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Honorable camara


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El señor Jaime Ramírez, presidente del sindicato Nacional del Grupo Santander señaló –al respecto- que “Es bueno que esto se tenga presente, porque hemos agotado todas las instancias internas, tratando de negociar con la empresa. Hemos intentado solucionar los problemas a través de la Dirección del Trabajo; hemos llegado a los tribunales de justicia; hemos ganado los juicios en primera y en segunda instancia, algunos juicios llevan más de dos años, y la empresa como tiene todo un aparataje económico que le permite contratar abogados, alarga los juicios, los que pueden durar hasta cuatro o cinco años. Cuando termina el proceso judicial, el sindicato está totalmente destruido.”
Externalización de funciones.
Carlos Alberto Cárdenas, presidente del sindicato del Banco del Desarrollo, señaló que “No estamos diciendo que no existan los outsourcing. Evidentemente en la prestación de servicios, los outsourcing o servicios externos, son una realidad de todos los países. Lamentablemente, en nuestro país nunca llamamos a las cosas por su nombre, pero la esencia de ellos se radica en actividades precisas, extraordinarias y por ser extraordinarias tienen un tiempo acotado. Es también de su esencia el que no haya una relación laboral ni siquiera indirecta con quien es el prestador de servicio y el receptor de éste. No pretendemos decir que los outsourcing no existan, pero en Chile no hay.”

Agregó que “en términos más simples, alrededor de 450 mil pesos cobra una de estas empresas por cada cajero y paga unos 140 mil pesos a cada uno de ellos. Será más o menos dependiendo de la empresa que sea. Entonces, ¿por qué no concordar lo que estamos haciendo hoy día? Actualmente, hay iniciativas legales que se están discutiendo. Una, repito, la que se refiere a las empresas subcontratistas, suministradoras de personas o como se les quiera llamar; y, dos, el tema de la flexibilidad laboral.”


No pago de horas extraordinarias.
El señor Mario Mayer, secretario Sindicato Unificado de BBVA, se refirió en particular a “las horas de trabajo de los bancos, puntualmente de los ejecutivos de cuenta y jefes de oficina. En el 2000, en las instituciones bancarias, en la banca y empresas afines, era donde más horas extraordinarias se trabajan y se pagaban. ¿Qué hicieron las autoridades o las instituciones financieras? Modificaron los contratos de trabajo de estos trabajadores y pasaron a ser personas de confianza. Cuando un banco contrata a un cajero, ¿no es una persona de confianza, puesto que todos los días pasaran por sus manos millones de pesos? A raíz de esto, estos trabajadores tienen largas jornadas de trabajo y no se les pagan las horas extraordinarias.

En el 2001, nuestro sindicato presentó una demanda ante la Inspección del Trabajo y la señora María Ester Feres -aquí tengo copia- manifestó en su resolución: “No resulta jurídicamente procedente pactar en sus contratos individuales de trabajo la exclusión de la jornada prevista en el inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo”. Por ello, hoy no se pagan miles de horas extraordinarias que realizan esos trabajadores. Esa práctica se realiza en la mayoría de las instituciones financieras. Ante ese pronunciamiento, el gerente de recursos humanos de la época del banco BBVA, BHIF en esos días, sólo dijo: este es el pronunciamiento de la dirección del trabajo, -y miró el papelito. Por eso, uno concluye que ciertas instituciones sólo están de pantalla, porque no respetan los dictámenes de la dirección del trabajo, situación que se mantiene exactamente igual hasta hoy. Los contratos de trabajo no han sufrido variación alguna y se sigue trabajando hasta las 22.00 o las 23.00 horas. Esta es la clase de situaciones que irritan a los trabajadores, porque ven pasados a llevar sus derechos elementales y que los organismos llamados a velar por que se cumplan y se respeten o no lo saben, no lo advierten o, simplemente, son cómplices de esos hechos ”.

SECTOR SERVICIOS VINCULADOS A CLÍNICAS PRIVADAS, AFP, E ISAPRES

Amenaza de despido frente a negativa a suscribir nuevos contratos de trabajo o aceptar modificaciones a los vigentes.


Al respecto la señora Judith Rubio, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la AFP Provida, manifestó que “En septiembre de 1999, los agentes de venta son nuevamente violentados, esta vez con un cambio de contrato, que reduce en 50 por ciento, como promedio, su escala de comisiones, las que, además, se pagarán parceladas: 50 por ciento al mes siguiente de haber efectuado el traspaso y la diferencia cuando la primera cotización del afiliado esté actualizada en la administradora, esto es, cuatro o cinco meses después de ejecutado el trabajo. La firma de este contrato era la condición para mantener el puesto de trabajo. Todos los trabajadores que rechazaron el contrato o se negaron a suscribirlo fueron finiquitados. En nuestro caso, los despedidos superaron los cuatrocientos trabajadores.”
No pago de gratificaciones.

La misma dirigente señaló que “A partir de la negociación colectiva de 1996, aparece en nuestro convenio colectivo una gratificación legal garantizada del 50 por ciento del sueldo base. Si el monto es inferior a 4,75 ingresos mínimos anuales, la empresa pagará la diferencia. Para el cumplimiento de este punto, nuestra organización ha interpuesto, a la fecha, cinco demandas, que se encuentran en tramitación en diferentes juzgados del trabajo de Santiago. La primera de ellas tiene título ejecutivo, fue presentada en noviembre de 1998 y recién, en marzo de 2004, hubo fallo en primera instancia, que la rechazó. Deberemos iniciar el trámite nuevamente, ahora como título ordinario.


Modificación unilateral de convenios colectivos.
En el mismo orden de cosas, esta dirigente agregó que “A partir de febrero de 2002, la administradora, en forma unilateral, modifica la cláusula del IPC del convenio colectivo vigente. Si en el período establecido el IPC resultase negativo, lo considera cero, el cual compensa en el período siguiente.”
Excesiva recarga de trabajo y malas condiciones de trabajo.

La dirigente finalizó su exposición manifestando que “Producto de la integración Banco BBVA-AFP Provida y por contrato de prestaciones de servicios entre ambas se han utilizado agencias de la AFP Provida para recaudación y pago de diversos productos de la administradora, pago de afiliados al INP, lo que ha provocado diversas situaciones de atropello a los derechos adquiridos por los trabajadores: excesiva recarga de trabajo, exceso de horas de extraordinarias, etcétera, situación que ha deteriorado la atención a los afiliados de las AFP.

En el marco de la integración, se comparte la información de clientes de ambas empresas, en que trabajadores del banco, directa o indirectamente, deben conquistar trabajadores afiliados a otra AFP para ser parte del grupo y trabajadores de Provida deben incentivar a nuestros afiliados a adquirir diversos productos del banco. Nuestros compañeros deben elegir entre atender a un afiliado o buscar un nuevo cliente, sea para Provida o para el banco.

La nueva estructura de las agencias tiene como objetivo, entre otros, discriminar la calidad de la atención de los afiliados en atención con su valor comercial. De acuerdo con este valor, dependerá la calidad de la atención del local y los antecedentes que el afiliado requiera en determinada oficina.

En este proceso, se han obviado las condiciones mínimas para los trabajadores de la AFP Provida en los lugares de trabajo, como las instalaciones sanitarias necesarias de acuerdo con el número de trabajadores de agencias, espacios compartidos entre el BBVA banco y BBVA Provida.

Los nuevos locales empezaron a funcionar, en su mayoría, sin sus respectivas patentes municipales. Nuestra organización, en su oportunidad, ha realizado las denuncias correspondientes y ha solicitado fiscalizaciones a cada uno de los organismos competentes. De todo ello entregamos copia a la Comisión.”

