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Hitters, Soria, Negri, de Lázzari


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A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 21 de diciembre de 2011, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Hitters, Soria, Negri, de Lázzari, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 104.330, "Ciuro de Castello, Norma Elena contra Fernández José Luis. Revisión de cosa juzgada írrita".



A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo n° 3 del Departamento Judicial Mar del Plata rechazó la demanda promovida, imponiendo las costas a la actora (fs. 61/69).

Ésta interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 77/86 vta.).

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente



C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?



V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

I. El tribunal del trabajo interviniente, por mayoría, desestimó in limine la acción de revisión de la cosa juzgada írrita entablada por Norma Elena Ciuro de Castello contra José Luis Fernández, para obtener la parcial anulación de la sentencia oportunamente recaída en los autos "Fernández, José Luis contra Ciuro de Castello, Norma Elena s/indemnización por despido" (tramitados ante el Tribunal del Trabajo n° 2 del mismo departamento judicial), por la cual había sido condenada al pago de la suma de $ 36.299.34 (comprensiva de los rubros salariales e indemnizatorios originados en la extinción del contrato de trabajo que unía a las partes, sanciones de la ley 24.013 y seguro de desempleo), con más intereses liquidados conforme la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde que cada suma era debida y hasta el 31-XII-2001 y con sujeción a la tasa activa promedio de la misma entidad bancaria, a partir del 1° de enero de 2002 (v. fs. 27/40).

Para resolver en el sentido y en la etapa procesal en que lo hizo, el a quo sostuvo que mediante el carril intentado, la parte actora pretendía, en verdad, "casar la sentencia recaída en los autos principales y lograr su anulación, supliendo con esta acción la denegatoria obtenida" en oportunidad de interponer los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley que, a la postre, se declararon mal concedidos (fs. 61 vta./62).

Luego de discurrir sobre la naturaleza de la acción deducida y los efectos de las decisiones judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada (fs. 62/63), consideró que en el caso de autos, la actora no había invocado ningún hecho grave sobreviniente que hiciera intolerable el pronunciamiento ni justificase el apartamiento del principio de inalterabilidad de la res judicata (fs. 63/64).

Señaló que la disparidad de criterios judiciales que puedan existir entre los tribunales del trabajo de un mismo departamento judicial en torno a tópicos tales como la indemnización por desempleo o la tasa de interés a aplicar, sólo pueden ser objeto de recursos ante tribunales superiores. Añadió que tales potenciales errores in iudicando en modo alguno resultan suficientes para habilitar el funcionamiento del instituto de excepción bajo examen (fs. 63).

Refirió que admitir la pretensión del accionante de que se revise y hasta se anule una sentencia firme dictada por otro tribunal del trabajo, sobre la misma base de hechos y derechos debatidos en el proceso anterior, conduciría a entronizar un precedente contrario al orden jurisdiccional, "colocando sine die en tela de juicio, la debida defensa ... y la inviolabilidad de la propiedad consagrados en la Carta Magna" (fs. 63).

El sentenciante de origen sostuvo que "la inmutabilidad de los decisorios judiciales, sólo puede ser quebrada en los casos que operan vicios que la hacen intolerablemente injusta" (fs. 64). Sostuvo que si el supuesto vicio que afectó la sentencia (motivo de la revisión) se plasmó en el proceso ordinario, correspondía acudir a "toda la gama recursiva posible" y no a una acción de revisión posterior.

A mayor abundamiento, señaló que la parte actora había utilizado los medios idóneos para cambiar el pronun-ciamiento cuestionado, sin obtener un resultado favorable. Consideró, entonces, que la acción ahora entablada revelaba una contradicción con su comportamiento anterior, jurídica-mente relevante (fs. 64 vta.).

Establecido todo lo anterior, remarcó la insufi-ciencia del planteo del demandante, por haber marginado de la litis a los integrantes del tribunal que emitió el acto cuya nulidad solicitaba (litisconsorcio necesario; fs. 65).

Como corolario, rechazó in limine la demanda, precisando que "la anticipación ex officio por el Juez sobre la improcedencia sustancial de la demanda, se justifica excepcional y únicamente por razones de interés general, a condición de que la infundabilidad de aquélla aparezca manifiesta, evidente y notoria de los propios términos en que fue concebida" (fs. 66).

II. Contra la decisión de grado se alza la legitimada activa mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denunciando violación de los arts. 336 del Código Procesal Civil y Comercial; 10, 14 y 15 de la Constitución provincial y de la doctrina legal que cita (fs. 77/86 vta.).

