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Inconformidad 178/2007. derivada del juicio de amparo directo 95/2007. promovente: josé francisco garcía gonzález. PONente: ministro genaro david góngora pimentel. Secretario: rómulo amadeo figueroa salmorán


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INCONFORMIDAD 178/2007.

derivada del juicio de amparo directo 95/2007.

promovENTE: JOSÉ FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ.


PONENTE: MINISTRO genaro david góngora pimentel.

SECRETARIo: rómulo amadeo figueroa salmorán.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de junio de dos mil siete.



VISTO BUENO

SEÑOR MINISTRO.

V I S T O S; Y,

R E S U L T A N D O:

COTEJÓ.

PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil siete, en la Oficialía de Partes Común Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, José Francisco García González, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la sentencia de dos de enero de dos mil siete, pronunciada por la Segunda Sala Familiar del Tribunal mencionado en el toca 2444/2006/4, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida en el juicio controversia del orden familiar sobre alimentos, seguido por Claudia María Molina Basteris en contra del quejoso, bajo el expediente número 1031/2005 en el Juzgado Décimo Tercero de lo Familiar del Distrito Federal.
SEGUNDO. El impetrante del amparo señaló como garantías violadas en su perjuicio, las contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los antecedentes y conceptos de violación que estimó pertinentes.
TERCERO. El conocimiento de la demanda de garantías correspondió, por razón de turno, al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde por auto de ocho de febrero de dos mil siete, su Presidenta la admitió a trámite y ordenó formar el expediente que se registró con el número D.C.95/2007. En sesión celebrada el doce de abril de dos mil siete, el órgano colegiado del conocimiento emitió ejecutoria en la cual concedió la protección constitucional.
En su parte considerativa, en lo que interesa, la sentencia referida contiene los razonamientos siguientes:
“… Precisado lo anterior, habiendo resultado infundados los argumentos del quejoso en los que pretendía establecer que no debió condenársele al pago de alimentos, procede ahora el análisis de los argumentos hechos valer por el quejoso en relación a que debió establecerse en cantidad líquida y no en razón a un porcentaje y que la condena impuesta no respetó el principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos, previsto en el artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal, que dispone que los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos, los que se estiman parcialmente fundados.
en el caso de alimentos por divorcio necesario, procede la condena a su pago a cargo del cónyuge culpable, pero su monto está sujeto a la ponderación de los medios económicos de los ex cónyuges y sus necesidades y, a las demás obligaciones del deudor alimentario, entre otras circunstancias, las cuales inciden para fijar el monto de la pensión alimenticia, en términos del artículo 288 del Código Civil para el Distrito Federal.
En este contexto, la parte en que resultan fundados los conceptos de violación es en cuanto a que la autoridad responsable se excedió al condenar al quejoso al pago de una pensión alimenticia consistente en el diez por ciento de los ingresos mensuales del quejoso.
Ello es así, considerando que en la sentencia reclamada la autoridad responsable dejó precisado que en el caso debía forzosamente condenarse al demandado al pago de una pensión alimenticia por ordenarlo así el artículo 288 del Código Civil para el Distrito Federal, lo cual debía hacerse atendiendo al principio de proporcionalidad en materia de alimentos establecido en el artículo 311 del Código Civil citado; sin embargo, al tomar en cuenta las circunstancias especiales del caso enumeradas en las cinco fracciones que conforman el artículo 288 en cita, como son la edad y estado de saludo de los cónyuges, su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo, duración en el empleo y dedicación pasada y futura a la familia, colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge, medios económicos de uno y otro y sus necesidades, así como las demás obligaciones del cónyuge deudor; al respecto, la responsable señaló que el demandado contaba con cuarenta y tres años de edad y que percibía un ingreso neto de veinticinco mil pesos como trabajador de la empresa Corporación Industrial Gargonz, Sociedad Anónima de Capital Variable, además de tener obligación alimenticia con su esposa Claudia Grajales Romo, quien se encontraba embarazada en la fecha en que se dictó la sentencia apelada, en tanto que la parte actora Claudia María Molina Básteris (sic), contaba con cuarenta y tres años de edad, de profesión licenciada en Comunicaciones, en relación a su situación económica destacó la responsable que las copias certificadas de las declaraciones anuales, parciales e informativas de dos mil cinco, se advertía que respecto de la declaración del año dos mil, declaró ingresos totales por seiscientos noventa y nueve mil novecientos trece pesos; de la declaración del año dos mil uno, declaró ingresos totales por un millón ciento cuarenta y un mil quinientos sesenta y tres pesos; de la declaración del año dos mil dos, declaró ingresos por novecientos sesenta y un mil cuatrocientos noventa y tres pesos; de la declaración del año dos mil tres, declaró ingresos por un millón ciento diez mil pesos y de la