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Francisco Alberto Gómez Sánchez Torrealva1 incidencia de la argumentación jurídica en la motivación de las resoluciones judiciales resumen


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Francisco Alberto Gómez Sánchez Torrealva1

INCIDENCIA DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA EN LA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES
Resumen:
El presente estudio nos permite analizar el rol preponderante que cumple la argumentación jurídica en la motivación de las resoluciones judiciales y la carencia de tal en el ejercicio de la función jurisdiccional, lo cual origina un serio problema en la realización del ejercicio de la función jurisdiccional, pues no solo se origina el quebrantamiento del derecho en cuestión, sino la afectación de las garantías esenciales que componen la tutela procesal efectiva de las partes en conflicto.
Sumario: 1. Introducción. 2. La motivación como resultado del ejercicio jurisdiccional. 2.1. Aplicación literal de los dispositivos jurídicos. 2.2. ¿Subjetividad o arbitrariedad? 2.3. La motivación como indicador de independencia jurisdiccional. 3. Argumentación jurídica. 3.1. Fundamento de la argumentación jurídica. a. Resolución de conflictos. b. Principio de legalidad. c. Coherencia. 3.2. Campos de aplicación de la argumentación jurídica. a. Producción de dispositivos legales. b. Ejercicio de la función jurisdiccional. c. Dogmática jurídica. 4. Contenido de la motivación de las resoluciones judiciales. 4.1. Justificación. a. Justificación interna. b. Justificación externa. 4.2. Razón suficiente. 4.3. Coherencia narrativa. 5. Conclusiones.
Palabras clave:

Argumentación jurídica/Motivación de resoluciones judiciales/Ejercicio de la función jurisdiccional


1. Introducción
Antes de referirnos a la motivación de las resoluciones judiciales es necesario abordar el estudio del razonamiento jurídico. Como señala Tamayo y Salmorán, “para construir la ciencia del Derecho los juristas determinan su objeto, crean[do] el ‘universo de su discurso’”2. Sin embargo, dicho discurso supera el empleo de un lenguaje dotado de vocablos legales, pues su recurrencia se dará con motivo de la constatación de hechos con relevancia jurídica, lo cual permitirá estudiar sus efectos y determinar los mecanismos a través de los cuales intervendrá el Derecho.
Como resulta evidente, la intervención del Derecho sobre determinada realidad construirá el discurso jurídico, el cual se constata en dos circunstancias concretas: la primera, propia de la función legislativa, se aprecia en la expedición de leyes3, las cuales han sido definidas como “las prescripciones normativas generales y escritas emanadas del Congreso de la República, conforme a un procedimiento prefijado por la Constitución”4; y la segunda, propia de la administración de justicia, se concreta en la serie de incisos consagrados en el artículo 139º de la Constitución, especialmente en el quinto que reconoce el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, sobre el cual el Tribunal Constitucional se ha pronunciado señalando que “no se agota en la mera enunciación de la norma aplicable al caso, sino que importa de manera gravitante la acreditación de los hechos y la forma en que estos han sido introducidos en el proceso, a efectos de crear convicción en determinado sentido en el juzgador”5.
Ambos supuestos se sustentan en el razonamiento jurídico a través del cual se podrá ejercer la argumentación sobre la serie de criterios que fundamentan a un dispositivo legal o a una resolución judicial, ya que en ella participan “argumentos cuya identidad, conmensurabilidad y oportunidad ha sido satisfecha [ya que] la argumentación requiere […] no solo enunciados falsifiables, sino conmensurables de manera que puedan oponerse a los argumentos del interlocutor. De esta manera, en la argumentación no es la suma de argumentos la que importa; importa el argumento ‘que no es refutado’”6. La inexistencia de refutación no significa que el dispositivo o la resolución se erija en verdad absoluta, sino que supere los cuestionamientos que se plantean en torno a la lógica jurídica de la que se valió el autor para plantear los enunciados contenidos en ella.
A través del presente estudio se desarrollará el contenido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales con motivo de la reciente sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 00728-2008-HC, por lo cual el análisis de este tema se centrará en el resguardo de dicho derecho por parte de los administradores de justicia, pues como señala Vásquez Sánchez, “[l]a tarea de los jueces dentro de un marco de Derecho constitucional, superador de la idea simple de Estado de Derecho, es fundamental. Pues, amén de la función pública que desarrollan, son ellos el último término, quienes al adoptar una decisión están resolviendo un conflicto que puede en el mejor de los casos afectar a un individuo, pero que como en el caso del Tribunal Constitucional […], pueden afectar, ya no a una colectividad, [sino] incluso a otros poderes”7.
