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II. En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?


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N°_211___/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los doce días del mes de junio del año dos mil seis, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, Dres. ALBERTO MARIO MODI y RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: “SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA FIDEERA (S.A.T.I.F.) C/ ADOLFINA S.A. S/ APREMIO”, N° 58.698, año 2005, venido en apelación extraordinaria en virtud de los recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuestos a fs. 296/310.

C U E S T I O N E S

I.- ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos en autos?

II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. ALBERTO MARIO MODI, DIJO:

1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal, en virtud de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos por el ejecutante a fs. 296/310, contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 283/289.

Recibida la causa, la misma tiene radicación en esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, a fs. 325, la que se integra definitivamente con los suscriptos a fs. 350.

Emite su dictamen Nº 1399/05 el Sr. Procurador General a fs. 328/329 vta., y a fs. 333/338 se glosa el memorial potestativo presentado por la parte ejecutante. A fs. 351 se llama autos para sentencia, quedando la presente en estado de ser resuelta.

2.- En la consideración de los recursos deducidos comenzaré, dada su jerarquía y efectos por el de inconstitucionalidad.

a) Recurso de Inconstitucionalidad: Siendo este Tribunal el Juez de los recursos ante él intentados, corresponde que examine previamente la concurrencia de los extremos que habilitan esta instancia extraordinaria. En tal cometido, encuentro reunidos los de interposición en término, sentencia definitiva, legitimación para recurrir, mediando oportuno planteo de la cuestión constitucional.

En el análisis de los requisitos que hacen a la admisibilidad formal del recurso en trato, advierto que el mismo ha sido interpuesto en término, por parte legitimada, quien oportunamente ha planteado la cuestión constitucional, resultando la impugnada sentencia definitiva.

Sostiene el quejoso que el fallo de Cámara al revocar el emitido por el A-quo incurre en una franca transgresión a los derechos de igualdad ante la ley, de propiedad y de defensa de su parte (arts. 17 y 18 CN), al apartarse de la norma específica referente a las deudas sindicales contenida en el art. 5 de la Ley 24.642 aplicando regímenes legales correspondiente a otras materias como el de las Obras Sociales. Adjudica a la Alzada favorecer a una de las partes en desmedro del Sindicato, en tanto la demandada no acreditó la alegada transgresión al derecho de defensa, emergiendo de las constancias de la causa un procedimiento de verificación e inspección previo a la emisión del certificado de deuda, extremos los señalados que determinan la descalificación del acto jurisdiccional.

Inicialmente cabe señalar, en cuanto a la impugnabilidad de la decisión, que los temas planteados por esta vía, atento su naturaleza fáctica, probatoria y de derecho común, se encuentran excluidos, en principio, de revisión en sede extraordinaria, por no guardar relación directa e inmediata con norma constitucional alguna, salvo la existencia de un vicio de naturaleza tal que haga descalificable lo decidido con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad (conf. Sent. N° 444/02, entre muchas otras de esta Sala).

En lo demás debo puntualizar que, como lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en doctrina aplicable al recurso extraordinario local, que participa de similares motivos que el estatuido en el orden federal, lo atinente al examen del alcance de las peticiones de las partes y de la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis es extraña, en principio, a la vía extraordinaria (Rep. E.D., 15, p. 846, nº 201) y que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumentos bastando con que se hagan cargo de aquéllas que sean conducentes para la solución del litigio (Fallos 221:37; 222:183, etc., cit. por Genaro y Alejandro Carrió, “El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria”, 3ª edición, v. I, p. 66).