declaración del año dos mil cuatro, declaró ingresos por un millón ciento setenta mil pesos, asimismo, la responsable hizo alusión al informe rendido por Ixe Casa de Bolsa, en relación al contrato de intermediación bursátil a nombre de Claudia María Molina Básteris (sic), el cual presentaba un valor de cartera al mes de septiembre de dos mil cinco, de nueve millones cuatrocientos trece mil doscientos cuatro pesos 22/00, moneda nacional; asimismo, señaló la responsable que las partes estaban plenamente calificadas y tenían acceso a un empleo, se habían casado el dieciocho de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en tanto que la sentencia de divorcio fue dictada el veintitrés de marzo de dos mil uno, por lo que su matrimonio había durado aproximadamente trece años, existiendo la presunción de que ambos habían tenido dedicación a lo que fue su familia; ambos habían acreditado tener medios económicos suficientes, aunque como había resuelto el juzgador, el demandado demostró que la actora no tiene necesidad de percibir una pensión alimenticia, pero en el caso no implicaba definir si el demandado debía sufragar las necesidades de la actora mediante una pensión de ayuda, pero que se encontraba obligado al pago de la pensión alimenticia por haber resultado cónyuge culpable; señalando que la misma debía sujetarse a las posibilidades del deudor alimenticio y a las posibilidades de la parte acreedora y que analizando todos elementos se condenaba al demandado al pago del diez por ciento de sus ingresos, concluyendo la responsable que para esa determinación se había tomado en cuenta la conducta del demandado como cónyuge culpable, dando lugar la disolución del vínculo matrimonial.
Como se advierte, la responsable únicamente hizo alusión a las percepciones percibidas por el demandado por el monto de veinticinco mil pesos y por otra parte, precisó que en el caso, la actora no necesitaba de una pensión alimenticia, pero que se encontraba obligado a pagarla en términos del artículo 288 del Código Civil para el Distrito Federal, señalando que ambos contaban con medios económicos, sin embargo, la responsable fue omisa en fundar y motivar el diez por ciento que fijó como pensión alimenticia a cargo del demandado, respecto de sus ingresos, pasando por alto que debió establecer un monto mínimo en atención a que la actora, como refiere el quejoso, tiene ingresos propios y así lo reconoció, trabajó durante el matrimonio y después del divorcio siguió trabajando y aun cuando ha hecho gastos personales, solventados por la propia actora, le han permitido mantener una cuenta por más de nueve millones de pesos, que comparados con los veinticinco mil pesos mensuales que percibe el demandado, según se encuentra acreditado en autos, no se advierte que la responsable hubiese valorado dichas circunstancias y de qué forma debieron influir para imponer un monto elevado o inferior como pensión alimenticia en relación a los ingresos del demandado, aunado a lo anterior no se advierte que la responsable haya ponderado las obligaciones del deudor en términos de la fracción VI del artículo 288 citado, las cuales igualmente deben ser cubiertas con los ingresos del demandado, máxime que igualmente se trata de una obligación alimenticia a favor de su actual esposa, quien se encontraba en estado de gravidez en el momento en que se dictó la sentencia apelada, en la inteligencia de que debió ponderar la responsable, que el demandado formó una nueva familia integrada por su actual esposa y su futuro hijo o hija, quienes precisan de la necesidad de que les sean suministrados alimentos, en términos del artículo 308, fracciones I y II, del Código Civil para el Distrito Federal, que señalan que los alimentos comprenden además de la comida, el vestido, la habitación, atención médica y hospitalaria y los gastos del parto y embarazo en su caso, y en el caso de menores lo relativo a su educación para proporcionarles oficio, arte o profesión, adecuados a sus circunstancias personales, ponderando que, en el caso, esa obligación subsistirá en el caso de su futuro hijo o hija hasta que alcance la mayoría de edad y la obligación para con la actora perdurará hasta que contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato; aunado a lo anterior, la responsable señaló que ambos contendientes contaban con medios económicos, sin embargo, por parte del demandado, únicamente tomó en cuenta los ingresos percibidos por éste, en tanto que de la parte actora señaló que tiene celebrado un contrato de inversión bursátil con saldo de más de nueve millones de pesos y atendiendo a las demás constancias de autos, como había expresado la juez natural no necesitaba de alimentos, por lo que en todo caso, debió establecer un porcentaje mínimo que afectara los ingresos del quejoso en atención a los medios económicos de los ex cónyuges y sus necesidades y las demás obligaciones del ex cónyuge deudor, en términos de las fracciones V y VI del artículo 288 y numeral 311 del Código Civil para el Distrito Federal.
Así, la determinación de la responsable de fijar un porcentaje de diez por ciento sobre los ingresos del quejoso, es dogmática y carente de fundamentación y motivación, pues no señala cuál es el posible monto de las demás obligaciones del deudor para con su otra parte acreedora, no se advierte de la sentencia reclamada si ese diez por ciento constituye un monto mínimo, elevado o mesurado, atendiendo a la solvencia económica de la parte actora, los medios económicos de ambos y las demás obligaciones a cargo del deudor, para de esa forma determinar si el monto fijado por la responsable es proporcional en atención a los medios económicos de los ex cónyuges, sus necesidades y demás obligaciones a cargo del ex cónyuge deudor, conforme a las circunstancias señaladas en las fracciones V y VI del artículo 288 y numeral 311, del Código Civil para el Distrito Federal.
Al haber resultado parcialmente fundados los conceptos de violación hechos valer en la parte que se analiza, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada.
Amparo que se concede para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte una nueva en la que pondere el material probatorio y funde y motive el porcentaje sobre los ingresos del quejoso que debe cubrir por concepto de alimentos a su contraparte, atendiendo a las particularidades del caso, medios económicos de las partes y sus necesidades, así como las obligaciones del deudor, hecho lo anterior resuelva lo que conforme a derecho corresponda respecto de la condena al pago de la pensión alimenticia, con plenitud de jurisdicción…”.
CUARTO. Por oficio número 2774, de veintitrés de abril de dos mil siete, el Secretario de Acuerdos del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito remitió a la autoridad responsable, testimonio de la ejecutoria de amparo y, además, la requirió para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector.
QUINTO. La Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante oficio 3294, recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito el veintitrés de abril de dos mil siete, transcribió el acuerdo del propio veintitrés de abril, por el cual se dejó insubsistente la resolución de dos de enero de dos mil siete.
A través del diverso oficio 3472, recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito el veintisiete de abril de dos mil siete, la Secretaria de Acuerdos de la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución emitida en esa propia fecha, en acatamiento a la ejecutoria de garantías.
En proveído dictado el dos de mayo del año en cita, la Presidenta del Tribunal Colegiado de que se trata tuvo por recibida la constancia referida y ordenó dar vista al quejoso por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés conviniera, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolvería lo conducente sobre el acatamiento al fallo protector.
SEXTO. Por resolución emitida el once de mayo de dos mil siete, el Pleno del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito se pronunció respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el sentido de que ésta debía considerarse cumplida.
SÉPTIMO. Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil siete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, el mandatario del quejoso José Francisco García González expresó su inconformidad con la resolución precisada, a través de la cual se estimó acatada la ejecutoria de amparo.
Recibidos los autos en este Alto Tribunal, por acuerdo del seis de junio siguiente su Presidente ordenó formar el expediente relativo, el cual quedó registrado con el número 178/2007; asimismo, admitió la inconformidad y determinó turnarla al señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel, para que diera cuenta con los autos en la Sala de su adscripción.
Finalmente, por auto de ocho de junio de dos mil siete, la Presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y, en el mismo proveído, ordenó devolver los autos al Ministro ponente.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente inconformidad, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; 11, fracción V, y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos Tercero, fracción V, y Cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, toda vez que no se está en el caso de aplicar la sanción prevista en el precepto constitucional invocado en primer término.
SEGUNDO. La inconformidad fue presentada en forma oportuna, en virtud de que el peticionario de garantías la promovió contra la resolución del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la que declaró cumplida la ejecutoria respectiva que concedió la protección constitucional, dentro del plazo de cinco días a que se refiere el artículo 105 de la Ley de Amparo, contados a partir del día siguiente a aquel en que la notificación respectiva surtió efectos.
En efecto, en los autos del juicio de amparo consta que, agotado el trámite de la notificación personal previsto en el artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo, la resolución impugnada se notificó por medio de lista al quejoso el veinticinco de mayo de dos mil siete, por lo que tal comunicación surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el día veintiocho del mes y año citados; en consecuencia, el plazo legal respectivo transcurrió del veintinueve de mayo al cuatro de junio de dos mil siete, con exclusión de los días dos y tres de junio, por haber sido sábado y domingo, respectivamente y, por ende, resultar inhábiles en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tanto, si el impetrante del amparo presentó el escrito de inconformidad el treinta y uno de mayo citado, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, según se observa en el sello receptor respectivo, es patente que tal presentación resulta oportuna.
TERCERO. La resolución impugnada en esta vía, dictada el once de mayo de dos mil siete, mediante la cual el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito declaró cumplida la sentencia de amparo, en lo que interesa es del tenor siguiente:
México, Distrito Federal, a once de mayo de dos mil siete.