2. La motivación como resultado del ejercicio jurisdiccional
Consagrado en el artículo 139º inciso 5 de la Constitución, la motivación de las resoluciones judiciales supera ampliamente al enunciado contenido en la Norma Fundamental que la reconoce como derecho, debido a que la motivación “permite conocer las razones que han conducido al juzgador a la decisión adoptada y se puede comprobar que la solución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional y no el fruto de la arbitrariedad”8.
Tal concepción se constata ya desde mediados del siglo XIX, pues contrario a lo que pudiera pensarse, la motivación de las resoluciones judiciales no constituye una práctica de reciente data, ya que en 1842 Verlanga Huerta sostenía que “dar los motivos de la sentencia, prueba por lo menos un sagrado respeto a la virtud de la justicia y una sumisión absoluta a la ley […]. El motivar los fallos tiene ya algo de publicidad y he aquí una de las ventajas de esta práctica. Dispensar al juzgador de razonar los decretos que dé sobre la hacienda, vida y honor de los ciudadanos, es autorizarle tácitamente para ejercer la arbitrariedad”9. Al respecto, Ibáñez señala que “aunque no siempre en la historia la imposición del deber de motivar ha respondido al interés de conferir mayor racionalidad en el más amplio sentido de racionalidad democrática al ejercicio del poder de los jueces, lo cierto es que la resolución motivada, como resultado, sí ha operado objetivamente a favor de ese interés”10.
De lo dicho se desprende que el estudio de la motivación de las resoluciones judiciales está íntimamente vinculado con la función jurisdiccional, pues el contenido de las resoluciones no es más que un indicador de la calidad profesional del magistrado encargado de su expedición. Por ello, “la exigencia de motivación responde a una finalidad de control del discurso […] del juez, con objeto de garantizar hasta el límite de lo posible la racionalidad de su decisión, en el marco de la racionalidad legal”11, por lo que “[e]l control de la toma de decisión judicial en el área determinada por las normas legales es un postulado de todo sistema que se basa en el principio de legalidad”12.
Sin embargo, existen determinados factores que conjuran contra la tutela de la motivación de las resoluciones judiciales, siendo algunos de ellos identificados como propios de los magistrados, pues –como reconoció la Academia de la Magistratura en 2004– “la precaria calidad de las resoluciones judiciales [se debe], entre otros motivos, a la ausencia de una adecuada fundamentación y motivación; así como [a] la deficiente calidad en la redacción y estructura de las mismas [lo cual] hace incomprensible lo resuelto”13; esto se refleja en “resoluciones judiciales que impiden ejercer el derecho al recurso, [r]esolver […] sin tener en cuenta [la] ausencia de motivación”14, entre otros motivos que nos ponen frente a una realidad difícil de superar en la medida que, como explicaremos, confluyen en nuestro sistema judicial tres factores que atentan contra la adecuada motivación de las resoluciones judiciales: la literalidad, la subjetividad y la ausencia de independencia.
2.1. Aplicación literal de los dispositivos jurídicos
La literalidad es un factor que juega en contra de la motivación de las resoluciones judiciales desde el momento que se confunde al dispositivo legal con la norma jurídica15, con lo cual se evidencia la ausencia de la interpretación16 a través de la institucionalización de la automaticidad en la aplicación de enunciados legales, independientemente de los efectos que tengan sobre las partes en conflicto.
Esta situación nos ha permitido constatar una pluralidad de resoluciones judiciales, donde la subsunción de hechos en enunciados legales constituye el elemento común que identifica un serio problema en la administración de justicia, lo que genera serias consecuencias, comenzando por el quebrantamiento de la motivación de las resoluciones judiciales y transitando hasta la afectación de los derechos de una o de ambas partes en conflicto, ya que frente a resoluciones que no se sustentan en fundamentos lógicos y jurídicos, estas serán susceptibles de ser recurridas, a efectos de declarar su nulidad, lo cual generará un perjuicio adicional a las partes, en la medida que deberán aguardar la expedición de una resolución que se pronuncie sobre la mencionada nulidad, para que el responsable de dicho perjuicio vuelva a emitir la resolución judicial, con suerte, valiéndose de una adecuada motivación que satisfaga el resguardo del derecho consagrado en el artículo 139º inciso 5 de la Constitución Política.

2.2. ¿Subjetividad o arbitrariedad?
