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I. ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos?


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N°__68__/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil nueve, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, ROLANDO IGNACIO TOLEDO y ALBERTO MARIO MODI, como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: “ZABALLA, LUIS FELIPE C/ AYALA, JULIO CESAR; MARTINEZ, EVARISTO; RAMIREZ, JOEL; ACOSTA, MARCOS; AYALA, AMBROSIO Y VALLEJOS, VICTOR ARGENTINO S/ DESALOJO”, N° 64.932, año 2008, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 319/332.

C U E S T I O N E S

I.- ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos?

II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ ROLANDO IGNACIO TOLEDO, DIJO:

1.- Arriban las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 319/332 por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 306/311 vta..

Concedido el mencionado recurso y elevada la causa, la misma se radica a fs. 345 ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, la que se integra con los suscriptos definitivamente a fs. 355.

A fs. 353 y vta. emite su dictamen N° 1079/08 el Sr. Procurador General y a fs. 357 se llamó autos para sentencia, lo que deja la cuestión en estado de ser resuelta.

2.- Siendo este Tribunal el Juez de los recursos ante él intentados, corresponde que examine previamente la concurrencia de los extremos que habilitan esta instancia extraordinaria. En el cometido indicado, encuentro reunidos los de interposición en término, legitimación para recurrir, la impugnada es una sentencia definitiva y media oportuno planteo de la cuestión constitucional. En consideración a lo expuesto, corresponde ingresar al examen del recurso en su faz sustancial.



I.- El caso: en el presente proceso la actora demandó por desalojo a los accionados, invocando que tiene derechos como adquirente y poseedor legítimo, en contra de los demandados que ocupan el inmueble de propiedad de aquél en forma incausada e injustificada. Estos últimos se opusieron a la pretensión alegando falta de legitimación activa del demandante por no tener escritura traslativa de dominio, posesión e inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble para ser oponible a terceros. También alegaron la prescripción veinteñal por haber ocupado el bien en forma pública, pacífica y continua durante el plazo legal. La sentencia de primera instancia desestimó la pretensión del accionante. Apelada la misma por la demandante, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad la confirmó, lo que motivó la deducción del remedio en trato.

II.- Los fundamentos de la Alzada: para arribar al resultado precitado, tuvo en cuenta: a) que corresponde liminarmente examinar si quien acciona es titular del derecho reclamado, análisis que según pacífica doctrina y jurisprudencia puede realizarse aún de oficio por tratarse de un presupuesto procesal; b) que cuando el desalojo se funda en el dominio, cabe estar a lo normado por el art. 2505 del Código Civil, según el cual el mismo se adquiere por título y tradición, perfeccionándose respecto de terceros mediante la inscripción registral; c) que de los antecedentes de la causa citados por las sentenciantes, surge que el actor suscribió un precontrato de venta, acompañando asimismo acta mediante la cual se le hace entrega de la posesión, en las cláusulas estipuladas en el primer instrumento, del que emana que la venta se realiza en el estado físico de ocupación de terceros; d) que de lo expuesto anteriormente emerge que el demandante carece de legitimación, por cuanto en virtud del aludido precontrato solamente puede reclamar la escrituración, no habiéndose probado la posesión del inmueble -entendida como el uso y goce del bien-, no pudiendo tenerse por cumplida la tradición con la sola expresión contenida en el acta acompañada; e) consecuentemente no es procedente la vía del desalojo para obtener una posesión que nunca se tuvo.

III.- Los agravios: sostiene el impugnante que el primer invalidatorio de la sentencia es la violación en su perjuicio de la cosa juzgada, al hacer lugar a la falta de legitimación para obrar de su parte, pese a que los apelados consintieron el fallo que la desestimó. Señala que de ese modo excedió la competencia apelada -ultra petita- y como consecuencia no resolvió ni consideró sus agravios que determinaron la apertura de la instancia de apelación. Agrega que de esa forma se transgredió el principio “tantum devolutum quantum apellatum” que emerge de la normativa procesal. Expresa que al resolverse así se incurrió en violación de la garantía constitucional de la defensa en juicio y el derecho de propiedad. Manifiesta que el decisorio incurre en dogmatismo al señalar que no puede tenerse por cumplida la tradición con la sola expresión contenida en el acta de posesión y finaliza afirmando que se confunde la jurisprudencia del Superior Tribunal aplicable al caso.

IV.- Las pautas para abordar el presente remedio extraordinario: liminarmente, es dable destacar -con relación a la vía impugnaticia intentada -que el recurso extraordinario no persigue solucionar todo vicio de procedimiento o de juzgamiento que afecte una litis. “En todo caso -dice la Corte Suprema- el recurso extraordinario no ha sido instituido para corregir cualquier injusticia con que los litigantes puedan entenderse agraviados por los fallos judiciales” (Fallos 236:70; 1186:497; 194:220, entre otros). Por lo que la suerte de la impugnación dependerá de la demostración de agravio constitucional en el tema planteado y/o en el caso, en la demostración de una causal de arbitrariedad (conf. Néstor Pedro Sagüés, “Recurso Extraordinario”, edit. Astrea, edic. 1992, p. 316/317).