Afirma que el pronunciamiento recurrido vulnera su derecho de acceso a la jurisdicción, como así también, la previsión del citado art. 336, según el cual, el ámbito de actuación del magistrado queda acotado al control formal de la acción, sin que pueda transgredir dicho límite para adentrarse en la valoración de la petición de fondo o del planteo del derecho sustantivo que se propone en la demanda, el cual sólo es posible realizar en una etapa posterior, es decir, una vez que la parte hubiere podido gozar plenamente de su derecho constitucional al debido proceso (fs. 75 vta.).

Alega que la decisión del a quo ha resultado prematura, configurándose por ello la violación de la normativa que cita en su apoyo (fs. 76). Destaca que el instituto del rechazo in limine previsto en el citado art. 336 del Código Procesal Civil y Comercial es de interpretación restringida (fs. 76/77).

Sostiene que interpuesta la demanda, los jueces deben examinar los recaudos esenciales que hacen a la constitución válida de un proceso (a saber: la legitimación, los recaudos del art. 330 del Código Procesal Civil y Comercial e, inclusive, la proponibilidad objetiva de la acción) pero de modo alguno quedan autorizados a pronunciarse ab initio, juzgando sobre la procedencia del derecho de fondo que se invoca (fs. 76).

Tras descartar en la especie la existencia de falencias procesales o defectos en la pretensión deducida que pudieran obstaculizar el juzgamiento de la reclamación en el marco del debido proceso (fs. 79 vta.), reprocha al sentenciante haberse expedido acerca de la existencia del derecho de la actora, sin debate ni sustanciación de la causa (fs. 80).

Por su parte, reprocha al juzgador haber realizado "un análisis parcial y absolutamente desajustado de la demanda incoada" (sic, fs. 82). Refiere que el magistrado que votó en primer término "toma la acción de revisión de cosa juzgada írrita en (el) aspecto más antiguo y primario que reconoció esta figura", es decir, considerando como únicas posibles causales de revisión que la sentencia se hubiere dictado en el marco de un proceso fraudulento, violatorio de las garantías constitucionales, malicioso o con el consentimiento viciado o con pruebas que posteriormente fueran declaradas falsas (fs. citada).

Cuestiona que se hubiese considerado que la demanda instaurada ha tenido como finalidad subsanar un error in iudicando que debió ser impugnado por la vía recursiva pertinente. También, que se sostuviera la inviabilidad del reclamo por no haber sido citados como parte, los magistrados que dictaron el fallo materia de la revisión (fs. 82).

Establecido lo anterior, destaca algunos de los argumentos blandidos en el escrito de inicio, como ser, el cambio de la jurisprudencia del Tribunal del Trabajo n° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata en materia de tasa de interés (tema que  aduce- no había sido debatido por las partes) que, desde su perspectiva, comporta una modificación objetiva de la situación fáctica con gravitación en lo jurídico y económico (fs. 82 vta.), que ameritan la revocación de la sentencia cuestionada por írrita (fs. 83 vta.). De igual modo, refiere sobre otros motivos esgrimidos en dicha oportunidad (vgr. la desestimación de prueba válida y dirimente o la recepción de otra que luego haya sido declarada falsa o constituya el fruto del dolo del beneficiado; los vicios que obedecen al accionar de las partes; la violación de una garantía constitucional; la culminación de un proceso correctamente tramitado, cuya solución sea repugnante al sentido común, entre otras; fs. 84 vta./85).

Finalmente, considera un despropósito se le endilgue no haber trabado la litis con los jueces que intervinieron en el dictado de la sentencia (fs. 85 y vta.).

III. El recurso debe desestimarse.

1. La cuestión que traen los agravios del quejoso transitan, en un primer orden, por el delicado terreno que supone establecer los límites de la facultad jurisdiccional de repeler in limine una demanda, no ya en razón de algún defecto de forma por ausencia de requisitos de procedibilidad o admisibilidad extrínseca de la pretensión sino, antes bien, por cuestiones de fundabilidad en cuanto, de los propios hechos de la demanda se representa, en abstracto, la inidoneidad de los mismos para obtener una sentencia favorable, lo que se traduce en una decisión de mérito o de fondo sin sustanciación.

En este esquema, el reclamante aduce una supuesta violación de su derecho de defensa y acceso a la justicia, porque el juzgador no corrió traslado de su demanda y resolvió directamente sobre el mérito. En su entendimiento, el juez sólo puede hacer ello en lo relacionado con cuestiones formales y no, como en el caso, donde lo decidido repercute sobre la cuestión de fondo.