Mediante oficio número 3472 de veintisiete de abril de dos mil siete, la secretaria de acuerdos de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, remitió copia certificada de la sentencia dictada en la misma fecha en el toca 2444/2006/4, de la que se advierte que dejó insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar dictó otra, en la que se ajustó a los lineamientos de la ejecutoria de amparo.


En efecto, a través de la nueva sentencia dictada por la autoridad responsable, se advierte que la responsable dejó insubsistente la sentencia reclamada y dictó otra en su lugar, en la que, además de reiterar las consideraciones que no fueron materia de amparo, entre otras cosas, atendiendo al material probatorio procedió a determinar el monto de la pensión alimenticia a cargo del quejoso, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 288 y 311 del Código Civil para el Distrito Federal y precisó que José Francisco García González, contaba con cuarenta y tres años, que percibía un ingreso neto de veinticinco mil pesos y contrajo nuevas nupcias con Claudia Patricia Grajales Romo, a quien estaba obligado a proporcionar alimentos, así (sic) a la menor hija de ambos; igualmente, señaló que su contraparte Claudia María Molina Basteáis, contaba con cuarenta y tres años, tomó en cuenta las declaraciones fiscales de dicha persona de los ejercicios de dos mil a dos mil cinco, así como el informe remitido por Ixe Casa de Bolsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, del que advirtió que tenía un contrato de intermediación bursátil, con valor de cartera al mes de septiembre de dos mil cinco, de $9’413,204.22 (nueve millones cuatrocientos trece mil doscientos cuatro pesos 22/100 moneda nacional); que ambos se encontraban calificados y tenían acceso a un empleo; que su matrimonio había durado aproximadamente trece años; que existía la presunción de que ambos se habían dedicado a lo que fue su familia; que la enjuiciante colaboró con las actividades de su ex cónyuge; ambos contaban con medios económicos; que aunque la demandante no tuviera necesidades económicas, era procedente la condena al pago de alimentos por un monto mínimo, con base a lo cual, estimó procedente establecer dicha pensión en razón de un cuatro por ciento de los ingresos del demandado; con lo cual, se advierte que la responsable acató la ejecutoria de amparo y restituyó al quejoso en las garantías violadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo.
Ahora, atento al contenido del escrito de la parte quejosa de folio 2562, se le tiene manifestando su inconformidad con el fallo emitido en cumplimiento a la ejecutoria federal, para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea óbice a tener por cumplido el fallo protector los argumentos contenidos en dicho escrito, en los cuales sustancialmente señala, que la responsable realizó una indebida interpretación del artículo 288 del Código Civil para el Distrito Federal y no sigue los principios de proporcionalidad y equidad en materia de alimentos, en razón de que, según refiere la parte quejosa, debió determinarse la pensión en una cantidad líquida y determinada, además de que no existe necesidad de recibir alimentos por parte de la cónyuge inocente y al fijarla en cuatro por ciento, se deja abierta la posibilidad de que se incremente sin que los necesite y en todo caso debió precisarse la cantidad de mil pesos, por lo que, el porcentaje indicado resulta infundado e inmotivado y desproporcional, aunado a que en la sentencia debió establecerse que el pago de la pensión fuera por el tiempo de duración igual al que duró el matrimonio de las partes, considerando que la cónyuge inocente tiene ingresos propios, trabaja y percibe ingresos; cuestionando el quejoso además, la razón por la que la responsable no fijó la pensión en razón del cero punto (sic) por ciento de sus ingresos, por lo que en el caso, dice, debe analizarse de oficio el cumplimento a la ejecutoria de amparo.
Sin embargo, como se apuntó, este tribunal estima que los argumentos de la parte quejosa no inciden para dejar de tener por cumplida la ejecutoria de amparo, dado que en el caso, la responsable tomó en cuenta las circunstancias que señala el artículo 288 citado, para fijar la pensión, además de que lo relativo a si era dable fijar una pensión alimenticia fue analizado en la ejecutoria de amparo, sin que ese hubiera sido el motivo que originó su concesión, además que las cuestiones que hace valer el promovente, se vinculan con aspectos de legalidad del nuevo pronunciamiento de la responsable, quien contó con plenitud de jurisdicción para resolver sobre dichas cuestiones, las cuales, en su caso, darían lugar a un nuevo juicio de garantías.
En consecuencia, este tribunal colegiado tiene por cumplida dicha ejecutoria de amparo de conformidad con la jurisprudencia número 2a./J. 39/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 310 del Tomo XXI, Marzo del 2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL CUANDO SE TRATE DE ACTOS DE NATURALEZA JUDICIAL O JURISDICCIONAL, EN ATENCION A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. (Se transcribe)’.
Dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días y con apoyo en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés convenga;…”.
CUARTO. En su escrito de inconformidad, el quejoso expone, en esencia:
1. En la resolución materia de la inconformidad, el Tribunal Colegiado no tomó en cuenta que en la ejecutoria de amparo se ordenó a la autoridad responsable, fijar pensión alimentaria a favor de la actora y a cargo del ahora quejoso, por un porcentaje mínimo en atención a los medios económicos de los ex cónyuges, sus necesidades y las demás obligaciones del deudor alimentario, en términos de los artículos 288, fracciones V y VI, y 311 del Código Civil para el Distrito Federal. De haberlo hecho, el órgano Colegiado debió concluir que con la nueva resolución, la responsable no restituyó al quejoso en las garantías violadas, contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, las cuales fueron nuevamente conculcadas, aunado a que la sentencia no es clara, precisa ni congruente con lo manifestado en la demanda, su contestación y las pruebas de las partes, en tanto que sin fundamento ni motivo, la responsable decretó la indicada pensión por $1,000.00 (un mil pesos 00/100 moneda nacional) correspondiente al 4% de las percepciones del ahora quejoso, cuando ese monto no es el mínimo en relación con la capacidad económica probada de la demandante, lo cual evidencia la valoración parcial e insuficiente efectuada por la responsable, sin que haya analizado en conjunto y conforme a las reglas de la lógica y de la experiencia las constancias de autos, pues aunque dijo examinar las condiciones particulares, económicas y sociales del deudor y de la acreedora alimentaria, su decisión no atendió al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 311 del ordenamiento sustantivo invocado, dado que el porcentaje que fijó no es el mínimo, al existir montos inferiores, como $1.00, $100.00 ó $500.00. Con ello, la responsable violó además los artículos 81, 82 y 83, y dejó de observar el 85, todos del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal,
