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COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

8° PERÍODO DE SESIONES / EVALUACIÓN SOBRE ARGENTINA

INFORME ALTERNATIVO

SITUACION DE LA DISCAPACIDAD EN ARGENTINA – 2008/2012

PRESENTADO DE MANERA CONJUNTA POR:

REDI -CELS - FAICA - FENDIM - ADC













Coordinación, edición y compilación del material:

Lic. Sabrina Aguilera 

Iñaki Regueiro De Giacomi (REDI)

Soledad Ribeiro Mieres (CELS)


Responsables de redacción:
REDI

Ana Dones; Carolina Buceta; Emiliano Naranjo; Evangelina Gálligo; Facundo Chávez Penillas; Giselle Ferrari; Iñaki Regueiro De Giacomi; Jose Viera; Marcelo Betti; Silvia Coriat; Verónica González Bonet;

-Se agradecen los aportes de Magdalena Orlando
CELS

Macarena Sabin Paz, Paula Litvachky, Diego Morales, Gabriela Kletzel, Rosa Matilde Díaz Jiménez, Laura Sobredo, Nadia Pieczansky, Soledad Ribeiro.


FAICA

José Viera


FENDIM

Graciela Fijtman


ADC

Mercedes Cavallo y Sofía Minieri




Índice:

  1. Presentación de las organizaciones participantes en el Informe……………………………p. 3/4

  2. Introducción general…………………………………………………………………………………p. 5

  3. Reseña histórica………………………………………………………………………………………p.6

  4. Desarrollo por artículos de la CDPD

Artículo 4…………………………………………………………………………………………………………p. 7/9

Artículo 6…………………………………………………………………………………………………………....……………………………nforme………………………………… econ las previsiones de los arts. p. 10/11

Artículo 8………………………………………………………………………………………………………….p. 11

Artículo 9…………………………………………………………………………………………………………..p.12/17

Artículo 12…………………………………………………………………………………………………………p. 18/23

Artículo 13…………………………………………………………………………………………………………p. 24/27

Artículo 14…………………………………………………………………………………………………………p. 28/39

Artículo 15…………………………………………………………………………………………………………p. 40/42

Artículo 17…………………………………………………………………………………………………………p. 43/46

Artículo 19…………………………………………………………………………………………………………p. 47/49

Artículo 20…………………………………………………………………………………………………………p. 50/51

Artículo 21…………………………………………………………………………………………………………p. 52/53

Artículo 23…………………………………………………………………………………………………………p. 54

Artículo 24…………………………………………………………………………………………………………p. 55/63

Artículo 25…………………………………………………………………………………………………………p. 64/68

Artículo 27…………………………………………………………………………………………………………p. 69/72

Artículo 28…………………………………………………………………………………………………………p. 73/74

Artículo 29…………………………………………………………………………………………………………p. 75/78

Artículo 31…………………………………………………………………………………………………………p. 79/80

Artículo 33…………………………………………………………………………………………………………p. 81/84

Presentación de las organizaciones de la sociedad civil participantes

Para la realización del presente informe las siguientes organizaciones argentinas han trabajado de manera mancomunada, aportando cada una su perspectiva en relación a las diferentes temáticas que se plantean a través de los artículos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante CDPD) seleccionados. Cabe destacar que entre los firmantes se encuentran organizaciones de Personas con Discapacidad (en adelante PCD), dirigidas por PCD; así como organizaciones transversales de derechos humanos, a saber:



REDI - Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad1

REDI es una organización no gubernamental cuyo principal objetivo es incidir en políticas públicas de los derechos de las PCD, bajo el modelo social. La Red por los Derechos de las PCD – REDI- surge en el año 1998 de la convergencia de diferentes organizaciones de PCD y de PCD y sus familiares y aliados que bregaban por su inclusión como sujetos plenos de derecho: derecho al trabajo unos, a la accesibilidad otros.

Sosteniendo un activo protagonismo, las propias PCD fueron y son quienes conducen a REDI, postulando así principios que paralelamente se enunciaban por entonces en las Normas Uniformes, y una década más tarde se incorporarían en la letra de la CDPD.

En años recientes, REDI ha dado un salto cualitativo, consolidando alianzas estratégicas con organizaciones locales e internacionales. Su activa participación en la redacción de la CDPD, y su consecuente actuación a favor de los derechos allí plasmados, la ubica como referente clave en la temática ante organismos de gobierno, de derechos humanos, de PCD, y de ONG que se van sumando en la lucha por la inclusión.

Forma parte de la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención sobre los Derechos de las PCD, de la Red de Organizaciones No Gubernamentales de PCD y sus Familias (RIADIS), de la Alianza Internacional sobre Discapacidad (IDA) y de Global Partnership for Disability and Development (GPDD).
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)2
El CELS es una organización no gubernamental que trabaja desde 1979 en la promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en Argentina. Los principales objetivos de la institución se encuentran orientados a: denunciar las violaciones a los derechos humanos, incidir en los procesos de formulación de políticas públicas basadas en el respeto por los derechos fundamentales, impulsar reformas legales e institucionales tendientes al mejoramiento de la calidad de las instituciones democráticas y promover el mayor ejercicio de estos derechos para los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Desde 1982, el equipo de salud mental está abocado a la atención y acompañamiento de las víctimas y sobrevivientes del terrorismo de Estado. Con el advenimiento de la democracia, se extendió el trabajo sobre las violaciones de los derechos humanos contra las personas usuarias de los servicios de salud mental, fundamentalmente aquellas asiladas en instituciones de encierro. Luego de la ratificación Argentina de la CDPD la agenda del equipo de salud mental se enmarcó en la incidencia por la efectiva implementación del paradigma social de la discapacidad, a través de la adecuación de la normativa interna y de la implementación de políticas públicas afines a los contenidos de la CDPD.



FAICA Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes3.

FAICA es una asociación civil que tiene por objeto consolidar la unidad solidaria y activa del movimiento tiflológico, y luchar en todo el país por la promoción integral de las capacidades de las personas ciegas y amblíopes, por su bienestar general y por el justo reconocimiento de su condición de ciudadanos útiles y activos; sustentando como principios fundamentales la preservación de la dignidad de las personas ciegas y amblíopes, y su derecho a intervenir en todos los asuntos que les conciernen.

Para ello trabajan en alianza con otras organizaciones no gubernamentales relacionadas con la discapacidad, distintas reparticiones públicas, empresas y todos aquellos actores que puedan colaborar para alcanzar la inclusión y la plena participación de las PCD visual en la sociedad.

Con el fin de dar respuestas a necesidades concretas del sector, FAICA desarrolla también distintos programas que cuentan con el respaldo de organismos estatales, organizaciones internacionales de cooperación y entidades del ámbito empresarial. Estas acciones comprenden entre otros ejes, la capacitación en nuevas tecnologías, el acceso al trabajo y la promoción de mujeres y jóvenes con discapacidad visual.



FENDIM Federación Argentina de Entidades Pro Atención a las PCD Intelectual4

FENDIM fue fundada en el año 1966, nuclea a asociaciones de padres y familiares de PCD intelectual. La misión de esta organización es promover y defender los derechos de las PCD intelectual. Conforma desde hace 45 años una sólida red de más de 140 instituciones a lo largo de todo el país, coordinando como Federación la participación activa en el desarrollo e implementación de políticas públicas,  legislaciones y eventos más importantes de nuestro país en relación a la temática.



ADC Asociación por los Derechos Civiles5

La ADC es una organización no gubernamental, apartidaria y sin fines de lucro creada en 1995 con el propósito de contribuir a afianzar una cultura jurídica e institucional que garantice los derechos fundamentales de las personas, sustentada en el respeto por la Constitución y los valores democráticos. Su principal misión es velar por el cumplimiento de los derechos civiles.

Sus principales áreas de Trabajo son: Acceso a la Información Pública; Derechos Sexuales y Reproductivos; Educación; Justicia; Libertad de Expresión; Litigio de Interés público; Monitoreo Legislativo y Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

A los militantes del F.L.P,

víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura

Por su lucha que es la nuestra y sigue viva

Introducción general

El presente informe tiene por objeto establecer las cuestiones prioritarias en cuanto al estado de situación de los derechos de las personas con discapacidad en la República Argentina. Paralelamente se señalan los principales motivos de preocupación que las organizaciones de la sociedad civil aquí nucleadas encuentran en relación a vulneraciones concretas de estos derechos. A través de un análisis de artículos específicamente seleccionados, se plantea la necesidad de revisar ciertas políticas y prácticas instaladas en nuestro país.

En este sentido, se presentan datos estadísticos, información contextual, relevamientos normativos y prácticas, así como recomendaciones constructivas que impulsen los cambios indispensables para asegurar la inclusión plena de las PCD en Argentina.

Cabe destacar que la selección de artículos de la CDPD que se aborda en este documento responde al trabajo y las experiencias de las entidades participantes, que vienen desarrollando estudios en relación a dichas temáticas, así como acciones concretas desde hace varios años.

