Página principal

I. Introducción necesaria: origen de este asunto


Descargar 171.83 Kb.
Página1/4
Fecha de conversión23.09.2016
Tamaño171.83 Kb.
  1   2   3   4

28.081. Apelaciones Rubén Fuertes, Luis A. Perucca, Viviana Ester Vigne, Marcelo Nodar, Marcelo Esmok, Gustavo Bravo – c.19.864/05 – J 1/105- Sala V.

P
oder Judicial de la Nación


///nos Aires, 18 de abril de 2006.

Y Vistos y Considerando:

Interviene esta Sala para resolver los recursos de apelación interpuestos contra el resolutorio de fs. 1/100 (fs. 1575/1624): por Rubén Fuertes (fs. 111/113 y 1776/1777), contra el punto 1; por Luis Alberto Perucca (fs. 114/116 y 1778/1779), contra el punto 3) y por Viviana Ester Vigne (fs. 117/119 y 1780/1), contra el punto 5), que decretaron sus procesamientos por considerarlos partícipes necesarios de la comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública; por Marcelo Nodar ( fs. 120/122 y1782/1783), contra el punto 9; por Marcelo Esmok (fs. 123/125 y 1784/1785), contra el punto 11) y por Gustavo Bravo (fs. 103/106 y 1761/1762), contra el punto 13); que dispusieron sus procesamientos como coautores penalmente responsables del delito de mención.



I.- Introducción necesaria: origen de este asunto:

Las presentes actuaciones se formaron a partir de una diligencia cumplida en la causa nº 247/05 del Juzgado de Instrucción nº 1, Secretaría nº 105, “Chaban, Omar Emir y otros s/homicidio...”. En efecto, al momento de prestar declaración indagatoria, Fabiana Gabriela Fiszbin señaló que presumía que existían vínculos entre el Defensor de la Ciudad de Buenos Aires, Atilio Alimena, y las empresas que realizaban las adecuaciones para poder obtener los certificados de la Superintendencia Federal de Bomberos y que, a su vez, el personal de este último organismo recomendaba para ello a dos empresas en especial. Más tarde, a través de sus letrados, informó que las firmas en cuestión eran Ipex y Bausis S.A., siendo uno de sus representantes Rubén Fuertes quien, a su vez, tendría relación con una persona de apellido “Nodal” de la Superintendencia de Bomberos. Es así que, luego de ello, el magistrado dispuso extraer testimonios para iniciar la presente causa que, como señalamos, corre por cuerda con las actuaciones nº 247/05.



II.-Las Apelaciones:

a) Rubén Fuertes adujo que el juez instructor no tuvo en cuenta las explicaciones que efectuara sobre las anotaciones que involucraban nombres de personal de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal.

Por otra parte, en relación al local “Coyote”, cuestionó la inferencia del tribunal en cuanto a que la deuda dineraria se refiera a “...métodos que en ningún momento fueron siquiera reconocidos por el Sr. Ramírez, ya que sólo se trataba de una deuda de éste con el ingeniero en seguridad e higiene de la que yo me había hecho cargo..”, construcción que “ha sido desarticulada por el mismo Ramírez, quien reconoció que los problemas de su local excedían los temas de incendio siendo que ni siquiera se citó al ingeniero en cuestión...”.

En suma, afirmó que, con una clara interpretación desigual, se sobreestimaron detalles que supuestamente favorecerían las sospechas del juez y se hizo caso omiso de muchísimas constancias y elementos, al solo efecto de dictar un procesamiento que existía en su voluntad cuando fue citado, pretendiéndoselo vincular con los hechos que se cuestionan e investigan a partir de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004 en el local de “República Cromañón”, sin motivación válida alguna.

También señaló que los testimonios han puesto en evidencia que no existió un mercado cautivo derivado de recomendación a cambio de reconocimientos dinerarios.

b) Luis Alberto Perucca cuestionó la fundamentación del auto de procesamiento por diversos motivos: en primer lugar, dijo que la prueba acumulada (testimonios de los comerciantes involucrados) demostró que nunca tuvo contacto directo con los clientes de Rubén Fuertes, quien se encargaba de la confección de los presupuestos, el asesoramiento en materia de habilitaciones y el trato con ellos; por otra parte, señaló que los propios dichos de Fuertes aclararon tanto el sentido de las anotaciones manuscritas cuestionadas, cuanto su total ajenidad con relación a ellas; además, adujo que la prueba rendida demostró que en ningún momento tuvo relación con personal de la Superintendencia de Bomberos.

