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I. ¿ Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos?


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N° 243 En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los seis días del mes de julio del año dos mil seis, reunidos en Acuerdo los Señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, Dres. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS Y ALBERTO MARIO MODI, como jueces de primer y segundo voto, respectivamente, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: "LIVIO, JORGE DANIEL C/ COOPERATIVA SOLIDARIDAD LTDA. Y/O COOPERATIVA CONCRETAR LTDA. S/ ACCION DE AMPARO", Nº 59.938, año 2005, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 259/265 vta..

C U E S T I O N E S

I.- ¿ Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos?

II.- En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

1.- Acceden las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de inconstitucionalidad deducido por la demandada a fs. 259/265 vta., contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 247/252.

A fs. 274 se radica la causa ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, la que se integra con los suscriptos.

A fs. 277/278 emite su dictamen N° 146/06 el Sr. Procurador General y fs. 282/283 vta. se agrega memorial potestativo presentado por la actora. A fs. 286 se llama autos para sentencia, lo que deja la cuestión en estado de ser resuelta.

2.- En el análisis de la concurrencia de los extremos que habilitan esta instancia extraordinaria, encuentro reunidos los de interposición en término, legitimación para recurrir, oportuno planteo de la cuestión constitucional. No obstante, aparece formalmente inadmisible toda vez que la resolución atacada carece del requisito de definitividad, imprescindible a los fines de habilitar la instancia extraordinaria, apartándome de lo dictaminado por el representante del Ministerio Público.

Es que, como reiteradamente ha venido señalando esta Sala, con diversas integraciones, que dado el carácter excepcional de la vía de inconstitucionalidad, y aún cuando la ley que rige la materia en nuestra Provincia no contempla previsión expresa al respecto, va de suyo que la materia propia de la misma no puede ser otra que la sentencia definitiva (conf. Sent. N° 173/98, N° 356/98, entre otras), carácter del que no participa la decisión cuestionada que confirma la de primera instancia, desestimando la apertura de la causa a pruebas y la excepción de pago opuesta por los ejecutados.

En el sub judice la decisión impugnada, cuya revisión se postula, carece en su aspecto sustancial del aludido requisito, pues decide la cuestión de modo que no priva a la recurrente de la posibilidad de obtener la tutela de sus derechos en el mismo proceso como así por la vía ordinaria.

En efecto, la Cámara confirmó la sentencia que había hecho lugar a la acción de amparo y por la cual se pretendía el cese de los descuentos practicados por la recurrente sobre los haberes de la actora -ordenando a su vez que, de existir remanente a abonar por la misma luego de la planilla a practicarse, se debitará de su sueldo el porcentaje legal autorizado por el Decreto Provincial 2042/00-, agregando la juez A quo: “Ello sin perjuicio de los derechos que podrá hacer valer la demandada por las vías comunes u ordinarias pero que exceden el limitado marco de conocimiento de este proceso, y de lo que en definitiva resulte de la planilla a efectuarse.-” (conf. fs. 133 vta.), es decir sin adentrarse a emitir opinión sobre la existencia -o no- de algún saldo, como tampoco del eventual monto al que pudiera ascender el mismo.

Se evidencia así de lo resuelto, que no existen agravios para la quejosa que no puedan ser disipados en el proceso que por separado pueda incoar, pues no cabe apartarse de la regla general aún cuando los recurrentes invoquen arbitrariedad o violación de garantías constitucionales, toda vez que cuentan con la vía del juicio ordinario para obtener el reconocimiento de sus derechos.

Vale aclarar al respecto que en la anterior sentencia dictada por esta Sala se encontraba cumplimentado el citado recaudo, justamente porque, a diferencia de lo resuelto en la N° 1.058/04, la Alzada había revocado el párrafo en el que la juez de grado había ordenado practicar planilla de deuda (conf. Sent. N° 411/05, fs. 223 vta., 3er párrafo). En cambio, el nuevo decisorio de la Cámara -ahora en crisis-, confirmó en su totalidad el de la inferior, por lo que es aplicable el criterio ya plasmado por esta Sala en el primero de los casos citados, respecto de la carencia de definitividad.