Nuestro país ha ratificado la CDPD en septiembre de 2008 y bajo la Ley N° 26.378 la incorporó a su ordenamiento jurídico interno. La Constitución Nacional establece que la CDPD tiene jerarquía superior a las leyes. Es decir: en caso de contradicción con cualquier norma local, rige la Convención6. La Constitución también establece que el colectivo de las PCD es uno de los 4 grupos sociales específicos que deben ser beneficiarios de “medidas de acción positiva” Esto da cuenta de la prioridad que deben tener las PCD en materia de “igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por [la] Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos” en Argentina7.

Este informe se propone una mirada desde la experiencia de la sociedad civil basada en los principios elementales de la CDPD como la eliminación de la discriminación, el derecho a tener una vida digna y autónoma, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, reconocer la diversidad de las PCD, la promoción del pleno goce de sus derechos humanos, las libertades fundamentales y su plena participación con igualdad de oportunidades en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural.

La ratificación de la CDPD por parte de Argentina ha implicado un avance en cuanto a la incorporación de la temática de la discapacidad en la agenda pública y, en consecuencia, un progreso en cuanto a la percepción social del colectivo de PCD impulsado por la lucha que las asociaciones de la sociedad civil, entre otros actores públicos y privados, han llevado a cabo en pos de variar el imaginario social, de lograr la plena inclusión y de promover el cambio de paradigma desde el modelo médico hacia el modelo social.

Sin embargo, en nuestro país, aún persisten estereotipos, prejuicios y perspectivas asistencialistas en todos los ámbitos de la sociedad, tanto en la normativa, políticas públicas, como en numerosas prácticas sociales. Incluso, continúan existiendo prácticas discriminatorias que profundizan la segregación y la exclusión de las PCD en la sociedad.

En este contexto, es el deseo de las organizaciones participantes que este Informe constituya como una herramienta para remarcar las preocupaciones, visibilizar las realidades adversas que atraviesan las PCD en nuestro país y fortalecer los procesos democráticos a fin de promover una sociedad inclusiva y respetuosa de la diversidad, contemplando el aporte, los derechos y las libertades fundamentales de todos y todas.

Reseña histórica

La primera ley de derechos humanos en materia de discapacidad de nuestro país -Ley N° 20.9238- data del año 1974. Dicha norma establecía un cupo laboral para PCD no solo para el Estado sino también para empresas privadas. Esa ley fue el fruto de la militancia política de las PCD. El Frente de Lisiados Peronistas fue una organización pionera que inició el camino para que las PCD hablen por sí mismas. Y querían hablar de política y de derechos, en este caso: a trabajar.

Muchos de sus militantes fueron detenidos en centros clandestinos de detención y desaparecidos por la dictadura militar que comenzó el 24 de marzo de 1976. Uno de ellos era José Liborio Poblete Roa, quien había migrado desde Chile a fin de realizar un tratamiento en el Instituto de Rehabilitación del Lisiado. José era una persona con discapacidad física y fue torturado con especial saña a causa de su discapacidad. La ley de cupos N° 20.923 que había impulsado junto a sus compañeros/as fue derogada.

José Poblete es hoy uno de los 30.000 desaparecidos/as del genocidio político que azotó a nuestro país desde 1976 hasta 1983. Su hija Claudia fue apropiada por militares y conoció su historia y recuperó su verdadera identidad en el año 2000 gracias a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. Analizando su caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró en 2005 la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad de los responsables del terrorismo de Estado.

En el año 1981 -durante la dictadura- se dictó la Ley N° 22.431, llamada “Sistema de protección integral de los discapacitados”. Dicha norma, con modificaciones, sigue vigente y es la ley principal en materia de discapacidad en nuestro país.

En el año 1983 recuperamos la democracia. En el año 2008 entra en vigor en nuestro país una Convención que, como la primera ley argentina N° 20.923, respondía a los reclamos y lucha política de las PCD. En el año 2012, el camino que comenzaron los militantes del F.L.P. sigue siendo transitado por el movimiento de PCD.



Desarrollo por artículos de la CDPD
Artículo 4: Obligaciones generales9

Armonización legislativa y planes integrales de políticas públicas

En materia de avance normativo, desde 2008 a la fecha, si bien existen algunos avances aislados en consonancia con el mandato del artículo 4.1.b de la CDPD (por ejemplo el art. 66 de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual), la armonización legislativa es una tarea aún pendiente10.