De la lectura del decisorio en crisis puede extraerse los pilares fundamentales sobre los que descansan los argumentos expuestos por la Alzada al admitir la defensa articulada: en primer lugar el reconocimiento de la vía del apremio a efectos de obtener el cobro de los aportes sindicales, en segundo término el cumplimiento de un procedimiento en el que participa el ejecutado, a efectos de constituir el título, régimen previsto para obras sociales, aplicación habilitada por remisión del art. 7º de la Ley 24642. A partir de estas afirmaciones, los sentenciantes proceden al análisis de las constancias de la causa, en el marco impuesto por el excepcionante quien adujo la afectación al derecho de defensa ante la inobservancia del procedimiento previo a la constitución del título, extremo rebatido por el ejecutante quien pretende la resolución del caso ceñido a la normativa del art. 5º de la Ley 24.642.

Cumplido el cometido de mención, enfatizan las sentenciantes que “… si bien se llevó a cabo un procedimiento previo mediante la inspección y verificación conforme acta obrante a fs. 7 -fotocopia certificada- en la que se acordó participación al ejecutado, el mismo no satisface la exigencia legal, pues el certificado de deuda emitido a los fines de la ejecución no se basa en el acta de inspección adjuntada. En el mentado acto se tomaron datos a efectos de fiscalizar la deuda, pero sin determinarla, elaborándose una planilla correspondiente a sueldos devengados, por un determinado período de tiempo, conteniendo además algunos aportes que habrían sido abonados. Refuerza esta conclusión, las diferencias halladas entre la planilla de Toma de Datos y la de Certificación de deuda, de lo que emerge claro que el ejecutante no participó en el proceso de determinación de la deuda que se ejecuta en autos”, aunado a ello concluyen que “… el marco garantista exigido por la ley, no se satisfizo con la participación que se acordó al demandado en la oportunidad que el Sindicato llevó a cabo la tarea de “Toma de Datos”, pues es evidente que en ese momento no se determinó la deuda, en virtud que surgen notorias diferencias con el Certificado emitido a los fines de la ejecución, reclamándose periodos que no fueron incluidos en la inspección y verificación.” (fs. 287 y vta.).

Tal reseña, cotejada con las directrices señaladas y los agravios formulados, me llevan a la conclusión de que el recurrente no ha logrado demostrar la existencia de los vicios que denuncia, de entidad tal que hagan descalificable lo decidido en base a la doctrina precedentemente referida, apareciendo el pronunciamiento apoyado en fundamentos jurídicos, fácticos y probatorios que -más allá que puedan o no ser compartidos- lucen suficientes para sostenerlo como acto jurisdiccional válido.

Sobre el particular, esta Sala, ha sostenido reiteradamente que si lo resuelto por la Cámara cuenta con el adecuado sustento y se encuentra dentro del marco de facultades decisorias que les son propias, ello impide su revisión por parte de este Tribunal pues de lo contrario importaría incurrir en exceso de atribuciones que le son conferidas por vía del recurso extraordinario (conf. Sent. N° 335/00, entre otras).

A lo expuesto cabe adicionar que los argumentos que constituyen el basamento del resolutorio impugnado -el reenvio al régimen legal aplicado que impone la Ley 24462 y las diferencias halladas por las sentenciantes de los datos relevados previo a la constitución del título ejecutado- no fueron debidamente impugnados por el recurrente, quien sólo esgrime su postura apegándose literalmente al texto contenido en el art. 5º del orden citado sin considerar la totalidad del sistema jurídico en que debe encuadrarse la cuestión.