Sintetizada la postura del recurrente, advierto que la cuestión que plantea, por su carácter fáctico, procesal y de derecho común, es de aquéllas que resultan ajenas -en principio- a esta vía excepcional, toda vez que deben ser juzgadas por la instancia ordinaria ejerciendo facultades que les son privativas e impiden su revisión (conf. Sent. N° 16/90, N° 95/03, entre otras), salvo que a la luz de las pautas brindadas precedentemente, se configure un vicio de gravedad tal que torne aplicable la doctrina de la arbitrariedad (Fallos 293:226).



V.- La solución propiciada: tras el análisis de los agravios que se sintetizaron, en relación al decisorio cuestionado, dejo anticipado desde ya que propondré la desestimación del remedio.

En primer lugar ya que el libelo impugnaticio contiene deficiencias técnicas que obstan la apertura de esta instancia extraordinaria, cuales son la falta de relato completo de las circunstancias relevantes de la causa -concretamente el mismo carece de un detalle del contenido de la sentencia ahora en crisis, por lo que sin acudir a su lectura no se pueden confrontar los agravios-, absteniéndose además de efectuar una crítica concreta y puntual de los principales argumentos tenidos en cuenta por las sentenciantes, cuales son que la falta de legitimación activa constituye un presupuesto procesal que debe ser examinado incluso de oficio por el Tribunal, y que, en el caso de marras, el actor carece de la misma por no ser propietario del inmueble cuyo desalojo pretende, en un todo de conformidad a lo establecido por el art. 2505 del Código Civil.

Sobre el particular esta Sala, siguiendo la doctrina del Tribunal Cimero, ha venido precisando reiteradamente los requisitos esenciales para habilitar esta instancia extraordinaria. Como lo ha señalado el Alto Cuerpo “La lectura del escrito de interposición del recurso extraordinario debe permitir apreciar su procedencia y cuáles son las pautas sometidas a la Corte. Para ello no es suficiente la fundamentación que se limita a invocar la existencia de normas constitucionales, legales o reglamentarias violadas, ni la remisión genérica a ellas o a los antecedentes de la causa o a lo sostenido precedentemente en ella, ni la agregación de recaudos usuales. El recurso debe bastarse a sí mismo, lo cual exige: “1) cita específica de las normas cuya interpretación y aplicación pudiera comprender la causa; 2) enunciación de los hechos necesarios para puntualizar su vinculación con las cuestiones en litigio, por su relación directa con éstas; 3) explicación clara y precisa de la cuestión federal que se desea someter a pronunciamiento de la Corte; 4) especificación clara, expresa y concreta de las pruebas demostrativas de los derechos constitucionales que se pretenden vulnerados; 5) impugnación de todas las consideraciones del fallo recurrido, pues su impugnación parcial es ineficaz si restan otras consideraciones no impugnadas que sean bastantes para sustentarlo” (cit. en Sent. Nº 329/98, Nº 08/01, N° 21/07, entre muchas otras) (los énfasis me pertenecen).

A ello cabe agregar que de la lectura del pronunciamiento se desprende que la Alzada exteriorizó con meridiana claridad los motivos fácticos, probatorios y jurídicos que sustentaron el pronunciamiento, los que más allá de que puedan o no ser compartidos, lucen suficientes para mantener el mismo como acto jurisdiccional válido.

Lo expuesto máxime que la consideración de la Cámara, referida a que tratándose tal calidad de obrar un requisito esencial de la pretensión, el juez debe examinar de oficio el tema ya que constituye una típica cuestión de derecho, es coincidente con la opinión de esta Sala al respecto. En efecto, ha dicho este Tribunal en ocasión de invalidar un decisorio por falta de examen acerca de la legitimación ad-causam del apelante, que “Sólo después de acreditarse las “justas partes” o las “partes legítimas” -condición de admisibilidad extrínseca de la pretensión- se entra en el juzgamiento de mérito de lo pretendido, lo que vale tanto para el juzgado de primera instancia como para cualquier otro Tribunal que deba revisar la sentencia. En ese sentido modernamente “Se denominan presupuestos procesales a cada uno de los requisitos que deben acreditar los sujetos para actuar en el proceso (legitimación procesal) y a los que necesitan encontrarse en el objeto y en la causa de pedir (pretensión) para constituir un proceso válido, y fallarlo con igual regularidad … En líneas generales, los presupuestos representan el conjunto de requisitos necesarios para que la relación procesal tenga validez” (conf. Osvaldo A. Gozaíni, “Elementos de Derecho Procesal Civil”, Ediar, 2005, pág. 161), agregando dicho autor que “Para que la pretensión sea propuesta por quien tiene derecho a esperar una sentencia favorable, debe existir legitimación para obrar e interés procesal.”, (conf. ob. cit., pág. 173), concluyendo en que “Estar legitimado en la causa supone tener una situación personal que le permite al individuo tener una sólida expectativa a tramitar un proceso y obtener una sentencia sobre el fondo del asunto, lo cual indica por qué la legitimación es, antes que nada, un presupuesto de la pretensión” (conf. aut. y ob. cit., pág. 174, cit. en Sent. N° 230/07).

