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Informe no. 7/13 peticióN 992-05


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INFORME No. 7/13

PETICIÓN 992-05

ADMISIBILIDAD

JOSÉ TULIO CARRILLO HERNÁNDEZ

GUATEMALA

19 de marzo de 2013

I. RESUMEN

  1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Comisión”, “Comisión Interamericana” o “CIDH”) recibió el 2 de septiembre de 2005, una petición presentada por José Julio Tulio Carrillo Hernández, representado por Carlos Antonio Pop (en adelante, “peticionario” o ”presunta víctima”), contra el Estado de Guatemala (en adelante, “Estado”, “Guatemala” o “Estado Guatemalteco”), por la presunta violación de los derechos a las garantías judiciales, a la propiedad privada, y protección judicial consagrados en los artículos 8, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “Convención Americana” o “Convención”).


  1. El peticionario sostiene que el Estado de Guatemala habría vulnerado sus derechos como consecuencia de la instalación, sin su autorización y sin que mediara contrato alguno, de una subestación de la Policía Nacional Civil en su propiedad. Alega que pese a existir una decisión judicial firme a su favor, no ha podido lograr la ejecución de la sentencia, ya que el Estado no ha aplicado los mecanismos previstos y necesarios para hacerlo, y así le ha negado el acceso a la protección judicial eficaz. Asimismo señala que, como producto de esta situación, habría una persecución en su contra.




  1. Por su parte, el Estado sostiene que la petición debe ser declarada inadmisible, porque la reivindicación que el peticionario pretende hacer sobre el inmueble carecería de legitimidad pues las escrituras públicas e inscripciones registrales en que funda su derecho de propiedad estarían viciadas de nulidad absoluta. Afirma que el inmueble que la presunta víctima reclama como suyo se encuentra ligado a una finca que históricamente le ha pertenecido al Estado de Guatemala y que no se han agotado los recursos internos.




  1. Sin prejuzgar sobre el fondo de la denuncia, tras analizar las posiciones de las partes y en cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión, decide declarar el caso admisible a efectos del examen sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1, 21 y 25, en concordancia con el artículo 1.1 de dicho tratado. La Comisión decide además, notificar esta decisión a las partes, y publicarla e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.



    1. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN




  1. El 2 de septiembre de 2005 la Comisión recibió la petición y le asignó el número 992-05. El 6 de enero de 2006, se transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado, solicitándole que dentro del plazo de dos meses presentara su respuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 del Reglamento de la CIDH. El 8 de marzo de 2006 el Estado solicitó una prórroga para presentar su escrito de respuesta. La respuesta del Estado fue recibida el 10 de abril de 2006. Dicha comunicación fue debidamente trasladada al peticionario.


  1. Además, la CIDH recibió información del peticionario mediante comunicaciones de fecha 7 de diciembre de 2005, 6 de febrero de 2006, 3 de marzo de 2006, 18 de septiembre de 2006, 28 de marzo de 2007, 25 de octubre de 2007, 10 de marzo de 2008, 17 de junio de 2008, 30 de julio de 2009, 12 de noviembre de 2009, 26 de diciembre de 2011, 12 de enero de 2012, 14 de febrero de 2012, 7 de marzo de 2012 y 13 de septiembre de 2012. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al Estado.




  1. Asimismo, la CIDH recibió información del Estado el 26 de julio de 2006, 14 de mayo de 2007, 10 de enero de 2008, 29 de abril de 2008, 5 de octubre de 2009, 31 de enero de 2012, 6 de marzo de 2012, 17 de diciembre de 2012 y 9 de enero de 2013. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al peticionario.




  1. El 26 de diciembre de 2011, el peticionario manifestó la voluntad de la presunta víctima de iniciar un proceso de solución amistosa. El 27 de diciembre de 2011, la CIDH se puso a disposición de las partes con miras a alcanzar una solución amistosa respecto del presente caso. Por su parte, el Estado, el 31 de enero de 2012, afirmó su voluntad de llegar a una solución amistosa lo que reiteró en su nota de fecha 6 de marzo de 2012.




