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II. En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?


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Nº__371__ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los quince días del mes de octubre del año dos mil ocho, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, ROLANDO IGNACIO TOLEDO y RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: “DOMINGUEZ, NELIDA DEL VALLE; SOSA, JUAN JOSE; SOSA, HUGO DOMINGO Y SOSA, ZULMA C/ RUIZ, SERGIO DARIO Y BONINO, RAUL ALEJANDRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Nº 64.187, año 2008, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido a fs. 367/379 vta..

C U E S T I O N E S

I.- ¿Es procedente el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido en autos?

II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ ROLANDO IGNACIO TOLEDO, DIJO:

1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal, en virtud del recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido por la parte actora a fs. 367/379 vta., contra la sentencia dictada por la Sala Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de Presidencia Roque Sáenz Peña, que obra a fs. 339/361 vta..

Recibida la causa, la misma tiene radicación en esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia a fs. 387, integrándose con los suscriptos.

Vierte su dictamen Nº 485/08 el Sr. Procurador General a fs. 395, y a fs. 396 se llama autos para sentencia, lo que deja al presente en estado de resolver.

2.- En el análisis de los requisitos que hacen a la admisibilidad formal del recurso en trato, advierto que el mismo ha sido interpuesto en término, por parte legitimada y que la recurrida reúne el carácter de sentencia definitiva.

Sostiene la parte quejosa que el remedio deviene admisible por contemplar una distribución de responsabilidad en porcentajes de concurrencia totalmente arbitrarios y no ajustados a las constancias de la causa, lesionando gravemente los derechos de su parte. Manifiesta que la arbitrariedad también se configura por falta de lectura de las pruebas, errónea y falsa interpretación de la jurisprudencia y doctrina aplicable al caso. Dice que en el fallo no se marca debidamente la diferencia entre la peligrosidad y el riesgo de los sujetos intervinientes. Señala que se ha omitido valorar los principios naturales de la ley de tránsito e interpretado en forma grosera los de velocidad máxima, agregando que no se puede soslayar la distancia de frenado del vehículo embistente, ni la clara desatención del conductor al momento del evento. Expresa que se han omitido las presunciones del rodado que ocasionó el accidente, claramente reconocidas en la persona del demandado. Refiere que no se ha podido determinar con exactitud la conducta del ciclista, agregando como doctrina legal agraviada la cita de autores como también jurisprudencia de otros tribunales.

Tras el análisis de los agravios que sintetizara, dejo anticipada mi opinión en el sentido de la improcedencia de la queja a través del recurso en trato, dada su manifiesta insuficiencia técnica.

Esta Sala en forma reiterada ha sostenido que la adecuada fundamentación del recurso de inaplicabilidad de ley, reclama imperativamente que se baste a sí mismo, se cite la ley que se dice infringida, se indique en qué consiste la infracción o inaplicabilidad, se intente cuanto menos la demostración de la infracción que se sustenta y además, se impugnen las conclusiones del fallo que pudieran darle consistencia, demostrando que esas conclusiones son susceptibles de caer bajo la jurisdicción casatoria (conf. Sent. N° 346/98, N° 09/99, N° 24/02, Nº 01/07, entre muchas otras).

De allí que sea insoslayable cumplimentar: 1) La mención explícita de las normas y principios infringidos, 2) El análisis razonado y crítico de los motivos del pronunciamiento. Si uno u otro no existen o resultan vaciados de entidad, o bien no se respalda, en invocación y censura nítida de la violación del precepto legal específico o el intento se evade a una genérica alusión de presuntas infracciones, el recurso naufraga en la insuficiencia.

Desde esta perspectiva, tengo para mí que adolece de inoperancia técnica el libelo recursivo, en tanto, como lo afirma el representante del Ministerio Público, “…la consideración por parte del Tribunal de los agravios que expresa la casacionista, necesariamente conduciría a la revisión de la plataforma fáctica, materia ajena a esta vía recursiva.” (fs. 395).

