Página principal

I. ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos?


Descargar 27.57 Kb.
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño27.57 Kb.
Nº__508__ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil ocho, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, ROLANDO IGNACIO TOLEDO y RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: "ALDERETE, HAIDEE; RADICH, JORGE ROLANDO Y RADICH, MARIA ELENA C/ EBIS, JUAN CARLOS Y BORELLI, ROSA BACILIA S/ USUCAPION S/ INCIDENTE S/ JUICIO ORDINARIO INCIDENTAL", Nº 64.679, año 2008, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 356/371 vta..

C U E S T I O N E S

I.- ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos?

II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ ROLANDO IGNACIO TOLEDO, DIJO:

1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal, en virtud del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora a fs. 356/371 vta., contra la sentencia dictada por la Sala Primera Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de Presidencia Roque Sáenz, que obra a fs. 337/349.

Elevada la causa, la misma se radica a fs. 380 ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, la que se integra con los suscriptos.

A fs. 385/387 vta. emite su dictamen N° 821/08 el señor Procurador General, y a fs. 389 se llama autos para sentencia, quedando la cuestión en estado de ser resuelta.

2.- En el análisis de la concurrencia de los extremos que habilitan esta instancia extraordinaria, encuentro reunidos los de interposición en término, legitimación para recurrir, oportuno planteo de la cuestión constitucional y la recurrida es sentencia definitiva.

Sostiene la quejosa que la decisión cuestionada adolece de ciertos vicios que determinan la calificación de sentencia arbitraria. Expone que el pronunciamiento contiene una fundamentación aparente que no guarda correlato con las normas que debieron ser aplicadas a la causa, menos aún con el material probatorio allegado a la misma. En tal orden de ideas, aborda en primer lugar el examen de la acción de usucapión señalando que la Alzada realiza un relato teórico del instituto, centrándose posteriormente en el examen de las exposiciones policiales realizadas por Jorge Radich en fecha 20/11/87 advirtiendo la falta de coincidencia de esos instrumentos con las manifestaciones consignadas en el escrito de iniciación del proceso, adicionando que tales extremos no se compadecen con la realidad en tanto desde el año 1975 hasta 1979 el inmueble perteneció al Sr. Rojo. Remarca que es en este segmento donde comienza a perfilarse la arbitrariedad, en tanto se ha omitido valorar una prueba de trascendencia, en referencia al título de propiedad agregado en expediente ofrecido como prueba. Continuando con el examen de los términos sentenciales, reprocha la exigencia formulada por la Alzada respecto a la acreditación por parte del accionante del pago del valor del terreno, cuando ello no constituye un requisito esencial para la procedencia de la usucapión veinteañal.

Señala que la sentencia recurrida deja establecido los hechos de la ocupación efectiva y tiene por probado que Radich ocupaba el inmueble objeto del litigio al menos desde el 08/08/78, atribuyendo la calidad de tenedor del bien, sin otorgar fundamento de tal aserto. Enfatiza que la Alzada tiene por cierto el tiempo de ocupación, que las mejoras fueron construidas por Radich, que no medió oposición por parte de la demandada extremos que encuadran en lo establecido por el art. 2384 del CC y sin embargo considera que tales actos fueron ejecutados en calidad de tenedor sin hallarse avalada tal afirmación con prueba alguna. Reprocha el rechazo de la demanda deducida en subsidio referida a la restitución del valor de las mejoras construidas en el inmueble, endilgando a la Cámara que lo resuelto excede de la materia controvertida, al no limitarse a considerar los hechos expuestos en la demanda y su contestación, constituyendo en definitiva un supuesto de arbitrariedad sorpresiva.

Inicialmente debo señalar, en cuanto a la impugnabilidad de la decisión, que los temas planteados por esta vía, atento su naturaleza fáctica, probatoria y de derecho común, se encuentran excluidos, en principio, de revisión en sede extraordinaria, por no guardar relación directa e inmediata con norma constitucional alguna, salvo la existencia de un vicio de naturaleza tal que haga descalificable lo decidido con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad (conf. Sent. N° 444/02, entre muchas otras de esta Sala).

A la luz de tales directrices y del examen de los agravios formulados, adelanto mi opinión en el sentido de que el recurrente no ha logrado demostrar la existencia de los vicios que denuncia, de entidad tal que hagan descalificable lo decidido en base a la doctrina precedentemente referida, apareciendo el pronunciamiento apoyado en fundamentos jurídicos, fácticos y probatorios que -más allá que puedan o no ser compartidos- lucen suficientes para sostenerlo como acto jurisdiccional válido. Por tal motivo, voy a propiciar la desestimación del recurso, conforme los motivos que expondré a continuación.