En lo restante, al igual que el encausado anterior, afirmó que, haciendo una clara interpretación desigual, el juez sobreestimó detalles que supuestamente justificarían sus sospechas y obvió la consideración de otros de sentido contrario, al solo efecto de dictar un procesamiento predeterminado, buscándose vincularlo de algún modo con los hechos ocurridos en “República Cromañón”, sin motivo válido alguno.

Finalmente, señaló que los testimonios han puesto en evidencia que no existió un mercado cautivo derivado de recomendaciones a cambio de reconocimientos dinerarios.

c) Viviana Esther Vigne cuestionó la fundamentación del auto de mérito en base a los siguientes motivos:

*Porque “Baipex” nunca llegó a existir, no llegándose a constituir ni a facturar.

*Porque, absurdamente a su criterio, se ha cuestionado su idoneidad al afirmar que no existe relación entre el atender o supervisar eventos con fuegos artificiales y pirotecnia (tal como venía haciendo como empleada de la empresa CIENFUEGOS) con la seguridad contra incendios, así como de los materiales que se utilizan para este tipo de actividades.

*Porque se desechó su preparación e idoneidad en el sentido mencionado, restringiéndose el motivo de su incorporación a “Baipex” a su relación personal con Marcelo Nodar.

*Por habérsela vinculado a los hechos, pese a que nunca formó parte de las empresas “Ipex” y “Bausis”.

En lo restante -valoración de la prueba, relación con el caso “Cromañón”, la existencia de un mercado cautivo, etc.- se pronunció en forma coincidente con los procesados precedentemente nombrados.

d) Marcelo Nodar cuestionó el auto de mérito que regularizó su situación procesal por diferente razones:

En primer lugar, porque el juez pretende desconocer y resaltar como sospechosa e incorrecta la presencia de particulares en la oficina de la Superintendencia de Bomberos, cuando una de las funciones específicas del funcionamiento de esa dependencia es esa clase de asesoramiento.

Por otra parte, critica la posible manifestación que, en algún caso aislado -de entre los 18 y 20 testimonios rendidos- y frente a la pregunta expresa de un particular con la mención de una empresa, se haya hecho sobre su seriedad.

Cuestiona que se hable de un mercado cautivo, cuando de los centenares de locales bailables de la Capital Federal, Fuertes sólo hizo trabajos en veinte de ellos, habiéndose circunscripto la investigación a esa nómina.

Puso en crisis que se lo vinculara a las anotaciones de Fuertes por el hecho de la relación profesional de su esposa con él.

En lo restante –cuestionamientos a la valoración de la prueba, vinculación al caso “Cromañón”, la existencia de un mercado cautivo, etc.- se pronunció en forma coincidente con los procesados precedentes.

e) Marcelo Fabián Esmok cuestionó el auto de procesamiento que se le dictó en base a las siguientes consideraciones:

*Porque se consideró delito aquello que, a su criterio, sólo resulta una falta administrativa, en clara referencia a los casos en que dibujó planos para Fuertes, los que, sin embargo, no estuvieron sujetos a su inspección ni aprobación, porque funcionalmente no le corresponde.

*Porque del hecho de haber confeccionado en algunos casos gratuitamente esos planos, en base a una relación social con Fuertes, se dedujo que realizaba actividad en las empresas sujetas a estudio.

En lo restante –cuestionamientos a la valoración de la prueba, vinculación al caso “Cromañón”, la existencia de un mercado cautivo, etc.- se pronunció en forma coincidente con los procesados precedentes.

f) Gustavo Bravo calificó de errónea, parcial y antojadiza la interpretación de la prueba reunida. En tal sentido, señaló que en ninguna de las veintiún declaraciones testimoniales referenciadas en el decisorio se lo menciona como habiendo participado en conducta alguna que pueda ser considerada delito, en concreto, en ninguna de ellas se lo señaló como habiendo solicitado o recibido sumas de dinero con relación a las inspecciones que en atención a sus obligaciones debió realizar.