Sobre el particular esta Sala, siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha venido precisando reiteradamente los requisitos esenciales para habilitar esta instancia extraordinaria. Como lo ha señalado el Alto Cuerpo “La sola lectura del escrito de interposición del recurso extraordinario debe permitir apreciar su procedencia y cuáles son las pautas sometidas a la Corte. Para ello no es suficiente la fundamentación que se limita a invocar la existencia de normas constitucionales, legales o reglamentarias violadas, ni la remisión genérica a ellas o a los antecedentes de la causa o a lo sostenido precedentemente en ella, ni la agregación de recaudos usuales. El recurso debe bastarse a sí mismo, lo cual exige: “1) cita específica de las normas cuya interpretación y aplicación pudiera comprender la causa; 2) enunciación de los hechos necesarios para puntualizar su vinculación con las cuestiones en litigio, por su relación directa con éstas; 3) explicación clara y precisa de la cuestión federal que se desea someter a pronunciamiento de la Corte; 4) especificación clara, expresa y concreta de las pruebas demostrativas de los derechos constitucionales que se pretenden vulnerados; 5) impugnación de todas las consideraciones del fallo recurrido, pues su impugnación parcial es ineficaz si restan otras consideraciones no impugnadas que sean bastantes para sustentarlo” (cit. en Sent. Nº 329/98, Nº 08/01, N° 42/06, entre muchas otras) (la negrilla me pertenece).

Todas las aludidas circunstancias colocan lo fallado fuera del campo de revisión del recurso extraordinario, no advirtiéndose excesos que justifiquen tal intervención. En tal sentido cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia tiene decidido que “La tacha de arbitrariedad reviste carácter estrictamente excepcional y no tiene por objeto corregir en tercera instancia decisiones equivocadas o que se reputen tales, sino que atiende a supuestos de gravedad extrema en los que media un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación” (Fallos 307:75 y Sent. N° 180/96 y N° 123/98, entre otras); como así, que no resulta procedente la tacha de arbitrariedad si los fundamentos dados por los sentenciantes tienen como base los hechos de la causa y el derecho estimado aplicable, lo que confiere a la decisión cuestionada sustento suficiente, sin que resulte eficiente la discrepancia del recurrente para otorgar vida a la arbitrariedad (conf. Sent. N° 301/95).

En razón de lo expuesto -y en coincidencia con lo dictaminado por el Sr. Procurador General-, me expido por la improcedencia del presente remedio.

b) Recurso de Inaplicabilidad de ley o doctrina legal: En el análisis de los requisitos que hacen a la admisibilidad formal del recurso en trato, advierto que el mismo ha sido interpuesto en término, por parte legitimada y que la recurrida es sentencia definitiva.

Afirma la casacionista en su libelo que la Cámara, teniendo una idea particular sobre lo que sucedió en la causa, procedió a aplicar las normas correspondientes a las Obras Sociales soslayando lo previsto por el art. 5 del régimen contenido en la Ley 24.642, extremos que la conducen a tildar de arbitraria a la sentencia. Señala que en autos puede afirmarse que medio una errónea aplicación de la ley, al basar el fallo en normas incompatibles con el fuero sindical y exigiendo una forma concreta de constituir el título que en la especie se cumplimentó, hallándose el certificado de deuda completo.

Tras el análisis de los agravios que sintetizara, dejo anticipada mi opinión en el sentido de la improcedencia de la queja a través del recurso en trato dada su manifiesta insuficiencia técnica, coincidiendo de tal modo con lo dictaminado por el representante del Ministerio Público.

Esta Sala, en forma reiterada, ha sostenido que la adecuada fundamentación del recurso de inaplicabilidad de ley, reclama imperativamente que se baste a sí mismo, se cite la ley que se dice infringida, se indique en que consiste la infracción o inaplicabilidad, se intente cuanto menos la demostración de la infracción que se sustenta y además, se impugnen las conclusiones del fallo que pudieran darle consistencia, demostrando que esas conclusiones son susceptibles de caer bajo la jurisdicción casatoria (conf. Sent. N° 346/98, N° 09/99, N° 24/02, entre muchas otras).

De allí que sea insoslayable cumplimentar: 1) La mención explícita de las normas y principios infringidos, 2) El análisis razonado y crítico de los motivos del pronunciamiento. Si uno u otro no existen o resultan vaciados de entidad, o bien no se respalda, en invocación y censura nítida de la violación del precepto legal específico o el intento se evade a una genérica alusión de presuntas infracciones, el recurso naufraga en la insuficiencia.