2. Como una primera aproximación a la temática en cuestión, vale señalar que, a contrario de lo aducido por el quejoso, la potestad jurisdiccional de rechazar in limine una demanda -art. 336 del Código Procesal Civil y Comercial- no queda encorsetada en la configuración de deficiencias de orden formal -falta de requisitos de procedibilidad o de admisibilidad extrínseca- sino que también engrosa sus posibilidades, según los casos, la promoción de una acción evidente y manifiestamente infundada -improponibilidad objetiva de la demanda-.

En tal sentido, un doble orden de razones, afincadas en las categorías clásicas de la admisibilidad y la fundabilidad, concita la posibilidad de repeler sin sustanciación una pretensión, todo lo cual tiene distintos alcances y efectos, a saber:

i) Cuando el rechazo se funda en la falta de meros requisitos de procedibilidad o admisibilidad extrínseca. Así, por ejemplo, cuando la demanda contenga defectos de forma no subsanables o no se ajuste a las reglas de la competencia, o bien, por falta de capacidad de las partes. En estos casos, el rechazo de la demanda no impide la reiteración de la cuestión en otro proceso;

ii) cuando su repulsa responde a la evidente y manifiesta infundabilidad del reclamo -improponibilidad objetiva de la demanda-. Así, por ejemplo, si el objeto de la pretensión está excluido de plano por la ley, la moral o las buenas costumbres, o bien, la improcedencia deriva de la inidoneidad, juzgada en abstracto, de los propios hechos en que se funda la demanda -causa petendi- los que no son aptos para obtener una sentencia favorable. A diferencia del anterior caso, la resolución que así lo dispone, dado que resuelve sobre el fondo, tiene efectos de cosa juzgada material.

3. Pasando a la segunda aseveración que trae el recurrente, esto es, que el rechazo in limine de su demanda viola el acceso a la justicia y su derecho a la defensa, corresponde advertir que, al igual que los argumentos anteriores, adolece de una errónea conceptuación de los alcances de los principios e institutos en cuestión.

Así, es dable establecer que, con la presentación de la demanda, el actor ejerce el derecho constitucional de peticionar a las autoridades y el acceso a la jurisdicción, lo que genera una obligación-deber para la judicatura, consistente en proveer el pedido. En dicho tránsito, el juez tiene dos posibilidades: i) rechazar in limine la petición por las razones antes vistas (art. 336 del C.P.C.C.); ii) admitir su sustanciación ordenando el traslado de la misma a la demandada (art. 337).

Queda claro entonces que la presentación de la demanda no conlleva necesariamente a su bilateralidad, con lo cual, mal puede pretenderse, en esta perspectiva, un derecho a la sustanciación, tal como se promueve en el recurso aquí tratado.

Contextualizada así la cuestión, se advierte que la petición y la sustanciación responden a diversos órdenes de relaciones jurídicas, generadoras ellas de distintos deberes estatales a través del órgano judicial: i) La relación entre el actor-juez, configurada con el deber de proveer la acción a fin de garantizar el acceso a la justicia y el derecho a peticionar a las autoridades del actor; ii) la relación demandado-juez, sustentada en el deber de éste de bilateralizar el pedido, con el objeto de garantizar el derecho de defensa de aquélla.

4. A tenor de lo dicho, Morello reflexiona sobre el rechazo de la demanda -sin traslado- por su infundabilidad, señalando que "(...) la sustanciación de las pretensiones articuladas por las partes, por constituir de común el trámite adecuado, con el correlato del principio de bilateralidad de la audiencia, no puede considerarse esencial o insustituible (...)" y que "(...) No existe ... un derecho a la sustanciación de la pretensión que, en todo caso, constituye exigencia del debido proceso en relación al contrario, como forma de posibilitar el ejercicio de su defensa (...)".

Asimismo y en atención a que en el rechazo de la demanda, por su infundabilidad, el magistrado considera el fondo del asunto con efectos de cosa juzgada material, el autor citado sostiene que "(...) el derecho a la jurisdicción y la garantía constitucional correspondiente ‘art. 18, Const. Nac.’, se satisface en plenitud y agota a través del acto jurisdiccional fundamental, cual es la expedición de la sentencia en el mérito", para concluir que "(...) ningún agravio puede causar a quien reclama, en definitiva, la actuación de la voluntad de la ley en el caso concreto, que tal actuación se expida sin otro trámite(...)" (conf. Morello, Augusto Mario, "Recursos Extraordinarios y Eficacia del proceso", Hammurabi, 1987, tomo III, páginas 766 a 773 [en colaboración con Roberto Berizonce]).

5. A la luz de todo lo dicho hasta aquí, surge claro que los argumentos volcados por el quejoso para establecer la violación del art. 336 del Código Procesal Civil y Comercial constituyen la elaboración de conceptos antojadizos que no responden a la naturaleza del instituto y los principios en cuestión, amén de configurar afirmaciones erróneas apoyadas -como quedara expuesto- en conceptos poco claros e insuficientes para modificar el fallo atacado (art. 279 del C.P.C.C.).

6. Sorteado este aspecto previo y dirigiendo ahora la mirada sobre los agravios vinculados con lo decidido, esto es, la infundabilidad de la acción de revisión de cosa juzgada, deviene necesario formular algunas consideraciones en torno a la naturaleza de esta particular pretensión por la que se busca dejar sin efecto la fuerza de la cosa juzgada de una sentencia judicial pronunciada en otro proceso.

Como sostuviera esta Corte (conf. causa C. 102.322, "Quiebra de Cuende", sent. del 10-II-2010), si una cuestión ha quedado definitivamente resuelta en sentencia firme, no puede ser nuevamente examinada y menos decidida en distinto sentido (conf. causas Ac. 92.718, "D., J.", sent. del 26-IV-2006; Ac. 64.671, "Rueda", sent. del 8-XI-2000; Ac. 54.404, "Gelatti", sent. del 1-IV-1997; Ac. 33.028, "Fiscalía de Estado", sent. del 27-IV-1984; entre muchas otras).

La autoridad de la cosa juzgada responde a una consideración esencial: la necesidad de que el orden y la paz reinen en la sociedad poniendo fin a los litigios y evitando que los debates entre partes se renueven indefinidamente (conf. causas Ac. 92.736, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. del 11-II-2009; Ac. 94.348, "Fideería San Carlos S.C.A.", sent. del 3-XII-2008; Ac. 92.718, "D., J.", cit.).

No obstante ello, recuerdo que haciendo excepción al sólido principio expuesto, se ha concebido a la pretensión de revisión de cosa juzgada írrita como "aquel proceso especial que, por razones jurídico procesales tiene por objeto impugnar la sentencia ante el grado supremo de la jerarquía judicial, en virtud de motivaciones que no pertenecen al proceso mismo en que la resolución impugnada se dicta, sino que son extrínsecos a dicho proceso y determinan, por lo tanto, la existencia de vicios trascendentes a él" (conf. Guasp, "Derecho Procesal Civil", pág. 1544, nº 97).

En ese contexto, ha de remarcarse que a los fines de ponderar la procedencia de una pretensión revisora de la res judicata, debe utilizarse un criterio restrictivo (conf. causa Ac. 81.004, "Municipalidad de San Isidro", sent. del 30-X-2002).

Bajo tales directrices corresponde examinar el recurso deducido.

a. La actora promovió demanda a fin de lograr la revisión de cosa juzgada írrita proveniente de una sentencia dictada por el Tribunal del Trabajo n° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata que tildó de arbitraria, injusta y nula, en razón de haber sido condenada al pago de sumas exorbitantes en concepto de tasa activa (en contraposición con la mejor suerte que habrían merecido otros justiciables que litigaron ante otros tribunales), fondo de desempleo y penalidades de la ley 24.013 (aspectos sobre los que esgrime absurda valoración de la prueba), circunstancias que -refirió- comportan una lesión injustificada en su patrimonio y el consecuente enriquecimiento ilícito del trabajador ganador en el primer pleito (fs. 6; 621 y vta.).

b. Tras enfocar los términos de la inicial postulación y teniendo en vista la suerte adversa que siguieran los recursos extraordinarios que la accionante interpusiera contra dicho pronunciamiento, el a quo consideró que la actora pretendía casar la sentencia recaída en los autos principales y lograr su anulación, supliendo con esta acción la denegatoria al medio de impugnación intentado (fs. 62).

A partir de la naturaleza de la acción de revisión articulada, el sentenciante ponderó que el instituto de la cosa juzgada írrita viene a atenuar los efectos de la cosa juzgada material cuando ella es obtenida de modo malicioso o ilícito, añadiendo, además, que la sentencia, como cualquier acto jurídico, es pasible de anulación si se muestra que el autor del mismo (órgano jurisdiccional) lo dictó con su consentimiento viciado (sea por error, dolo, violencia o en desmedro de su buena fe), circunstancia que debe ser conocida con posterioridad al dictado de la resolución, puesto que si ello aconteciera antes "el mismo proceso provee a la parte las herramientas para su saneamiento, en el marco de su desarrollo preclusivo".