Por otra parte, indicó que el Sr. Juez a cargo de la instrucción soslayó que desde mediados de 2000 hasta enero de 2005 se desempeñó en diferentes dependencias de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, absolutamente ajenas a la prevención e inspecciones, división a la que regresó transitoriamente recién en enero de 2005 a pedido de la superioridad, por su condición de Licenciado en Seguridad y Prevención de Incendios, y por el cúmulo de trabajo en la dependencia luego del suceso “Cromañón.”

Cuestionó que en la extensa consideración formulada por el Juez con respecto a la queja realizada por los titulares del local clase C “Morena”; queja originada a raíz de las objeciones hechas por la seguridad del lugar, se obviara mencionar que los inspectores del GCBA formularon similares objeciones que las suyas y, además, que el propio organismo competente del gobierno decidió no habilitar el local por no adecuarse a la normativa vigente.

Finalmente, impugnó el inicio de esta investigación por habérsele dado cauce en base a la declaración no juramentada (indagatoria) de la Subsecretaria Fabiana Fiszbin, vertida en otra causa, y a un escrito que la complementó, no firmado por ella sino por sus defensores, impidiéndose de tal modo el debido ejercicio del derecho de defensa, en la medida en que no se han podido controlar las graves imputaciones deslizadas en forma indiscriminada por la funcionaria comunal, excepto en lo que a Atilio Alimena se refiere. En esa línea, se objetó que si la investigación se llevó adelante en base a esa declaración dirigida expresamente a Alimena, no se lo escuchara y, sin embargo, se dispusiera el procesamiento de un suboficial y tres oficiales subalternos.



III.- La imputación realizada por el juez y su subsunción:

El juez de grado atribuyó a los imputados la siguiente conducta “...el haber integrado empresas que realizaban negociaciones incompatibles con el desempeño de las funciones públicas. Las sociedades utilizadas en las maniobras que se investigan son: IPEX....BAUSIS SA....BAIPEX SRL..... El objeto social de las empresas está destinado al asesoramiento e instalación de sistemas de prevención contra incendio y a la ignifugación de los establecimientos comerciales. Conforme la documentación secuestrada en autos se desprende que los integrantes de las citadas empresas junto a funcionarios públicos, entre ellos miembros de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina, habrían efectuado negocios en forma conjunta, los cuales, en razón de la función de estos últimos, no podían ser llevados adelante...Las maniobras tendrían lugar al momento de iniciar los trámites necesarios para lograr la habilitación del comercio y, en particular, la expedición del certificado final que emiten los bomberos. Para concertarlas, los funcionarios sugerían que los trabajos fueran realizados por las citadas empresas. De tal manera, estos efectuaban una evaluación acorde a las características del negocio a habilitar y luego elevaban un completo presupuesto del cual, una vez aceptado, sus responsables daban directa participación a los funcionarios que se beneficiaban económicamente de los trabajos efectuados. Incluso llegaron a mantener con ellas lazos familiares. Obviamente estos mismos funcionarios eran los encargados de llevar a cabo las inspecciones con el objeto de controlar que tales instalaciones cumplieran con la normativa vigente y así expedir el certificado pertinente. También podía darse el caso de que al no tratar con las citadas empresas o al no cumplir con los pagos requeridos, no expedían la correspondiente habilitación o procuraban la clausura de los negocios. El funcionamiento de esta asociación entre los responsables de las empresas privadas y los funcionarios públicos se pudo verificar, hasta el presente, en los siguientes casos: ...Dicha participación en los negocios de carácter particular de las firmas Ipex y Bausis encuentra su corolario en la constitución de una nueva sociedad....Baipex SRL....en la cual resultan ser socios integrantes de la misma Rubén Fuertes, Luis Alberto Perucca y Viviana Ester Vigne. Esta última, se encuentra unida en matrimonio con Marcelo Enrique Nodar, quien hasta el mes de julio del actual poseía el cargo de Principal de la División Prevención de la Superintendencia Federal de Bomberos...Asimismo, conforme los testimonios ...surge que en la propia Superintendencia Federal de Bomberos le facilitaron a un particular....el número telefónico de Rubén Fuertes, que resultó ser el intermediario en todas y cada una de las negociaciones abordadas por las sociedades....mencionadas. Así, pese a que formalmente las firmas Ipex Tecnología Integral en Seguridad contra Incendios y Bausis SA poseían una razón social diferente, lo cierto es que funcionaban como si fuera una sola. Dicha circunstancia se encuentra confirmada con la formación de Baipex SRL...pues en tal sociedad no sólo se reúnen los diferentes socios y se incorpora a Viviana Esther Vigne, quien representa los intereses de los funcionarios públicos que debido al régimen de incompatibilidades no estaban posibilitados de formar parte de la misma, sino que, además, su objeto social es idéntico al de Bausis SA...”

En base a lo expuesto, atribuyó a los encausados Corbellini, Nodar, Esmok y Bravo la comisión de delito de negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de coautores, y a Fuertes, Perucca y Vigne la misma conducta en calidad de partícipes necesarios de esa conducta.

Para arribar a tal conclusión, desechando la calificación de cohecho, el a quo señaló que la punibilidad versa sobre el desdoblamiento de los intereses en la intervención del funcionario, habiendo evaluado en el caso concreto que la actuación excedió los límites de actos individuales “...para convertirse en una práctica continua que provoca más bien la duplicidad constante de sus intereses...”.

Esta afirmación, que con el grado de certeza que tiene esta etapa del proceso, podemos considerar como adecuada y acorde con los elementos de prueba reunidos, permite inferir una reiteración de conductas o, incluso habitualidad, pero no necesariamente se desliza en dirección al tipo penal seleccionado por el a quo, sino que pareciera adecuarse mejor a otro encuadre jurídico.



IV.- La subsunción alternativa bajo la figura del cohecho pasivo y activo.

Sin perjuicio del encuadre formulado por el juez instructor, entendemos que la conducta desplegada por los nombrados encausados es pasible, también, de ser analizada, bajo otro encuadre jurídico; en concreto, dentro de los extremos del art. 256 del Código Penal para los autores especiales (funcionarios) y del art. 258 del mismo cuerpo para quienes no revisten esa calidad.

En ese sentido, cabe señalar con Marcelo Sancinetti1 que la estructura total del tipo del art. 265 del CP se encuentra conformada por: un tipo objetivo, constituido por los siguientes elementos: a) la calidad especial del autor (funcionario público en los términos del art. 77 del CP); b) el actuar en actos preparatorios o ejecutivos de un contrato administrativo u otra operación de tipo económico; y c) que la actuación sea realizada en ejercicio o con ocasión de las funciones asignadas; y un tipo subjetivo, donde aparece lo constitutivo del injusto. Así: a) el funcionario debe actuar con conocimiento de los elementos objetivos del tipo (dolo) y b) con desviación de poder, es decir, persiguiendo una finalidad de beneficio para sí o para terceros y condicionando, por tanto, la voluntad que ejerce en nombre de la administración por la inserción de ese interés particular (especial elemento subjetivo del tipo). Esta última cuestión abona la interpretación más amplia del tipo penal, en la medida en que el ámbito de lo injusto en el caso no se modifica de modo alguno por la efectiva obtención de beneficio alguno ni por el eventual perjuicio administrativo, sino por la actuación del funcionario con miras a un interés futuro no administrativo.

La pena no está dirigida a un mero acto de incompatibilidad, como si se tratara sólo de una infracción a un deber administrativo de abstención, sino al hecho de actuar con desvío de poder, condicionando la voluntad negocial de la administración a fines no administrativos.

Desde esa óptica, la utilidad social de este delito se encuentra estrechamente vinculada con la necesidad de mantener incólume la imparcialidad de las contrataciones del Estado, de manera que la actuación de los órganos no sólo sea imparcial, sino que se encuentre a cubierto de toda sospecha de parcialidad.2

Más allá de de lo que más adelante habremos de señalar en relación a Viviana Vigne y de la efectiva competencia de los funcionarios involucrados en función de la expresión “en que intervenga en razón de su cargo”, 3 lo cierto es que en el caso concreto, en principio, se podría discutir si se encuentra presente, o no, uno de los presupuestos objetivos de la figura del art. 265 del Código Penal, cual es la actuación de los órganos de la administración en actos preparatorios o ejecutivos de un contrato administrativo u otra operación de contenido económico (por ej.: una licitación pública). Es decir, que debe representar una erogación para el propio Estado.

Lo señalado precedentemente tiene sustento en el análisis de las funciones específicas de la Superintendencia de Bomberos y, en particular, de las asignadas a las dos divisiones a la que pertenecen los funcionarios policiales involucrados (Prevención y Siniestros).

Conforme el Reglamento del Área de la Superintendencia Federal de Bomberos (RGPFAN°8), aprobado el 6 de noviembre de 2001, esa dependencia tiene por misión entender en todo asunto relacionado con la seguridad contra incendios y otros siniestros (art.1°). Una de las Direcciones en que se organiza es la de Protección Federal, la que, a su vez, se divide en: una Jefatura y tres Departamentos: Aeropuertos “Área Metropolitana”, Aeropuertos “Área Interior” y Seguridad contra Incendios y Riesgos Especiales. La misión de este último es la de intervenir en todos aquellos asuntos concernientes a la prevención en materia de seguridad contra incendios; planificación, organización y ejecución de servicios de prevención coordinados con la diagramación general de los servicios dispuestos para la eventual producción de siniestros que, por sus características extraordinarias, amenazaren el orden y la seguridad públicos, especialmente de las emergencias que conllevan a la problemática “QBN Química Bacteriológica y Nuclear”. (art.44).

Dicha Dirección se compone de una Jefatura, cinco divisiones, una de ellas con dos Secciones. Dos de esas divisiones son las de Prevención e Inspecciones.

La División Prevención (Capítulo VI) tiene por misión intervenir en el estudio, proyecto y verificación de instalaciones en materia de seguridad contra incendios (art.47), siendo facultades y obligaciones específicas del jefe: a) el asesorar a entidades públicas y privadas, a su requerimiento, en todo lo concerniente a las instalaciones contra incendios; b) supervisar la correcta ejecución de los servicios proyectados mediante inspecciones a realizarse en las distintas etapas de concreción, procediendo en su caso a la respectiva aprobación; c) intervenir en la recepción, entrega, clasificación y ordenamiento de la tramitación presentada por los interesados, procediendo a la confección de los legajos correspondientes con fines de estadística documental; d) intervenir en la recepción y estudio de los oficios y notas solicitadas por los organismos estatales a fin de informar las consultas que se formulen; y e) recopilar todo tipo de legislación vigente e información técnica de carácter preventivo contra incendios, estudiando y evaluando nuevos sistemas o elementos de prevención de procedencia nacional o extranjera que estén relacionados con el aspecto técnico profesional (art.48).

Por su parte, la División Inspecciones (Capítulo VII) tiene por misión intervenir en la fiscalización del cumplimiento de las normas legales y técnicas vigentes relacionadas con la seguridad en las instalaciones contra incendios, existentes en establecimientos públicos y privados (art.49). Las facultades y obligaciones específicas del jefe son (art.50): a) propiciar que la información técnica, resultado de las diversas inspecciones realizadas, contengan objetivos documentales precisos; b) fiscalizar que la operatividad técnica de los informes contengan los conceptos más actualizados en cuanto a legislaciones de seguridad contra incendios; y c) asesorar a Organismos Nacionales y Privados que requieran tales servicios de prevención contra incendios.

Es decir, que ni la suscripción de contratos administrativos ni la celebración de operaciones económicas en nombre de la administración forman parte de la competencia funcional de la Superintendencia de Bomberos ni, por tanto, de las áreas que ésta comprende. Por lo demás, como se advertirá a partir de la reseña de hechos probados que a continuación se formulará, en ninguno de ellos existieron –en principio- operaciones imputables a la administración, es decir, en que una de las partes de la contratación fuera la Superintendencia de Bomberos, a través de los funcionarios con desempeño ante sus diferentes divisiones. Se trató de contrataciones entre particulares y/o empresas con las firmas Ipex (representada por Rubén Fuertes) y Bausis SA (de la que fuera Presidente Luis Perucca), que luego eran presentadas ante esa Superintendencia para ser aprobadas, y así continuar con los trámites ante el gobierno local.