Hemos tenido la oportunidad de revisar resoluciones judiciales que, además de subsumir los hechos a sendos dispositivos legales, sustentan su fallo en el criterio de conciencia del juzgador sobre los hechos puestos a consideración. Al parecer, la aplicación de dicho criterio estaría sustentada por la propia Constitución –ya que la avala en las decisiones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones–, situación que permitiría que el juzgador se valiera de ella para sustentar el contenido de una resolución.
Así, pues, el criterio de conciencia se ha constituido en toda una institución para cierto grupo de operadores judiciales, quienes olvidan que “el criterio de conciencia que la ley reserva a los magistrados para la resolución de los temas de contenido jurisdiccional, no los autoriza a actuar libertinamente para aplicar o inaplicar una ley a un caso concreto de manera irracional; o, para interpretarla de forma arbitraria, porque ello significaría desviar el ejercicio de la jurisdicción de su fin específico que es la justicia del caso”17.
Sin embargo, bien podría sostenerse que el juez motiva las resoluciones judiciales debido a que ha determinado que los hechos “encajan” en las “normas” –claro, previa cita de ellas–, lo cual coadyuva a la formación de su criterio de conciencia, amparado en “normas” –como no podía ser de otra manera–. Pues bien, ese mal entendido concepto de criterio de conciencia no es más que una manifestación de arbitrariedad del juzgador, pues, como ha señalado el Tribunal Constitucional, “el derecho a una [resolución] debidamente justificada no se agota en la mera enunciación de la norma aplicable”18, lo cual –en alusión al mal llamado “abuso del derecho”, consagrado en el extremo final del artículo 103º de la Carta Política19– determina que “la Constitución impone un deber general que en el caso de los funcionarios públicos implica su abstención de realizar cualquier acto que genere una situación de conflicto entre sus propios intereses y los de la administración a la que sirve”20.
Es interesante la mención de los intereses propios de los funcionarios públicos, ya que la aplicación a rajatabla del criterio de conciencia en la acepción utilizada en el párrafo anterior demuestra un claro interés del juez en la resolución del caso. ¿Cómo es eso posible? Muy simple, aunque el juez no se vea beneficiado directamente con la resolución del caso, su moral o su “deber ser de las cosas” determina que el simple amparo en un sinfín de dispositivos sea suficiente para expresar algún atisbo de lógica y concatenarlo con las que llama “normas” y emplear el tan odioso e ignorante criterio de conciencia, en su acepción ya explicada, que gira en torno a la arbitrariedad.
Así pues, la recurrencia a la moral –como forma solapada de sustentar el etéreo y subjetivo criterio de conciencia– se sustenta, como señala Cortina, en que “en la tradición occidental la experiencia moral es más la de la virtud como excelencia del carácter y la de la felicidad como búsqueda de la vida buena. […]. La subjetivización de la felicidad y de los fines acaba situando a la ley en el centro de la reflexión moral”21, ya que “[e]n el mundo moral […] la[s] normas regulan universalmente la conducta de todos los hombres [y mujeres], y las facultades morales pertenecen a toda persona simplemente por el hecho de ser persona, lo mismo que los deberes morales existen por ser persona”22. Al imponerse la moral sobre el Derecho –sea de la forma más descarada o encubierta– se vulnera flagrantemente el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, puesto que los fundamentos que contiene la resolución cuestionada no se adecúan al Derecho.
Esta situación la constatamos en el caso tramitado en el Expediente Nº 1749-97 ante la Sala de Familia de la Corte Superior de Lima, que pese a las pruebas de violencia e injuria, calificadas en los incisos 2 y 4 del artículo 333º del Código Civil, declaró infundada la demanda de divorcio presentada por la esposa, por considerar la Sala que “al no haber probado la accionante el permanente menosprecio, insultos y agresiones verbales que alega, los que sustentan su pretensión de divorcio, debe declararse infundada la demanda”. En consecuencia, para la Sala, las causales de violencia y de injuria grave deben ser permanentes para que proceda el divorcio, lo cual revelaría que para los integrantes de la Sala la protección de la familia –consagrada en el artículo 4º de la Constitución Política– se sobrepone frente a la integridad, a la salud y a la vida de la persona humana.
Un ejemplo más reciente de recurrencia a la moral fue el suscitado en el caso de Miguel Toledo, sobrino del ex presidente, acusado de abusar sexualmente de una mujer, quien fuera condenado a cuatro años de pena suspendida. Si bien dicho extremo de la sentencia es cuestionable, resulta aberrante que entre los fundamentos de la sentencia se señale que la víctima “pudo” haber previsto la situación al citarse con un hombre en un restaurante, lo cual determina que para el juzgador es moralmente reprobable que una mujer se cite con un hombre a solas en un espacio público, pues ello puede dar pie a que se cometa un acto tipificado como delito. Es decir, el quebrantamiento del “deber ser” origina la comisión de un acto antijurídico, pero eso no importa, porque lo trascendente para el juzgador es la conducta reprobable de la víctima.
Moral y Derecho son como el agua y el aceite. Si no que lo diga Habermas quien, citado por Cortina, señala las distinciones entre ambas, al sustentar que “tanto las teorías de la justicia que encarnan el punto de vista moral como el procedimiento jurídico descansan en la idea de que la racionalidad del procedimiento ha de garantizar la validez de los resultados que se obtienen de él; pero a partir de aquí empiezan las diferencias. La primera consiste en reconocer la superioridad del Derecho sobre la moral, en cuanto tomamos por canon la racionalidad procedimiental: el Derecho está ligado a criterios institucionales, independientes, lo cual permite comprobar si la decisión se ha tomado siguiendo la regla, aun sin participar en el procedimiento; mientras que la moral exige reconstruir el punto de vista adoptado y su prueba discursiva, para enjuiciar el procedimiento. Pero también el procedimiento moral se nos presenta como imperfecto en cuanto adolece de insuficiencias cognitivas y emocionales. Insuficiencias cognitivas porque no garantiza infalibilidad, univocidad ni tampoco que el resultado se consiga dentro de un plazo determinado; a mayor abundamiento, la aplicación a las situaciones concretas resulta siempre compleja, puesto que nunca existe certeza de haber destacado las cualidades relevantes de la situación. Pero también la moral adolece de una mayor debilidad motivacional que el Derecho, porque la reflexión moral exige poner en cuestión lo que son evidencias de nuestras formas de vida”23.


2.3. La motivación como indicador de independencia jurisdiccional
El inciso 2 del artículo 139º de la Constitución consagra la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Seguramente se preguntará sobre la relación entre esta y la motivación de las resoluciones judiciales, ya que a primera vista no se evidencian rasgos de conexión más que en lo que a injerencia de terceros sobre el juez respecta. No obstante, ya hemos trazado algunas líneas con relación a la subjetividad y a la motivación, tan solo falta desarrollar su traslación sobre la independencia jurisdiccional.
Para ello será necesario partir de algunos conceptos tan simples como el dado por el Tribunal Constitucional al catalogarla como “aquella capacidad autodeterminativa para proceder a la declaración del derecho, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, dentro de los marcos que fijan la Constitución y la ley. En puridad, se trata de una condición de albedrío funcional”24, delimitado –claro está– sobre los parámetros que componen la independencia interna y externa del juzgador y que determinan los linderos dentro de los cuales declarará el Derecho o retrotraerá la situación al estado anterior a su afectación, sea en un proceso ordinario o en uno constitucional, respectivamente.
La motivación de las resoluciones judiciales está vinculada a la independencia que demuestre el juez, ya que serán variadas las manifestaciones de injerencia que se quieran imponer sobre su labor. Por ello, deberá poseer aquella capacidad subjetiva “con sujeción a la propia voluntad de ejercer y defender dicha independencia. Cabe precisar que en este ámbito radica uno de los mayores males de la justicia ordinaria nacional, en gran medida por la falta de convicción y energía para hacer cumplir la garantía de independencia”25 que “debe, pues, percibirse como la ausencia de vínculos de sujeción política (imposición de directivas por parte de los órganos políticos) o de procedencia jerárquica al interior de la organización judicial, en lo concerniente a la actuación judicial per se, salvo en el caso de los recursos […], aunque sujetos a las reglas de competencia”26.
Esta referencia es clara al desarrollar la dimensión externa e interna de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Sin embargo, vale ahondar en la dimensión interna, porque es en ella donde confluyen una serie de prácticas que atentan contra la motivación de las resoluciones judiciales. Una de ellas es la delegación de funciones27, que constituye una forma de afectación de la independencia interna, no solo porque quebrantaría la literalidad del artículo 139º inciso 2 de la Constitución al establecer que “[n]inguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones”, sino porque a través de la delegación de funciones, el juez –dadas sus recargadas labores– delega la redacción de resoluciones a los auxiliares jurisdiccionales, quienes se encargan de la revisión y estudio del expediente judicial para, posteriormente, redactar un proyecto de resolución judicial que será revisado por el juez a efectos de dar su visto bueno y suscribirla.