  1. Durante la visita de la Presidenta de la CIDH, Comisionada Dinah Shelton a Guatemala, se realizó el 10 de marzo de 2012 una reunión de trabajo sobre la presente petición con la presencia de ambas partes. En la reunión las partes reiteraron su interés de alcanzar una solución amistosa, sin embargo, observaron obstáculos que lo impedirían.




  1. El 28 de agosto de 2012 la CIDH recibió una comunicación del peticionario mediante la cual informó que renunciaba al proceso de solución amistosa que se había iniciado con el Estado de Guatemala y solicitó que se continuara con el trámite de la petición. El 29 de agosto de 2012 la CIDH dio por cerrado el proceso de solución amistosa.


III. POSICIÓN DE LAS PARTES
A. El peticionario


  1. José Julio Tulio Carrillo Hernández afirma ser propietario desde 1983 de un inmueble ubicado en la 15 Avenida y 2º calle, Boulevard Vista Hermosa de la zona 15 de la Ciudad de Guatemala. Sostiene que compró la propiedad al padre de su cónyuge y el título fue inscrito en el Registro General de la Propiedad de Guatemala. Afirma que en 1998 la Policía Nacional Civil instaló una subestación en las proximidades de su propiedad. Informa que 6 meses después, por petición de vecinos del sector, la subestación se habría trasladado al interior del inmueble del señor Carrillo Hernández.




  1. Sobre el historial del inmueble, sostiene que el 30 de enero de 1950 Raúl Figueroa Valle habría vendido al Instituto de Fomento de la Producción –INFOP- la finca Oakland, pero se habría reservado dos manzanas de dicho predio. Alega que las dos manzanas que se habría reservado Figueroa Valle, fueron vendidas al señor Rogelio Roca Estrada, suegro del peticionario, el 31 de diciembre de 1959, quien a su vez habría vendido el inmueble a la presunta víctima en 1983.




  1. Indica el peticionario que en el año 2000 habría iniciado un juicio en el Juzgado de Primera Instancia Civil en contra de la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación y el Procurador General de la Nación con el fin de que se le restituyera la posesión del inmueble. Afirma que se declaró con lugar una excepción presentada por el Procurador General, al inicio del proceso, por lo que no hubo decisión de fondo.




  1. Afirma que no impulsó otros procesos judiciales hasta que observó que el Estado en el año 2002, con el fin de ‘’evitar posteriores demandas’’, habría solicitado al Banco Nacional de la Vivienda (BANVI) (actuando como propietario de la finca matriz de la que se habría reservado dos manzanas Raúl Figueroa Valle como vendedor de la finca original), desmembrar una fracción de la misma y otorgarla a favor de la Policía Nacional Civil. Según el peticionario, comprendido en esta fracción estaría el predio del cual asegura ser propietario legítimo.




  1. Indica que ante estas acciones el peticionario habría presentado la acción de amparo 82-2004 (expediente 2170-2004) ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos del Ambiente en contra del Director de la Policía Nacional Civil, por el supuesto intento de éste de apoderarse del inmueble del peticionario. Señala que el 23 de junio de 2004 esta Sala habría emitido sentencia otorgando el amparo a Carrillo Hernández y ordenando a la autoridad impugnada desocupar la fracción de terreno de propiedad del peticionario, dentro del plazo de 30 días de quedar firme el fallo.




  1. Sostiene que la sentencia de amparo de 23 de junio de 2004 fue apelada por el Director de la Policía Nacional Civil ante la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala. Informa que esta Corte habría resuelto confirmando el amparo el 30 de marzo de 2005.




  1. Alega que el Comisario Nacional de la Policía Civil habría dirigido una misiva al Presidente de la Corte de Constitucionalidad el 27 de marzo de 2005 donde habría señalado que la Subestación de Policía se encontraba en un área que le habría sido adscrita por Acuerdo Gubernativo y no en la finca propiedad del señor Carrillo, por lo que habría una imposibilidad legal y material para proceder al desalojo del terreno. Ante esta carta, la Corte de Constitucionalidad habría resuelto el 27 de mayo de 2005 que se oficiara al Tribunal de origen para que tomase en cuenta la inobservancia de la ejecución de la sentencia de amparo y se realizaran las acciones debidas para el cumplimiento de la sentencia de amparo 82-2004. Alega que esta resolución demostraría que se trataba de una sentencia firme, con lo que se habrían agotado los recursos internos.