En efecto, la lectura de la sentencia en crisis informa los argumentos que expone la Alzada para confirmar la sentencia de grado: a) inicialmente conceptualiza y reseña los presupuestos de admisibilidad de la prescripción adquisitiva, b) enfatiza en relación al presupuesto de la posesión la necesidad de demostrar cabal e inequívocamente que la misma es "animus domini"; c) seguidamente define las clases de usucapión, mencionando aquella cuya posesión es ejercida por justo título y buena fe adquiriéndose el derecho de dominio con el transcurso de 10 años (art. 3999 CC) y la que comienza sin justo título o buena fe, obteniendo la propiedad por posesión de 20 años (art. 4015 CC), subsumiendo el caso de autos en este último supuesto; d) encara la tarea de examinar los elementos probatorios a efectos de determinar la presencia de los presupuestos señalados, otorgando relevancia a las constancias de actuaciones tramitadas en la sede del Juzgado de Paz advirtiendo que las diferentes manifestaciones formuladas no se compadecen con las expresas anotaciones registrales y principalmente con lo consignado por el demandante en su escrito postulatorio, en torno a la persona de la que adquirió el bien objeto de la usucapión; e) en otro segmento afirma la orfandad probatoria en la que incurren respecto a la adquisición del bien y el pago efectuado, expresando también la falta de certeza en torno al inicio de la posesión a cuyo fin reseña los testimonios brindados en la especie; f) los extremos mencionados permiten arribar a la conclusión de que el Sr. Jorge Radich consulta el carácter de tenedor del bien inmueble desde el año 1978, efectuando actos que pretendían mostrarse como dueño recién en el año 1983; g) la totalidad de las circunstancias señaladas le permiten concluir que en el caso de autos no se ha acreditado la posesión en los términos inicialmente formulados (art. 4015 CC) desestimando la demanda promovida. Por último da respuesta al agravio formulado por el accionante respecto a la acción de reintegro del valor de las mejoras, indicando que resulta aplicable el art. 2590 del Código Civil, luego de analizar la vinculación existente entre los Sres. Radich y Ebis a la que encuadran jurídicamente en las figuras del comodato y la locación en cuanto a sus efectos, extremo que permite desestimar el reclamo resarcitorio.

Tales fundamentos no fueron adecuadamente rebatidos por la parte actora-impugnante en forma tal que permita demostrar la arbitrariedad del pronunciamiento. Lo aseverado en virtud de no haber refutado, como lo requiere esta instancia de excepción, la esencial consideración de los sentenciantes referida a la posesión ad usucapionem, con ánimo de dueño, al haber considerado que el Sr. Radich revestía la calidad de tenedor de bien, careciendo de virtualidad la misma a los fines de la procedencia de la acción ejercida. Dicha conclusión resulta concordante con la naturaleza de la prescripción adquisitiva, hallándose comprometido el interés general en la temática de los derechos reales que coexisten con el interés particular vigente en este proceso, exigiéndose en consecuencia que la prueba que demuestre la posesión larga por la que se pretende crear un título con validez "erga omnes" reúna las condiciones sustanciales de exactitud, precisión y claridad, extremo que advierten los sentenciantes no concurre en la especie, sino recién a partir de año 1.983 oportunidad en que comenzó la parte actora a erogar los impuestos.

En tal directriz la jurisprudencia enfatiza "Si bien la intención de tener una cosa para sí es un estado de ánimo interno del sujeto, se exterioriza a través de determinados actos. Igualmente, el "animus domini", si bien nace en el ámbito interno del usucapiente, se exterioriza por actos idóneos (Del voto de la doctora Kemelmajer de Carducci) (SCJ Mendoza, Sala I, 02/02/93. Guiñe, Gerardo en: Tecnicagua S.A. c. Guiñez o Guiñe, Gerardo, LL 1993-C, 414; ED 154,610); y en relación a la interversión del título la doctrina señala " En general, la tendencia jurisprudencial respecto de la interversión del título, exige que quien venía detentando la cosa como tenedor, o conforme cualquier otro título que implique reconocer la propiedad a nombre de otro, para convertirse en poseedor debe demostrar que exteriorizó manifiestamente su intención de privar al poseedor de disponer de la cosa, así como que tales actos exteriores han producido el efecto buscado. No basta para ello la mera afirmación de haber comenzado a poseer por sí, si el comienzo de la ocupación del inmueble reposó en una relación jurídica que implicaba reconocer en otro el dominio o la posesión del inmueble, el usucapiente debe demostrar cómo se concretó la interversión del título y que su ocupación es, desde entonces, a título de dueño" ("Código Civil", Ghersi-Weingarten, t. V, ed. Nova Tesis, p. 369).

