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Francisco javier rivera pinna procurador de los Tribunales fecha notificado: 15/11/2013


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FRANCISCO JAVIER RIVERA PINNA

Procurador de los Tribunales
FECHA NOTIFICADO: 15/11/2013




AVDA. DE COLÓN Nº 8, TERCERA PLANTA
SENTENCIA:
N.I.G.:
Proced.:
DEMANDANTE D/ña.

Procurador/a Sr/a.

Abogado/a Sr/a.
DEMANDADO D/ña.

Procurador/a Sr/a.

Abogado/a Sr/a. REGINA GUISADO SÁNCHEZ-BARRIGA, REGINA GUISADO SÁNCHEZ-BARRIGA



SENTENCIA Nº 132/2013


En Badajoz, a 13 de noviembre de 2013.


Dª. Raquel Rivas Hidalgo, Magistrada-Juez del Juzgado referenciado al margen, dicta la presente sentencia habiendo visto las actuaciones de este Juicio Ordinario nº 366/2013 tramitado en ejercicio de acciones de nulidad de cesión de título nobiliario y declarativa de preferente derecho genealógico en el que interviene, como demandante, Dª. Raquel Muguiro Guirado, representada por el Procurador D. Francisco Javier Rivera Pinna y asistida por el Letrado D. José Luis Galache Cortés y, como demandados, D. Pedro Muguiro y Morales-Arce y D. Alejandro Muguiro y Morales-Arce, ambos representados por la Procuradora Dª. Silvia Espejo Franco y asistidos por la Letrada Dª. Regina Guisado Sánchez-Barriga.


ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 31 de mayo de 2013, el Procurador Sr. Rivera Pinna, en nombre y representación de Dª. Raquel Muguiro Guirado, interpuso Demanda de Juicio Ordinario frente a D. Pedro Muguiro y Morales-Arce y D. Alejandro Muguiro y Morales-Arce. Tras alegar los hechos y fundamentos de Derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando que se dictase “Sentencia por la que: Primero.- Declare la nulidad y/o ineficacia jurídica de la cesión de derechos al Título de Conde de Casa Ayala realizada por Don Pedro Ignacio Muguiro y Morales-Arce a favor de su hermano Don Alejandro Muguiro y Morales-Arce en escritura pública otorgada ante el Notario de Cáceres Don Alberto Sáenz de Santa María Vierna, el 19 de octubre de 2011 y al núm. 1212 de su Protocolo, por ser mejor y preferente el derecho genealógico de Dª. Raquel Muguiro Guirado sobre Don Alejandro Muguiro y Morales-Arce para usar, poseer y disfrutar el Título de Conde de Casa Ayala. Segundo.- Declare la nulidad y/o ineficacia de la Orden JUS/1379/2012, por la que se manda expedir Carta de Sucesión en el Título de Conde de Casa Ayala expedida a su favor el 12.09.12, por S.M. D. Juan Carlos I, y cualquier acto jurídico que haya podido realizar aquél en relación con el Título. Tercero.- Como consecuencia de las anteriores determinaciones, declare y ordene la revocación de la citada Orden Ministerial y la cancelación de la Carta de Sucesión en el Título de Conde de Casa Ayala como dispone el Artículo 10 del Real Decreto de 13 de Noviembre de 1922. Cuarto.- Condene a Don Pedro Ignacio Muguiro y Morales-Arce y a Don Alejandro Muguiro y Morales-Arce a estar y pasar por estas declaraciones y al pago de las costas del procedimiento por temeridad y mala fe”.


SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se acordó dar traslado de la misma y de los documentos aportados a los demandados y emplazarlos para que, en veinte días, presentasen escrito de contestación a la demanda.
Con fecha 5 de septiembre de 2013, la Procuradora Sra. Espejo Franco, en nombre y representación de D. Pedro y D. Alejandro Muguiro y Morales-Arce, presentó escrito de contestación a la demanda en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de Derecho, terminó suplicando que se dictase sentencia “por la que se desestime íntegramente la demanda deducida de contrario, con expresa imposición de costas”.
TERCERO.- Con fecha 10 de septiembre de 2013, se dictó diligencia de ordenación convocando a las partes a la audiencia previa que había de celebrarse el día 22 de octubre de 2013.
La audiencia tuvo lugar en la fecha señalada. A dicho acto comparecieron ambas partes debidamente representadas y asistidas. Una vez comprobada la subsistencia del litigio, tras exhortar a las partes a que llegasen a un acuerdo, y no existiendo cuestiones procesales que obstasen a la válida prosecución del juicio, se pasó a los trámites de alegaciones complementarias, pronunciamiento sobre los documentos y fijación de hechos admitidos y controvertidos. No proponiéndose otras pruebas que la documental ya unida a las actuaciones, se dio por terminado el procedimiento, quedando directamente los autos para sentencia sin necesidad de previa celebración de juicio.
CUARTO.- Se consideran acreditados los siguientes hechos: (1) con fecha 10 de enero de 1791, el Rey Carlos IV expidió Real Carta de Concesión del Título de Conde de Casa Ayala a favor D. Manuel López de Ayala en la que se hacía constar que “Por tanto y porque habeis elegido la denominación de Conde de Casa Ayala, para mas honrar y sublimar vuestra Persona y Casa, mi voluntad és que vos el nominado Don Manuel Lopez de Ayala, y vuestros hijos, herederos y sucesores nacidos de legitimo matrimonio, cada uno en su tiempo perpetuamente para siempre jamas, os podais llamar é intitular, llaméis é intituléis, llamen é intitulen y os hago é intitulo Conde de Casa Ayala”; (2) con fecha 20 de mayo de 1981, Don Juan Carlos I, Rey de España, expidió Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Casa Ayala, vacante por fallecimiento, a favor de Dª. María de los Ángeles Morales-Arce y Escrivá de Romaní; (3) con fecha 24 de mayo de 1995, Don Juan Carlos I, Rey de España, expidió Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Casa Ayala a favor D. Pedro Ignacio Muguiro y Morales-Arce, hijo primogénito de Dª. María de los Ángeles Morales-Arce y Escrivá de Romaní; (4) con fecha 16 de febrero de 2012, el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Badajoz dictó la sentencia nº 86/2012 en el Procedimiento de Reclamación de Filiación nº 459/2011 por la que se declaraba que Dª. Raquel Guirado Sánchez, nacida el día 22 de agosto de 1993, era hija no matrimonial de D. Pedro Muguiro Morales-Arce; (5) con fecha 19 de octubre de 2011, D. Pedro Ignacio Muguiro y Morales-Arce había cedido el título de Conde de Casa Ayala a su hermano de doble vínculo D. Alejandro Muguiro y Morales-Arce (segundo en orden de nacimientos y nacido inmediatamente después de él); (6) con fecha 12 de septiembre de 2012, Don Juan Carlos I, Rey de España, expidió Real Carta de Sucesión en el Título de Conde de Casa Ayala a favor de D. Alejandro Muguiro y Morales-Arce; (7) D. Pedro Ignacio Muguiro y Morales-Arce no tiene hijos matrimoniales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos que hemos considerado probados han quedado acreditados por la prueba documental unida a las actuaciones, tratándose, además, de hechos no controvertidos entre los litigantes.


SEGUNDO.- La demandante Dª. Raquel Muguiro Guirado, en su condición de hija no matrimonial del codemandado D. Pedro Muguiro y Morales-Arce, ejerce una acción de nulidad y/o ineficacia jurídica en relación a la cesión del derecho al título de Conde de Casa Ayala realizada, en virtud de escritura pública de fecha 19 de octubre de 2011, por su padre D. Pedro Muguiro y Morales-Arce a favor del hermano de éste D. Alejandro Muguiro y Morales-Arce, y ello por considerar que Dª. Raquel, como hija de D. Pedro, tiene un mejor derecho y preferente derecho genealógico para usar, poseer y disfrutar el título de Conde de Casa Ayala, solicitando, asimismo, como consecuencias accesorias de lo anterior, la declaración de nulidad y/o ineficacia tanto de la Orden Ministerial por la que se mandaba expedir Carta de Sucesión en el citado Título a favor de D. Alejandro como de la propia Carta de Sucesión.
Los demandados se oponen a la pretensión deducida frente a ello con fundamento, esencialmente, en el mejor derecho de D. Alejandro a ostentar el citado título dado el carácter de Dª. Raquel Muguiro Guirado de hija no matrimonial y establecerse expresamente en la Real Carta de Concesión, cuya precisiones regulan la sucesión en el título, la condición de que los herederos y sucesores fuesen nacidos de legítimo matrimonio.
TERCERO.- Para resolver la cuestión controvertida debemos partir de la posición que, sobre esta materia, mantiene tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo.
A este respecto, la STC 126/1997 admite la constitucionalidad de los títulos nobiliarios “por su naturaleza meramente honorífica y la finalidad de mantener vivo el recuerdo histórico al que se debe su otorgamiento” pronunciándose, concretamente respecto a la forma de sucesión de los mismos, que “no cabe entender que un determinado elemento de dicha institución -el régimen de su transmisión mortis causa- haya de apartarse de las determinaciones establecidas en la Real carta de concesión. La voluntad regia que ésta expresa no puede alterarse sin desvirtuar el origen y la naturaleza histórica de la institución…”.
Por su parte, la STS de 29 de diciembre de 1998, enjuicia el derecho a suceder en un título nobiliario de un hijo no matrimonial pronunciándose en el sentido de que “en el Derecho nobiliario, la ilegitimidad de sangre por sí sola jamás ha restringido la facultad de ostentar un título nobiliario, como tampoco la de obtenerlo por sucesión, salvo si así fuera determinado en la Carta de fundación, pues, en verdad, dicha normativa es más abierta que la establecida en el Derecho común hasta tiempos recientes, ya que la última mantenía una clara discriminación entre los derechos de los hijos legítimos y los de los ilegítimos, mientras que la otra reconocía a éstos para dichos efectos; en definitiva, según el Derecho nobiliario sólo hay que atender a las exigencias de la Carta de concesión y a las de la fundación del mayorazgo cuando los títulos habían sido vinculados a éstos, donde hubo siempre las más diferentes y variadas formas.