En efecto, los ejes del remedio en trato se refieren a la mecánica del evento tenida en cuenta en base a los elementos de hecho y pruebas meritadas por la Alzada -a su criterio arbitrariamente-, para arribar a la distribución de los diferentes porcentajes de responsabilidad a cada uno de los partícipes del accidente de tránsito, cuestión fáctica y procesal ajena de revisión a través de esta vía impugnaticia, por encontrarse incluidas, eventualmente, dentro de hipótesis de arbitrariedad, cuyo tratamiento corresponde a través del recurso de inconstitucionalidad.

En efecto, como lo hemos dicho reiteradamente, los motivos alegados, impiden a este Tribunal la consideración de tales agravios, toda vez que los vicios denunciados presuponen la violación de algún derecho de raigambre constitucional, razón por la cual su corrección debe buscarse en nuestra sistemática recursiva por vía del recurso de inconstitucionalidad (Vanossi, “Temas de Casación y Recursos Extraordinarios”, Edit. Platense, La Plata, 1982 y Sent. N° 423/07, entre muchas otras de esta Sala).

Tampoco es atendible el remedio extraordinario intentado, toda vez que no es suficiente a los efectos de su admisibilidad la opinión de los autores y las citas jurisprudenciales de otros órganos jurisdiccionales, por muy respetable que tal doctrina resulte, por lo que incurriendo evidentemente en tal deficiencia es inhábil para abrir la casación. En tal orden de ideas esta Sala, en forma reiterada y con distintas integraciones, ha postulado que acerca de la naturaleza, fines y contenido del medio impugnativo intentado, destacando que el recurso de inaplicabilidad de ley procede contra las sentencias definitivas de las Cámaras de Apelaciones, a las que se atribuye violación de la ley o doctrina legal, a fin de que el tribunal superior declare cuál es el correcto derecho aplicable, es decir, cuál es en definitiva la solución jurídica que corresponde al caso, y tiende, fundamentalmente, a un problema de inteligencia jurídica, con exclusión de hechos y pruebas. Se ocupa y se hace cargo de los vicios in iudicando. Su finalidad es juzgar la legalidad de la sentencia y la justicia del caso, garantizando la uniforme aplicación de la ley y asegurando a las partes la más correcta aplicación del derecho positivo a los hechos de la causa. Sin constituir una tercera instancia ordinaria, su competencia se abre con el objeto primordial de lograr, en base a una revisión de los errores del juicio contenidos en la decisión definitiva de la última instancia ordinaria, la justa y uniforme interpretación del derecho. (conf. Sent. N° 09/01, entre otras).

En tal sentido, respecto a la mecánica del recurso en tratamiento, hemos precisado con énfasis los requisitos que hacen a la interposición de cada una de las vías extraordinarias permitidas por nuestra regulación procesal, los que a su vez suponen la satisfacción de diversas exigencias formales en orden a quiénes pueden interponerlo, ante qué órganos, plazo, forma y fundamentos, estos últimos técnicamente distintos conforme a la vía elegida.

Tales principios contienen pautas que deben ser estrictamente observadas por el profesional al tiempo de elaborar el recurso. Cuando, como en el caso, advertimos la inobservancia de aquellos requisitos que el propio tribunal ha venido marcando y que condicionan, en concreto, la viabilidad formal de la impugnación, queda descalificada la vía recursiva. Ello no es un mero capricho de los Jueces, por el contrario, esa carencia es ya insuperable para los magistrados, toda vez que la competencia de la Sala queda fijada en las cuestiones articuladas al interponer el recurso; si el memorial no cumple -en grado mínimo- con el requisito de fundamentación idónea, las implicancias prácticas son muy graves puesto que el recurso se torna -como en el sub-judice- inoperante y sella la ineficacia del memorial para acceder a la instancia de excepción.

Consideración aparte efectúo, respecto a las notorias insuficiencias técnicas advertidas en el escrito que abriera esta instancia extraordinaria. Deficiencias que, no sólo cancelan la competencia de este Tribunal para conocer en los casos planteados, sino además, es evidente el detrimento que podría caber a los litigantes defendidos, provocando un dispendio inútil de jurisdicción en desmedro de una correcta administración de justicia.