Por ejemplo, no existe en Argentina norma alguna que defina, ponga en práctica o reglamente el concepto de “ajustes razonables” en sus múltiples campos de aplicación. Si bien el Estado informa que el concepto “ha sido propuesto para ser incorporado en el nuevo proyecto de código civil nacional en diversos artículos11 (el destacado es nuestro) solo lo hace en el artículo 35 en relación con la entrevista que el/a juez/a deberá tener con quien sea sometido a un procedimiento de sustitución en la toma de decisiones (incapacidad).

Asimismo y aún cuando existen planes de largo plazo en otras áreas, desconocemos la existencia de cualquier tipo de Plan de Acción o Estrategia Global en materia de discapacidad a nivel local o nacional. De más esta decir que, atento a las múltiples materias pendientes, urge una visión federal, integral y de largo plazo en materia de discapacidad.



Acerca de la certificación de discapacidad:

Reconocemos el avance que significa el Certificado Único de Discapacidad (CUD) dado que en nuestro país existe mucha disparidad entre las jurisdicciones (en relación con criterios, recursos económicos, profesionales, etc.). Es asimismo destacable que se haya unificado el criterio de evaluación a favor de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF -más cercano al modelo social-, abandonando finalmente la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías-CIDDIM -más cercano al modelo médico). No obstante, tenemos información de que aún no ha sido implementado en las jurisdicciones de Misiones, Santa Cruz y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este último distrito aún continúa aplicando la CIDDIM sin que exista voluntad fehaciente de adherir al Certificado Único y sus criterios.12

Por otro lado, existen profundas diferencias entre los criterios aplicados por unas y otras jurisdicciones, y dentro de ellas, por cada una de las instituciones y juntas evaluadoras otorgantes de los certificados. Por ejemplo, en ciertos distritos los criterios son muy exigentes y en otros son más laxos, repercutiendo en el primero de los casos en algo tan sensible como el acceso a prestaciones básicas.

En muchos casos, la cantidad de juntas evaluadoras no cubre la demanda de un territorio o la cubre deficientemente (los turnos son otorgados con excesiva demora -contamos con denuncias, por ejemplo de la provincia de Córdoba donde se deben esperar hasta 6 meses por un turno; en la Ciudad de Buenos Aires al momento de confección del presente informe se estaban otorgando turnos recién para el 2014, etc.-; requieren traslados por largas distancias, etc.)13. Se configura así un marco de discrecionalidad y fallas en el servicio que menoscaba el principio de igualdad entre PCD dentro del Estado.



Acerca de las prestaciones básicas en materia de discapacidad:

La Ley N° 24.901 de 1996 establece el Sistema Único de Prestaciones Básicas para PCD. Dicha norma incluye aspectos múltiples, por ejemplo prestaciones en:



  1. Rehabilitación (rehabilitación específica y ayudas técnicas),

  2. Terapéuticas educativas (Centros Educativos Terapeúticos, Centros de Día, Estimulación Temprana),

  3. Educativas (escuelas, servicios apoyo integración escolar, formación laboral),

  4. Asistenciales14 (hogares, pequeños hogares, residencias),

  5. Complementarias y transporte especial15.

Dichas prestaciones son puestas en cabeza de las obras sociales (organizaciones sindicales que, por ley, reciben mensualmente aportes obligatorios de los/as trabajadores/as a fin de que se les provea, principalmente, servicios de salud). Por medio de la Ley N° 24.75416 también del año 1996, se hacen igualmente obligatorias para las empresas de medicina prepaga (firmas comerciales que en el marco del mercado brindan, principalmente, servicios de salud). Como veremos, éstas últimas son renuentes a cubrir dichas prestaciones, presentando múltiples obstáculos y siendo necesario en muchos casos recurrir a la vía judicial. Cabe destacar que las barreras generales (a toda la población) y específicas (a las PCD) para el acceso a la justicia generan que, en muchos casos, solo puedan acceder a estas prestaciones quienes tienen recursos suficientes (económicos, tiempo, voluntad, etc.)

Es oportuno aquí aclarar que esta norma obliga a las PCD que, a fin de obtener los servicios previstos en ella, cuenten con un certificado médico que reconozca la discapacidad y sus necesidades en materia de prestaciones. En los hechos, esto genera el absurdo de necesitar, por ejemplo, que un/ médico/a “recete” (prescriba vía receta médica) una prestación educativa (un colegio).

Dado el carácter federal del Estado Argentino, se requiere la adhesión expresa de cada jurisdicción a fin de que el Sistema Único de Prestaciones establecido por la Ley N° 24.901 entre en vigor en cada territorio. En ese sentido, 6 distritos aún no han adherido a dicho sistema habiendo pasado 16 años de la sanción de dicha ley. Esto genera a nivel federal una desigualdad inaceptable que redunda en la desprotección de muchas PCD por el solo hecho de vivir al otro lado de la frontera provincial. Hasta la fecha, de 24 jurisdicciones del país, 20 han adherido al sistema17. Aún las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, y Santiago del Estero no han adherido18.