Es menester recordar que, cuando la Ley de 11 de octubre de 1820 suprimió los mayorazgos y las vinculaciones, respetó, sin embargo, la subsistencia de los títulos nobiliarios y mandó que “seguirían el orden de suceder prescrito en las concesiones, escrituras de fundación u otros documentos de su procedencia”, como también que el artículo 5 del Decreto de 4 de junio de 1948, que restableció los títulos y grandezas, dispuso que “el orden de suceder en todas las dignidades nobiliarias se acomodará estrictamente a lo dispuesto en el Título de concesión y, en su defecto, al que tradicionalmente se ha seguido en esta materia””.

La citada sentencia continúa indicando que “la ordenación legal de la sucesión de los títulos nobiliarios se ubica en su Carta de Concesión, sin que exista una doctrina jurisprudencial posicionada en la incapacidad para suceder en este campo por la ilegitimidad de la filiación; en efecto, la Carta de Concesión, como ya se dijo, constituye la pauta legal y, aunque a veces puede contener condiciones sucesorias, entre las que cabe mencionar la legitimidad de los sucesores, sin embargo, en esta coyuntura, la Carta de Concesión del Título de Conde de CASA000, contenida en el Real Despacho de S.M. el Rey Carlos IV en el año 1790 en favor de don Rafael, claramente manifiesta que el Título se otorga para el beneficiario de la concesión y para sus descendientes y sucesores, y carece de limitación alguna…”

Desde otro punto de vista, la STS de 28 de octubre de 2011 ratifica, como doctrina jurisprudencial, “… en primer lugar, que la aplicación de la Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios, a los procesos entablados ante el orden jurisdiccional civil pendientes de resolución no puede extenderse a las situaciones ya consolidadas al amparo de la legislación anterior y, en segundo lugar, que sin perjuicio de lo expresamente dispuesto en la Carta de concesión de un título nobiliario, los hijos legitimados por subsiguiente matrimonio se equiparan a los hijos legítimos a los efectos de la sucesión en el título”.



De la aplicación al presente caso de la doctrina jurisprudencial expuesta en relación con la normativa aplicable al caso, extraemos las siguientes premisas: (1) la anteriormente citada STC 126/1997, desestimó la cuestión de constitucionalidad planteada y declaró que “que el art. 1 de la Ley de 4 de mayo de 1948 y el art. 13 de la Ley de 11 de octubre de 1820, en cuanto declaran aplicable el Derecho histórico y en particular, la Partida 2.15.2, precepto del que deriva la regla de preferencia del varón sobre la mujer en igualdad de línea y grado, en el orden regular de las transmisiones mortis causa de títulos nobiliarios, no son contrarios al art. 14 C.E.”; (2) si bien el art. 2 de la posterior Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios, estableció que “Dejarán de surtir efectos jurídicos aquellas previsiones de la Real Carta de concesión del título que excluyan a la mujer de los llamamientos o que prefieran al varón en igualdad de línea y de grado o sólo de grado en ausencia de preferencia de línea o que contradigan de cualquier modo el igual derecho a suceder del hombre y de la mujer”, sin embargo, no afectó al orden de suceder fijado en las Reales Cartas de Sucesión en relación a los demás criterios que, por tanto, deben entenderse constitucionales en aplicación analógica de la interpretación mantenida en la STC 126/1997 que, reiteramos, no consideró contrario al principio de igualdad consagrado en el art. 14 CE el hecho de que, en el Derecho Histórico que regula el orden de suceder en los títulos nobiliarios, se establezcan determinados criterios de preferencia para la sucesión; (3) es indiscutible, en tanto en cuanto así se declara por la sentencia nº 86/2012 dictada, con fecha 16 de febrero de 2012, por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Badajoz que la demandante, Dª. Raquel Muguiro Guirado es hija no matrimonial del codemandado D. Pedro Muguiro y Morales-Arce, categoría jurídica expresamente regulada, dentro de la filiación por naturaleza, en el art. 108 CC; (4) si bien el art. 108 CC establece que “La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este Código”, sin embargo, la Disposición Transitoria Primera del Código Civil establece que “Se regirán por la legislación anterior al Código los derechos nacidos, según ella, de hechos realizados bajo su régimen, aunque el Código los regule de otro modo o no los reconozca. (…)” disponiendo, asimismo, el art. 13 del Real Decreto de 12 de octubre de 1820 que “Los títulos, prerogativas de honor y cualesquiera otras preeminencias de esta clase que los poseedores actuales de vinculaciones disfrutan como anejas a ellos, subsistirán en el mismo pie, y seguirán el orden de sucesión prescrito en las concesiones, escrituras de fundación, u otros documentos de procedencia. (…)”; (5) igualmente, el art. 5 del Decreto de 4 de junio de 1948 por el que se desarrolla la Ley de 4 de mayo de 1948 establece que “El orden de suceder en todas las dignidades nobiliarias se acomodará estrictamente a lo dispuesto en el Título de concesión, y en su defecto, al que tradicionalmente se ha seguido en esta materia; (6) en el presente caso es un hecho indiscutido que, en la Real Carta de Concesión del Título de Conde de Casa Ayala concedido por el Rey Carlos IV, con fecha 10 de enero de 1791, se establecía conceder el citado título a D. Manuel López de Ayala y a “…vuestros hijos, herederos y sucesores nacidos de legitimo matrimonio”, por lo que, siendo la demandante una hija no matrimonial del codemandado D. Pedro Muguiro, y atendiendo a la normativa aplicable y a la doctrina jurisprudencial anteriormente citada, el derecho del codemandado D. Alejandro Muguiro y Morales-Arce, como hijo matrimonial de Dª. María de los Ángeles Morales-Arce y Escrivá de Romaní, sería preferente al de la actora, como hija no matrimonial del también codemandado D. Pedro Muguiro y Morales-Arce; (7) si bien el Tribunal Supremo no se ha pronunciado expresamente sobre esta cuestión en ninguna resolución, sin embargo, a sensu contrario puede entenderse que las anteriormente citadas STS de 29 de diciembre de 1998 y de 28 de octubre de 2011, vendrían a sustentar esta interpretación ya que la primera establece que la ordenación legal de la sucesión de los títulos nobiliarios se rige por su Carta de Concesión sin que pueda exceptuarse de la sucesión a los hijos no matrimoniales salvo que sean expresamente excluidos por la Carta de Concesión –condición que concurre en este supuesto-, y la STS de 28 de octubre de 2011 reitera, como doctrina jurisprudencial, “que sin perjuicio de lo expresamente dispuesto en la Carta de concesión de un título nobiliario, los hijos legitimados por subsiguiente matrimonio se equiparan a los hijos legítimos a los efectos de la sucesión en el título”, desprendiéndose de dicha doctrina jurisprudencial que, reiteramos, a los exclusivos efectos de la sucesión de títulos nobiliarios, no podrían equiparse hijos matrimoniales y no matrimoniales cuando en la Carta de Concesión se limita la sucesión a los nacidos dentro del matrimonio.

Las razones expuestas nos llevan a considerar, en conclusión, que procede desestimar la demanda y absolver a los demandados de la pretensión deducida frente a ellos y eso por valorar que el derecho del codemandado D. Alejandro Muguiro a poseer el título de Conde de Casa Ayala sería preferente al de su sobrina y demandante Dª. Raquel Muguiro y ello por ser ésta una hija no matrimonial de D. Pedro Muguiro y establecerse expresamente en la Real Carta de Concesión del título que los sucesores en el título fuesen nacidos de matrimonio.


CUARTO.- En aplicación de lo dispuesto en el art. 394.1 LEC, no ha lugar a hacer expresa imposición de las costas causadas por considerar que la cuestión controvertida es susceptible de generar dudas jurídicas.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO


Desestimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Rivera Pinna, en nombre y representación de Dª. Raquel Muguiro Guirado, frente a D. Pedro Muguiro y Morales-Arce y D. Alejandro Muguiro y Morales-Arce, ambos representados por la Procuradora Sra. Espejo Franco, ABSUELVO a D. Pedro Muguiro y Morales-Arce y D. Alejandro Muguiro y Morales-Arce de las pretensiones deducidas frente a ellos.


No ha lugar a hacer lugar a hacer expresa imposición de las costas causadas.
Contra esta sentencia puede interponerse Recurso de Apelación ante este mismo Juzgado en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación informando a los litigantes que no se admitirá dicho Recurso si, al interponerlo, no han acreditado la consignación de un depósito de cincuenta euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Tribunal (0329 de BANESTO indicando el nº de procedimiento).
Lo mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior resolución por la Sra. Magistrada-Juez que la dictó, hallándose celebrando audiencia pública; doy fe.









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