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Gustavo sastoque alfonso


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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia


CASACION 14938

GUSTAVO SASTOQUE ALFONSO



Proceso No 14938

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


SALA DE CASACIÓN PENAL


MAGISTRADO PONENTE:

DR. HERMAN GALÁN CASTELLANOS

APROBADO ACTA No. 023

Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil tres (2003).

Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto por el defensor de GUSTAVO SASTOQUE ALFONSO, contra la sentencia proferida el 6 de marzo de 1998 por el Tribunal Nacional, mediante la cual se confirmó el fallo emitido el 26 de mayo de 1997 por un Juez Regional de esta capital, que condenó al procesado por el delito de homicidio agravado, modificando la pena principal para fijarla en 40 años y 6 meses de prisión. Además, revocó la condena por daños y perjuicios y mantuvo la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por 10 años.


HECHOS

En horas de la noche del 26 de febrero de 1995 varios individuos que se transportaban en un campero Toyota, color blanco, de placas JAJ – 904, sacaron de la residencia violentamente a HERNANDO PIZARRO LEONGÓMEZ, ubicada en el barrio ‘Altablanca’ de la calle 157 número 20 – 21 de Bogotá, quien al ofrecer resistencia para subir a dicho vehículo alertó con sus gritos a los vecinos para que llamaran a la policía, la prensa o a un abogado para que observaran cómo se atentaba contra el pueblo colombiano, aduciendo que era hermano del desaparecido CARLOS PIZARRO LEONGÓMEZ. Uno de los victimarios le disparó en la cabeza en cuatro oportunidades causándole la muerte, luego de lo cual emprendieron la huida.


GUSTAVO SASTOQUE ALFONSO, ex empleado del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, fue capturado y vinculado al proceso al haber sido reconocido fotográficamente como el sujeto que disparó en contra de HERNANDO PIZARRO LEONGÓMEZ.

ACTUACIÓN PROCESAL
Con base en los hechos referidos la Fiscalía inició investigación preliminar a fin de determinar a los responsables de la muerte de HERNANDO PIZARRO LEONGÓMEZ, recibiéndose el testimonio con reserva de identidad “número 1”, quien en posterior diligencia se identificó como OLGA ESTHER GUEVARA FAJARDO, persona que suministró la información sobre los hechos y los datos para individualizar al autor de los disparos, pues el suceso se ejecutó muy cerca a la ventada de su habitación. La testigo reconoció entre varias fotografías al autor material, correspondiendo al nombre de GUSTAVO SASTOQUE ALFONSO, funcionario de la sección de archivo y correspondencia del C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación.
La Fiscalía abrió investigación penal el 8 de marzo de 1994, ordenando vincular mediante indagatoria a GUSTAVO SASTOQUE ALFONSO, a quien posteriormente le profirió medida de aseguramiento por el delito contra la vida del que fue víctima HERNANDO PIZARRO.
Cerrada la investigación, la Fiscalía Regional de Bogotá, Unidad Especial de Terrorismo, el 8 de noviembre de 1995 calificó el mérito del sumario, acusando a GUSTAVO SASTOQUE ALFONSO por el delito de homicidio agravado en los términos de los artículos 323 y 324 - 8 del C.P., modificados por los artículos 29 y 30 de la ley 40 de 1993, conducta en la que se consideró concurrían las circunstancias genéricas de agravación punitiva previstas en los numerales 3, 4, 7, 11 y 13 del artículo 66 del C.P. Se dispuso expedir copias para investigar la conducta de los demás copartícipes del hecho. El 29 de diciembre de 1995 fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por el procesado y su defensor contra la providencia que calificó el sumario.
Un Juzgado Regional de Bogotá avocó el conocimiento de la causa, que culminó con sentencia condenatoria, que fue modificada por el Tribunal Nacional al resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa, en los términos indicados a principio de esta providencia.

Contra dicha sentencia interpuso recurso de casación el apoderado del procesado. Presentada la demanda y obtenido el concepto del Procurador Delegado, la Sala resuelve lo que en derecho corresponda.


