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Informe no. 103/10


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INFORME No. 103/10

DECISIÓN DE ARCHIVO

PETICIÓN 11.698

PERÚ


15 de julio de 2010

PRESUNTAS VÍCTIMAS: Ana María López Flores, Alfonso José Manuel Noriega López y Rodolfo Isaac Noriega Cardó

 

PETICIONARIOS:  Rodolfo Isaac Noriega Cardó y Asociación Americana de Juristas



 

VIOLACIONES ALEGADAS:  Artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 22, 24, 25 y 27 de la Convención Americana
INICIO DE TRÁMITE: 14 de enero de 1997
  


  1. POSICIÓN DE LOS PETICIONARIOS




  1. Alegaron que desde mediados de 1993 Rodolfo Isaac Noriega Cardó, su esposa Ana María López Flores y su hijo Alfonso José Manuel Noriega López habían sido objeto de persecución por parte de altos funcionarios del Estado peruano, como represalia a denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas presuntamente practicadas por un grupo de exterminio vinculado a las Fuerzas Armadas.




  1. Según se desprende de la denuncia, Rodolfo Isaac Noriega Cardó y su esposa fueron detenidos el 21 de enero de 1995 por agentes del Grupo Operativo Delta de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE). Se indica que el señor Noriega Cardó fue liberado doce días después de su arresto, mientras que Ana María López Flores fue puesta a disposición de la jurisdicción militar, siendo procesada por el delito de traición a la patria. Según la información disponible, luego de ser puesto en libertad el señor Noriega Cardó se desplazó a Chile, donde pasó a gozar de status de refugiado.




  1. Los peticionarios afirmaron que el 29 de febrero de 1996 la señora López Flores fue condenada en última instancia a cadena perpetua por el Consejo Supremo de Justicia Militar. Adujeron que durante su privación de libertad fue sometida a tratamientos crueles, inhumanos y degradantes y que pese a padecer de cáncer metastático de mama y otras afectaciones a su salud, las autoridades penitenciarias no le habrían brindado un tratamiento adecuado.




  1. El 27 de noviembre de 1996 la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de la señora Ana María López, requiriendo al Estado peruano proporcionar un tratamiento médico adecuado a sus condiciones de salud. El 11 de diciembre de 1996 el Estado informó sobre el tratamiento que la beneficiaria venía recibiendo y describió el resultado de los exámenes clínicos realizados en los últimos meses.



  1. Los peticionarios indicaron que luego de obtener el beneficio del indulto, Ana María López Flores falleció el 21 de noviembre de 1998.


II. POSICIÓN DEL ESTADO


  1. Señaló que contra la sentencia condenatoria dictada en perjuicio de Ana María López Flores, sus representantes legales interpusieron un recurso extraordinario de revisión penal, el cual fue declarado improcedente por la Sala Plena del Tribunal Supremo Militar Especial el 27 de junio de 1996. Refirió que el Consejo Supremo de Justicia Militar determinó el internamiento de la señora Ana María López Flores en el Establecimiento Penal de Máxima Seguridad de Yanamayo-Puno, pero que atendiendo a su estado de salud, fue admitida en el Establecimiento Penal para Mujeres de Chorrillos, en la ciudad de Lima. Manifestó que la señora López Flores fue ubicada en un sector para internas que sufren alguna enfermedad y que en todo momento contó con una atención oportuna médica y adecuada a sus condiciones de salud.




  1. El Estado informó que el 6 de agosto de 1997 la señora López Flores obtuvo el beneficio del indulto por razones humanitarias, por lo cual alegó no subsistir los hechos que fundamentaron la presentación de la petición.


III. TRÁMITE ANTE LA CIDH


  1. El 25 de octubre de 1996 se recibió la petición inicial, la cual fue registrada bajo el número 11.698 y trasladada al Estado el 14 de enero de 1997, otorgándole el plazo de 90 días para que presentara respuesta de conformidad con el Reglamento de la CIDH entonces vigente. El 15 de marzo de 1997 el Estado presentó su respuesta, la cual fue remitida a los peticionarios el 19 de marzo de 1997.



  1. Los peticionarios presentaron escritos adicionales el 26 de febrero, 21 de abril, 24 de junio, 10, 28 y 29 de julio, 22, 23 y 27 de septiembre, 14 de octubre y 29 de diciembre de 1997 y 14 de diciembre de 1998. A su vez, el Estado remitió información adicional el 13 de mayo, 12 de junio, 13 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre y 5 de noviembre de 1997, 15 de enero y 14 de diciembre de 1998.




  1. El 9 de octubre de 1997, en el marco de su 97º período ordinario de sesiones, la CIDH sostuvo una audiencia pública sobre la presente petición, a la cual asistieron representantes del Gobierno peruano y el señor Rodolfo Noriega Cardó.




  1. El 7 de enero de 2003 la CIDH solicitó a los peticionarios que en un plazo de 30 días presentaran información actualizada. El 29 de enero de 2010 la CIDH reiteró dicha solicitud e indicó que de no recibir información actualizada en el plazo de un mes, podría considerar el archivo de la petición, de conformidad con el artículo 48.1.b) de la Convención Americana.


IV. FUNDAMENTO PARA LA DECISIÓN DE ARCHIVO


  1. Tanto el artículo 48.1.b) de la Convención Americana como el artículo 42.1 del Reglamento de la Comisión Interamericana establecen que en cualquier etapa del procedimiento, recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, la CIDH verificará si existen o subsisten los motivos de la petición y, en cualesquiera de los casos, ordenará el archivo del expediente.




  1. A pesar de las solicitudes de información actualizada formuladas por la CIDH el 7 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2010, los peticionarios no han remitido escritos adicionales. En esas circunstancias, y en vista de que la información disponible no es suficiente para adoptar una decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la petición, la CIDH decide archivarla de conformidad con los artículos 48.1.b) de la Convención y 42.1 de su Reglamento.

Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 15 días del mes de julio de 2010. (Firmado): Felipe González, Presidente; Paulo Sergio Pinheiro, Primer Vicepresidente; Dinah Shelton, Segunda Vicepresidenta; María Silvia Guillén, José de Jesús Orozco Henríquez, Rodrigo Escobar Gil y Luz Patricia Mejía Guerrero, Miembros de la Comisión.





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