2. De haber considerado que durante el juicio de alimentos, el demandado (ahora inconforme) acreditó la solvencia económica de la actora, la existencia de dinero en cuentas bancarias y la propiedad que detenta sobre dos bienes inmuebles y diversos muebles, así como su capacidad para trabajar, la responsable hubiera fijado la pensión por 0.5% o 1% de las percepciones del quejoso, ya que es evidente que la actora no tiene la necesidad de recibir $1,000.00 (un mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales del actor e incluso tampoco necesita los $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) que representaría el 1% de los ingresos del quejoso. De ahí que, contrariamente a lo sostenido por el órgano Colegiado, la autoridad responsable no acató la ejecutoria de amparo.
3. Es arbitrario que la responsable haya sostenido que el quejoso contará con $24,000.000 (veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, para hacer frente a sus demás obligaciones, sin fundar ni motivar por qué estimó que la cantidad mencionada es suficiente para cubrir las necesidades del quejoso y de su nueva familia; por tanto, la nueva sentencia viola en perjuicio del quejoso, las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Además, la responsable se excede nuevamente al soslayar el precepto 311 citado, sin valorar que los gastos alimentarios de la menor hija del quejoso son necesarios y tienden a incrementarse, no obstante que los consideró menos preponderantes y exigentes frente a la falta de necesidad de la actora, aunado a que la pensión decretada no siempre será inferior, como aduce la Sala, pues el hecho de no haberla fijado por un monto sino como porcentaje implica su aumento con el tiempo.
4. La responsable no hizo la imputación de los pagos que la actora recibió del ahora quejoso; incluso, no definió qué temporalidad cubrieron y omitió señalar que, al no existir condena con anterioridad, tales cantidades se pagaron indebidamente a la tercera perjudicada y el quejoso tiene derecho a su devolución; además, la temporalidad de la condena debió determinarse, en su caso, igual al tiempo que el matrimonio duró, sin dejar el cumplimiento de la obligación al arbitrio de la actora, pues ello somete al condenado a una “pena indeterminada”, incluso a la “esclavitud”.
QUINTO. Con independencia de las manifestaciones expresadas por el inconforme, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación procede, oficiosamente y en suplencia de la queja deficiente, a examinar si la autoridad responsable dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida en el juicio de amparo directo 95/2007, del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con base en las constancias que obran en autos.
Tal manera de proceder obedece a que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, en cuya observancia la sociedad está interesada; además, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, ningún expediente puede archivarse, sino hasta que quede enteramente cumplida la sentencia que haya otorgado la protección constitucional; por tanto, este Alto Tribunal debe efectuar el estudio respectivo, en la medida que goza de las más amplias facultades para ello.
Lo expresado tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 28/97 de esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 125, cuyo rubro es: “INCONFORMIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE Y EXAMINAR SI SE CUMPLIÓ O NO CON LA SENTENCIA”.
Así, las consideraciones expresadas en la ejecutoria de amparo, conforme a las cuales se concedió la protección constitucional y que se transcribieron en el resultando tercero de esta resolución, patentizan que, a efecto de cumplir con dicho fallo, la autoridad responsable debía:
1) Dejar insubsistente la sentencia reclamada, dictada el dos de enero de dos mil siete, en el toca 2444/2006/4.
2) En su lugar, emitir otra en la que, en atención a los lineamientos expuestos en el fallo protector, ponderara el material probatorio y fundara y motivara el porcentaje sobre los ingresos del quejoso que debía cubrir por concepto de alimentos a su contraparte, atendiendo a las particularidades del caso, a los medios económicos de las partes y a sus necesidades, así como a las demás obligaciones del deudor; hecho lo cual, resolviera lo que conforme a derecho correspondiera en relación con la condena al pago de la pensión alimentaria, con plenitud de jurisdicción.
Como se ve, en la materia específica que motivó el otorgamiento de la protección constitucional, según se observa en los efectos asignados y la parte considerativa respectiva, el Tribunal Colegiado del conocimiento vinculó a la Sala responsable, sólo en cuanto a que debía estimar procedente la prestación atinente al pago de la pensión alimentaria reclamada por la actora Claudia María Molina Basteris, a cargo del ahora quejoso; pero en relación con la cuantía de dicha pensión, no sujetó a la Sala para que en la nueva resolución fijara un monto determinado, pues dentro de los efectos del amparo concedido, aquél precisó que la autoridad responsable debía ponderar las circunstancias particulares, relativas a las condiciones económicas de las partes y a sus necesidades, así como a las demás obligaciones del deudor alimentario, en términos de las fracciones V y VI del artículo 288, así como del diverso precepto 311, ambos del Código Civil local, y que al fijar el monto de la pensión lo hiciera en forma fundada y motivada, tomando en cuenta las circunstancias apuntadas, pero con plenitud de jurisdicción.
En cumplimiento a la sentencia de amparo, la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal actuó en la forma siguiente:
Con relación a lo señalado en el punto 1), en cuanto a que debía dejar insubsistente la sentencia reclamada, la Secretaria de Acuerdos de la Sala responsable, mediante oficio 3294, recibido el veintitrés de abril de dos mil siete, comunicó el contenido del acuerdo de esa propia fecha, por el cual se dejó insubsistente la resolución de dos de enero del año citado.
Respecto al efecto precisado en el punto 2), la Sala responsable dictó nueva resolución el veintisiete de abril de dos mil siete, en la que determinó:

“… Ahora bien, no le asiste la razón al apelante, respecto al monto al que deberá ascender esta pensión alimenticia, pues –se reitera–, aun y cuando tiene el carácter de sanción, deben observarse las reglas a que hace alusión el artículo 288 del Código Civil para el Distrito Federal, en concordancia con los principios establecidos en el numeral 311 del mismo cuerpo legal.


Así, tenemos que el demandado, de nombre José Francisco García González cuenta con cuarenta y tres años de edad; conforme al proveído fechado el veintitrés de noviembre de dos mil cinco, suscrito por Mariano García González, en su carácter de apoderado legal de la Empresa Corporación Industrial Gargonz, S.A. de C.V., percibe un ingreso neto de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) como contraprestación de su cargo de director que ejerce en dicha empresa; a su vez, corre agregado a constancias de autos, el acta de matrimonio número 00153, con la que se acredita que el demandado contrajo nuevas nupcias con Claudia Patricia Grajales Romo; por ello, conforme lo precisado en el numeral 302 del Código Civil para el Distrito Federal, José Francisco García González tiene la obligación de proporcionarle alimentos; lo mismo acontece con las pruebas en base a las cuales se acreditó que Claudia Patricia Grajales Romo estaba embarazada; por tanto, conforme al artículo 303 de la ley sustantiva civil, el demandado también está obligado a proporcionar alimentos a su menor hija. Con estas probanzas, queda de manifiesto que el demandado inició una nueva familia, y cuenta con dos acreedores alimenticios.
A su vez, Claudia María Molina Basteris cuenta actualmente con cuarenta y tres años de edad, con la profesión de licenciada en comunicaciones. Durante la secuela procesal se solicitaron y remitieron diversos oficios respecto a cuentas de cheques, inversiones y tarjetas de crédito que la actora tenía en instituciones de crédito. Para efectos del contexto y situación económica de la enjuiciante, basta con remitirnos al informe presentado el dieciséis de noviembre de dos mil cinco, en el cual el Subadministrador de Declaraciones y Contabilidad de Administración Tributaria, remitió copias certificadas de las Declaraciones anuales parciales e informativas del dos mil al dos mil cinco, así como los ingresos y egresos de Claudia Molina Basteris, de los que se desprende lo siguiente:



Aunado a lo anterior, el Juez del conocimiento también hace énfasis en el informe que remite el veinte de octubre la Apoderada Legal de Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V., en donde se hizo de su conocimiento que en relación al contrato de intermediación bursátil número 49235-5, a nombre de Claudia María Molina Basteris, se presentaba un valor de la cartera, al mes de septiembre del dos mil cinco, de $9’413,204.22 (nueve millones cuatrocientos trece mil doscientos cuatro pesos, 22/100 m.n.).


En base a lo expuesto anteriormente, y para cumplir con los extremos del artículo 288 del Código Civil para el Distrito Federal tenemos que ambos están plenamente calificados y tienen acceso a un empleo; las partes se casaron el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y ocho, si tomamos en consideración que la sentencia de divorcio data del veintitrés de marzo del dos mil uno, tenemos que su matrimonio duró aproximadamente trece años, lo que nos da la presunción de que ambos demostraron la dedicación que tenían a la que entonces era su familia. De la confesional desahogada por José Francisco García González, durante la audiencia celebrada el dieciocho de octubre del dos mil cinco habrá que destacarse que él afirmó colaborar con su trabajo en las actividades del cónyuge, esto se desprende de la posición marcada como segunda del pliego respectivo, formulada en el siguiente tenor: ‘Que usted suministró alimentos a la articulante durante la vigencia de su matrimonio con ella’, cuya respuesta fue afirmativa. Del mismo modo, Claudia María Molina Basteris contestó en sentido afirmativo a las posiciones formuladas por su contraria, concretamente a las identificadas con el número 59 y 60 del pliego de posiciones, mismas que se hicieron en los siguientes términos:...Que por haber obtenido ingresos propios, usted durante su matrimonio con el demandado declaró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sus ingresos obtenidos’, y ‘...Que por haber obtenido ingresos propios, usted durante la tramitación de su divorcio con el demandado y después de ejecutoriado éste, presentó diversas declaraciones fiscales anuales’. Con esto también se acredita que de igual forma, la accionante colaboraba con su trabajo en las actividades de su cónyuge, pues de igual forma, durante la vigencia de su matrimonio obtuvo ingresos.
Ambos han acreditado tener medios económicos, aunque Claudia María Molina Basteris cuenta con una riqueza personal mucho mayor a la del demandado, de quien se acreditó que su sueldo mensual ascendía a la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 m.n.). En estas circunstancias, es claro que Claudia María Molina Basteris no tiene necesidades económicas, empero, tal y como lo sostuvo el Tribunal Amparador... la existencia del estado de necesidad de recibir alimentos, en los casos de divorcio necesario en que existe un cónyuge culpable, es una cuestión incidental o de índole secundario y no de tipo sustancial, para la existencia de la obligación alimentaria, ya que la ley no condiciona la existencia de esta obligación alimentaria al estado de necesidad del cónyuge inocente, la cual únicamente puede ser ponderada para imponer una pensión elevada o reducida, pero no condiciona su existencia, ya que dicha obligación surge por mandato legal, por la simple calidad de cónyuge culpable, con independencia de que se trate del hombre o de la mujer’. Por ello, atentos a las condiciones económicas de la actora y del demandado, y concientes de los argumentos vertidos por el Tribunal amparador, esta alzada deberá condenar al demandado al pago de un monto mínimo por concepto de pensión alimenticia.
Con todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que el demandado está obligado a pagar una pensión alimenticia a la accionante en su carácter de cónyuge culpable. Analizando todos los elementos a que hace. referencia el numeral 288 del Código Civil, se condena al demandado a continuar pagando el 4% (cuatro por ciento) de sus ingresos por concepto de pensión alimenticia a la accionante; para arribar a esta conclusión, se tomó en cuenta que la conducta desplegada por Francisco García González, y que le dio el carácter de cónyuge culpable, dio pie para disolver un vínculo matrimonial que duró aproximadamente trece años, en donde ambas partes apoyaron con ingresos y con la expresa dedicación que cada uno ponderó en sus respectivos escritos, lo que ya ha sido objeto de un análisis de mayor profundidad. Esto, en la inteligencia de que esta obligación deberá perdurar hasta en tanto la acreedora contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato. Esta cantidad corresponde a $1,000.00 (un mil pesos 00/100) mensuales del sueldo que percibe el deudor alimenticio. Desde otra perspectiva, luego del descuento que en su momento sea fijado con carácter definitivo, José Francisco García González contará con $24,000.00 (veinticuatro mil pesos 00/100 m.n.), para hacer frente a sus obligaciones alimenticias.


III. No estando el presente caso comprendido en los supuestos a que se refiere el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, no se hace especial condena en costas”.



La sentencia referida revocó la resolución de primer grado, que absolvía al demandado al pago de la pensión alimentaria reclamada, para condenarlo, en su lugar, al pago de dicha prestación en los términos expresados en la parte considerativa.
El análisis de la transcripción precedente evidencia que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, conforme a los lineamientos precisados por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Se expone tal aserto, en virtud de que la autoridad responsable agotó la totalidad de los puntos destacados en la ejecutoria de mérito, puesto que, en lugar de la que dejó insubsistente, emitió nueva resolución el veintisiete de abril de dos mil siete, en la que reiteró las consideraciones tendentes a declarar procedente la prestación relativa al pago de pensión alimentaria a favor de Claudia María Molina Basteris y a cargo de José Francisco García González, dada la condición de cónyuge culpable de este último, que se le atribuyó cuando en su momento se decretó la disolución del vínculo matrimonial que los unía.
De igual forma, con entera plenitud de jurisdicción, después de analizar las condiciones personales y la situación económica de los involucrados, así como las diversas obligaciones que el deudor alimentario, ahora quejoso, tenía a su cargo para con su actual esposa y su menor hija, la Sala responsable estimó adecuado fijar la pensión alimentaria por el 4% (cuatro por ciento) de las percepciones del obligado a proporcionar alimentos; decisión esta última que la responsable adoptó, una vez que valoró los medios de convicción respectivos conforme a su arbitrio jurisdiccional, a cuyo efecto invocó los preceptos que estimó aplicables y expresó las razones que estimó conducentes para motivar su decisión.
Tal actuación de la Sala responsable, en la que con plenitud de jurisdicción se pronunció sobre el monto de la pension alimentaria que debía fijar a cargo del ahora quejoso y a favor de su ex cónyuge Claudia María Molina Basteris, es suficiente para considerar, como lo afirmó el Tribunal Colegiado del conocimiento, que la ejecutoria que concedió la protección constitucional fue cumplida.
Es así, porque el análisis de la inconformidad se limita a determinar, si la resolución en la que el Tribunal Colegiado estimó cumplido el fallo protector fue correcta o no, sin que puedan estudiarse cuestiones distintas como es, verbigracia, la legalidad de los razonamientos en que la autoridad responsable basó la decisión emitida en acatamiento a la ejecutoria de amparo o, en su caso, si incurrió en defecto o se excedió al momento de cumplirla, entre otras cuestiones ajenas a la materia específica y limitada de la inconformidad.
Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 80/97, sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 304, de rubro: “INCONFORMIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA. SÓLO SE DEBE ANALIZAR SI ÉSTA SE CUMPLIÓ O NO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE”.
En ese tenor, las alegaciones vertidas por el inconforme son inoperantes, porque se encuentran orientadas a demostrar, que el monto por el cual se fijó la pensión alimentaria de que se trata es excesivo, al no corresponder al monto mínimo que debió establecerse, una vez que se analizara la falta de necesidad de la acreedora alimentaria que, según afirma el impetrante del amparo, quedó demostrada con las pruebas aportadas al juicio natural, así como también expone argumentos para evidenciar que la sentencia emitida en cumplimiento al fallo protector viola las garantías de legalidad y de debida fundamentación y motivación.
Como se ve, tales motivos de disenso tienden en realidad, a cuestionar la legalidad de los razonamientos que la Sala responsable vertió con entera plenitud de jurisdicción, a los cuales incluso les atribuye violación de garantías.
Su inoperancia estriba entonces, en que como se dijo, la inconformidad no es el medio idóneo para examinar si el cumplimiento fue defectuoso o excedió los lineamientos dados en la sentencia que concedió la protección constitucional, así como tampoco puede analizarse el fondo de las consideraciones que al respecto haya vertido la autoridad responsable, lo que en todo caso podrá ser susceptible de analizarse a través de algún diverso medio de defensa previsto en la Ley de Amparo, o de nuevo juicio de garantías en aquellos casos en que, como ocurrió en la especie, a la autoridad responsable se le deja en libertad de que conforme a su arbitrio jurisdiccional atienda a ciertos elementos omitidos y, una vez subsanadas las omisiones o reparadas las incongruencias, resuelva la litis en forma debidamente fundada y motivada.
Luego, si el inconforme estima que la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo vulnera nuevamente sus garantías individuales, ello no puede ser motivo de análisis en esta instancia.
De ahí que los argumentos referidos no sean aptos para evidenciar la pretendida ilegalidad de la resolución emitida por el Tribunal Colegiado, que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo.
En las condiciones apuntadas, al estar cumplida la ejecutoria que se examina, ha lugar a declarar que la presente inconformidad es infundada.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO. Es infundada la inconformidad 178/2007, a que este toca se refiere.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al Tribunal Colegiado de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Fernando Franco González Salas y Ministra Presidenta Margarita Beatriz Luna Ramos. Fue ponente el señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel.
Firman la Ministra Presidenta y el Ministro Ponente con el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala, que autoriza y da fe.

PRESIDENTA DE LA SALA

MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

PONENTE

MINISTRO GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ.

Se hace constar que la presente foja corresponde a la inconformidad 178/2007, derivada del juicio de amparo directo 95/2007, promovida por José Francisco García González, fallada el veintisiete de junio de dos mil siete, en el sentido siguiente: ÚNICO. Es infundada la inconformidad 178/2007, a que este toca se refiere. Conste.


RAFS/pvh/oaor



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