la Penitenciaría Provincial y el tema de la seguridad. Según lo informado, durante los años de trámite hubo una serie de motines, muertos y heridos en la Penitenciaría, así como casos de tuberculosis y otras enfermedades contagiosas y un incendio que también dejó muertos.




  1. El Estado sostuvo que la presente petición expone igual problemática que la que dio origen a la solicitud de medidas cautelares y provisionales.


IV. SOLUCIÓN AMISTOSA


  1. El 12 de octubre de 2007 el peticionario suscribió junto con representantes de la República Argentina el acuerdo de solución amistosa ante la CIDH, en cuyo texto se establece lo siguiente:


ACUERDO DE SOLUCION AMISTOSA
Las partes en el caso N° 12.532 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Internos de las Penitenciarias de Mendoza - los peticionarios, representados en este acto por el Dr. Carlos Varela Álvarez, y el Gobierno de la Republica Argentina, en su carácter de Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante "La Convención", actuando por expreso mandato de los artículos 99 inciso 11 y 126 de la Constitución de la Nación Argentina, y en orden a lo dispuesto por el articulo 28 de la Convención, representado en este acto por el señor Subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Federico Horacio Ramos; por Ia Sra. Directora Nacional de Asuntos Internacionales de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, Dra. Andrea Gladys Gualde; y por el señor Asesor de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio International y Culto, Dr. Jorge Nelson Cardozo, tienen el honor de informar a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han llegado a un acuerdo de solución amistosa de la petici6n, cuyo contenido se desarrolla a continuación, solicitando que, en orden al consenso alcanzado, la misma sea aceptada y se adopte el consecuente informe previsto por el articulo 49 de la Convención, conforme las condiciones especificadas en el presente documento.
I.- La responsabilidad de la Provincia de Mendoza en el caso
1. Mediante el acta suscripta en la ciudad de Mendoza el 28 de agosto de 2007, el Gobierno de la Provincia de Mendoza ha declarado que, "...en orden a las constancias que existen respecto de Ios hechos que desencadenaron Ia solicitud de adopción de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha 3 de agosto de 2004, y las posteriores medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante resolución del 22 de noviembre de 2004 en el "caso de las Penitenciarías de Mendoza", y habiendo considerado las conclusiones a las que arribó Ia Ilustre Comisión Interamericana en el informe de admisibilidad No 70/05 relativo al caso del acápite en cuyo marco señaló que el mismo "...es admisible conforme a los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, con respecto a las supuestas violaciones a los derechos a la vida, a la integridad física y a la salud, contenidas en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana, referentes a las condiciones de detención de los internos de la penitenciaria de Mendoza" como así también respecto de "...la posible aplicación de los artículos I, 2, 7 y 25 de la Convención en relación con la obligación del Estado argentino de garantizar la libertad personal, de respetar los derechos, de adoptar disposiciones de derecho interno y de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso" y otros elementos de convicción que fueron incorporándose en el proceso de solución amistosa, en particular a partir de la puesta en marcha del convenio de cooperación en virtud del cual el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación envío un equipo de trabajo a efectos de desempeñar tareas de gestión de campo, el Gobierno de la Provincia de Mendoza entiende que existen elementos suficientes para tener por configurada Ia responsabilidad objetiva de la Provincia de Mendoza en el caso, razón por la cual decide asumir responsabilidad en los hechos y sus consecuencias jurídicas, conforme a Ias conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referidas precedentemente."
2. Atento a ello, y en orden a la naturaleza internacional de las violaciones de derechos reconocidas precedentemente, acontecidas en el ámbito de la jurisdicción de Ia Provincia de Mendoza, el Gobierno de la Republica Argentina manifiesta que no tiene objeción alguna en acompañar dicho reconocimiento en el ámbito internacional en su calidad de Estado parte de la Convención y de conformidad con Ia normativa constitucional invocada en el acápite, solicitando a la ilustre Comisión se tengan por reconocidos los hechos sucedidos en dicha jurisdicción en los términos expresados en el punto 1.
II.- Medidas de Reparación Pecuniarias:
El Gobierno de la Republica Argentina y los Peticionarios solicitan a la Ilustre Comisión Interamericana que acepte los compromisos asumidos par el Gobierno de la Provincia de Mendoza mediante el acta citada en el punto 1.1, relacionados con medidas de reparación pecuniarias que a continuación se transcriben:
"1. Las partes convienen en constituir un Tribunal Arbitral "ad-hoc", a efectos de que este determine el monto de las reparaciones pecuniarias debidas a Ias victimas involucradas en el caso, de acuerdo a los derechos cuya violación se ha tenido por reconocida en el punto I de la presente acta, conforme a los estándares internacionales que sean aplicables.


  1. El Tribunal estará integrado por tres expertos independientes, de reconocida versación en materia de derechos humanos y alta calidad moral, uno designado a propuesta de los peticionarios, el segundo a propuesta del Estado, y el tercero a propuesta de los dos expertos designados por las partes. El Tribunal deberá estar integrado, a más tardar, dentro de los 30 días siguientes a la ratificación legislativa del Decreto del Poder Ejecutivo Provincial mediante el cual se apruebe el presente acuerdo.




  1. El procedimiento a aplicar será definido de común acuerdo entre las partes, de cuyo contenido se dejara constancia en un acta cuya copia se elevara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. A tal efecto, las partes designarán un representante para participar en las deliberaciones sobre el procedimiento.




  1. El laudo del tribunal arbitral será definitivo e irrecurrible. El mismo deberá contener el monto y la modalidad de las reparaciones pecuniarias acordadas, Ios beneficiarios de las mismas, y la determinación de Ias costas y honorarios que pudieran corresponder, tanto en el procedimiento Ilevado a cabo en el ámbito internacional como en la instancia arbitral, debiendo ser sometido a Ia evaluación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del proceso de seguimiento del cumplimiento del acuerdo, con el objeto de verificar que el mismo se ajusta a los parámetros internacionales aplicables. Los montos reconocidos en el laudo serán inembargables y se encontraran exentos del pago de todo impuesto, contribución o tasa existente o por crearse.




  1. Los peticionarios se obligan a desistir de las acciones civiles iniciadas ante los tribunales locales respecto de Ias personas que resulten beneficiarias de las reparaciones que determine el Tribunal Arbitral ad-hoc, y renuncian, de manera definitiva e irrevocable, a iniciar todo otro reclamo de naturaleza pecuniaria contra el Estado Provincial y/o contra el Estado Nacional en relación con el presente caso. "

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