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Helen gladis carder de navarro, maría inés navarro de delatorre y rafael ignacio navarro carder


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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia







CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación No. 38077

Acta No.12

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de mayo de dos mil once (2011).

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por HELEN GLADIS CARDER DE NAVARRO, MARÍA INÉS NAVARRO DE DELATORRE y RAFAEL IGNACIO NAVARRO CARDER, a través de apoderado judicial, con el cual recurren la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Descongestión Laboral, el veintinueve (29) de agosto de 2008, dentro del ordinario laboral promovido por CARLOS ALFONSO OCHOA SOTO en contra de los recurrentes.



ANTECEDENTES
En lo que interesa a los efectos del recurso extraordinario, es de señalar que la parte recurrente cuestiona la sentencia de fecha y origen antecitados, mediante la cual el tribunal confirmó, modificó y adicionó la condenatoria proferida en primera instancia por el señor Juez Doce Laboral del Circuito de Medellín.
El accionante, en juicio previo laboral, demandó a la sociedad NAVARRO CARDER Y CIA –HACIENDA LA PROVIDENCIA-, de la cual los integrantes de la parte accionada eran socios, que fue condenada (mediante sentencia confirmada por el Tribunal), a pagarle pensión mensual especial y vitalicia de jubilación, efectiva a partir de cuando cumpliera 50 años de edad, (fls. 12 a 26, y 33 a 39 del cuaderno de instancias).
Dado que la sociedad fue liquidada de común acuerdo entre los socios por escritura pública número 600 de 23 de abril de 1986, de la Notaría 17 del círculo de Medellín, sin que se liquidara y pagara al accionante la pensión, ni se tomara ninguna medida al respecto con compañías aseguradoras, éste promovió proceso ordinario laboral en contra de los antecitados socios para que se declarara que debían responder solidariamente por dicha prestación, en suma no inferior al mínimo legal, más mesadas adicionales e incrementos legales, con el retroactivo respectivo desde el 17 de noviembre de 1989, cuando cumplió 50 años.
Los demandados se opusieron a las pretensiones y propusieron las excepciones de pleito pendiente, petición de lo no debido, cosa juzgada, responsabilidad limitada, prescripción, e imposibilidad del derecho de defensa. En esta última se alegó que, si bien había existido el previo proceso en contra de la sociedad, no habían sido llamados a él en su calidad de socios, por lo cual se les vulneraba el derecho de defensa al extenderles los efectos jurídicos de la sentencia que condenó a la sociedad.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

El Tribunal, respecto de la alegación de los demandados, en cuanto a no haber sido convocados al juicio en el cual se condenó a la sociedad, y que los afectaba muchos años después, cimentó su decisión confirmatoria en que tal actuación era válida bajo la óptica en que esta Sala había dilucidado la situación en casos análogos.


Argumentó así:
CONSIDERACIONES:
Sea lo primero, dilucidar el tópico de la solidaridad entre la sociedad NAVARRO CARDER Y CÍA LTDA, condenada a pagar pensión sanción de jubilación al demandante, en proceso judicial en el cual no fueron parte los socios individualmente considerados, y la responsabilidad que se predica de estos en el nuevo proceso ordinario laboral que se ventila en segunda instancia. Justamente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha predicado en ciertos eventos, que es menester demandar conjuntamente a la persona jurídica y los socios, de manera que estos puedan ejercer el derecho de contradicción. Sin embargo, recientemente se precisó que ello no es tajante y en efecto puede pretenderse en un proceso posterior la exigibilidad de la condena impuesta en un litigio precedente, bajo los siguientes parámetros:
Aspecto central materia de la controversia es el relativo a la obligación que es objeto de la solidaridad legal reclamada en el sub lite -la del socio con su sociedad - que, para precisarlo de partida, es la causada por la vinculación laboral del trabajador frente al empleador, quien es el responsable directo de la obligación; corolario de tal afirmación es que la que se exige del solidario, no es deuda autónoma o diferente de aquella; lo que la ley manda garantizar con el pago es la debida por el empleador.
Tal premisa tiene repercusiones procesales en que la demanda judicial orientada a la determinación de la existencia de la obligación, necesariamente, ha de comprender al empleador como responsable directo del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.
La doctrina de la Sala ha sido reiterativa en exigir la constitución del litis consorcio necesario entre el deudor solidario y el empleador, cuando la pretensión de la demanda es establecer lo que se le adeuda al trabajador por su relación laboral...
El litis consorcio necesario se ha de constituir en todo proceso en el que además de determinar la existencia de unas acreencias laborales a favor del trabajador, se persiga el pago de la condena por parte de cualesquiera de las personas sobre las que la ley impone el deber de la solidaridad.
De esta manera, el responsable principal de las deudas laborales ha de ser siempre parte procesal cuando se pretenda definir la existencia de las deudas laborales; y ello es condición previa, en caso de controversia judicial, para que se pretenda el pago de la misma, en el mismo proceso o en uno posterior; los deudores solidarios, a su turno, han de ser necesariamente partes procesales en los procesos que tengan por objeto definir la solidaridad, esto es, si se dan o no los presupuestos para declarar tal responsabilidad solidaria frente a la deuda laboral, reconocida por el empleador, o declarada judicialmente en proceso, se repite, anterior o concomitante, (subrayas fuera del texto).
En el proceso que persiga declarar la existencia de la obligación laboral no se requiere vincular - nada se opone a que voluntariamente se haga- a un deudor solidario, por cuanto el objeto es definir el contenido de las obligaciones de una relación jurídica de la que no es parte, y por lo mismo, no hay lugar a excepciones derivadas de la naturaleza de la obligación conducentes a impedir su existencia, (subrayas extra texto).
Cuando se persiga hacer valer la solidaridad sin que se hubiere establecido la deuda en acta conciliatoria o proceso judicial, se debe constituir litis consorcio necesario con el deudor principal.
La actuación procesal del deudor solidario, en proceso en el que se le ha llamado a integrar el litisconsorcio con el responsable principal, o en uno posterior al que ha resuelto la controversia sobre la definición de la obligación materia de la solidaridad, y con la pretensión de condenarlo a que asuma el pago de la misma, ha de encaminarse a allanarse o defenderse, aceptando o controvirtiendo el que se den los supuestos sobre los que se edifica la solidaridad, esto es, sobre si se reúnen o no, por ejemplo, los requisitos del artículo 34 del C.S.T. para el beneficiario de la obra, del artículo 35 en tratándose del intermediario, o del articulo 36 para el socio de una sociedad, o si ésta se da, presentando excepciones personales frente al actor, conducentes a enervar la obligación de pago, como por ejemplo acreditando que éste ya fue realizado, o que operó el fenómeno de la compensación, de la novación, o de la prescripción, entre otros.
Se ha de advertir que la solidaridad que se reclama en el sub examine tiene por fuente la premisa que no desvanece la circunstancia de que el contenido de tal obligación haya sido precisado por una sentencia judicial, de la manera que se pretende cuando se alega que con ello lo que se violaría el principio de que las sentencias tienen efectos inter partes (sic); ciertamente lo que obra es el imperio de la ley.
En el anterior orden de ideas ha de concluirse que erró el tribunal al considerar no ser posible que, en proceso separado, el trabajador reclame la solidaridad de un socio, no vinculado al proceso en el que se determinó la existencia de una obligación a cargo de la sociedad empleadora y, en consecuencia, el cargo prospera, (subrayas fuera del texto) (MAGISTRADO PONENTE EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS. Referencia: Expediente No. 25323. 12 de septiembre de 2006).
Significa lo anterior, que la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, el día 13 de octubre de 1978, confirmada por el Tribunal Superior de Medellín el día 19 de enero de 1979, cuyas copias auténticas reposan a folios 12 a 42, obliga en su contenido a los socios de la otrora sociedad NAVARRO CARDER Y CÍA LTDA, señores HELEN GLADIS CARDER DE NAVARRO, MARÍA INÉS NAVARRO DE LA TORRRE, y el señor RAFAEL IGNACIO NAVARRO CARDER, así no hubiesen sido demandados en el proceso primigenio, puesto que la solidaridad establecida en el artículo 36 del C.S.T. tiene por fuente a la Ley y se respalda en un fallo judicial donde se declaró la responsabilidad de la persona jurídica empleadora, de la cual formaban parte los hoy demandados, y con mayor razón cuando la sociedad fue liquidada por acuerdo de los asociados.
“….”

En mérito de lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA, MODIFICA Y ADICIONA la sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, el día 23 de septiembre de 2005, en el sentido de condenar solidariamente a los señores HELEN GLADIS CARDER DE NAVARRO, MARÍA INÉS NAVARRO DELATORRRE, y RAFAEL IGNACIO NAVARRO CARDER, a reconocer y pagar al señor CARLOS ALFONSO OCHOA SOTO la pensión especial a la cual tiene derecho, a partir del 17 de noviembre de 1989, equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, incluidas mesadas adicionales e incrementos legales anuales; pero se declara la prescripción de mesadas pensiónales causadas hasta el día 29 de agosto de 2000. El retroactivo pensional causado hasta la fecha de la presente sentencia de segunda instancia asciende a cuarenta millones, quinientos setenta y siete mil, cuatrocientos setenta pesos ($40'577.470,oo). Se MODIFICA, la sentencia objeto de apelación, en el sentido de que cada uno de los socios condenados responde por el valor de la pensión y las mesadas atrasadas, en un 33,33%, tal como se expuso en los considerandos de esta decisión.
Costas como se indicó en primera instancia, en esta no se causaron.”