En este esquema el señor Ramón Álvarez, de la Federación de Sindicatos del Área Previsional y de la Seguridad Social agregó que “En la industria, en especial en algunas administradoras de fondos de pensiones, existen prácticas que lesionan los derechos de los trabajadores, entre las cuales podemos destacar las siguientes:

-Un persistente intento de persuasión hacia sus trabajadores, a fin de que éstos no constituyan sindicatos ni se afilien a los existentes. Me refiero, de manera específica, a las AFP Cuprum y Habitat.

-No acatamiento de las disposiciones del Código del Trabajo ni de los dictámenes de la Dirección del Trabajo respecto de vendedores comisionistas, a quienes, en algunos casos, no se les pagan sus emolumentos al mes siguiente de efectuada la venta, como lo establecen el mencionado Código y la ley.

-Rebaja de las remuneraciones contractuales, desde 1999 en adelante, mediante el establecimiento de anexos a los respectivos contratos. Esto, en la práctica, ha significado crear sistemas de pago contrarios a la legislación vigente, específicamente al Código del Trabajo.

-Despido, de manera permanente, de los trabajadores que se resisten a suscribir nuevos contratos o modificaciones contractuales que merman sus derechos y condiciones económicas.

-Incumplimiento de las condiciones y de los derechos emanados de convenios y de contratos de trabajo, tanto colectivos como individuales, con lo cual se afecta la situación de los trabajadores. Ello ha significado interponer demandas ante los tribunales de justicia y ante la Dirección del Trabajo y nos ha obligado a recurrir a todo organismo con competencia en la solución de estos problemas. Me refiero específicamente a las situaciones generadas en las AFP ING-Santa María, Provida y Plan Vital.


Negativa a reconocer la existencia de organizaciones sindicales.

Esta infracción fue graficada claramente en la intervención de don Horacio Cortéz, del Sindicato Nacional de Trabajadores de AFP Santa María, quien señaló que a algunos trabajadores “los cambia de empresa dentro del mismo holding y a otros los despide, pero la mayoría queda en la empresa AFP Santa María. Cuando el sindicato pide explicaciones a la compañía, ésta argumenta que para homologar beneficios se cambia de contrato individual a las personas, por lo que, arbitrariamente, desliga a los colegas del sindicato e inmediatamente detiene los descuentos sindicales. Fue una medida súper arbitraria por parte de ING. Además, informa al sindicato que deja de ejercer sus funciones.

Después de esas medidas, oficiamos a la Dirección del Trabajo para que interviniera y le informamos a la compañía de este oficio. La compañía declara que acatará cualquier fallo que emita la Dirección del Trabajo.

Posteriormente, en febrero de 2003, ING procede a despedir y contratar, automáticamente, a todos los ejecutivos de venta, los margina del sindicato, detiene los descuentos por planilla e informa que al firmar el contrato individual se elimina el contrato colectivo. Por lo tanto, el sindicato se termina para estos trabajadores.

En los meses de marzo y abril, AFP Santa María realiza los descuentos sindicales a todos los socios e insiste en que ganará el fallo de la Dirección del Trabajo.

En abril del 2003, la Dirección del Trabajo emite el oficio ordinario Nº 1.438 -que adjunto en fotocopia- que dice que el sindicato se encuentra plenamente vigente y que, de acuerdo con el artículo 311, el contrato colectivo también se encuentra vigente, hasta el 31 de diciembre, fecha en que expiraba.

AFP Santa María nos cita a una reunión y nos informa que no acatará el fallo y, posteriormente, les devuelve los descuentos realizados a los socios.

Con el oficio en mano, solicitamos a la Inspección del Trabajo nororiente una fiscalización que, en primera instancia, no nos gustó, debido a que los fiscalizadores trabajan con un manual que dice lo contrario del oficio que envió la Dirección del Trabajo. O sea, entre lo que dice uno y otro hay muchas contradicciones.