Sobre el particular esta Sala, siguiendo la doctrina del Tribunal Cimero, ha venido precisando reiteradamente los requisitos esenciales para habilitar esta instancia extraordinaria. Como lo ha señalado el Alto Cuerpo "La lectura del escrito de interposición del recurso extraordinario debe permitir apreciar su procedencia y cuáles son las pautas sometidas a la Corte. Para ello no es suficiente la fundamentación que se limita a invocar la existencia de normas constitucionales, legales o reglamentarias violadas, ni la remisión genérica a ellas o a los antecedentes de la causa o a lo sostenido precedentemente en ella, ni la agregación de recaudos usuales. El recurso debe bastarse a sí mismo, lo cual exige: "1) cita específica de las normas cuya interpretación y aplicación pudiera comprender la causa; 2) enunciación de los hechos necesarios para puntualizar su vinculación con las cuestiones en litigio, por su relación directa con éstas; 3) explicación clara y precisa de la cuestión federal que se desea someter a pronunciamiento de la Corte; 4) especificación clara, expresa y concreta de las pruebas demostrativas de los derechos constitucionales que se pretenden vulnerados; 5) impugnación de todas las consideraciones del fallo recurrido, pues su impugnación parcial es ineficaz si restan otras consideraciones no impugnadas que sean bastantes para sustentarlo" (cit. en Sent. Nº 329/98, Nº 08/01, N° 21/07, entre muchas otras) (la negrilla me pertenece).

Como se puede apreciar con meridiana claridad, todas las aludidas circunstancias colocan lo fallado fuera del campo de revisión del recurso extraordinario, no advirtiéndose excesos que justifiquen tal intervención.

Sobre el particular, esta Sala, ha sostenido reiteradamente que si lo resuelto por la Cámara cuenta con el adecuado sustento y se encuentra dentro del marco de facultades decisorias que les son propias, ello impide su revisión por parte de este Tribunal pues de lo contrario importaría incurrir en exceso de atribuciones que le son conferidas por vía del recurso extraordinario (conf. Sent. N° 335/00, entre otras).

Por otra parte no es ocioso rememorar que el más Alto Tribunal de la Nación tiene establecido que "El objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados o que se reputen tales, ni sustituir a los jueces de la causa en cuestiones que por su índole son privativas, pues sólo procura cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (Fallos 298:360). De ahí que "El pronunciamiento que contiene fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho común local,… es insusceptible de la tacha de arbitrariedad, si -como sucede en el caso- no media una decisiva carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso" (Fallos 300:200), doctrina que resulta aplicable al recurso extraordinario local, por estar informado de las mismas razones y fundamentos. Ello conjuga con lo sostenido por Sagüés: respecto a que "… la teoría de las sentencias arbitrarias se crea para los supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema, a causa de los cuales la sentencia pronunciada queda descalificada como acto judicial." ("Recurso Extraordinario", Ed. Astrea, edición 1992, T. 2, p. 57).

Por las razones expuestas, propongo se desestime el recurso en trato votando negativamente a la primera cuestión. ASÍ VOTO.

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el mío en idéntico sentido. ES MI VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ ROLANDO IGNACIO TOLEDO, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se desestime el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora a fs. 356/371 vta., contra la sentencia dictada a fs. 337/349 por la Sala Primera Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Las costas de esta instancia, dado el resultado que propicio y lo establecido por el art. 68 del CPCC, deberán imponerse a la parte recurrente vencida.

La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base (art. 5, 4° párrafo Ley N° 2.011 t.o. Ley N° 5.532). ASÍ TAMBIÉN VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del colega preopinante respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y diferimiento de honorarios profesionales. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede, firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretaria, de lo que doy fe.


ROLANDO IGNACIO TOLEDO RAMON RUBEN AVALOS

Juez Presidente

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab. Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA



MARIA OLGA ALLEVI

Abogada Secretaria

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA


S E N T E N C I A

Nº__508_ RESISTENCIA, 22 diciembre de 2008.



AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia,



R E S U E L V E:

I.- DESESTIMAR el recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 356/371 vta., por la actora, contra la sentencia dictada a fs. 337/349 por la Sala Primera Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de Presidencia Roque Sáenz Peña.

II.- - IMPONER las costas a la recurrente vencida.

III.- DIFERIR la regulación de honorarios para la oportunidad prevista en el Acuerdo que antecede.

IV.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase oportunamente la presente, por correo electrónico, al Sr. Presidente de la Sala Primera Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de Presidencia Roque Sáenz Peña y al Sr. Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.

ROLANDO IGNACIO TOLEDO RAMON RUBEN AVALOS

Juez Presidente

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab. Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA




MARIA OLGA ALLEVI

Abogada Secretaria

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje