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Helen gladis carder de navarro, maría inés navarro de delatorre y rafael ignacio navarro carder


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CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Como el Tribunal concluyó la factibilidad de demandar judicialmente la declaratoria de solidaridad a los socios de una sociedad de personas, en proceso posterior a aquel en el cual se convocó a juicio solamente a la persona jurídica empleadora del accionante, y esa es la tesis que confronta el recurrente en el recurso extraordinario, baste entonces citar lo que al respecto ha asentado la Sala y, de allí, concluir que el Tribunal –a la luz de esa óptica- no incurrió en el yerro jurídico enrostrado, sin que se encuentren razones para modificarla.


En efecto, en la sentencia de 28 de abril de 2009, rad. 29522, se dijo :
El tema relativo a la viabilidad de reclamar, en proceso separado, la solidaridad de un socio, no vinculado al proceso en el que se determinó la existencia de una obligación a cargo de la sociedad empleadora, ya ha sido definido por esta Corporación en el sentido de considerar procedente tal posibilidad.



Así, basta remitirse a lo precisado en pronunciamiento del 12 de septiembre de 2006, radicación 25323 al analizar similar acusación, en los siguientes términos:



“Aspecto central materia de la controversia es el relativo a la obligación que es objeto de la solidaridad legal reclamada en el sub lite -la del socio con su sociedad- que, para precisarlo de partida, es la causada por la vinculación laboral del trabajador frente al empleador, quien es el responsable directo de la obligación; corolario de tal afirmación es que la que se exige del solidario, no es deuda autónoma o diferente de aquella; lo que la ley manda garantizar con el pago es la debida por el empleador.
Tal premisa tiene repercusiones procesales en que la demanda judicial orientada a la determinación de la existencia de la obligación, necesariamente, ha de comprender al empleador como responsable directo del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.
La doctrina de la Sala ha sido reiterativa en exigir la constitución del litis consorcio necesario entre el deudor solidario y el empleador, cuando la pretensión de la demanda es establecer lo que se le adeuda al trabajador por su relación laboral. Ha dicho la Sala:
La Corte ha señalado que cuando se demanda al deudor solidario laboral –específicamente por la condición de beneficiario o dueño de la obra- debe ser también llamado al proceso el empleador. En sentencia de 10 de agosto de 1994, Rad. N° 6494 dijo la Corte:
a) El trabajador puede demandar solo al contratista independiente, verdadero patrono del primero, sin pretender solidaridad de nadie y sin vincular a otra persona a la litis.

b) El trabajador puede demandar conjuntamente al contratista patrono y al beneficiario o dueño de la obra como deudores. Se trata de una litis consorcio prohijada por la ley, y existe la posibilidad que se controvierta en el proceso la doble relación entre el demandante y el empleador y éste con el beneficiario de la obra, como también la solidaridad del último y su responsabilidad frente a los trabajadores del contratista independiente.

c) El trabajador puede demandar solamente al beneficiario de la obra, como deudor solidario si la obligación del verdadero patrono, entendiéndose como tal al contratista independiente ‘existe en forma clara expresa y actualmente exigible, por reconocimiento incuestionable de éste o porque se le haya deducido en juicio anterior adelantado tan sólo contra el mismo.
Este principio formulado por la Corte frente al beneficiario o dueño de la obra tiene cabal aplicación para cuando se convoca al proceso al intermediario laboral, pues su razón es la de una calidad que es común a aquéllos y a éste: deudor solidario de las obligaciones con trabajadores del empleador; ciertamente si lo que se persigue con el proceso es la existencia de la deuda, la unidad del objeto no puede ser rota; con el deudor solidario debe ser siempre llamado el empleador, quien es el primero que debe responder por los hechos que originan o extinguen la obligación reclamada.
Lo anterior no es óbice para que, como lo indica la Sala en la sentencia reseñada, el trabajador escoja entre cualquiera de los obligados para exigir el pago de una obligación, una vez ésta ya ha sido establecida” (sentencia de mayo 10 de 2004, rad.22371).

El litis consorcio necesario se ha de constituir en todo proceso en el que además de determinar la existencia de unas acreencias laborales a favor del trabajador, se persiga el pago de la condena por parte de cualesquiera de las personas sobre las que la ley impone el deber de la solidaridad.



“De esta manera, el responsable principal de las deudas laborales ha de ser siempre parte procesal cuando se pretenda definir la existencia de las deudas laborales; y ello es condición previa, en caso de controversia judicial, para que se pretenda el pago de la misma, en el mismo proceso o en uno posterior; los deudores solidarios, a su turno, han de ser necesariamente partes procesales en los procesos que tengan por objeto definir la solidaridad, esto es, si se dan o no los presupuestos para declarar tal responsabilidad solidaria frente a la deuda laboral, reconocida por el empleador, o declarada judicialmente en proceso, se repite, anterior o concomitante.
En el proceso que persiga declarar la existencia de la obligación laboral no se requiere vincular – nada se opone a que voluntariamente se haga- a un deudor solidario, por cuanto el objeto es definir el contenido de las obligaciones de una relación jurídica de la que no es parte, y por lo mismo, no hay lugar a excepciones derivadas de la naturaleza de la obligación conducentes a impedir su existencia.
Cuando se persiga hacer valer la solidaridad sin que se hubiere establecido la deuda en acta conciliatoria o proceso judicial, se debe constituir litis consorcio necesario con el deudor principal.
La actuación procesal del deudor solidario, en proceso en el que se le ha llamado a integrar el litisconsorcio con el responsable principal, o en uno posterior al que ha resuelto la controversia sobre la definición de la obligación materia de la solidaridad, y con la pretensión de condenarlo a que asuma el pago de la misma, ha de encaminarse a allanarse o defenderse, aceptando o controvirtiendo el que se den los supuestos sobre los que se edifica la solidaridad, esto es, sobre si se reúnen o no, por ejemplo, los requisitos del artículo 34 del C.S.T. para el beneficiario de la obra, del artículo 35 en tratándose del intermediario, o del artículo 36 para el socio de una sociedad, o si ésta se da, presentando excepciones personales frente al actor, conducentes a enervar la obligación de pago, como por ejemplo acreditando que éste ya fue realizado, o que operó el fenómeno de la compensación, de la novación, o de la prescripción, entre otros.
Se ha de advertir que la solidaridad que se reclama en el sub examine tiene por fuente la ley, premisa que no desvanece la circunstancia de que el contenido de tal obligación haya sido precisado por una sentencia judicial, de la manera que se pretende cuando se alega que con ello lo que se violaría el principio de que las sentencias tienen efectos inter partes; ciertamente lo que obra es el imperio de la ley”.


De conformidad con las consideraciones transcritas, el cargo prospera y en consecuencia el fallo del Tribunal será casado en su totalidad, de acuerdo con lo solicitado en el petitum de la demanda del recurso extraordinario.”

En consecuencia, como se dijo, el Tribunal no incurrió en la equivocación jurídica enrostrada y, de allí, que el cargo no salga avante.


Sin costas en el recurso extraordinario, ante la ausencia de réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Descongestión Laboral, el veintinueve (29) de agosto de 2008, dentro del ordinario laboral promovido por CARLOS ALFONSO OCHOA SOTO en contra de HELEN GLADIS CARDER DE NAVARRO, MARÍA INÉS NAVARRO DE DELATORRE y RAFAEL IGNACIO NAVARRO CARDER.



CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ

JORGE MAURICIO BURGOS RUÍZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN

GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE CAMILO TARQUINO GALLEGO

SALA DE CASACIÓN LABORAL

ACLARACIÓN DE VOTO

Expediente 38077

Acta No. 12

Bogotá D.C. 3 de mayo de 2011



Carlos Alfonso Ochoa Soto Vs.

Helen Gladis Carder de Navarro y Otros.
Magistrado ponente: Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez
Aún cuando al momento de debatir en Sala el presente asunto manifesté mi decisión de salvar el voto, reestudiada ésta debo expresar que estoy de acuerdo con la determinación de no casar la sentencia pero difiero en lo siguiente:

1º) En mi sentir, el tema concerniente a la responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones laborales, y con sobradas razones, no solamente involucra una sensibilidad e interés social, sino que es una de las expresiones más palpables de la protección de los derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores, que busca, nada menos ni nada más, garantizar la efectividad de los mismos y, desde luego, facilitarles su cobro por la vía judicial.

2º) Si bien, la figura de la solidaridad está regulada expresamente entre otros, en los artículos 34 y 36 del Código Sustantivo de Trabajo, estimo que deben interpretarse en concordancia con lo establecido en el artículo 1571 del Código Civil, que estatuye la solidaridad pasiva.

Así las cosas, y bajo lo expresado en las normas en precedencia, considero que la solidaridad de origen legal, en la rama del derecho laboral, lleva ínsita la facultad del trabajador para reclamar a cualquiera de los deudores las obligaciones laborales insatisfechas emanadas del contrato de trabajo, sin que éstos puedan oponerse invocando el beneficio de la división. De manera que cada uno responde por el todo, en calidad de garante, y adquiere el derecho de repetir contra los demás.

Al punto, sostuvo la Sala Casación Civil en sentencia de 11 de enero de 2000, radicación 5208, lo siguiente:

Bien se conoce, ciertamente, que la solidaridad pasiva  tiene como rasgo característico el que todos y cada uno de los obligados responden por el total de la deuda; es decir, que a los ojos del acreedor cada deudor responde como si fuera el único que se encuentra en la parte pasiva  del vínculo obligacional. Es por esto que la solidaridad  constituye una caución para el acreedor; pues así se le garantiza que ningún obligado pueda pretextar que la deuda sea dividida. Trátase, entonces, de la quintaesencia misma de la solidaridad, al punto de que donde se diga obligación solidaria se dice al propio tiempo que para el acreedor todos los obligados son iguales, y a cualquiera puede perseguir por la obligación entera. El acreedor los mira a ras: sencillamente todos son codeudores. No interesa si los deudores reportan beneficio económico de la negociación, o no. Para el acreedor es esto indiferente (…) Vana ilusión del acreedor sería que los deudores se digan solidarios al contraer la obligación, mas no al momento de pagarla”.

Por tanto, en mi opinión, en los casos donde se presente la solidaridad, no se le debe exigir al trabajador la constitución del litis consorcio necesario entre deudor solidario y el dador del laborío. La acción, entonces, podrá interponerse solo contra el empleador, contra éste y solidariamente contra los deudores solidarios, contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos, según el trabajador lo determine. En estos eventos, el demandado puede formular las excepciones reales y personales que estime convenientes.

La jurisprudencia nacional ha asentado:

Es sabido que en materia de responsabilidad civil extracontractual se predica la solidaridad pasiva  (artículo 2344 del Código Civil), figura jurídica que otorga al acreedor de la obligación nacida del hecho ilícito la facultad de dirigirse contra todos los deudores solidarios o contra cualquiera de ellos, según la preceptiva del artículo 1571 y siguientes del Código Civil. Por consiguiente, es evidente que en caso de solidaridad pasiva  y al dirigir el actor su demanda contra varios de los deudores, no se conforma por ese sólo hecho un litisconsorcio necesario, por lo que no es dable predicar la consecuencia de este tipo de litisconsorcio que contempla el artículo 51 del Código de Procedimiento Civil: “los recursos y en general las actuaciones de cada cual favorecerá a los demás”.


En efecto, el litisconsorcio necesario (art. 51 cpc) se presenta cuando la relación de derecho sustancial objeto de la pretensión, está integrada por un número plural de sujetos, activos o pasivos, “en forma tal que no es susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos activos o pasivos individualmente considerados existan, sino que se presenta como una, única e indivisible frente al conjunto de tales sujetos” (G.J., t. CXXXIV, pág. 170), o como la propia ley lo declara, bajo el supuesto de la pluralidad subjetiva, ‘Cuando la cuestión haya de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes…’" (art. 51).



Pero en las obligaciones solidarias o in solidum, a pesar de la unidad del objeto, la pluralidad de vínculos entre los sujetos permite que la sentencia que dicte el juez pueda llegar a ser diferente para cada uno de los sujetos sean pasivos o activos, amén de lo ya dicho, esto es, que los actores pueden escoger a quién o quiénes demandan, en el caso de la solidaridad pasiva .



En definitiva, no presentándose el litisconsorcio necesario, debe concluirse que la petición, decreto y otorgamiento de la caución para suspender los efectos de la sentencia sólo favoreció a quien la propuso y otorgó, desde luego que no actuó en nombre de los demás demandado”
(sentencia de 17 de mayo de 2000, radicación 0143, Sala de Casación Civil).

La verdad es que exigirle al trabajador la integración de un litis consorcio necesario, so pena que, de no hacerlo, como ha ocurrido en otros eventos (ver sentencia de 10 de mayo de 2004, radicación 22371), la consecuencia sea que el juzgador se inhiba, es una sanción tan drástica que no se acompasa con los principios constitucionales que tienden a proteger los derechos del trabajador y los de su núcleo familiar.

3º) A no dudarlo, la evolución de la economía, lleva consigo que día a día se creen nuevas formas trabajo, figuras tan complejas que incluso llegan al extremo de que el trabajador antes, durante y al final de la relación no conozca quién fue su verdadero empleador para de esta forma empezar a integrar el contradictorio.