Es evidente que esta práctica no se da por desidia de los jueces, sino que la alta carga de expedientes a su cargo hace imposible que puedan abocarse al estudio de cada uno sin que se vean expuestos a resolver fuera del término legal. Sin embargo, es evidente que por más que el juez reciba un excelente proyecto de sentencia, este será el resultado del raciocinio de una persona que formalmente no está a cargo de la tramitación del expediente y que se lo dará al juez, quien por cuestiones de tiempo no se dará a basto para revisar la totalidad de fojas que integran el expediente, por lo que su función se limitará a revisar el mencionado proyecto y a dar una rápida lectura al expediente con el propósito de constatar que lo acuñado por el auxiliar coincida con la información contenida en él.
Quien lea estas líneas creerá en lo absurdo de ellas, pero no negará que el conocimiento más completo del caso lo tendrá el auxiliar y no el juez, encargado formalmente del proceso, y cuyas decisiones –debidamente motivadas o no– repercutirán directamente sobre las partes en conflicto. Frente a esto, ¿quién es el responsable?, ¿el juez o la administración de justicia? La respuesta es evidente y el eterno proceso de reforma judicial debe tomar en consideración que el deficiente contenido de las resoluciones judiciales –basta observar las sentencias recurridas en demandas de amparo o de hábeas corpus que llegan al Tribunal Constitucional y que son declaradas nulas por este ente– se debe a la alta carga procesal que pesa sobre los escritorios y tapetes de los magistrados, quienes se ven obligados a producir cifras como indicador –negado– de eficacia en el ejercicio de sus funciones.
Otro factor que conspira contra la independencia interna del juez y que repercute sobre la motivación de las resoluciones judiciales es la habitual recurrencia al criterio de conciencia, entendido como una suerte de cajón de sastre donde se mezclan las “normas” y donde la moral pretende penetrar al Derecho para concebir un híbrido que satisfaga el “deber ser” del juzgador. Sobre esto ya hemos hablado en extenso, así que no ahondaremos en su estudio.
3. Argumentación jurídica
Hemos revelado la existencia de factores que inciden negativamente en la motivación de las resoluciones judiciales. Ello ha sido reconocido de manera oficial al señalarse que “[l]a Ceriajus ha considerado que las deficiencias en la argumentación hacen que un número no determinado de sentencias […] tengan una deficiente motivación, pero no ha contemplado que las deficiencias en la argumentación influyan en el incremento de la carga procesal al impedir que el magistrado pueda decidir o tome como mejor alternativa no resolver las causas. Esto se debe a que se suele desconocer que bajo la denominación de ‘argumentación jurídica’ […] se incluyen reglas para solucionar problemas y estas necesariamente no son las mismas reglas que se necesitan para exponer las soluciones. Esta distinción, no tomada en cuenta, es de capital importancia, porque su olvido suele empobrecer tanto la búsqueda de soluciones como la exposición de las mismas, al no tener en claro los retos de cada tarea”28.
El inadecuado ejercicio de la función jurisdiccional ha condicionado que gran parte de las resoluciones judiciales carezcan de una debida motivación jurídica, ya que se prescinde de principios de interpretación como la unidad de la Constitución, concordancia práctica, corrección funcional, integración y fuerza normativa, para valerse de la lectura literal y aislada de los dispositivos jurídicos. Ello hace imposible acreditar la argumentación jurídica, en la medida que la interpretación se erige en una estación que fundamenta tal proceso.
Por ello, Ribeiro Toral señala que “[l]as premisas de la argumentación no se establecen de antemano sino que son el producto de la interpretación y esta es el proceso de argumentación. La conclusión, por [lo] tanto, es [que] el discurso del intérprete [es] donde […] se construye el sentido de la proposición legal”29. En tal sentido, “toda argumentación jurídica tiene como parámetro, por una parte, la proposición legal tal cual como vocablo o frase dentro de un corpus legal y, por otra parte, la relación necesaria entre proposición legal y conducta”30.
En efecto, la argumentación legal se desarrollará sobre la base de dos condiciones: a) la constatación de hechos con relevancia jurídica; tal relevancia se acreditará en la medida que cierta acción u omisión afecte derechos o revele la necesaria modificación de determinado parámetro legal, ya que dicha acción u omisión traerá consecuencias sobre determinado panorama, siendo imprescindible la actuación del Derecho para que no genere perjuicios sobre terceros; y b) la existencia de dispositivos legales que los regulen, ya sea prohibiéndolos o regulándolos, lo cual determinará la relación “causa-consecuencia”, expresada también bajo la frase “hecho-relevancia jurídica-desenlace legal”, en la medida que acreditada su trascendencia para el Derecho, este podrá evaluar la conducta y determinar los efectos legales que repercutirán sobre el sujeto de la acción.
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