Entonces, otra vez nos dirigimos a la Dirección del Trabajo y el jefe de fiscalía ordenó, por oficio interno, que nuestro ordinario, el Nº 1.438, está por sobre cualquier manual con el cual hubiesen trabajado. Nuevamente, la Inspección del Trabajo fiscalizó y multó, por lo que la AFP Santa María recurrió a los tribunales y en este momento existe una demanda contra la Inspección del Trabajo nororiente.

Señores diputados, todas las actividades sindicales las realizamos artesanalmente, debido a que AFP Santa María no reconoce esta organización. Por ejemplo, el acto de renovación de estatutos se llevó a cabo en cafeterías y autos particulares, con muchas incomodidades para el ministro de fe. En las mismas condiciones realizamos la última elección para la renovación de dirigentes y en Concepción nos echaron al ministro de fe de la oficina.”

Despido por afiliación sindical.

El señor Patricio Pérez, presidente del Sindicato de Trabajadores de AFP Habitat , manifestó la grave situación de su organización frente a que “La empresa no prohíbe hacer los descuentos. Pero si se afilia una persona al sindicato y tiene descuentos por planilla, simplemente el gerente de recursos humanos lo llama y le dice que como está en el sindicato debe retirarse de él o, de lo contrario, se va. Pero eso no lo puedo probar.”

Polifuncionalidad
La señora Verónica Canales, dirigente de la AFP Provida, manifestó que “Nos cambiaron las polifunciones y, además, el tema de las agencias compartidas con el banco BBVA, que es una institución grande, que hoy, a nivel latinoamericano, tiene invertido más de un 50 por ciento. El banco BBVA entró con sus políticas a nuestra empresa. Por ejemplo, para hacer sus necesidades básicas y asistir a un baño, la gente debe salir de sus lugares de trabajo y caminar media cuadra. ¿Es legítimo que hoy se permita esa situación en una empresa tan grande como el banco BBVA?”.
Facultades de la Dirección del Trabajo.

Fredy Ramos, dirigente del sindicato de la AFP Provida, señaló –al respecto- que “existe una instancia fiscalizadora, la Inspección del Trabajo, que va y fiscaliza, pero las multas son tan irrisorias que es más fácil infringir la ley. En ese caso, prefieren pagar la multa cien veces antes que cumplir la ley, porque se convierte en un negocio. ¡Me imagino que poder modificar esta situación mediante una ley, dar más atribuciones al ente fiscalizador o aumentar las multas está en sus manos! Si estoy siendo fiscalizado y cometer una infracción a la ley me cuesta 2 pesos, pero me ahorro 100 mil, voy a infringir la ley todas las veces que sea necesario.

¿Qué quiero decir con esto, señores diputados? Que los instrumentos que nos da la ley y que pudieran beneficiarnos, en la práctica, no sirven de nada. Si esta ley -imperfecta y débil, a juicio de los trabajadores- fuera cumplida ciento por ciento, a lo mejor no habría ni la mitad de las denuncias que estamos exponiendo ahora.”

Postergación en el pago de la indemnización por años de servicio

El señor Alejandro Riguero, dirigente de trabajadores de Telefónica señaló que “Como organización interempresa, representamos a un grupo de personas que trabaja en Telefónica Mundo. Este carrier fue creado en 1994. En octubre de 2002, alrededor de cien personas pasan a trabajar a Telefónica CTC S.A., casa matriz, en comisión de servicio.

En mayo de 2003, le hacemos ver al presidente del directorio CTC S.A. y al gerente general de Telefónica Mundo la conveniencia de normalizar ese traspaso, para no dejar una comisión de servicio ad eternum, y le proponemos que haga el traspaso de esa gente a la empresa en la cual están trabajando.

En diciembre de 2003, nos llaman y nos dicen que les parece que sería conveniente hacer el traspaso y nos presentan una serie de documentos para ello. La forma de traspaso sería firma o mutuo acuerdo, finiquito y un contrato nuevo de trabajo.