Sólo a título de algunos ejemplos, en el contrato llave en mano, patrimonios autónomos, uniones temporales, concesión, outsourcing, o administración delegada, generalmente intervienen varios sujetos, que por el mismo objeto del contrato y por la forma en que se lleva a cabo su ejecución, diluyen el espectro subordinante propio del vínculo laboral, lo que conduce a que el trabajador desconozca, repito, quién fungió como su verdadero empleador. Pero el panorama se torna aún más complejo cuando se pone al trabajador a investigar y analizar la naturaleza jurídica de los negocios subyacentes celebrados por los dichos sujetos, y encuadrar la relación, verbi gratia, en el contratista independiente o simple intermediario, sólo para citar un par de casos, para de esta manera armar el rompecabezas y ahí sí poder demandar.

Es que no se puede desconocer que en los conflictos laborales están en juego las acreencias laborales del trabajador, por medio de las cuales satisface sus necesidades y las de su familia, luego el trámite debe ser ágil y con los mínimos requisitos para su accesibilidad y definición.

Dejo en estos términos aclarado mi voto.

Fecha ut supra.

CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL
SALVAMENTO DE VOTO
Radicación No. 38077

Ref: HELEN GLADYS CARDER NAVARRO Y OTROS vs. CARLOS ALFONSO OCHOA SOTO.



Con el respeto de usanza por las decisiones de la Sala, expongo las razones que me llevan a apartarme de lo resuelto por la mayoría:
Al separarme de la decisión mayoritaria adoptada en la sentencia de 28 de abril de 2009, radicación 29522, argumenté lo siguiente:
Debo precisar, atendiendo los claros términos del artículo 36 del C. S. del T., en armonía con el 1571 del C. C., que quien pretenda el reconocimiento de conceptos laborales, puede demandar a uno, a varios, o a todos los que estime son los deudores. En esa medida, si prefiere accionar contra parte de ellos y, después de obtener condena a su favor, no logra hacer efectivo su pago, no quiere decir que esté impedido para reclamar nuevamente; lo que ocurre es que en este último proceso debe someter a consideración de la justicia todos los supuestos que sirven de sustento a las peticiones con origen en el vínculo laboral, y no exclusivamente invocar la extensión de las condenas, como aquí se procuró, porque ello implica para el nuevo demandado no contar con la oportunidad de controvertir tales supuestos. Además, obviamente, que también está facultado para cuestionar la alegada solidaridad.

En el anterior orden, disiento de la tesis de la mayoría, plasmada en la sentencia que se adoptó como precedente, según la cual la única posibilidad que ostenta, en atención al citado artículo 36, el socio de una sociedad de responsabilidad limitada, es la de proponer , pues tal doctrina, desconoce principios mínimos de defensa y de contradicción que violan el debido proceso, amén de lo consagrado por el artículo 1577 del C. C., que permite al deudor solidario oponerse a la demanda con excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación .
Por lo anotado, es que discrepo de lo reflexionado por la Corte, en cuanto a que, obtenida condena contra unos deudores (en este evento la Sociedad Bananera de Occidente Sobando Ltda.), y ante la frustración de lograr la cancelación de la suma correspondiente a la misma, se permita en el nuevo proceso, una aspiración tendiente a que solidariamente se transmita, mecánicamente, el aludido pago, como aconteció en este proceso, porque, ni más ni menos, éste tendría las características de un juicio ejecutivo; toda vez que la única diferencia con el ordinario sería su denominación, porque el procedimiento y lo perseguido, en términos prácticos, es casi idéntico. Eso es lo que se concluye, porque, como quedó redactado en el fallo mayoritario, lo único que puede hacer el demandado es proponer excepciones personales.
Lo dicho, también, me permite afirmar que lo decidido en el primer proceso únicamente vincula a las partes contendientes en él, y por eso no puede reclamarse en otro proceso únicamente la solidaridad, ya que, para ello, como en este evento sucede, solamente se requeriría de la certificación de la Cámara de Comercio que contenga la constancia de la calidad de socios de los nuevos demandados.

Importa memorar que, bajo los mismos supuestos fácticos a los que en el caso bajo examen convergen, en la sentencia de casación de 9 de julio de 2004 (rad. 22408), se concedió la razón al Tribunal en cuanto revocó el fallo de primer grado, con el argumento de que no podía vincularse <per se a los demás obligados solidarios que no fueron comprometidos en el proceso, pues esta sólo tiene efectos interpartes y no erga omnes, de tal manera que sus efectos y condena no vinculan sino a las partes trabadas en la litis>, al estimar que:
“… de conformidad con el artículo 1571 del Código Civil, el acreedor puede dirigirse conjuntamente contra todos los deudores solidarios o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, situación que es uno de los rasgos distintivos de este tipo de obligaciones. Dentro de este marco ha de considerarse que la elección corresponde al acreedor, pues igualmente la ley le da la opción de escoger de entre sus deudores, a cuales se dirige en procura de obtener la satisfacción del crédito insoluto. Y cuando el acreedor escoge a uno de sus deudores solidarios como destinatario, por ejemplo, de la acción judicial en ese sentido, naturalmente el proceso contencioso se surtirá y tendrá efectos únicamente entre las partes enfrentadas. No es de la esencia de las obligaciones solidarias que la decisión proferida en la acción judicial contra uno de los deudores que culmine en contra de éste, se haga extensiva a los demás obligados solidarios que no fueron parte en la controversia judicial, resaltándose que no fueron partes precisamente por la voluntad del acreedor, que frente a su manera de obrar, debe asumir las consecuencias de ello

“Es más, el artículo 28 del Código Civil le da fuerza al anterior aserto, pues claramente determina que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas, lo cual lógicamente supone el respeto por parte del juez de los sujetos enfrentados, así como los hechos, pretensiones y excepciones planteados y alegados por éstos, previsión que se armoniza y se complementa con el principio de la congruencia a que se refiere el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil y que naturalmente también se relaciona estrechamente con la cosa juzgada que regula el artículo 332 ibídem.>.


Me parece desacertado, además, que en la providencia mayoritaria se exprese que . Expresión de tal naturaleza, innegablemente, soslaya el derecho de defensa, ya se mire éste desde el punto de vista legal o constitucional, puesto que priva al demandado del ejercicio de los medios que la propia ley le otorga para poder defenderse. Aquella consideración equivaldría a tener que soportar las declaraciones y condenas proferidas, en total mutismo, sin reparos de ninguna especie, como si no pudiera el obligado solidario rebatir la existencia del derecho, sus elementos, su nacimiento, etc.
Tal criterio se opone al contenido del mencionado artículo 1577 del C.C., que, se repite, no sólo permite al deudor oponer sus excepciones personales, sino además todas las que resulten de la naturaleza de la obligación. Esto es, proponer todos los medios exceptivos tendientes a controvertir el derecho, y de ese modo desvirtuar la invocada relación laboral, o acreditar la improcedencia de unos determinados salarios o prestaciones, entre otros.

Por último, admitir que es intocable -por quien no fue sujeto accionado en el pleito primigenio-, la declaración judicial de la existencia de una relación laboral o de supuestos como la culpa de la sociedad empleadora en un accidente de trabajo, llevaría a decisiones injustas frente a situaciones en las que, por ejemplo, por desidia o colusión del representante de la sociedad, o del accionado solidario, en controvertir, no pudiera derruir aquellas conclusiones, pese a contar eventualmente con la prueba verdadera”
La pretensión de ampliar a ultranza la garantía de satisfacción del crédito a favor del trabajador declarado en el proceso inicial, pasa por el riesgo que implica sostener una tesis como la quedó plasmada en el fallo del que discrepo, en tanto la ausencia de los ahora condenados en el proceso en el que se definieron los derechos del trabajador, comportó la obvia imposibilidad de hacer uso de los mecanismos de defensa legalmente consagrados, ejercicio que en un segundo proceso, como el presente, se dificulta enormemente, dada la existencia de una sentencia ejecutoriada, con los naturales efectos que de esa condición emanan.
Cordialmente,

CAMILO TARQUINO GALLEGO




1 La importancia del principio de seguridad jurídica fue destacada por la Corte Constitucional en la sentencia C-836 de 2001, M.P: Rodrigo Escobar Gil, en los siguientes términos: "La previsibilidad de las decisiones judiciales da certeza sobre el contenido material de los derechos y obligaciones de las personas, y la única forma en que se tiene dicha certeza es cuando se sabe que, en principio, los jueces han interpretado y van a seguir interpretando el ordenamiento de manera estable y consistente. Esta certeza hace posible a las personas actuar libremente, conforme a lo que la práctica judicial les permite inferir que es un comportamiento protegido por la ley. La falta de seguridad jurídica de una comunidad conduce a la anarquía y al desorden social, porque los ciudadanos no pueden conocer el contenido de sus derechos y de sus obligaciones. Si en virtud de su autonomía, cada juez tiene la posibilidad de interpretar y aplicar el texto de la ley de manera distinta, ello impide que las personas desarrollen libremente sus actividades, pues al actuar se encontrarían bajo la contingencia de estar contradiciendo una de las posibles interpretaciones de la ley".


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