Allanamientos mediante en la sede de “Bausis SA” – Achával 537- y en el domicilio de Rubén Fuertes –Juan Bautista Alberdi 1071, 4°, “D”- se incorporaron a la instrucción carpetas individualizadas por el nombre de varias empresas, donde obran, por una parte, presupuestos formales aceptados, referidos a tareas de instalación de sistemas de detección de incendio, de ignifugación, de tramitación del certificado de la OM N° 50.250, etc., celebrados entre particulares -apoderados o representantes de firmas explotadoras de locales bailables clase C)- y las empresas Ipex/Bausis SA. Paralelamente, obran también en esas carpetas presupuestos manuscritos -cuya autoría se atribuyó pericialmente a Rubén Fuertes-, los que ostentan asientos que coinciden en cuanto a la descripción de los materiales, trabajos a realizar, condiciones de pago y montos parciales/totales con los mencionados en primer término. En estos últimos, se advierten además inscripciones en las que se individualiza a personal de la Superintendencia de Bomberos alternativamente por sus nombres de pila, por su apellido o por las iniciales de su nombre y apellido, y, junto a ellas, se mencionan sumas de dinero o porcentuales de participación en los parciales y/o en el total de los montos presupuestados por los diversos trabajos.

El tribunal considera que la nómina de hechos imputables debe, de momento y sin perjuicio de otro curso de investigación que permita incorporar otra clase de pruebas, circunscribirse a los casos en que, simultáneamente, se verifican los siguientes extremos:

*Que se cuente con un presupuesto formal (tipeado) que de algún modo se verifique como aceptado (firma del representante de la contraparte, recibos extendidos por pagos parciales o totales, etc.).

*Que, paralelamente, exista un presupuesto manuscrito coincidente con aquél en cuanto a los materiales, trabajos, montos parciales y total, en el que, también, obren inscripciones con los nombres de pila, apellido y/o ambos de funcionarios públicos, con la señalización de sumas dinerarias o porcentuales asignables a esas personas.

*Que, además, se determinen -mediante el cotejo del legajo de esa empresa por ante la Superintendencia de Bomberos de la PFA- gestiones de trámite de otorgamiento o reválida del certificado de la OM N° 50.250, en fechas coincidentes con los de esos presupuestos.

*Que, finalmente, se establezca que los funcionarios designados en las inscripciones manuscritas incriminantes estuvieran efectivamente en actividad por ante las Divisiones Prevención o Inspecciones al tiempo de los trámites individualizados.

Como se verá, las premisas antedichas se observan estrictamente en los casos que se detallarán en el acápite siguiente.

A partir de ello, sería posible, desde la óptica propuesta como alternativa, sostener que entre los procesados particulares y los integrantes de la Superintendencia Federal de Bomberos mediaron sucesivos y autónomos acuerdos venales durante el lapso marzo-junio del 2001 y abril-diciembre del año 2004, a resultas de los cuales, contraprestación dineraria mediante, los últimos comprometieron y efectivizaron, al menos, un hacer relativo a sus funciones.

Habida cuenta de que en nuestra legislación no existe diferencia entre el cohecho propio e impropio, la calidad de legal o ilegal del acto comprometido es indiferente para la tipificación de las referidas conductas. Lo que sí resulta definitorio es el hecho de que el compromiso versó en todos los casos bajo examen sobre conductas relativas a la propia actividad funcional del personal de la Superintendencia, vinculadas a la verificación y aprobación de sistemas y materiales referidos a la protección contra incendios.

A esta altura de las circunstancias, ocurrida la tragedia de Cromañón, habiéndose modificado la legislación relativa a las condiciones de otorgamiento de los certificados de la OM N° 50.250 para los locales de baile clase C) y habiéndose intensificado las inspecciones correspondientes a dichos lugares, no resultaría posible de modo alguno verificar materialmente si el compromiso asumido en cada caso como contraprestación fue un no hacer relativo a las funciones, de modo que, por ejemplo, al momento de las inspecciones se obviara el correcto y estricto control de determinados sistemas o se miraran condescendientemente faltas que, bajo otras circunstancias, hubieran determinado observaciones sujetas a corrección o que, directamente, hubieran obstaculizado la aprobación final. Aunque no debe ser descartado de plano, la muy probable modificación del status quo de las instalaciones frente a los nuevos requerimientos enervan, en principio, cualquier comprobación que se pretendiera hacer en relación a la validez del dictamen aprobatorio oportunamente emitido.