Ello “…nos lleva a razonar sobre el uso responsable de las técnicas del proceso, y deber de colaboración al buen resultado del servicio de justicia, a través de los conceptos vertidos sobre el tema por el maestro Augusto M. Morello, quien aconseja: “Ser fieles a la tendencia funcional del Acceso a la Justicia; lo cual supone repudiar el abuso del proceso; hacer uso serio, prudente, responsable del derecho a la jurisdicción: sea en la proposición de la demanda, en las cuestiones de competencia, en las medidas cautelares, en los incidentes, en la gestión de la prueba pertinente, en el descarte de chicanas y disfuncionalidades; en el empleo razonable (art. l5 Constitución de la Provincia de Bs.As. reformada en 1994) del tiempo real (lo que marca impedir el tiempo “muerto” del proceso), y, por supuesto, en el ejercicio mesurado y no en la demasía de los recursos; el ejercicio adecuado de los medios de impugnación: desde la aclaratoria y reposición al recurso extraordinario federal”. (“Actualidad del Recurso Extraordinario” Editora Platense-Abeledo-Perrot, edic. 1.995, p. 180, G, cit. en Sent. N° 51/06, N° 423/07, entre otras) (la negrilla me pertenece).

“En este orden de ideas, y habida cuenta que la tutela que cabe a este Tribunal frente a la lesión de los derechos constitucionales, se activa cuando las peticiones responden a principios procesales específicos establecidos para proporcionar orden y seguridad a los justiciables, también implica que el profesional respete tales principios, para preservar la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso, que consagran los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (20 de la Constitución Provincial), que no deben ser soslayados.” (conf. Sent. supra cit.).

Por ello, la naturaleza y fines del recurso intentado y las deficiencias apuntadas me llevan a calificar de inoficiosa la presentación de fs. 367/379 vta. a los fines regulatorios, por lo que propongo no se regulen honorarios al abogado Roberto José Okulik. Sobre el particular ha doctrinado el Tribunal Cimero que “Resulta improcedente la regulación de honorarios profesionales cuando la actuación cumplida debe ser reputada inoficiosa, es decir carente de toda utilidad para lograr el efecto perseguido con su presentación”. (Fallos 312:1816, cit. en Sent. N° 21/07, entre otras).

Consecuentemente, me expido por el rechazo del presente recurso, votando negativamente a esta primera cuestión. ASÍ VOTO.

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el mío en idéntico sentido. ES MI VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ ROLANDO IGNACIO TOLEDO, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se desestime el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido por la parte actora a fs. 367/379 vta., contra la sentencia dictada por la Sala Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de Presidencia Roque Sáenz Peña, que obra a fs. 339/361 vta..

Las costas de esta instancia, dado el resultado que propicio y lo dispuesto por el art. 68 del CPCC de la Provincia, deberán imponerse a la parte recurrente vencida.

Propongo asimismo se declare inoficiosa la presentación de la recurrente de fs. 367/379 vta., conforme lo expresado al tratar la primera cuestión, no correspondiendo la regulación de honorarios al abogado Roberto José Okulik. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del colega preopinante respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y no regulación de honorarios profesionales. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede, firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretaria, de lo que doy fe.


SI-///

///-GUEN LAS FIRMAS.


ROLANDO IGNACIO TOLEDO RAMON RUBEN AVALOS

Juez Presidente

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab. Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA


MARIA OLGA ALLEVI

Abogada Secretaria

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA


S E N T E N C I A

Nº__371_ RESISTENCIA, 15 octubre de 2008.



AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia,



R E S U E L V E:

I.- DESESTIMAR el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido por la parte actora a fs. 367/379 vta., contra la sentencia dictada a fs. 339/361 vta., por la Sala Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de Presidencia Roque Sáenz Peña.

II.- IMPONER las costas devengadas en esta instancia a la parte recurrente vencida.

III.- DECLARAR INOFICIOSA la presentación de fs. 367/379 vta., no regulando honorarios profesionales al abogado Roberto José Okulik.

IV.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase oportunamente la presente, por correo electrónico, al señor Presidente de la Sala Primera Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de Presidencia Roque Sáenz Peña y al señor Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la constancia respectiva. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.


ROLANDO IGNACIO TOLEDO RAMON RUBEN AVALOS

Juez Presidente

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab. Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA


MARIA OLGA ALLEVI

Abogada Secretaria

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

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