Sostienen doctrina y jurisprudencia el carácter de definitivos de los pronunciamientos que resuelven el litigio en su fondo y los que aún cuando hayan recaído sobre un artículo, terminen el pleito y hagan imposible su continuación, no los que causen agravios que pueden ser subsanados en otros procesos. La nota de definitividad se patentiza de modo final sobre la existencia o suerte del derecho de fondo, por lo que no es definitivo el pronunciamiento si paralelamente procede afirmar que la cuestión implicada es susceptible de ser tratada nuevamente en otra oportunidad procesal (con cita de Ibañez Frocham “Tratado de los Recursos en el Proceso Civil”, cit. por esta Sala en Sent. N° 225/02, N° 1.058/04, entre otras).

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido en relación con el remedio federal -en doctrina de estricta aplicación al recurso extraordinario local, que participa de similares motivos que el estatuido en el orden nacional-, que la sentencia recurrida debe ser de aquéllas que ponen fin al pleito o impiden su prosecución. Con palabras del Tribunal “Esta Corte tiene declarado desde antiguo que la viabilidad del recurso extraordinario requiere, entre otras condiciones, su interposición contra una sentencia definitiva, naturaleza atribuible a las decisiones que ponen fin a los pleitos, impiden su prosecución, o causen un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior” (Fallo 274:424; 298:212; 303:802 y muchos otros cit. en M. 575, 20.384), es decir que el pronunciamiento apelado debe decidir de manera final, respecto al derecho que pueda asistir a las partes o impedir la tutela judicial del actor en nuevo juicio (M. 192 XIX, 3-6-82) (conf. Morello, “El Recurso Extraordinario”, Ed. Abeledo Perrot, 1987, p. 110; Sent. N° 1.058/04, entre muchas otras).

Por otra parte, tampoco puede asimilarse la recurrida a sentencia definitiva, pues no basta aducir el gravamen de imposible o difícil reparación en estos casos, el agravio irreparable debe demostrarse y no solo alegarse (conf. cit. de fallos de la C.S.J.N., en Derecho Procesal Constitucional, “Recurso Extraordinario”, de Pedro Néstor Sagüés, T. I, edic. 1992, pág. 343). La lesión debe tener una dimensión singular, importante, significativa, de magnitud tal que por razones de indudable justicia exija quebrar el principio de que los autos no definitivos o revisables en juicio posterior, no son impugnables por el recurso extraordinario.

Tal circunstancia no ocurrió en el caso de marras, desde que la recurrente se limitó a señalar dogmáticamente que la sentencia posee tal carácter al confirmar la de grado, “… incluso en lo que hace a la imposición para que practique planilla de liquidación, todo lo cual ocasiona a mi parte un perjuicio de imposible reparación ulterior.-” (conf. fs. 259 vta.), sin expresar por qué razones ello se configuraría.

En tal sentido la doctrina ha señalado que “… bueno es recordar que la Corte ha establecido, como norma, que en los juicios de amparo resulta particularmente necesario que, al interponerse el recurso extraordinario el apelante demuestre que el pronunciamiento impugnado tenga carácter definitivo, en el sentido de que el agravio alegado sea de insuficiente, imposible o de tardía reparación ulterior, precisamente porque no habría oportunidad en adelante para volver sobre lo resuelto.” (conf. Alberto B. Bianchi, “La sentencia definitiva ante el recurso extraordinario”, Ed. Ábaco, 1998, pág. 123, cit. en Sent. N° 1.058/04).

Por los motivos expuestos, me expido por la desestimación del recurso en trato, votando negativamente a esta primera cuestión. ASÍ VOTO.