Concluyó que en el caso la accionante no había alegado ningún hecho grave sobreviniente (a la sentencia) que hiciera intolerable al pronunciamiento y que justifique sustraerse de sus efectos. Señaló también como deficitario que no se hubiera integrado la litis con los miembros del tribunal de donde provino el acto cuya nulidad se solicita.

Como corolario, resolvió que la actora pretendía la revisión e, inclusive, la anulación de lo resuelto por sentencia firme sobre la base de hechos y derechos discutidos en el proceso anterior, redundando ello en un probable caos jurisdiccional.

Asimismo, enunció los rasgos típicos de la revisión de cosa juzgada y el carácter excepcional del rechazo in limine que consagra el art. 336 del Código Procesal Civil y Comercial, que habilita al juez a pronunciarse anticipadamente y ex officio sobre la improcedencia sustancial de la demanda, por razones de interés general y cuando su infundabilidad aparezca manifiesta, notoria y evidente de los propios términos en que fue concebida.

En ese marco y por el principio de seguridad jurídica, rechazó la acción impetrada.

c. Tales esenciales motivaciones no logran ser desvirtuadas por la recurrente.

Lejos de rebatir frontal y eficazmente el desarrollo por el cual el tribunal de grado juzgó que la demanda promovida resultaba inviable por encerrar el propósito de reintentar la vía recursiva ya agotada  descartando así la invocación de una hipótesis genuina que habilite la admisibilidad de la acción de revisión de la cosa juzgada- el recurrente se empeña en reafirmar la solvencia de su reclamo para obtener la anulación parcial de la sentencia del modo pretendido.

Adviértase que a la hora de examinar los presupuestos de la demanda, el tribunal consideró, en primer lugar, que la promotora de juicio no había esgrimido como sustento de su pretensión la existencia de vicios de la voluntad o hechos graves sobrevinientes a la sentencia dictada en el marco de un proceso que se desarrolló dentro de los márgenes legales (es decir, observando los principios de bilateralidad, debido proceso y juez natural) y, del otro, la deficitaria integración de la litis, por no haber sido demandados los autores del pronunciamiento cuestionado.

En definitiva, al resolver como lo hizo, el sentenciante entendió que la demanda resultaba objetivamente improponible, no ya por el hecho de que el objetivo jurídico perseguido se encuentre excluido de plano por ley (es decir, cuando ésta impide explícitamente cualquier decisión al respecto), sino y antes bien, en razón de la inidoneidad, juzgada en abstracto, de los propios hechos en que se funda (a saber, el ya mencionado cambio jurisprudencial en materia de intereses y la absurda valoración de los elementos probatorios individualizados en el escrito postulatorio), los que no son aptos -extraviando el presupuesto- para obtener una sentencia favorable.

Sobre estas puntuales cuestiones, la agraviada reprocha al juzgador haber tomado "la acción de revisión de cosa juzgada írrita en su aspecto más antiguo" (fs. 82), para imputarles una ligera lectura del fallo (fs. citada) y relativizar luego las objeciones formuladas en torno a la integración de la litis (fs. 85 y vta.).

Claramente se advierte la ineficacia de la crítica para conmover los aspectos vinculados a la admisibilidad y fundabilidad que el tribunal sindicó como esenciales para dirimir la viabilidad de la demanda promovida.

Por natural consecuencia, deviene infructuosa la prédica orientada a descalificar la solución que arrojara el proceso intelectivo efectuado en la instancia liminar del proceso, toda vez que -como ilustra el relato de antecedentes- se revela como la discrepancia subjetiva de la interesada respecto del enfoque con el que debió analizarse la pretensión deducida.

Al respecto, esta Suprema Corte ha señalado que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuando los planteos del impugnante permanecen en el plano de la disconformidad y disentimiento personal y no satisfacen una réplica idónea susceptible de modificar lo resuelto, en tanto importaría la sustitución del criterio de los sentenciantes (conf. causas L. 84.981, "Piñeyro", sent. del 10-VI-2009; L. 88.218, "Gobbato", sent. del 11-VII-2007).

IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, C.P.C.C.). El depósito previo efectuado a fs. 72 y 108 queda perdido para la recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/2002 (texto resol. 870/2002).

Voto por la negativa.

Los señores jueces doctores Soria, Negri y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Hitters, votaron también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente



S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, C.P.C.C.).

El depósito previo efectuado a fs. 72 y 108  efectivizado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial- queda perdido para la recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/2002 (texto resol. 870/2002).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA

JUAN CARLOS HITTERS

GUILLERMO LUIS COMADIRA



Secretario


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