Consecuentemente, no fue acreditado en autos que el fallo contenga el aludido vicio, en tanto los fundamentos que lo sustentan evidencian un análisis de las circunstancias del caso y la normativa y jurisprudencia aplicable, revelando a su vez la queja de la recurrente una mera discrepancia con sus conclusiones a partir de una inteligencia distinta de los fundamentos fácticos y jurídicos aplicables, lo que es impropio de este medio de impugnación, toda vez que arguye puntos de vista opuestos a la solución, que no persuaden sobre la existencia de causales de envergadura suficiente para dar vida al recurso, ya que la desplegada constituye una labor de interpretación que hace al ejercicio privativo reconocido al órgano judicial con relación a la materia.

En efecto, ante la variedad de argumentos plasmados por los sentenciantes para arribar a la solución citada, tal escueto desarrollo efectuado en el libelo recursivo no puede considerarse una crítica adecuada del decisorio mediante esta vía impugnaticia extraordinaria que tiende a reparar vicios de extrema gravedad cometidos en una decisión jurisdiccional y no cualquier desacuerdo o mera discrepancia que la recurrente tenga con el mismo. Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene doctrinado que: “Es requisito de admisibilidad del remedio federal, que los fundamentos se hagan cargo a través de una crítica prolija y circunstanciada de las razones en que se apoya el fallo apelado, resultando ineficaz la formulación de una determinada solución jurídica con prescindencia de dichos motivos” (Fallos 305:171). No reúne los recaudos exigibles en orden a una adecuada fundamentación el recurso que sólo sostiene un criterio interpretativo distinto del seguido por la sentencia, sin formular además una crítica concreta y razonada de todos y cada uno de los argumentos de la sentencia apelada (Fallos 305:301).

Finalmente cabe recordar que el Tribunal Cimero de la Nación tiene establecido que “El objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados o que se reputen tales, ni sustituir a los jueces de la causa en cuestiones que por su índole les son privativas, pues sólo procura cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado” (Fallos 298:360). De ahí que: “El pronunciamiento que contiene fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho común local, …es insusceptible de la tacha de arbitrariedad, si -como sucede en el caso- no media una decisiva carencia de fundamentación o un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso” (Fallos 300:200), doctrina que resulta aplicable al recurso extraordinario local, por estar informado de las mismas razones y fundamentos.

En el mismo orden de ideas sostiene Sagüés que “…la teoría de las sentencias arbitrarias se crea para los supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema, a causa de los cuales la sentencia pronunciada queda descalificada como acto judicial.” (“Recurso Extraordinario”, Ed. Astrea, edición 1992, T. 2, p. 57). Caso contrario, las facultades de revisión de Tribunal del recurso extraordinario, pasarían a convertirse en una tercera instancia ordinaria, lo que contrariaría los fines de la creación pretoriana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la doctrina de la arbitrariedad, cuyos lineamientos son seguidos por esta Sala.

Por los fundamentos expuestos, me expido por el rechazo del remedio en trato, votando negativamente a esta primera cuestión. ASÍ VOTO.

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ ALBERTO MARIO MODI, DIJO:

Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el mío en idéntico sentido. ES MI VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ ROLANDO IGNACIO TOLEDO, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se desestime el recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 319/332 por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 306/311 vta..

Las costas de esta instancia, dado el resultado que propicio y lo dispuesto en el art. 68 del CPCC, deberán imponerse a la parte recurrente vencida.

La regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes se efectúa de conformidad a las pautas establecidas por los arts. 4, 6, 7 y 11 de la ley arancelaria vigente, tomando como base el salario mínimo vital y móvil vigente en la Provincia. Efectuados los cálculos pertinentes estimo los del abogado Carlos Alberto Peña (h) en la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($434,00) como patrocinante, y los del abogado Carlos Alberto Peña en la de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO ($174,00), como apoderado. ASÍ TAMBIÉN VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ ALBERTO MARIO MODI, DIJO:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del colega preopinante, respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y regulación de los honorarios profesionales. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretaria, de lo que doy fe.

ALBERTO MARIO MODI ROLANDO IGNACIO TOLEDO

Juez Presidente

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab. Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

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MARIA OLGA ALLEVI

Abogada Secretaria

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

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S E N T E N C I A

N°__68__/ RESISTENCIA, marzo 17 de 2009.



AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia,



R E S U E L V E:

I.- DESESTIMAR el recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 319/332 por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 306/311 vta..

II.- IMPONER las costas de esta instancia al recurrente vencido.

III.- REGULAR los honorarios profesionales del abogado Carlos Alberto Peña (h) en la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($434,00) como patrocinante, y los del abogado Carlos Alberto Peña en la de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO ($174,00), como apoderado.

IV.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase oportunamente la presente, por correo electrónico a la señora Presidenta de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad y a la señora Presidenta de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.


ALBERTO MARIO MODI ROLANDO IGNACIO TOLEDO

Juez Presidente

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab. Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

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MARIA OLGA ALLEVI

Abogada Secretaria

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

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