LA DEMANDA



1. Causal Tercera.
Primer cargo.
La sentencia se dictó en un juicio viciado de nulidad por cuanto que no concurre la agravante del numeral octavo del artículo 324 del C.P. en el delito de homicidio imputado al procesado, violándose el debido proceso al tramitarse la actuación ante la justicia regional.
El Tribunal concluyó que a HERNANDO PIZARRO LEONGÓMEZ se le dio muerte por sus “creencias y opiniones políticas”, cuando “todas” las pruebas allegadas demuestran que estaba retirado de la actividad política desde 1987, habiéndose dedicado a los negocios personales, la literatura y el arte. Así lo señalan las informaciones dadas por FEDOR REY ÁLVAREZ (alias Javier Delgado), CARLOS JULIO CELIS, TULIO HERNÁN PIZANO ARROYABE, SANDRA PATRICIA VELASCO PEÑA, el testimonio con reserva de identidad número 4. Además, la resolución del 6 de mayo de 1994 con la que se precluyó la investigación a FEDOR REY ÁLVAREZ, los apartes de un libro titulado “Los Señores”, la nota dirigida a Gabriel García Márquez solicitándole colaboración para editar una obra, la comunicación a “Carlos” acerca de un lote en Cota y varios escritos incorporados al expediente en los cuadernos de anexos números uno, dos y tres, indican que el inculpado se había dedicado a escribir.
No existe en el expediente prueba sobre el móvil del delito, el que no se demuestra con los gritos que lanzaba HERNANDO PIZARRO cuando los autores del hecho pretendían subirlo contra su voluntad al automotor que tripulaban.
Es esencial que los hechos se investiguen conforme a las leyes que regulen el rito, las que en este caso establecían para el inculpado como garantías que se adelantara la investigación por un fiscal ordinario, con celebración de audiencia de juzgamiento, con derecho a conocer la identidad de los testigos, aspectos sobre los cuales se establecen severas limitaciones si el trámite se adelanta ante la justicia regional, como en este caso ocurrió. Además, debe agregarse a lo dicho las diferencias notorias en los términos para resolver situación jurídica, las medidas de aseguramiento, las causales de libertad provisional, las opciones para controvertir la prueba y recusar a los funcionarios.
Los fiscales en este asunto decidieron por cuenta propia aplicar el procedimiento para quien ha cometido un homicidio agravado por la causal octava del artículo 324 del C.P. a una persona “acusada de cometer un homicidio simple”. Por esta vía los jueces regionales juzgaron al procesado pretextando el presupuesto del numeral 5° del artículo 71 del C.P.P.
La nulidad debe declararse desde la apertura de la investigación penal, actuación a partir de la cual se desconocieron las formas propias del juicio.
Segundo cargo.
La sentencia se dictó en un proceso viciado de nulidad por incompetencia, dado que no concurrió con el homicidio la agravante del numeral octavo del artículo 324 del C.P., situación que fue demostrada en el reproche anterior, remisión que no puede afectar la autonomía de los cargos, pues se trata de evitar una repetición innecesaria.
Las reglas de competencia no tienen una naturaleza meramente adjetiva, responden a la estructura misma del debido proceso, por lo que no hay posibilidad de validar el vicio con el silencio, la voluntad de los sujetos procesales o la indiferencia de los funcionarios. El valor jurídico de las decisiones está interferido por la ilegitimidad representada por la suplantación del juez natural.
El derecho a ser juzgado conforme a las leyes preexistentes al acto imputado y con observancia de las formas propias de cada juicio, es una garantía superior. En consecuencia, mal puede sostenerse que sobre las formas puedan sacrificarse principios como el de juez natural o el de legalidad.
Solicita a la Sala invalidar lo actuado desde la resolución de apertura de investigación.
Tercer cargo.
La sentencia está viciada de nulidad por cuanto que en la indagatoria al procesado no se le interrogó acerca de la agravante del delito, violándose el derecho de defensa. De otra parte, en la providencia que resolvió situación jurídica no se indicaron, como ha debido hacerse, las pruebas con base en las cuales se le atribuía a GUSTAVO SASTOQUE ALFONSO que la víctima profesaba para la época de los hechos determinada creencia u opinión política y que ese fue el móvil de la muerte de HERNANDO PIZARRO. En la misma omisión se incurrió en la resolución de acusación y en los fallos de instancia.