  1. Informa que el Ministerio de Gobernación y la Procuraduría General de la Nación habrían interpuesto tres amparos (950-2005, 526-2005, 929-2005) en contra de la sentencia de amparo del 30 de marzo de 2005, los cuales no fueron admitidos por no proceder la acción de amparo contra una sentencia de amparo.




  1. Informa que el 21 de junio de 2005 la Corte de Constitucionalidad, integrada por un Magistrado Suplente, resolvió anular de oficio1 las actuaciones realizadas en el expediente 2170-2004. Señala que en esta resolución la Corte habría requerido al peticionario para que “establezca con claridad, la delimitación del área que se protegió a través del amparo”. Señala que el 15 de julio de 2005, la Corte habría solicitado al peticionario que en un plazo de 10 días estableciera la delimitación del área física protegida por vía de amparo. Según el peticionario habría entregado esta información a la Corte el 24 de julio del mismo año, cumpliendo con el requisito. Indica que el 11 de octubre de 2005 se le habría notificado la nueva decisión de la Corte, según la cual de oficio se habría enmendado el proceso y, como consecuencia, anulado lo actuado en la apelación, sin embargo, la sentencia de amparo del 30 de marzo de 2005 seguiría estando firme.




  1. Indica el peticionario que inició un proceso penal en contra del Director de la Policía Nacional Civil por el presunto delito de abuso de autoridad, desobediencia y usurpación agravada, sin haber obtenido resultado. Asimismo informa que el Ministerio Público habría impulsado el proceso penal 13.503-2005 en su contra por falsedad material, falsedad ideológica y uso de documentos falsificados en su contra, radicada ante Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Señala que con fecha 29 de diciembre de 2005, fue declarada ha lugar la excepción de extinción de la persecución penal por prescripción, interpuesta por el peticionario.



B. El Estado





  1. En sus primeras respuestas, el Estado alegó que la petición debía ser declarada inadmisible porque la presunta víctima no habría demostrado que se hubieran vulnerado sus derechos humanos y que no se habrían agotado los recursos internos. Informó que la dilación excesiva resultaría del ‘’plan delincuencial’’ que se habría gestado con relación a los hechos alegados por el peticionario.




  1. Asimismo, sostuvo que el inmueble en cuestión se encontraba ligado al antecedente histórico de una finca que habría sido propiedad del Estado. Alegó que Raúl Figueroa Valle, antiguo propietario del inmueble matriz, cuando vendió al Banco Nacional de la Vivienda, se habría reservado el derecho de desmembrar a su favor, dos manzanas de terreno de dicho inmueble. Esa desmembración habría tenido lugar el 11 de abril de 1960. Sostiene que sobre el lote desmembrado, y que fue individualizado en Escritura Pública e inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad, Figueroa Valle habría celebrado permuta total con la señora Concepción Concha Azurdia Arimany de Bianchi el 26 de enero de 1972. En tanto, según señala el Estado, los derechos del peticionario serían sobre otro inmueble y que el peticionario estaría utilizando falsificación de documentos para evidenciar su propiedad sobre el inmueble que sería propiedad del Estado guatemalteco. Argumentó que Carrillo Hernández y su suegro habrían querido elaborar un “montaje [con el que] se pretende hacer creer que los supuestos derechos de la finca que inscribieron el denunciado y su suegro, son los mismos que en la actualidad posee el Estado”.




  1. El Estado sostuvo que la escritura pública con la que supuestamente Figueroa Valle vendió el inmueble a Roca Estrada, quien a su vez, en 1983 le habría vendido al peticionario adolecería de vicios que la hacen nula, de acuerdo a un estudio técnico que habría realizado el Gabinete Criminalístico de la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Señaló que en este estudio, las firmas de Raúl Figueroa Valle y las del Notario Público presentarían serias diferencias grafológicas y que al compararlas con otros documentos se puede concluir que las mismas “no son coincidentes y en consecuencia fueron falsificadas”.




  1. Alegó el Estado que los procesos judiciales internos mediante los cuales el peticionario pretendió hacer valer su supuesto derecho de propiedad carecen de validez legal puesto que han estado fundamentados en documentación falsa y que por ello, el peticionario habría incurrido en los delitos de falsedad material e ideológica y uso de documentos falsificados. Indicó que por este motivo se abrió el proceso 13,503-2005, radicado ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.




  1. Informó el Estado que existiría un juicio ordinario Civil 215-2006 interpuesto por el Estado de Guatemala en contra del peticionario, radicado ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil por nulidad absoluta de las escrituras públicas invocadas por el peticionario. Señaló, además, que la ejecución de la sentencia de Amparo 82-2004 habría sido suspendida por una resolución de fecha 13 de enero de 2006 dentro del mencionado juicio civil. Concluyó el Estado que existen dos procesos judiciales internos vigentes (Proceso Penal 13,503-2005 y Juicio Ordinario Civil 215-2006) para dilucidar la legitimidad de la propiedad en este caso y que por ello no se habrían agotado los recursos internos.

IV. ANÁLISIS DE COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD




      1. Competencia de la Comisión ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci

  1. El peticionario se encuentra facultado, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión.  La petición señala como presunta víctima a José Tulio Carrillo Hernández, respecto de quien el Estado de Guatemala se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Guatemala es un Estado parte en la Convención Americana desde el 25 de mayo de1978, fecha en la que depositó su instrumento de ratificación, respectivamente. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.  Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana, que habrían tenido lugar dentro del territorio de Guatemala, Estado Parte en dicho tratado.  

  1. La Comisión tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraban en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición.  Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana. 

      1. Agotamiento de los recursos internos




  1. El artículo 46.1.a) de la Convención Americana dispone que, para que sea admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos.

  1. Señala la presunta víctima que agotó los recursos de la jurisdicción interna con la sentencia de 30 de marzo de 2005 de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Por su parte, el Estado sostiene que existe un juicio de nulidad de escritura pública pendiente y que por lo tanto no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna.


  1. En el presente caso, la CIDH observa que la presunta víctima promovió el recurso de amparo 82-2004 ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos del Ambiente. El 23 de junio de 2004 esta Sala emitió sentencia a favor de Carrillo Hernández. La sentencia fue apelada y confirmada por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala el 30 de marzo de 2005. Asimismo, el 11 de octubre de 2005 la Corte de Constitucionalidad de oficio enmendó el proceso y, como consecuencia, anuló lo actuado en la apelación, sin embargo, la sentencia de amparo sigue estando firme. En relación con la materia de la petición planteada, la Comisión concluye que el requisito de previo agotamiento de los recursos internos se encuentra satisfecho. En relación con el juicio de nulidad de escritura pública pendiente referido por el Estado, de ser pertinente, la Comisión lo analizaría con los eventuales alegatos del Estado en la etapa de fondo.


2. Plazo de presentación de la petición


  1. El artículo 46.b de la Convención Americana establece que para que una petición resulte admisible por la Comisión se requerirá que sea presentada dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado haya sido notificado de la decisión definitiva.




  1. En el presente caso, la Comisión ha establecido que los recursos internos se agotaron con la decisión del 30 de marzo de 2005 de la Corte de constitucionalidad de Guatemala, y que la petición fue presentada ante la Comisión el 2 de septiembre de 2005. En consecuencia, la Comisión concluye que este requisito se encuentra satisfecho.


3. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional


  1. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46.1.c y 47.d de la Convención.


