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Gentíl garcía vanegas y otros república de Colombia Corte Suprema de Justicia


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Tutela primera instancia N° 21708

GENTÍL GARCÍA VANEGAS y OTROS

República de Colombia




Corte Suprema de Justicia


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL


Magistrado Ponente:



JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
Aprobado acta N° 059

Bogotá D. C., tres (3) de agosto de dos mil cinco (2005).



V I S T O S

Se pronuncia la Corte respecto de la demanda de tutela presentada, a través de apoderado, por GENTIL GARCÍA VANEGAS, HÉCTOR AURELIO MUÑOZ ORTEGA, ERNESTO JAVIER MAYA CERÓN, HELBERTH OVIDIO PARRA CHAVARRO y MARÍA ALRIA FIGUEROA BLANCO contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.



CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. La presente acción de tutela que se ha interpuesto, se encamina a controvertir la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, fechada el 29 de julio de 2004, por medio de la cual decidió casar la sentencia recurrida proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 24 de julio de 2003, en el proceso ordinario laboral promovido por los aquí accionantes contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, “en cuanto confirmó la condena fulminada contra la entidad demandada respecto de la actualización de la base salarial para obtener la primera mesada pensional de los demandantes”.


2. En estas condiciones, resulta claro que la acción de tutela invocada se interpone contra una decisión definitiva, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria de esta especialidad y, por ende, como autoridad límite, motivo por el cual quedó cerrada la posibilidad de revisión, dado su carácter de “intangible e inmutable”, como lo señala la propia Constitución. Siendo la última, se considera acertada y legítima.
Principios tales como el debido proceso, la cosa juzgada y la seguridad jurídica se resquebrajarían si se entendiera que los jueces de tutela pueden estudiar, revaluar y hasta revocar decisiones dictadas por los jueces de la más alta categoría, al tenor del artículo 235 de la Carta Política, y a quienes se confió la guarda de la legalidad al interior del proceso.

Al respecto, la Sala Penal ha indicado:


Fundamentalmente del artículo 29 de la Constitución Política, como especie del debido proceso, surge el principio de la cosa juzgada, que con su historia y actualidad se caracteriza por la inmutabilidad, definitividad, ejecutoriedad y obligatoriedad del fallo judicial. Este axioma, que ciertamente admite eventuales excepciones (por ejemplo, la acción de revisión y el principio de favorabilidad), no puede ceder ante hipótesis no previstas en la Constitución ni en la ley. En efecto, si los ejemplos citados son excepciones, se debe a que la propia normatividad los prevé como tales, lo que no sucede con la acción de tutela, pues que en parte alguna del ordenamiento aquella hace referencia al preciado mecanismo como otra de las excepciones legales a la cosa juzgada, quizás exclusión hecha de que por caso presentada una demanda en búsqueda de amparo contra la Corte Suprema de Justicia, ella misma, y solo ella, y jamás otro organismo, sería la encargada del trámite correspondiente, dentro de su propio seno. Y por extensión, analogías o parecidos –si de ello se tratara–, no podrían ser creadas excepciones al principio constitucional. La cosa juzgada, entonces, por las características enunciadas, es soporte de otro principio universal del derecho: seguridad jurídica.
La conclusión de este punto resulta fácilmente entendible: debido a que la ley no prevé el amparo como salvedad a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, es impensable la tutela por medios extraños respecto de las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia. Hacerlo sería tanto como creer que ésta, máxima jerarquía de la jurisdicción ordinaria –con funciones constitucionales como las explicadas atrás- por medio de la tutela desconociera la alteza de una decisión del Consejo de Estado, máximo organismo de la jurisdicción contencioso administrativa, o de la Corte Constitucional, máximo poder de la jurisdicción constitucional, excepto, en ambos casos, frente a las actuaciones judiciales-constitucionales que la propia Carta ha entregado a la Corte Suprema de Justicia. Hacer lo contrario no es más que desbordamiento de funciones, imposición de criterios, es decir, autoritarismo puro y, por supuesto, negación del Estado de Derecho, requisito que sigue siendo esencia del Estado Social y Democrático de Derecho”. 1

A su turno, la Sala Laboral igualmente expuso:


La proliferación de tutelas contra fallos de casación, proviene de la incomprensión acerca de los cometidos institucionales que acerca de los cometidos institucionales a que ella corresponde lo que ha sido auspiciado por la propia jurisprudencia constitucional en una aplicación inapropiada y desintegradora del ordenamiento jurídico.
Los razonamientos a que se acude en este tipo de decisiones de tutela permiten comprobar que se trata más de juicios al sistema que reales atentados a los derechos fundamentales. Luego si los ordenamientos casacionales no desarrollan los principios y valores consagrados en la Constitución, como se les juzga en este tipo de decisiones, lo políticamente correcto sería reformarlos y no mantenerlos para seguir acusándolos a través de la tutela con los costos que para el sistema democrático, el poder judicial y la confianza en general ello implica.
La necesidad de encontrar a un órgano superior el fin de las decisiones judiciales en materia civil, laboral y penal y la legitimidad que encarna dentro de esas ramas la Corte Suprema de Justicia, llevó al constituyente de 1.991 a erigir a esta corporación en ‘máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria’, así está plasmado paladinamente en el artículo de la Constitución Política en comento, que no admite una lectura diferente de la que fluye en ese claro precepto superior. Es elemental que si hay un organismo máximo, las decisiones que él profiera de ninguna manera y bajo ningún pretexto pueden ser revocadas, anuladas o desconocidas por ninguna autoridad porque la propia Constitución les da el sello de intangibilidad; ellas son las últimas y las definitivas dentro de la respectiva especialidad, por consiguiente, las decisiones que en ese especial carácter profieran las Salas de la Corte Suprema se consideran acertadas y legítimas, no porque esta Corporación les asigne tal condición, sino porque es la propia Carta fundamental que lo discierne al situarla en la cúspide de la jurisdicción ordinaria”. 2
Criterios que han venido siendo reiterados por la Corporación,3 por lo que lo único procedente es rechazar la solicitud de amparo.
Contra esta determinación no procede recurso alguno y no se enviará a la Corte Constitucional por no constituir decisión de fondo.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,



R E S U E L V E
1. Rechazar la demanda de tutela presentada, a través de apoderado, por los ciudadanos GENTIL GARCÍA VANEGAS, HÉCTOR AURELIO MUÑOZ ORTEGA, ERNESTO JAVIER MAYA CERÓN, HELBERTH OVIDIO PARRA CHAVARRO y MARÍA ALRIA FIGUEROA BLANCO.
2. Contra esta determinación no procede recurso alguno.
3. Comuníquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1.991.
Cúmplase.

MARINA PULIDO DE BARÓN

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ HERMAN GALÁN CASTELLANOS


ALFREDO GÓMEZ QUINTERO EDGAR LOMBANA TRUJILLO

ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS


YESID RAMÍREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA


TERESA RUÍZ NÚÑEZ


Secretaria


1 Rad. 15.286, auto del 19 de marzo de 2002. M.P. Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. Rad. 14474, auto del 3 de septiembre de 2003, M.P. Dr. Jorge Luis Quintero Milanés.

2 Rad. 13.396, auto del 19 de marzo de 2002. M.P. Dr. Luis Gonzalo Toro Correa.

3 Decisiones del 2 y 7 de mayo de 2002, dentro de las acciones de tutela números 11.046 y 1100102030002002-0086-01, con ponencias de los doctores Nilson Pinilla Pinilla y Nicolás Bechara Simancas.



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