Obviamente, al ver los documentos, nos dimos cuenta de que ahí había una figura legal nueva, que se saltaba toda la normativa legal vigente del trabajo. ¿En qué consistía? Básicamente, se nos dijo: “Señor, usted tiene indemnización por años de servicio. Yo empresa, Telefónica Mundo, no se la voy a pagar. Se la reconozco en el finiquito; pero el pago será suspensivo hasta que usted sea despedido del holding. Es decir, si usted pasa por cinco empresas del holding, ninguna de ellas lo finiquitará. Cuando se vaya de la última empresa del holding, siempre y cuando lo echen -porque si renuncia, no se lleva nada-, usted va a cobrar a cada una de las empresas en las cuales trabajó. O sea, guarde los finiquitos porque son documentos valorados y vaya a cobrar a cada una de esas empresas”. ¡Gran sorpresa!

Además, los días de vacaciones pendientes no se pagan. Se reconocen y en la empresa receptora se deja una constancia de que esos días serán reconocidos como días libres con goce de sueldo, sujeto al acuerdo con el jefe directo. Es decir, los días de vacaciones pasan a ser una especie de vacaciones pagadas, pero queda al albedrío del jefe.

Eso es lo menor. En el fondo, lo importante es la dimensión. Lo único que están diciendo es que tú firmaste un contrato colectivo que decía que las vacaciones se pagaban diez días después de finiquitada la persona. Pero aquí se dice que no, que una vez finiquitada la persona, todo lo que está en el contrato colectivo ya no tiene razón de ser, porque la persona está renunciando a sus derechos. Y se estipula que en el artículo 1.545 del Código Civil hay autonomía y libertad de las personas para pactar lo que quieran. Por lo tanto, estamos ante una situación en que la empresa se está equilibrando de igual a igual con el poder que tiene cada trabajador individual. Y le dice: “Señor, venga para acá, pactemos libremente un mutuo acuerdo. Usted se pasa libremente para acá y pactemos un pago futuro” -que no está estipulado en la ley-. La única disposición existente al respecto, creo que en el caso de las Pymes, dice que se puede pactar en cuotas y después se verá en qué plazo le pago y con qué reajuste. Pero estamos hablando de la empresa CTC.

Estamos enfrentado a una situación jurídicamente perfecta, y eso es lo complicado. Hemos recurrido a todas las instancias, pero no puede ser que se desconozcan los contratos y convenios colectivos vigentes, en los cuales, la empresa y el sindicato, en representación de los trabajadores, han pactado que la indemnización se pagará treinta días después de firmado el finiquito, de manera que la empresa no puede aducir que pactó algo distinto con el trabajador y que él, libremente –obviamente, libremente, porque si no lo acepta es despedido- debe aceptar que le pague el finiquito cuando sea despedido del grupo. O sea, una empresa paga dependiendo de la voluntad y de la decisión de otra empresa.”.

SECTORES PORTUARIOS, FORESTALES, AGRÍCOLAS, Y VINCULADOS A LA SILVICULTURA


Escasa fiscalización de la Dirección del Trabajo.
Don Jorge Bustos, Presidente de la Federación de Trabajadores Portuarios, señaló que “Recién está en anteproyecto la nueva ley de planta de la Dirección del Trabajo, que elevaría a cerca de 800 el número total de fiscalizadores del trabajo en todo el país. La fuerza laboral activa supera los cinco millones de personas y la diversificación de la actividad económica y el aumento de las competencias de los servicios del trabajo multiplican exponencialmente la demanda de fiscalización. Además, casi un tercio del número de los actuales fiscalizadores se desempeña en labores que no son de fiscalización, como oficinas de estudio, atención de consulta, conciliaciones, asesoría en temas sindicales, etcétera. Así, no quedan funcionarios para fiscalizar.

Casi el 20 por ciento de los fiscalizadores trabajan en Agustinas 1253, y más que sentirlos como amigos, pasan a ser nuestros enemigos. Un dato ilustrativo es que en el puerto de Valparaíso han muerto tres compañeros en faenas portuarias y no tenemos conocimiento de multas cursadas por esa causa. Sin embargo, sí se han cursado varias decenas por el no uso de implementos de seguridad.

Necesitamos un departamento marítimo y portuario que fiscalice en cada ciudad puerto y que sea especialista en el tema, ya que no basta con pasear en lancha por las costas de nuestro país para ser un erudito en el tema.”
Desconocimiento del derecho a la negociación colectiva.
Pablo Alarcón, presidente del Sindicato Luciano Claude, de la Empresa Portuaria de San Antonio, señaló que “En la Empresa Portuaria San Antonio los trabajadores están lejos de poder ejercer este derecho con la libertad que corresponde. En efecto, la negociación colectiva está coartada por las siguientes restricciones:

1. Carencia del elemento de presión legítima de los trabajadores, como es el derecho a huelga. La Empresa Portuaria de San Antonio es una de las empresas estratégicas del Estado que está impedida de ejercer este derecho.

2. En cuanto a política monetaria se refiere, la Empresa Portuaria San Antonio es una empresa estatal que recibe instrucciones directas del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Empresas Públicas, SEP. A través de esas políticas se imponen los marcos de negociación colectiva.

Al respecto, adjuntamos fotocopia de una circular emitida por el Ministerio de Hacienda, a través de la cual se puede comprobar claramente las restricciones impuestas por este marco de negociación colectiva. Se diluyen, así, una vez más, las posibilidades de negociar.

3. Los directivos de la EPSA, junto con sus gerentes, se refugian en las instrucciones del SEP y del Ministerio de Hacienda para no negociar más allá de estas restricciones, en circunstancias de que se trata de una empresa que ha generado cuantiosas ganancias y ha posicionado a San Antonio como el primer puerto de la costa oeste Pacífico.

Se vulnera, así, el legítimo derecho de los trabajadores a negociar colectivamente mejores condiciones de trabajo, dando cuenta de la realidad económica de la empresa. Así como los trabajadores somos generadores de riqueza, también tenemos el legítimo derecho a participar de ella.

Cambio unilateral de contenido del Contrato de Trabajo, desconocimiento de derechos adquiridos.
Pablo Alarcón, presidente del Sindicato Luciano Claude, de la Empresa Portuaria de San Antonio, señaló que El Sindicato de Trabajadores Luciano Claude, ha venido para hablar acerca de la ineficacia del derecho del trabajo y del Código Civil en la empresa portuaria de San Antonio. Con fecha 27 de enero de 2004, la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, mediante ordinario N° 94, comunica los criterios implícitos incluidos en el presupuesto aprobado para la Empresa Portuaria San Antonio para 2004. Dentro de estos criterios se consideran, sin dar cuenta de la realidad de la empresa, recortes de gastos que, finalmente, afectarán los derechos de los trabajadores, sin consultar ni hacer reunión.

Recién el 5 de marzo de 2004, la empresa comunicó a los sindicatos el detalle de las medidas adoptadas para cumplir con el presupuesto aprobado para 2004. Esas medidas terminan de manera burda con varios derechos de los trabajadores, incluidos en sus contratos de trabajo o adquiridos por el hecho de haberse otorgado en forma reiterada a través del tiempo, a saber:

a. Cambio unilateral del contrato de trabajo, referido al horario de trabajo de cierto número de trabajadores.

Si bien el empleador está facultado para cambiar su horario de ingreso hasta sesenta minutos, no lo está para comprimirlo con el objeto de disminuir el gasto de horas-hombre, menos aún cuando el horario está incluido en el contrato original firmado por las partes.

La Dirección del Trabajo ha dicho que la empresa portuaria de San Antonio no se encuentra facultada para modificar unilateralmente los contratos de trabajo suscritos y que para tales efectos debe contar con el consentimiento de los trabajadores involucrados. Ello, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 5° del Código del Trabajo, el artículo 1545 del Código Civil y la reiterada y uniforme doctrina de ese servicio sobre el particular.

b. Intento de eliminar el beneficio de transporte de personal desde su casa al trabajo y viceversa.

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