De los agravios reseñados se desprende que la recurrente alega vicios que no corresponden a esta vía extraordinaria, ya que para determinar si es o no aplicable la normativa por ella invocada, previamente habrá que acudir a los hechos comprobados en la causa, específicamente en lo referente a la conformación del certificado de deuda ejecutado, cuestión ajena a esta instancia extraordinaria.

En tal orden de ideas esta Sala, en forma reiterada y con distintas integraciones, ha postulado que acerca de la naturaleza, fines y contenido del medio impugnativo intentado, destacando que el recurso de inaplicabilidad de ley procede contra las sentencias definitivas de las Cámaras de Apelaciones, a las que se atribuye violación de la ley o doctrina legal, a fin de que el tribunal superior declare cual es el correcto derecho aplicable, es decir, cuál es en definitiva la solución jurídica que corresponde al caso, y tiende, fundamentalmente, a un problema de inteligencia jurídica, con exclusión de hechos y pruebas. Se ocupa y se hace cargo de los vicios in iudicando. Su finalidad es juzgar la legalidad de la sentencia y la justicia del caso, garantizando la uniforme aplicación de la ley y asegurando a las partes la más correcta aplicación del derecho positivo a los hechos de la causa. Sin constituir una tercera instancia ordinaria, su competencia se abre con el objeto primordial de lograr, en base a una revisión de los errores del juicio contenidos en la decisión definitiva de la última instancia ordinaria, la justa y uniforme interpretación del derecho. (conf. Sent. N° 09/01, entre otras).

Se doctrinó asimismo que “el fin del recurso es, como se ha dicho, mantener la unidad de la interpretación de la ley, de modo que allí donde exista un error o aún una injusticia, pero no está afectado ese fin, no habría lugar al recurso…se trata exclusivamente de los errores de derecho acaecidos in iudicando que hacen a la existencia o al significado de la norma jurídica, esto es de aquellos errores de juicio que contenga la sentencia al aplicar el derecho en su dispositivo y como motivaciones esenciales…” (Manuel Ibañez Frocham, “Tratado de los Recursos en el Proceso Civil”, pág. 379, cit. en Sent. N° 09/01, ya citada, entre otras, de esta Sala).

En idéntica directriz señala el Sr. Procurador General en su dictamen “…en vano intento por abrir la vía casatoria, se alega aquí que la sentencia es arbitraria porque prescinde del texto legal vigente sin dar razón alguna que se apartó de las constancias del proceso; que el derecho se violó si el demandado no impugnó el acta de inspección ni opuso excepción de pago; que declarar inhábil el certificado es declarar la nulidad por la nulidad misma; que como no se tuvo en cuenta el art. 5º de la ley sindical Nº 24.642, se violó su derecho de defensa y del debido proceso; que el fallo expone un criterio contrario a la abrumadora doctrina y jurisprudencia sobre los principios de autonomía literalidad y abstracción de títulos como el traído a ejecución. Gravámenes todos ellos propios del recurso local de inconstitucionalidad e inaudibles por el carril impetrado, por lo que el memorial recursivo no satisface el requisito de la debida fundamentación. Este recurso debe fundarse en los términos que exige el art. 8º del Dto. Ley Nº 1413/62, porque la facultad casatoria de revisar sentencias del Alto Cuerpo no es discrecional sino provocada por la queja y limitada a la extensión de ésta, lo cual no se complace con la sola cita de las supuestas normas y doctrina autoral que se dicen inaplicadas.”(fs. 329).

Consecuentemente, me expido por el rechazo del presente recurso, votando negativamente a esta primera cuestión. ASÍ VOTO.

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el mío en idéntico sentido. ES MI VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. ALBERTO MARIO MODI, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se desestimen los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos por el ejecutante a fs. 296/310, contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 283/289.

Las costas de esta instancia, atento al modo en que se resuelve la cuestión, que el decisorio que se revoca no fue sostenido por la contraria y el criterio sustentado por este Tribunal a partir de la Sentencia N° 06/80, deberán imponerse en el orden causado.