EL RECURSO EXTRAORDINARIO

Fue interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte.



ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Planteado así:

Con el cargo formulado se pretende la casación de la sentencia de segunda instancia, antes identificada, en cuanto al confirmar la de primera instancia, condenó solidariamente a los señores HELEN GLADYS CARDER DE NAVARRO, MARÍA INÉS NAVARRO DELATORRE y RAFAEL IGNACIO NAVARRO CARDER a pagar al señor CARLOS ALFONSO OCHOA SOTO la pensión sanción declarada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín el día 13 de octubre de 1978 y luego confirmada por el Tribunal Superior de Medellín el día 19 de enero de 1979. Se solicita que en sede de instancia la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral revoque la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín en cuanto condenó solidariamente a los demandados a reconocer y pagar la pensión especial de jubilación, para que en su lugar absuelva a los demandados de dicha condena, y se provea en costas como en derecho corresponda.”

Con fundamento en la causal primera de casación formuló un cargo, por vía directa, en los siguientes términos:


Cargo único: La sentencia acusada incurrió en violación directa, por interpretación errónea, del artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta errónea interpretación conllevó además a que se violaran el artículo 17 del Código Civil y el artículo 29 de la Constitución Política.


DEMOSTRACIÓN DEL CARGO
En relación con el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los demandados en contra de la sentencia de primera instancia, concretamente en relación con el cargo de violación del derecho de defensa, el cual se fundamentó en que los demandados no fueron parte del proceso de 1978 en el cual se condenó a la sociedad NAVARRO CARDER Y CÍA LTDA a pagar sanción de jubilación al demandante, la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, luego de citar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de expediente No. 25323 de 12 de septiembre de 2006, concluyó:
[...] la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, el día 13 de octubre de 1978, confirmada por el Tribunal Superior de Medellín en el día 19 de enero de 1979, cuyas copias auténticas reposan a folios 12a 42, obliga en su contenido a los socios de la otrora sociedad NAVARRO CARDER y CÍA LTDA, señores HELEN GLADIS CARDER DE NAVARRO, MARÍA INÉS NAVARRO DELATORRE. y el señor RAFAEL IGNACIO NAVARRO CARDER así no hubiesen sido demandados en el proceso primigenio, puesto que la solidaridad establecida en el artículo 36 del C. S. T. tiene por fuente a la ley y se respalda en un fallo judicial donde se declaró la responsabilidad de la persona jurídica empleadora, de la cual formaban parte los hoy demandados, y con mayor razón cuando la sociedad fue liquidada por acuerdo de los asociados’. (Subrayas fuera del texto) (Tribunal Superior de Medellín, Sala de Descongestión Laboral, Acta No. 027, 29 de agosto de 2008, Pag. 10).
El anterior argumento del Tribunal representa la ratio decidendi de la sentencia de segunda instancia. Precisamente apelando a la figura de la solidaridad establecida en el artículo 36 del C. S. del T. el Tribunal confirma la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, "[...] en el sentido de condenar solidariamente a los señores HELEN GLADIS CARDER DE NAVARRO, MARÍA INÉS NAVARRO DELATORRE y RAFAEL IGNACIO NAVARRO CARDER, a reconocer y pagar al señor CARLOS ALFONSO OCHOA SOTO la pensión especial a la cual tiene derecho, a partir del 17 de noviembre de 1989 [...]". (Tribunal Superior de Medellín, Sala de Descongestión Laboral, Acta No. 027, 29 de agosto de 2008, Pag. 16).
De acuerdo con lo dicho por el Tribunal, a partir del artículo 36 del C. S. del T. los socios no sólo son solidariamente responsables de las obligaciones laborales que adquiera la sociedad, sino que, además, a partir de dicha solidaridad, éstos pueden ser condenados a pagar una obligación que se declaró en un proceso anterior en el cual se demandó exclusivamente a la sociedad. Precisamente en esto recae el cargo que ahora se formula ante la Corte Suprema de Justicia. En la interpretación que el Tribunal realiza de dicha norma se le atribuye un alcance mayor al que esta contiene.
De acuerdo con el artículo 36 del C. S. del T:
Responsabilidad solidaria. Son solidariamente responsables de todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo las sociedades de personas y sus miembros y éstos entre sí en relación con el objeto social y sólo hasta el límite de la responsabilidad de cada socio, y los condueños o comuneros de una misma empresa entre sí, mientras permanezcan en indivisión’.