Preguntas sugeridas al Estado Argentino:

  1. ¿Qué medidas concretas se están tomando a fin de que el Certificado Único de Discapacidad sea implementado en todo el país con celeridad y efectividad, particularmente en las jurisdicciones que no lo han receptado?

  2. ¿Qué medidas concretas se están tomando a fin de que todas las provincias adhieran a la Ley de Prestaciones Básicas de Discapacidad?

  3. ¿Qué medidas se adoptan a fin de que las PCD conozcan sus derechos y la vía de acceso efectivo a ellos?

RECOMENDACIONES

  1. Garantizar que el Certificado Único de Discapacidad se implemente ágilmente en todas las jurisdicciones, particularmente en las jurisdicciones que no lo han receptado.

  2. Realizar campañas de difusión sobre las formas de acceso y beneficios del Certificado Único en todo el país.

  3. Reforzar la cantidad de Juntas Evaluadoras (incluyendo la presencia de profesionales de las disciplinas necesarias) en todo el país en directa relación con la demanda efectiva por parte de la población con discapacidad y garantizar la accesibilidad a la evaluación en un tiempo razonable y sin obstáculos.

  4. Incentivar que las jurisdicciones que aún no adhirieron a la Ley N° 24.901, lo hagan.

  5. Garantizar que las prestaciones no médicas no sean evaluadas y prescriptas por médicos/as.

Artículo 6: Mujeres con discapacidad19

Según se desprende del Artículo 6 de la CDPD, las mujeres y niñas con discapacidad conviven con múltiples formas de discriminación y, es por ello que los Estados parten deben adoptar medidas específicas para asegurar el goce pleno de derechos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás.

Esta situación discriminatoria no es ajena a la realidad de las mujeres y niñas con discapacidad que viven en Argentina y se manifiesta en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Por ejemplo, en el caso del empleo: las mujeres con discapacidad, no detentan igualdad de condiciones para su acceso, sus salarios suelen ser más bajos, y en proporción, es mucho menor la cantidad de mujeres con discapacidad que acceden a puestos jerárquicos.

Con respecto al acceso a la salud: las mujeres con discapacidad en nuestro país, específicamente aquellas con discapacidad motriz, encuentran principales dificultades para una atención ginecológica en hospitales públicos y privados, dado que la mayoría carece de camillas adaptadas y accesibles. Por lo cual, para este tipo de situaciones se requiere la presencia de un tercero que las asista, vulnerando así su derecho a la privacidad y autonomía.

En relación a los programas y servicios de Salud sexual y reproductiva, el Estado Argentino ha puesto en marcha el Programa de Educación Sexual Inclusivo (ESI) ejecutado por el Ministerio de Educación de la Nación y el Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, ambos cuentan con importantes inconvenientes en su implementación dado que, a modo de ejemplo, la información sobre métodos anticonceptivos y otras informaciones que hacen al cuidado del cuerpo de las mujeres no está disponible en sistema Braille para mujeres con discapacidad visual, y tampoco existen adecuaciones en lenguaje sencillo para mujeres con discapacidad intelectual y/o psicosocial.

Asimismo, los materiales audiovisuales para trabajar temáticas de género y sexualidad que forman parte de la difusión de este programa, no cuentan con audio descripción y la gran mayoría no poseen el subtitulado correspondiente. Igualmente, la página Web donde se encuentra alojado dicho material20, que es de libre acceso a público en general, es inaccesible a lectores de pantalla.

Finalmente, el Estado Argentino en sus políticas públicas relativas a la prevención de trata de personas y de violencia hacia las mujeres, no ha incorporado la perspectiva de mujeres con discapacidad. Resulta fundamental la intervención de un equipo profesional para desarrollar e implementar este tipo de programas. Cabe señalar que esta cuestión cobra notoria importancia ya que en la actualidad se encuentra en tratamiento ante el Congreso Nacional, teniendo media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de modificación de la Ley N° 26.364 sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Dicho Proyecto prevé la modificación de la integración y funcionamiento del Consejo Federal de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas. Las disposiciones prevén la integración por representantes de distintos organismos estatales y organizaciones no gubernamentales. Debido a la funciones de diseño de las políticas publicas en materia de la trata de personas, es importante que el Consejo contemple en su composición y funcionamiento la mirada transversal y la inclusión de la temática de la discapacidad.

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