Los honorarios de los profesionales intervinientes se regulan de conformidad a las pautas de los arts. 3, 5, 6, 7, 15 y 11 de la Ley Arancelaria vigente y art. 1° de la Ley N° 5.652, teniendo en cuenta el monto reclamado, al que se adicionan -a este único efecto- los intereses de la tasa pasiva que para uso de justicia publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina. Efectuados los cálculos correspondientes, los estimo de la siguiente manera: Dr. Héctor Antonio Pedone en la suma de PESOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($1.584,00) como patrocinante y al Dr. Sergio Esteban Garcia en la de PESOS SEISCIENTOS TRENTA Y CUATRO ($634,00) como apoderado y los diferidos a fs. 270 pto. IV, Dres. Jorge Guillermo Larrea en la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS ($2.266,00), como patrocinante y al Dr. Miguel Angel Galissier en la de PESOS NOVECIENTOS SEIS ($906,00), como apoderado y al Dr. Héctor Antonio Pedone en la de PESOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS ($1.586,00), como patrocinante y al Dr. Sergio Esteban García en la de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($634,00), como apoderado. Asimismo se regulan los honorarios que fueran diferidos a fs. 195 punto IV Dres. Héctor Antonio Pedone en la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS ($2.266,00), como patrocinante y al Dr. Sergio Esteban García en la de PESOS NOVECIENTOS SEIS ($906,00), como apoderado y al Dr. Jorge Guillermo Larrea en la de PESOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS ($1.586,00), como patrocinante y al Dr. Miguel Angel Galissier en la de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($634,00), como apoderado. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del Dr. Alberto Mario Modi, respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y estimación de honorarios profesionales. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede, firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretaria, que doy fe.


Dr. ALBERTO MARIO MODI RAMON RUBEN AVALOS

Juez Presidente

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab. Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA



MARIA OLGA ALLEVI

Abogada Secretaria

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA


S E N T E N C I A

N°_211___/ RESISTENCIA, 12 de junio de 2006.



AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia,



R E S U E L V E:

I.- DESESTIMAR los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducidos por el ejecutante a fs. 296/310, contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 283/289.

II.- IMPONER las costas de esta instancia por su orden.

III.- REGULAR los honorarios profesionales del Dr. Héctor Antonio Pedone en la suma de PESOS MIL QUINIENTOS OCHETNA Y CUATRO ($1.584,00) como patrocinante y al Dr. Sergio Esteban Garcia en la de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($634,00) como apoderado.

IV.- REGULAR los honorarios profesionales diferidos a fs. 270 pto. IV a los Dres. Jorge Guillermo Larrea en la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS ($2.266,00), como patrocinante y al Dr. Miguel Angel Galissier en la de PESOS NOVECIENTOS SEIS ($906,00), como apoderado, y al Dr. Héctor Antonio Pedone en la de PESOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS ($1.586,00), como patrocinante y al Dr. Segio Esteban García en la de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($634,00), como apoderado.

V.- REGULAR los honorarios diferidos a fs. 195 pto. IV a los Dres. Héctor Antonio Pedone en la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS ($2.266,00), como patrocinante y al Dr. Sergio Esteban García en la de PESOS NOVECIENTOS SEIS ($906,00), como apoderado y al Dr. Jorge Guillermo Larrea en la de PESOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS ($1.586,00), como patrocinante y al Dr. Miguel Angel Galissier en la de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($634,00), como apoderado.

VI.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Líbrese comunicación a la Sra. Presidenta de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y remítase copia autenticada de la presente a la Sra. Presidenta de dicha Cámara. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.

Dr. ALBERTO MARIO MODI RAMON RUBEN AVALOS

Juez Presidente

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab. Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA



MARIA OLGA ALLEVI

Abogada Secretaria

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

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