4. Caracterización de los hechos alegados

  1. La Comisión considera que no corresponde en esta etapa del procedimiento decidir si se produjeron o no las alegadas violaciones en perjuicio de la presunta víctima.  A efectos de la admisibilidad, la CIDH debe resolver en este momento únicamente si se exponen hechos que, de ser probados, caracterizarían violaciones a la Convención Americana, como lo estipula el artículo 47.b de la misma, y si la petición es "manifiestamente infundada" o si es “evidente su total improcedencia”, según el inciso (c) del mismo artículo. El criterio para la apreciación de estos extremos es diferente al requerido para pronunciarse sobre los méritos de una denuncia. La CIDH debe realizar una evaluación prima facie y determinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención Americana, mas no establecer la existencia de dicha violación2.  En la presente etapa corresponde efectuar un análisis sumario que no implica un prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo. El propio Reglamento de la Comisión Interamericana, al establecer una fase de admisibilidad y otra de fondo, refleja esta distinción entre la evaluación que debe realizar la Comisión Interamericana a fin de declarar una petición admisible y la requerida para establecer si se ha cometido una violación imputable al Estado3.

  1. Ni la Convención Americana ni el Reglamento de la CIDH exigen al peticionario identificar los derechos específicos que se alegan violados por parte del Estado en el asunto sometido a la Comisión, aunque los peticionarios pueden hacerlo. En cambio, corresponde a la Comisión, con base en la jurisprudencia del sistema, determinar en sus informes de admisibilidad, qué disposición de los instrumentos interamericanos relevantes es aplicable y podría concluirse que habría sido violada si los hechos alegados son probados mediante evidencia suficiente y argumentos legales. En este caso, el peticionario sostiene que el Estado violó los derechos humanos de la presunta víctima porque negó la protección judicial eficaz al no ejecutar las medidas necesarias para lograr la ejecución de una sentencia de amparo. El Estado por su parte afirma que no se identifican elementos que caractericen una violación a la Convención Americana.

  1. De acuerdo a la información y documentos aportados por las partes, la CIDH considera que los hechos alegados respecto de la presunta omisión del Estado de tomar las medidas requeridas para la ejecución de la sentencia, debido supuestamente a que las autoridades competentes no lo permitieron por supuestos intereses en la propiedad del peticionario, podría caracterizar una violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1, 21 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de dicho instrumento, respecto de la presunta víctima y sus familiares.



V. CONCLUSIONES

  1. Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión, la Comisión Interamericana concluye que la petición satisface los requisitos de admisibilidad enunciados en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y en consecuencia


LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
DECIDE:

  1. Declarar admisible la petición en cuanto a las presuntas violaciones de los derechos establecidos en los artículos 8.1, 21 y 25 de la Convención, en concordancia con el artículo 1.1 de dicho tratado, respecto de la presunta víctima.


  1. Notificar esta decisión a las partes.




  1. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 19 días del mes de marzo de 2012. (Firmado): José de Jesús Orozco Henríquez, Presidente; Tracy Robinson, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Dinah Shelton y Rodrigo Escobar Gil, Miembros de la Comisión.




1 El peticionario hace referencia al artículo 68 de la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad que dispone:

“La Corte de Constitucionalidad podrá anular las actuaciones cuando del estudio del proceso establezca que no se observaron las disposiciones legales, debiéndose reponer las actuaciones desde que se incurrió en nulidad. ’’



2 Ver CIDH, Informe No. 128/01, Caso 12.367, Mauricio Herrera Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser del Diario “La Nación” (Costa Rica), 3 de diciembre de 2001, párr. 50; Informe No. 4/04, Petición 12.324, Rubén Luis Godoy (Argentina), 24 de febrero de 2004, pár. 43; Informe No. 32/07, Petición 429-05, Juan Patricio Marileo Saravia y Otros (Chile), 23 de abril de 2007, párr. 54.

3 Ver CIDH, Informe No. 31/03, Caso 12.195, Mario Alberto Jara Oñate y otros (Chile), 7 de marzo de 2003, párr. 41; Informe No. 4/04, Petición 12.324, Rubén Luis Godoy (Argentina), 24 de febrero de 2004, párr. 43; Petición 429-05, Juan Patricio Marileo Saravia y Otros (Chile), 23 de abril de 2007, párr. 54; Petición 581-05, Víctor Manuel Ancalaf LLaupe (Chile), 2 de mayo de 2007, párr 46.



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