I.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. ALBERTO MARIO MODI, DIJO: Coincidiendo con los fundamentos y la solución propuesta en el voto que antecede, adhiero al mismo y emito el mío en idéntico sentido. ES MI VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, DIJO:

Atento la conclusión arribada al tratar la primera cuestión, propongo se desestime el recurso de inconstitucionalidad deducido por la demandada a fs. 259/265 vta., contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 247/252.

Las costas de esta instancia, dado el resultado del recurso y lo dispuesto por el art. 68 del CPCC, deberán imponerse a la recurrente vencida. Los honorarios de los profesionales intervinientes, deben ser regulados de conformidad a las pautas establecidas en los arts. 3, 4, 6, 7, 25 y 11. Efectuados los cálculos pertinentes estimo los de los Dres. Edgardo Víctor Morbidoni y Jorge Daniel Fornies en las sumas de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($157,50) a cada uno de ellos, como patrocinantes; los del Dr. Jorge Guillermo Larrea en la de PESOS DOSCIENTOS VEINTE CON CINCUENTA CENTAVOS ($220,50) como patrocinante, y los del Dr. Miguel Ángel Galissier en la de PESOS OCHENTA Y OCHO ($88,00) como apoderado.

Asimismo propongo que se regulen los honorarios diferidos en la Sentencia N° 411/05, por estar dadas las condiciones allí fijadas. Por ello y lo establecido por la normativa citada precedentemente, los estimo de la siguiente manera: Dr. Jorge Guillermo Larrea en la suma de PESOS TRESCIENTOS QUINCE ($315,00) como patrocinante, y los del Dr. Miguel Ángel Galissier en la de PESOS CIENTO VEINTISEIS ($126,00) como apoderado. ASÍ TAMBIÉN VOTO.



ASÍ TAMBIÉN VOTO.

II.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. ALBERTO MARIO MODI, DIJO:

Con arreglo al resultado de la votación efectuada con motivo de la primera cuestión, adhiero también a la propuesta del Dr. Ramón Rubén Ávalos respecto de la presente, adhesión que abarca asimismo lo relativo a imposición de costas y regulación de los honorarios profesionales. ES TAMBIÉN MI VOTO.

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo que antecede firmando los señores Magistrados presentes, todo por ante mí, Secretaria, de lo que doy fe. SI-///

///-GUEN LAS FIRMAS.

Dr. ALBERTO MARIO MODI RAMON RUBEN AVALOS

Juez Presidente

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab. Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA


MARIA OLGA ALLEVI

Abogada Secretaria

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA


S E N T E N C I A

N°243 RESISTENCIA, julio 06 de 2006.



AUTOS Y VISTOS:

Los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia,



R E S U E L V E:

I.- DESESTIMAR el recurso de inconstitucionalidad deducido por la demandada a fs. 259/265 vta., contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 247/252.

II.- IMPONER las costas a la recurrente vencida.

III.- REGULAR los honorarios profesionales de los Dres. Edgardo Víctor Morbidoni y Jorge Daniel Fornies en las sumas de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($157,50) a cada uno de ellos, como patrocinantes; los del Dr. Jorge Guillermo Larrea en la de PESOS DOSCIENTOS VEINTE CON CINCUENTA CENTAVOS ($220,50) como patrocinante, y los del Dr. Miguel Ángel Galissier en la de PESOS OCHENTA Y OCHO ($88,00) como apoderado.

IV.- REGULAR los honorarios de los profesionales, diferidos en la sentencia de fs. 223/227 en las siguientes sumas: Dr. Jorge Guillermo Larrea en la suma de PESOS TRESCIENTOS QUINCE ($315,00) como patrocinante, y los del Dr. Miguel Ángel Galissier en la de PESOS CIENTO VEINTISEIS ($126,00) como apoderado.

V.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Líbrese comunicación a la Sra. Presidenta de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, y remítase copia autenticada de la presente a la Sra. Presidenta de dicha Cámara. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.




Dr. ALBERTO MARIO MODI RAMON RUBEN AVALOS

Juez Presidente

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab. Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA



MARIA OLGA ALLEVI

Abogada Secretaria

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

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