Como bien se puede constatar, en la norma transcrita se establece la solidaridad que existe entre la sociedad y sus socios respecto de las obligaciones que surjan del contrato de trabajo. Tal como se señaló por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 10 de mayo de 1995, expediente No. 7189, la solidaridad consagrada en el artículo 36 implica que el trabajador está facultado para demandar a todos o a cualquiera de los deudores solidarios, y esto independientemente de que la sociedad esté o no vigente. Esto quiere decir que el demandante, en el momento en que decide que la demanda se va a dirigir contra uno o varios de los deudores solidarios, se está ateniendo a que la obligación le sea cancelada por los sujetos que se vincularon a la demanda y que consecuentemente fueron declarados responsables mediante sentencia condenatoria. Ahora bien, cuestión diferente es decir que los efectos de la sentencia condenatoria dirigida exclusivamente contra uno de los deudores solidarios, a partir del principio de solidaridad, se trasladan automáticamente a los demás deudores solidarios, los cuales no fueron parte del proceso anterior. Esto último implicaría la violación de normas elementales del ordenamiento jurídico propio de un Estado de derecho, como lo son el artículo 17 del Código Civil referente a que las sentencias sólo surten efectos ínter partes, y el artículo 29 de la Carta Política, la cual establece el debido proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas.
El Juzgado Doce Laboral y el Tribunal Superior de Medellín, al señalar que los efectos de la sentencia proferida el 13 de octubre de 1978 contra la sociedad "NAVARRO CARDER Y CÍA - HACIENDA LA PROVIDENCIA" se pueden hacer valer ahora contra los señores HELEN GLADIS CARDER DE NAVARRO, MARÍA INÉS NAVARRO DELATORRE y RAFAEL IGNACIO NAVARRO CARDER, quienes no fueron demandados en el proceso anterior, y de esta manera los condenó solidariamente a pagar al señor CARLOS ALFONSO OCHOA la pensión especial que fue reconocida en el proceso anterior, implica la vulneración de múltiples normas de derecho sustancial, así como la afectación de los derechos de los señores HELEN GLADIS CARDER DE NAVARRO, MARÍA INÉS NAVARRO DELATORRE y RAFAEL IGNACIO NAVARRO CARDER.
La consideración del Tribunal de que el fallo proferido en contra de una sociedad se puede hacer valer posteriormente en contra de sus socios, los cuales no fueron demandados ni condenados en el primer proceso, está basada en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de expediente No. 25323 de 2006. Sin embargo, la interpretación que allí se hace del artículo 36 del C. S. del T. de que la solidaridad que en este se consagra se extiende a los socios que no fueron demandados en un proceso anterior es violatoria del debido proceso, tal como se dejó sentado en dos importantes salvamentos de voto a dicha sentencia. Además, haciendo un rastreo jurisprudencial, podemos constatar que la decisión adoptada por la sentencia de la Corte de 12 de septiembre de 2006 expediente No. 25323 representa tan sólo un caso marginal en las sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Así, La interpretación que en esta sentencia se dio al artículo 36 del C. S. del T. conlleva a la afectación del principio de la seguridad jurídica1 . Dicha interpretación, de acuerdo con la cual a partir del principio de la solidaridad, los efectos de una sentencia en la que se demanda a un determinado sujeto pueden hacerse luego extensivos a otro sujeto que no fue parte del primer proceso es contrario a lo establecido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Así, por ejemplo, en la sentencia de 9 de julio de 2004 de radicación No. 22408, y en la sentencia de 26 de abril de 2007 de radicación No. 28244, se señala rotundamente que del artículo 36 del C. S. del T. no se deduce que las socios individualmente considerados puedan ser condenados a pagar una obligación que se declaró en un proceso anterior del cual no fueron parte.
Por la vital importancia del tema, a continuación nos permitimos recordar cómo ha sido interpretado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo. Tal como antes lo señalamos, la sentencia de radicación No. 25323 del 2006, la cual es utilizada como fundamento por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín para extender los efectos de la sentencia de 1978 proferida en contra de la sociedad NAVARRO CARDER Y CÍA LTDA a sus antiguos socios, constituye una excepción en el modo como la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral ha interpretado el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, concretamente en lo que se refiere a la posibilidad de extender los efectos de unas sentencia a sujetos que no hicieron parte del proceso mediante el cual se declaró la existencia de la obligación. En la sentencia de la Corte Suprema antes referenciada se señala que es posible que los efectos de una sentencia se extiendan a sujetos que no fueron parte del proceso en el cual dicha sentencia se profirió:

De esta manera, el responsable principal de las deudas laborales ha de ser siempre parte procesal cuando se pretenda definir la existencia de las deudas laborales; y ello es condición previa, en caso de controversia judicial, para que se pretenda el pago de la misma, en el mismo proceso o en uno posterior; los deudores solidarios, a su turno, han de ser necesariamente partes procesales en los procesos que tengan por objeto definir la solidaridad, esto es, si se dan o no los presupuestos para declarar tal responsabilidad solidaria frente a la deuda laboral, reconocida por el empleador, o declarada judicialmente en proceso, se repite, anterior o concomitante.


En el proceso que persiga declarar la existencia de la obligación laboral no se requiere vincular- nada se opone a que voluntariamente se haga-a un deudor solidario, por cuanto el objeto es definir el contenido de las obligaciones de una relación jurídica de la que no es parte, y por lo mismo, no hay lugar a excepciones derivadas de la naturaleza de la obligación conducentes a impedir su existencia.
En el anterior orden de ideas ha de concluirse que erró el tribunal al considerar no ser posible que, en proceso separado, el trabajador reclame la solidaridad de un socio, no vinculado al proceso en el que se determinó la existencia de una obligación a cargo de la sociedad empleadora y, en consecuencia, el cargo prospera’. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia de 12 de septiembre de 2006, Expediente No. 25323, M. P: Eduardo López Villegas).

Esta posición adoptada por la Corte implica la vulneración del debido proceso, particularmente del derecho de defensa, y el desconocimiento de los efectos ínter partes de las sentencias judiciales. Esto fue advertido por los magistrados que salvaron el voto en dicha sentencia. El salvamento de voto se presentó en los siguientes términos:
En razón a que no comparto las razones en que se fundó la mayoría para dar prosperidad al cargo único propuesto por el recurrente en casación, las cuales se sintetizan en que es procedente demandar a cualquiera de las personas sobre las que la ley impone el deber de la solidaridad, por el pago de las condenas proferidas en proceso anterior en el que fue parte el empleador, me veo en la obligación de salvar el voto; esto por cuanto estimo que las decisiones judiciales no pueden vincular a quien no estuvo presente en la causa en que ellas fueron proferidas, en tanto tales providencias solo tienen un efecto exclusivo entre las partes. Luego, no es exacto que en la decisión recurrida se haya desconocido la solidaridad de los socios a que se refiere el artículo 36 del C. S. del T., solo que con apoyo en el principio constitucional del debido proceso el juzgador de segundo grado concluyó, con acierto, que no se podía llamar a responder al socio que no fue parte en el proceso donde se impuso una condena a persona distinta de él.
En mi sentir la exégesis del Tribunal no resulta errada dado que no es de la esencia de las obligaciones solidarias que la decisión proferida en la acción judicial contra uno de los deudores que culmine en contra del mismo, se haga extensiva a los demás obligados solidarios que no fueron parte en la controversia judicial, resaltándose que no fueron partes precisamente por la voluntad del acreedor, que frente a su manera de obrar, debe asumir las consecuencias de ello. Interpretación que no se opone a la regla general de la solidaridad referente a que el acreedor puede dirigirse conjuntamente contra todos los deudores solidarios o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, correspondiendo entonces al acreedor escoger de entre sus deudores contra quienes de ellos instaura el proceso. En tales condiciones, cuando el acreedor resuelve demandar a uno de sus deudores solidarios para obtener el reconocimiento y consecuente pago de sus acreencias el proceso contencioso se surtirá y tendrá efectos únicamente entre las partes enfrentadas.
Sobre el particular es conveniente señalar que el Código Civil consagra en su artículo 28 un principio propio del derecho común según el cual las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas, de manera que este postulado exige el respeto por parte del juez de los sujetos enfrentados, como también de las pretensiones y excepciones planteadas por ellos. Imperativo que está acorde con el principio de congruencia previsto en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, como también con el principio de cosa juzgada contemplado en el artículo 332 de la misma obra". (Subrayas fuera del texto) (Salvamento de voto del Magistrado Carlos Isaac Nader de la sentencia de 12 de septiembre de 2006, Expediente No. 25323).
En relación con la misma sentencia, el Magistrado Camilo Tarquino Gallego igualmente salvó su voto con fundamento en consideraciones similares:
"Por lo anotado, es que discrepo de lo reflexionado por la Corte, en cuanto a que, obtenida condena contra unos deudores (en este evento las sociedades Comercializadora San Fernando Limitada y Montoya de Betancur y Cía. S. en C.), y ante la frustración de lograr la cancelación de la suma correspondiente a la misma, se permita en el nuevo proceso, una aspiración tendiente a que solidariamente se transmita, mecánicamente, el aludido pago, como aconteció en este proceso, porque, ni más ni menos, éste tendría las características de un juicio ejecutivo; toda vez que la única diferencia con el ordinario sería su denominación, porque el procedimiento y lo perseguido, en términos prácticos, es casi idéntico. Eso es lo que se concluye, porque, como quedó redactado en el fallo mayoritario, lo único que puede hacer el demandado es proponer excepciones personales.
Lo dicho, también, me permite afirmar que lo decidido en el primer proceso únicamente vincula a las partes contendientes en él, y por eso no puede reclamarse en otro proceso únicamente la solidaridad, ya que, para ello, como en este evento sucede, solamente se requeriría de la certificación de la Cámara de Comercio que contenga la constancia de la calidad de socio del nuevo demandado.
Me parece desacertado, además, que en la providencia mayoritaria se exprese que "en el proceso que persiga declarar la existencia de la obligación laboral no se requiere vincular-nada se opone a que voluntariamente se haga-a un deudor solidario, por cuanto el objeto es definir el contenido de las obligaciones de una relación jurídica de la que no es parte, y por lo mismo, no hay lugar a excepciones derivadas de la naturaleza de la obligación conducentes a impedir su existencia". Expresión de tal naturaleza, innegablemente, soslaya el derecho de defensa, ya se mire éste desde el punto de vista legal o constitucional, puesto que priva al demandado del ejercicio de los medios que la propia ley le otorga para poder defenderse. Aquella consideración equivaldría a tener que soportar las declaraciones y condenas proferidas, en total mutismo, sin reparos de ninguna especie, como si no pudiera el obligado solidario rebatir la existencia del derecho, sus elementos, su nacimiento, etc.’ (Subrayas fuera del texto) (Salvamento de voto del Magistrado Camilo Tarquino Gallego de la sentencia de 12 de septiembre de 2006, Expediente No. 25323).
Los argumentos expuestos en los salvamentos de voto que los Honorables Magistrados presentaron a la sentencia de 12 de septiembre de 2006 no representan tan sólo la opinión minoritaria presente en una decisión tomada por la Sala de Casación Laboral, sino que por el contrario se corresponden con lo que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha dejado sentado en relación con casos análogos. Así, tanto en sentencias anteriores como en sentencias posteriores a esta de 2006, la Corte Suprema de Justicia ha señalado adecuadamente que en aras de la protección que merece el debido proceso en un Estado de derecho, no es posible extender los efectos de una sentencia condenatoria a aquellas personas que no fueron partes en el proceso en el cual ésta se produjo. Así, por ejemplo, en sentencia de 9 de julio de 2004 la Corte dejó sentada esta posición en los siguientes términos:
Ahora bien, la censura sostiene que la exégesis correcta del artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo es la que dejó sentado el a quo, en cuanto afirmó, según la transcripción del cargo, que "...a la fecha existe sentencia ejecutoriada que ordenó el cumplimiento de tal obligación, que se repite, se extiende a todos los socios de Créditos París Ltda. por mandato legal (Art. 36 del C. S. del T.)". El Tribunal a su turno, sostuvo que la sentencia que se profirió en el proceso ordinario que la demandante instauró contra la sociedad Créditos París Ltda., "no puede vincular per se a los demás obligados solidarios que no fueron comprometidos en el proceso, pues esta solo tiene efectos ínter partes y no erga omnes, de tal manera que sus efectos y condena no vinculan sino a las partes trabadas en la litis".
Planteado así el problema, la razón la tiene el Tribunal. En efecto, de conformidad con el artículo 1571 del Código Civil, el acreedor puede dirigirse conjuntamente contra todos los deudores solidarios o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, situación que es uno de los rasgos distintivos de este tipo de obligaciones. Dentro de este marco ha de considerarse que la elección corresponde al acreedor, pues igualmente la ley le da la opción de escoger de entre sus deudores, a cuales se dirige en procura de obtener la satisfacción del crédito insoluto. Y cuando el acreedor escoge a uno de sus deudores solidarios como destinatario, por ejemplo, de la acción judicial en ese sentido, naturalmente el proceso contencioso se surtirá y tendrá efectos únicamente entre las partes enfrentadas. No es de la esencia de las obligaciones solidarias que la decisión proferida en la acción judicial contra uno de los deudores que culmine en contra de éste, se haga extensiva a los demás obligados solidarios que no fueron parte en la controversia judicial, resaltándose que no fueron partes precisamente por la voluntad del acreedor, que frente a su manera de obrar, debe asumir las consecuencias de ello.
Es más, el artículo 28 del Código Civil le da fuerza al anterior aserto, pues claramente determina que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas, lo cual lógicamente supone el respeto por parte del juez de los sujetos enfrentados, así como los hechos, pretensiones y excepciones planteados y alegados por éstos, previsión que se armoniza y se complementa con el principio de la congruencia a que se refiere el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil y que naturalmente también se relaciona estrechamente con la cosa juzgada que regula el artículo 332 ibídem.
Precisado lo anterior, abundan los razonamientos jurídicos para que se ratifique que mal podría afirmarse, como lo hace la censura, que el ad quem hubiera interpretado erróneamente el mencionado artículo 36 del C. S. del T., pues lo cierto es que, se reitera, proferida una sentencia en proceso dirigido contra un deudor solidario o varios de ellos, sin comprender a su totalidad, sus efectos se extienden solamente a quienes fueron parte en la contienda judicial". (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia de 9 de julio de 2004, Expediente No. 22408, M. P: Luis Javier Osorio López).
Además de lo anterior, que por sí mismo es concluyente para demostrar cuál es la posición que tiene la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en relación con el tema aquí debatido, existe un pronunciamiento de la Corte del año 2007 en el que se reiteran los argumentos anteriores. En dicha sentencia se discutía una situación fáctica análoga a la aquí debatida, esto es, la pretensión de hacer responsable a unos socios -Zaida Tietje Chivata y Andrés Roa Mackenzie- de los efectos de una sentencia del año 2002 en que se condenó solamente a la sociedad -sociedad Inversiones Roa Tietje Ltda. "IRT Ltda."-. En primera instancia, el Juzgado, mediante sentencia de 2 de febrero de 2005, declaró que los socios ahora demandados eran efectivamente socios de la sociedad que fue condenada en el proceso anterior y que, por lo tanto, éstos eran solidariamente responsables de la condena antes impuesta contra dicha sociedad. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Cundinamarca revocó la decisión de primera instancia absolviendo de esta manera a los demandados. Los fundamentos de dicha decisión fueron fundamentalmente que los efectos de la sentencia del año 2002 en la cual se condenó a la sociedad Inversiones Roa Tietje Ltda. "IRT Ltda." no se pueden hacer valer posteriormente en un proceso ordinario en contra de los socios, toda vez que éstos no fueron parte del proceso en el que se estableció la existencia de obligaciones laborales a cargo de la sociedad. Además, es necesario recordar que el Tribunal para adoptar esta decisión precisó el alcance que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia tiene el artículo 36 del C. S. T, señalando que la solidaridad allí establecida se limita a la posibilidad que tiene el demandante de dirigir su demanda en contra de cualquiera de los deudores solidarios. "Es que la solidaridad permite que el acreedor exija el reconocimiento y pago de las obligaciones de todos los deudores solidarios o de uno solo y si no los demanda a todos, dados los efectos interpartes de la sentencia, ésta no obliga sino a quienes fueron demandados sin que pueda hacerse extensiva a los deudores solidarios que no fueron partes en el proceso. Así lo dispone el artículo 17 del Código Civil." Respecto a esto, y ante la demanda de casación interpuesta por la parte demandante, la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión del Tribunal, recordando que la solidaridad presente en el artículo 36 del C. S. T. de ningún modo se hace extensiva a las personas que no fueron demandadas en un proceso anterior. A pesar de que la Corte aquí no presenta consideraciones extensas sobre el asunto debatido ya que los cargos fueron indebidamente formulados, deja la constancia de que el Tribunal falló en derecho interpretando adecuadamente el artículo 36 del C. S. T:
"Sostiene que la acusación igualmente falta a la técnica debida, y que si el ad quem no apreció el certificado de la Cámara de Comercio, mal puede atribuírsele que lo valoró equivocadamente, además de que no determina la manera como pudo incidir esa falta de apreciación en la violación de los preceptos inicialmente citados y que de todas maneras, así los socios hubieran tenido conocimiento previo del proceso anterior, no implica que como personas individualmente consideradas hayan tenido la posibilidad de defenderse frente a las acusaciones esbozadas en ese proceso.

Respecto del cuarto cargo, debe advertirse que resulta irrelevante que el sentenciador de la alzada hubiera apreciado con error el certificado de la Cámara de Comercio que da cuenta de que los demandados eran socios y representantes legales de la sociedad Inversiones Roa Tietje Ltda., pues así el juez colegiado tuviera por sentado esos puntos, su decisión habría sido la misma, ya que las razones que tuvo para absolver fueron otras: Las de que para pretender la solidaridad prevista en el artículo 36 del C. S. del T.. es necesario que se demande a la sociedad y a los socios en un mismo proceso y no en distintos como ocurrió aquí". (Subrayas fuera del texto) (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia de 26 de abril de 2007, Expediente No. 28244, M. P: Luís Javier Osorio López).
De esta manera, no existen dudas en relación con el modo en que el artículo 36 del C. S. del T. ha sido interpretado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Esto es, una interpretación acorde con los principios generales del derecho y con el respeto y atención que merece el debido proceso en un Estado de derecho. Una interpretación contraria de dicho artículo, como lo fue la realizada por el Tribunal Superior de Medellín en la demanda promovida por el señor CARLOS ALFONSO OCHOA SOTO en contra de los señores HELEN GLADIS CARDER DE NAVARRO, MARÍA INÉS NAVARRO DELATORRE y RAFAEL IGNACIO NAVARRO CARDER conlleva a la ostensible vulneración de una regla elemental del derecho como es que las sentencias sólo surten efectos entre las partes del proceso, y además al desconocimiento de los principios del debido proceso. En relación con lo primero, debemos recordar que de acuerdo con el artículo 17 del Código Civil "Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas. Es, por tanto, prohibido a los jueces proveer en los negocios de su competencia por vía de disposición general o reglamentaria". En este artículo se establecen los efectos que produce la sentencia judicial. Dichos efectos son limitados, toda vez que se refieren exclusivamente a las personas interesadas directamente en la resolución del conflicto, es decir, a las partes. Lo anterior quiere decir que los efectos de la sentencia judicial, normalmente, no son erga omnes, sino particulares y concretos. Ahora bien, no hay duda de que las decisiones de primera y segunda instancia proferidas por el Juzgado Doce Laboral del Circuito y por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, respectivamente, desconocieron el mandato establecido en el artículo 17 del Código Civil colombiano, toda vez que extendieron los efectos de una sentencia de un proceso adelantado en primera y segunda instancia en los años de 1978 y 1979 y que se dirigió exclusivamente contra la sociedad NAVARRO CARDER Y CÍA LTDA, a los señores HELEN GLADIS CARDER DE NAVARRO, MARÍA INÉS NAVARRO DELATORRE y RAFAEL IGNACIO NAVARRO CARDER, quienes obviamente no fueron parte de dicho proceso.
Del mismo modo, las decisiones de primera y segunda instancia proferidas por el Juzgado Doce Laboral del Circuito y por la Sala de. Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, respectivamente, desconocieron el mandato constitucional del debido proceso contenido en el artículo 29 de la C.P., en el sentido de no permitir que los afectados por la decisión se defendieran en juicio, mediante la contradicción de las pruebas, la formulación de excepciones o, incluso, mediante la aceptación de las pretensiones del demandante. Es importante en este punto considerar que la presencia de Jos señores HELEN GLADIS CARDER DE NAVARRO, MARÍA INÉS NAVARRO DELATORRE y RAFAEL IGNACIO NAVARRO CARDER, en el juicio no resultó como consecuencia de la convocatoria personal que se les hiciera a aquel sino en su calidad de socios de la demandada, NAVARRO CARDER Y CÍA LTDA.
A partir de todo lo anterior queda claro, en primer lugar, la interpretación errónea del artículo 36 del C. S. del T. en que incurrió el Tribunal y, como consecuencia de ello, la violación de principios elementales del Estado de derecho, como son el debido proceso y el efecto Ínter partes de las sentencias, los cuales se produjeron a partir de la errónea interpretación de dicho artículo. Como consecuencia de esto se afectaron además los derechos de los ciudadanos HELEN GLADIS CARDER DE NAVARRO, MARÍA INÉS NAVARRO DELATORRE y RAFAEL IGNACIO NAVARRO CARDER, en la medida en que fueron condenados a reconocer y pagar en sede de primera instancia al señor CARLOS ALFONSO OCHOA SOTO, por concepto de pensión especial, hasta el monto de sus aportes, los cuales ascendían a ciento cincuenta mil pesos ($150.000.oo) por cada uno, decisión que luego fue modificada en segunda instancia en el sentido de condenarlos de manera solidaria a pagar por concepto de pensión especial la suma de cuarenta millones, quinientos setenta y siete mil, cuatrocientos setenta pesos ($40'577.470oo). Como ha quedado ya suficientemente claro a lo largo de este escrito el problema no radica en la modificación de la condena realizada por el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Descongestión Laboral, modificación que consistió en la actualización de la condena proferida en primera instancia por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, sino en la irregular extensión de los efectos de una sentencia en la que se declaró la existencia de una obligación -nos referimos a las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín el día 13 de octubre de 1978 y por el Tribunal Superior de Medellín el día 19 de enero de 1979- a personas que no fueron parte de dicho proceso.
Teniendo en cuenta que de acuerdo con el artículo 365 del Código de Procedimiento Civil los fines de la casación son la unificación de la jurisprudencia en aras de la realización del derecho objetivo y la reparación de los perjuicios o agravios sufridos a partir de la sentencia recurrida -es decir, que con la casación se persigue tanto el interés general como el interés particular- se solicita por los motivos que a lo largo de este escrito se expresaron que se case la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín Sala de Descongestión Laboral de 29 de agosto de 2008, Acta No. 27, y que en sede de instancia se revoque la sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín el 23 de septiembre de 2005 de radicación No. 050013105-012-2003-00809-01, para que en su lugar absuelva a los demandados de dicha condena.”

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