La invalidación de lo actuado debe decretarse desde la providencia que resolvió situación jurídica o desde el cierre de investigación, según que la Sala aplique o no estrictamente la noción de nulidad por violación al derecho de defensa.
2. Causal primera. Violación indirecta. (cargos subsidiarios).
Cuarto cargo.
La sentencia únicamente sustentó la condena en testimonios provenientes de personas que reservaron su identidad, violándose el artículo 247 del C.P.P., el cual establece una tarifa legal negativa de pruebas. Indirectamente se quebrantaron los artículos 323 y 324 –8 del C.P.
Se hace referencia a las citas que de los testigos con reserva de identidad número uno y número dos se hicieron en las providencias al momento de resolverse situación jurídica y la petición de revocatoria de la media de aseguramiento, en la calificación del sumario y los fallos de instancia, citas con base en las cuales se sostiene que se demuestra que “la condena tuvo única y exclusivamente fundamento en dos testigos de identidad reservada referenciados como testigos No. 1 y No. 2”.
Igualmente el reproche hace mención a los testigos que “no fundamentaron la condena”, refiriéndose el recurrente al alcance que los fallos asignaron al contenido del testigo “número 31” (sic) y las declaraciones rendidas por WANDER TRULLO y JOSÉ WILSON RONCANCIO, en tanto que advierte la no apreciación de la versión rendida por el declarante “número 4”.
Dedica todo un capítulo de la demanda a demostrar lo inocuo que resulta el levantamiento de la reserva de identidad de la testigo ‘número uno’, OLGA ESTHER GUEVARA FAJARDO, quien declaró en la Brigada XX, en el DAS, en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Bogotá, ante el Fiscal Regional comisionado y en la Procuraduría General de la Nación, censurando que la defensa no hubiese tenido la oportunidad de contrainterrogar, sólo se le permitió sugerir un cuestionario por escrito presentado en sobre cerrado, en algunas oportunidades no se indicó el lugar o el año en que fue realizada la diligencia y a veces se recibió ampliación de la declaración sin la presencia del defensor. El 16 de diciembre de 1996, habiendo perdido competencia la Fiscalía por haber pasado las diligencias al Juzgado Regional, le recibió declaración a OLGA ESTHER GUEVARA FAJARDO.
La defensa no tuvo oportunidad real de confrontar el testimonio de OLGA ESTHER GUEVARA, ni de conocer los motivos por los cuales se levantó la reserva de identidad, no obstante que el apoderado pidió ser citado para intervenir en la práctica de las pruebas que se ordenaran. Así por ejemplo, en diligencia de reconocimiento en fila de personas al apoderado se le permitió asistir al acto del reconocimiento pero no así interrogar a la testigo sin rostro que participó en ese acto procesal.
En la causa se ordenó oír en declaración a OLGA ESTHER GUEVARA FAJARDO, CLAUDIA GUEVARA FAJARDO, WANDER TRULLO CLAROS, GERMAN RAMÍREZ y a los testigos con reserva de identidad números 2, 3 y 4. El citador informó que las hermanas GUEVARA FAJARDO no residen en la dirección conocida en el expediente, las personas que habitan en ese lugar ignoran su paradero. En otra oportunidad no fueron citados varios testigos, por lo que la defensa insistió en su práctica, sin que los declarantes se hubiesen presentado, alarmándose el censor ante esta situación, puesto que la testigo concurrió el 16 de diciembre de 1996 ante la Fiscalía sin aparente citación.
El Ministerio Público solicitó verificar las huellas de los declarantes uno, dos y tres, para establecer si correspondían a la identificación y número de cédula que presentaron para hacer un estudio sobre la hoja de vida de los mismos, sin que el expediente registre constancia de haberse practicado. Tampoco existe anotación de si los testigos en mención aceptaron la práctica de la prueba de polígrafo.
El defensor y la parte civil fueron citados para diligencia a efectuarse a las 10:30 A.M. del 3 de octubre de 1995. El oficio lo recibió la parte civil el día anterior a las 3 P.M., considerándose razonable que otro tanto ocurrió con la defensa, por lo que las notificaciones no se recibieron con la debida antelación.
La testigo OLGA ESTHER GUEVARA declaró el 10 de septiembre de 1996 en la investigación disciplinaria 015 – 000597 adelantada en la Procuraduría y el 16 de diciembre de 1996 en la Fiscalía. Luego sí era posible notificar o conducir a la declarante, lo cual voluntariamente no se consiguió. Para la defensa fue inútil, tardío, formal y estratégico el levantamiento de la reserva, tuvo solamente como finalidad suplir la deficiencia para condenar con testigos amparados con reserva de identidad.
Solicita casar el fallo impugnado profiriéndose uno de sustitución de carácter absolutorio.
Quinto cargo.
La sentencia del Tribunal es violatoria del artículo 445 del C.P.P. al incurrir en error de hecho por interpretación errónea, violación de las reglas de la ciencia, lógica y experiencia, y exclusión evidente de pruebas, agregando que los principios de la sana crítica pueden desconocerse por exclusión evidente, suposición o interpretación errónea de la prueba y en este caso “hay eventos en que esta delimitación no se puede hacer por la incertidumbre que ofrece el fallo mismo”.
Pruebas de cargo.
El Tribunal vulneró las reglas de la sana crítica en la apreciación de los siguientes medios de prueba:
Declaración de OLGA ESTHER GUEVARA FAJARDO (testigo número 1).
El Tribunal en la apreciación del testimonio desconoció las reglas de la sana crítica por cuanto que no tuvo en cuenta que OLGA ESTHER GUEVARA FAJARDO y su esposo trabajaban con el Ejército Nacional. Esa aparente secretaria “podía ostentar, secretamente, la calidad de investigador de la Brigada XX” para hacer labores de inteligencia y dar con el paradero del Comandante del “Frente Ricardo Franco”. De otra parte la declarante dijo haber suministrado los datos para el retrato hablado el 27 de febrero, lo que no puede ser cierto porque se remitió a la Fiscalía el 3 de marzo y al día siguiente se recibió la declaración con reserva de identidad, preguntándose el censor qué sucedió entre el día de la elaboración y la fecha de remisión. Además, uno de los retratos hablados es un dibujo de la foto de la cédula del procesado.
De haberse tenido en cuenta las reglas de la experiencia y la lógica se hubiese admitido que la Brigada XX “manipuló” lo relacionado con los retratos hablados, las fotografías y los testigos con reserva de identidad. La testigo y su esposo pertenecían al Fondo Rotatorio del Ejército, una manera de camuflar su actividad al servicio de inteligencia o contrainteligencia, mintiendo acerca de los vínculos entre si y sus nexos con la Brigada XX.
Las contradicciones de la declarante sobre lugares y distancias, como la ubicación del campero Toyota, el poste de la luz, el sitio desde donde dice observó los hechos, la existencia del repuesto y porta repuesto del vehículo, el costado hacia el cual abría la puerta, la posición en la que quedó el occiso, eran circunstancias que advertían al fallador de las “ostensibles mentiras“ que consignó OLGA ESTHER GUEVARA respecto al reconocimiento de GUSTAVO SASTOQUE ALFONSO.
Resulta contradictoria la declaración de la señora GUEVARA FAJARDO en lo relacionado con el orden de llegada de las autoridades al lugar del crimen, donde hubo manipulación indebida del cadáver, como se evidencia con la sábana que había sido puesta para cubrir el cuerpo de la víctima, llegando el censor a plantearse si “no sería que el agente pretendía quitarle las esposas”.
El Tribunal no apreció los reflejos inconscientes de la testigo. Si vio de espaldas a Pizarro cómo hizo para saber que era él, la única explicación se encuentra en que ya tenía el dato preciso de la persona que iba a inculpar, además cómo dedujo que lo sacaron del primer piso si los moradores de la casa señalan que fue del segundo piso.
La visibilidad en el lugar era escasa, así quedó consignado en la investigación disciplinaria que adelantó la Procuraduría, en la declaración de Víctor Hugo Rojas y en la inspección judicial. Pero la testigo señaló que todo “era perfecto para observar lo que le interesaba”, colocando el poste de la luz muy cerca a su ventana, hecho que no es cierto.
En la inspección judicial se estableció que al observar a través del cristal en el cuarto desde donde sostiene la testigo que observó los hechos, con luz encendida, la visibilidad no es “óptima”, con la luz apagada las imágenes tienen mayor claridad. La testigo ha dicho que tenía la luz apagada, pero no se consideró un hecho físico, relacionado con los destellos del televisor que siempre mantuvo encendido, cuyos rayos lumínicos superan “con creces los de una bombilla normal” que al reflejarse en el vidrio lo hacen como el sol, o un bombillo, “y por lo tanto su visibilidad era imposible”.
El Tribunal apreció de forma equivocada las aseveraciones de la testigo en relación con el personaje de la SIJIN que vestía un chaquetón con leyenda en color amarillo que decía FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a quien identifica como la persona que disparó y que había estado después en el lugar en compañía de JESÚS EDUARDO MEJÍA POSADA, miembro del C.T.I. que realizó las diligencias de levantamiento. Esta versión debió considerarse en conjunto con las suministradas por VÍCTOR HUGO ROJAS PEÑA, DAVID ESCOBAR PERDOMO, CUSTODIO JACINTO MORA MEDINA y CARLOS ROBERTO SOLORZANO GARAVITO, con quienes no se puede dar por establecida la presencia de GUSTAVO SASTOQUE en el lugar para el momento en que se adelantaba la diligencia de levantamiento del cadáver.
Bajo el título de otras faltas graves a las reglas de la sana crítica, sostiene el recurrente que la providencia impugnada no tuvo en cuenta el impacto del hecho en una mujer acompañada de menores; a los testigos de cargo no se les interrogó sobre el acento del autor de los disparos, ni sobre ese hecho se practicó prueba alguna; no es cierto que la declarante hubiese revisado miles de fotos, porque el acusado ocupaba el puesto número 84 en el álbum fotográfico; OLGA ESTHER GUEVARA maneja horas distintas, además habla de cuatro y cinco sujetos como los que ejecutaron el crimen y alude a una persona y otras veces a dos individuos que recogían evidencias; se vale permanentemente de afirmaciones indefinidas, como “todos los del barrio vimos” y en cuanto al reconocimiento efectuado con base en los cassettes de VHS la defensa no ha podido controvertir la prueba, pues no le ha sido posible verlos, dado que la petición en tal sentido fue denegada.
Testigo con identidad reservada número 2.
En la apreciación del testimonio en mención el Tribunal se desvió de las reglas de la sana crítica, por cuanto que en la diligencia de inspección judicial se estableció que no existía ningún obstáculo en la vía, la que presenta un destapado con asfalto o concreto que no obligaba a mermar la velocidad, quedando sin piso la credibilidad del testigo cuando sotierre que los ocupantes del Toyota redujeron la marcha por un obstáculo (‘un policía acostado’). Se extraña el censor de la memoria del testigo, pues en la diligencia de reconocimiento fotográfico con solo ojear las primeras fotográficas reconoce a cuatro personas de los cinco que se movilizaban en el campero.
No se explica el recurrente cómo el testigo número dos pudo seguir la trayectoria del vehículo, habida consideración del recorrido que realizó, las distancias que los separaba, inconsistencias que dada su gravedad ponen al descubierto a un testigo mentiroso, fantasioso.
El testigo en la diligencia de reconocimiento y en la declaración contradice a OLGA ESTHER GUEVARA, al sostener que el Toyota no tenía repuesto y era de dos puertas traseras, en tanto que aquélla afirma que era de una sola puerta.
Testigo con reserva de identidad número tres.
Luego de transcribir apartes de las versiones rendidas por el declarante número tres, sostiene que no es un testigo de cargo, no dijo la verdad, dadas sus contradicciones e incongruencias, las que se derivan de su propia versión y de lo narrado por los otros medios examinados.
Declaración de SANDRA PATRICIA VELASCO NEIRA.
No es una prueba de cargo porque no demostró nada en contra de GUSTAVO SASTOQUE, por ende no puede constituir sustento de una sentencia de condena.
Como Patricia Velasco señaló que PIZARRO LEONGÓMEZ fue sacado esposado con las manos atrás, ese hecho y asimismo el haberse lavado la sangre sin terminar la diligencia judicial es lo que le ha permitido al defensor plantear la manipulación indebida del cadáver.
Declaración de WANDER TRULLO CLAROS.
En sana crítica no podía ser soporte de condena, en razón a las márgenes de duda que dejó en la versión suministrada y su limitación en materia de ciencia y veracidad.
Declaración de JOSÉ WILSON RONCACIO LÓPEZ
Resulta contradictorio que la persona que se le presentó a RONCANCIO LÓPEZ como Teniente de la SIJIN y que le pidió no hiciese referencia que había estado allí, vestido de civil, pantalón de paño y suéter, no fuese identificado por el testigo, quien en su condición de agente prestaba guardia en el lugar. Además, esa forma de vestir no concuerda con la referida por OLGA ESTHER.
Se desborda toda “irracionalidad” cuando el declarante sostiene que recuerda la mirada del Teniente de la SIJIN, nada más subjetivo para identificar a una persona, aspecto sobre el cual no se indagó.
Sostiene el declarante que el agente de policía que lo acompañaba en el turno hizo una llamada, momento en el que quien llegó en el mazda revisaba el piso buscando evidencias, con lo cual queda en el aire la versión de OLGA ESTHER que pone al agente recostado en la ventana de la casa.
El dicho de este testigo no podía ser fundamento de los cargos atribuidos al inculpado, por sus contradicciones e inverosimilitudes.
Declaración de LUIS EDUARDO PINZÓN RODRÍGUEZ
Testigo presencial que narró el hecho en forma similar a como lo hizo OLGA ESTHER GUEVARA FAJARDO y a las personas que declararon con identidad reservada, describiendo a uno de los sujetos, al parecer el conductor, debiéndose retirar de la ventana desde donde observaba lo ocurrido, al ser amenazado.
El relato se puede calificar de neutro y no puede decirse que sea prueba de cargo por falta de ciencia, “ no vio” y para nada “señala a mi defendido”.
Pruebas de descargo.
El Tribunal le negó valor probatorio a las indagatorias de GUSTAVO SASTOQUE ALFONSO, GLADYS POLANÍA, GLADYS POLANÍA DE SASTOQUE, MARÍA ROCÍO JURADO LÓPEZ, MARTHA LUCÍA SERNA DE SÁNCHEZ, HERNANDO MARTÍNEZ ESPINOSA, NESTOR RAÚL SABOGAL PORTILLA, HADISOLAMY ROJAS ARCINIEGAS, JESÚS EDUARDO MEJÍA PARADA, ROBERTO ANTONIO BERMÚDEZ, VICENTE CAVIEDES GODOY, MAIRELY SASTOQUE POLANÍA, MARÍA EMMA ALFONSO MATEUS, RIBIER SASTOQUE ALFONSO, ALBERTO SASTOQUE ALFONSO, YOLANDA LOZANO VICTORINO, MARÍA EMMA SASTOQUE ALFONSO y CARLOS ROBERTO SOLORZANO GARAVITO, las cuales tienen carácter exculpatorio en relación con los cargos atribuidos al procesado.
Acusa al ad quem de haber desconocido el examen psiquiátrico, el que indica que el procesado no es persona proclive al delito.
De otra parte, en la sentencia no se tuvo en cuenta la afirmación del procesado en el sentido de que le tiene miedo a las armas por el accidente en el que un hermano perdió la vida.
Error por exclusión evidente.
El Tribunal Nacional no apreció las siguientes pruebas de descargo:
La ampliación de indagatoria (fl. 74, c.8) en donde relata la forma como se produjo la captura, la que racionalmente no es la forma para capturar a un delincuente que cometió un homicidio como el investigado en este proceso.
La declaración de la Fiscal que se presentó en la diligencia de allanamiento afirmando que “ALBERTO y MISAEL son dependientes laboralmente de ella” (fl. 227. c.1.).
Inspección judicial (fl. 229, c.1.) practicada al lugar de trabajo del procesado donde se encontró una hoja de vida de su novia, diligencia en la que la Jefe inmediata explica que las funciones de aquél estaban relacionadas con la correspondencia, información apoyada por el Director del C.T.I.
Declaración de MISAEL SASTOQUE ALFONSO (fl. 59 c.2). Narra las actividades cumplidas ese domingo en compañía de su hermano GUSTAVO, entre otras, la compra de zapatos y la ida al salón de belleza.
Certificación de los compañeros de trabajo (fl 83, c.2.) en el sentido de que lo vieron llegar a cumplir sus funciones sin percibir cambio en su estado de ánimo.
Certificación de la Junta de Acción Comunal (fl. 58 y 229 c.2) del Barrio la Parroquia del Niño Jesús, en la que se asegura que se trata de una persona honorable, pacífica y trabajadora.
Memorial del defensor ( fl. 95, cd. 2) en el que se queja de las dificultades para interrogar al testigo sin rostro ‘número 1’.
Declaración de NESTOR RAÚL SABOGAL PORTILLA (fl. 121, c.2), propietario del almacén de calzado. Certifica la compra de los zapatos por parte del sindicado con tarjeta de crédito.
HADISOLAMY ROJAS ARCINIEGAS (FL. 123, c. 2). Atendió a GUSTAVO SASTOQUE en el almacén donde compró los zapatos, afirmando que unos muchachos fueron a buscarla para que declarara sobre ese hecho, lo cual es motivo para admitir su sinceridad.

Carta de solidaridad del General ÁLVARO VALENCIA TOVAR (fl. 159, c.2) señalando que puede dar las mejores referencias de la familia Sastoque.


Informe de Medicina Legal (fl. 355) sobre la no detección de sangre en unas prendas de vestir.
Declaración de ROBERTO ANTONIO BERMÚDEZ MARTÍNEZ (fl. 364). Transcribe algunos apartes del relato del testigo en relación con la presencia de GUSTAVO SASTOQUE en la casa el día de los hechos a eso de las seis y media de la tarde, cuando se presentó a rendir cuentas de un taxi que conducía. Igualmente transcribe apartes de las declaraciones de SANTIAGO OCAMPO RODRÍGUEZ (fl. 21, c.4), VÍCTOR HUGO PEÑA (fl. 27), HERNANDO RODRÍGUEZ TOVAR (fl. 35, c. 4), OSCAR RICARDO AMAYA MESA (fl. 38, c. 4), LUIS HUMBERTO LOZADA SUÁREZ (fl. 46, c. 4), HUGO ALEJANDRO CÁRDENAS VALDIVIESO (fl. 50, c. 4) GUSTAVO ADOLFO GALVIS (FL. 61, C.4 y fl. 133, C.6) y HUMBERTO JARAMILLO CARDONA (fl. 273, C.6), funcionarios del C.T.I. que sostienen no haber visto a GUSTAVO SASTOQUE mientras ellos estuvieron en el lugar de los hechos.
Declaración del Fiscal 116 (fl. 121, c. 6) OSCAR HERNANDO GUERRERO BOYACÁ (fl. 252, C.6). Sostiene no haber visto a GUSTAVO SASTOQUE ese día prestando turno de disponibilidad.
Informe del DAS (fl. 16, c. 5) en el que se anexan datos de DINERS y constancia de no ser integrante del M – 19.
Declaración de DAVID ESCOBAR PERDOMO (fl. 43, c.4). De este testimonio queda la sensación de no haberse profundizado lo suficiente.
Informe de la Escuela de Investigación Criminal en el que el instructor señaló que GUSTAVO SASTOQUE no asistió a la práctica de polígono.
Declaración de ALBA LUZ SASTOQUE ALFONSO (fl. 36), NYDIA OLIVA RUIZ TORO (fl. 41, c.5), MÓNICA GISELA VELANDIA PÉREZ (fl. 177, c. 1 y 5) y MARÍA ROCÍO JURADO LÓPEZ (fl. 180, C. 5), confirman la versión sobre algunas de las actividades realizadas por el procesado el 26 de febrero de 1995.
Informe de la Dirección Seccional de Fiscalías (fl. 109, c.5) en el sentido que el sindicado no ha recibido distintivos tales como chaqueta, chaleco multiusos, brazaletes, golianas y armamento.
Dictamen psiquiátrico (fl. 152, c. 5) en el que se dan a conocer algunas características de la personalidad del incriminado sin que se llegue a certificar que es una persona proclive al delito o de malas costumbres.
MARTHA LUCÍA SERNA y HERNANDO MARTÍNEZ ESPINOSA (fls. 170 Y 173, c. 5). Vecinos que atendieron a GUSTAVO SASTOQUE el día de los hechos a eso de las ocho de la noche, cuando fue a comprar una máquina de afeitar y una gaseosa.
EMPERATRIZ DEL CARMEN GÓMEZ (fl. 184, c.5). Transcribe el recurrente las apreciaciones de la declarante acerca de la imagen que tenía de GUSTAVO SASTOQUE y la afirmación en el sentido de haberlo visto a las siete de la mañana el 27 de febrero de 1995 esperando el bus.
Inspección judicial a la hoja de vida del sindicado, obteniéndose constancia de haber sido calificado como uno de los mejores trabajadores (fl. 273).

Extracto de DINERS donde figura la compra hecha a MARIO CARDONA SANMARTÍN (fl. 291, C.5).


Respuesta de Medicina Legal a la Fiscalía sobre el cotejo de los retratos hablados con fotografías, señalándose que no existe ningún tipo de soporte científico que permita darle validez a las fotos enviadas, pues las técnicas empleadas son insuficientes, la subjetividad en el retrato hablado y la comparación de los rasgos no permiten establecer la identidad de un individuo.
Declaración certificada de FERNANDO GONZÁLEZ CARRIZOSA rendida en la investigación disciplinaria 015 – 000597, en la que se indica que el procesado cumplía funciones en la dependencia de correspondencia, era dedicado al trabajo, ignorándose que estuviese vinculado con algún problema.
Inspección judicial (fl. 131, c. 8) en la que a través de perito se hizo el examen de los cristales para determinar la visibilidad, advirtiéndose que el experimento no se realizó con el televisor encendido. Se observa que el recinto es más adecuado para una sala que para dormitorio de una mujer, agregando el recurrente que no guarda relación con la salvaguardia de la intimidad el hecho de ir la cortina hasta el piso con lo angosta de la misma, ha debido colocarse al contrario.
Álbum fotográfico y plano del hábitat de OLGA ESTHER, señalándose que en ese lugar no cabe una cama y la mesa de noche.
Concluye el demandante que “Todas las anteriores pruebas, si se hubieran examinado, conforme a las reglas de la sana crítica, habrían conducido a una necesaria absolución” del procesado.

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