Sin embargo, lo que sí se puede afirmar en esta etapa es que se habría detectado en varios casos que medió compromiso espurio en el hacer propio de las funciones, referido específicamente a la aprobación de la inspección final previa a la disposición del otorgamiento del certificado o su renovación, por parte de funcionarios de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina.

En tal sentido persuaden dos hechos puntuales, observables sintomáticamente en todos los casos; por una parte, la aprobación subsiguiente a las contrataciones con Ipex/Bausis SA, sin que en ninguna situación mediara observación alguna y, por otra, el brevísimo lapso existente entre la fecha del inicio del trámite por los particulares que recurrieran a los servicios de esas firmas y el momento en que se efectivizaron las inspecciones finales y se emitieron los dictámenes positivos por parte de la Superintendencia de Bomberos.

A la luz del principio iura novit curia y lo previsto en los arts. 399 y 401 del código adjetivo cabe señalar que la calificación o calificaciones que se puedan adoptar en la instancia de origen no resultan vinculantes para este tribunal, quien puede reformarlas. Sin embargo, es claro que no corresponde a esta Cámara la fijación definitiva de la valoración jurídica de los sucesos traídos a conocimiento por vía de apelación, sino el mero señalamiento de los otros posibles encuadres de esos comportamientos históricamente únicos; tales valoraciones -meramente provisorias, que hacen a la etapa preparatoria del juicio- podrán o no ser recogidas por el acusador oficial para formular su eventual requerimiento de elevación a juicio.

Bajo tal premisa fue que se sugirió otro posible encuadre jurídico de los sucesos acreditados, sin que ello implique ninguna directiva al juez de la instancia de origen.

En relación a lo expuesto, corresponde señalar que en la descripción de hechos informada a los imputados en ocasión de recibírseles declaración indagatoria están también presentes los presupuestos típicos de la calificación alternativa propuesta, en su faz objetiva (pacto espurio, aceptación o recepción de dinero/dación u ofrecimiento de dinero y compromiso de realización de un acto determinado de la competencia funcional del funcionario público), razón por la cual no existe tampoco lesión al derecho de defensa.

De ello dan cuenta claramente las afirmaciones: “... Conforme la documentación secuestrada en autos, se desprende que los integrantes de las citadas empresas (“Ipex”, “Bausis” y “Baipex”) junto a funcionarios públicos, entre ellos miembros de la Superintendencia Federal de Bomberos...habrían efectuado negocios en forma conjunta...”, “Las maniobras tendrían lugar al momento de iniciar los trámites necesarios para lograr la habilitación del comercio y, en particular, la expedición del certificado final que emiten los bomberos...”; “...sus responsables (los integrantes de “Ipex”, “Bausis” y “Baipex”) daban directa participación a los funcionarios, que se beneficiaban económicamente con los trabajos efectuados...”; “Obviamente estos mismos funcionarios eran los encargados de llevar a cabo las inspecciones con el objeto de controlar que tales instalaciones cumplieran con la normativa vigente y así expedir el certificado pertinente..”.

Establecida como ha sido la plataforma fáctica en base a la cual se formulará la imputación -única cuestión esencial para esta etapa-, teniendo en cuenta que la descripción impuesta en ocasión de las indagatorias contiene los componentes objetivos y específicos tanto de la descripción típica seleccionada por el juez instructor como los de la sugerida en párrafos precedentes y en consideración a que, tal como se ha dicho, recién en la etapa oral habrá de fijarse la subsunción definitiva, limitados por el alcance del recurso (art.445 in fine del CPPN), habrá de confirmarse la valoración jurídica formulada por el a quo, sin perjuicio de la que en definitiva tenga mejor derecho de ser aplicada.

  1   2   3   4


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje