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Formula denuncia. Requiere investigacion y urgentes medidas


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FORMULA DENUNCIA. REQUIERE INVESTIGACION Y URGENTES MEDIDAS.
Corte Suprema de Justicia de la Nación:
Alberto Solanet y Mariano Gradín, en su carácter de Presidente y Secretario respectivamente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, constituyendo domicilio legal en la calle Santa Fe 1531 piso 9no. de la ciudad autónoma de Buenos Aires , a VE se presentan y dicen:
Objeto:

Nuestra Asociación, cuyo objeto es el de velar por la vigencia del estado de derecho en la República Argentina y fomentar la concordia entre sus habitantes, fue fundada hace poco más de un año, ante la alarma y profunda preocupación causadas por dos grandes factores: las muy diversas arbitrariedades de que eran objeto miembros de las fuerzas armadas y de seguridad en los procesos judiciales a los que eran sometidos por hechos ocurridos durante el enfrentamiento armado con las organizaciones terroristas en la década del ’70 del siglo pasado, y la permanente incitación al odio, la discordia y la enemistad política entre los ciudadanos, fomentada por algunas organizaciones y por el gobierno nacional en los últimos cinco años.


Aquellas arbitrariedades, lejos de haber disminuido, se han acrecentado y multiplicado con el correr del tiempo, y extendido a lo largo y ancho del país, generando una situación de asombrosa ilegalidad, de discriminación y desigualdad ante la ley, y de violación de los derechos humanos dirigida exclusivamente a un sector de la población, cometida o consentida por Jueces de la Nación en los diversos procesos que tienen a su cargo.
Los hechos, que importan la verificación de la muerte en cautiverio de aproximadamente 118 personas sometidas a esta clase de procesos, la enorme mayoría sin condena judicial, así como reiteradas vejaciones inconcebibles con la vigencia de leyes y tradiciones judiciales argentinas, respetuosas de los derechos humanos, constituyen una estadística vergonzosa que no tiene precedentes en la historia de la justicia federal de nuestro país.
Venimos por el presente a denunciar a estos Jueces por delitos que podrían ir desde el homicidio, tentativa de homicidio, lesiones, abandono de personas, tormentos, sevicias, prevaricato, incumplimiento de los deberes del funcionario público, denegación y retardo de justicia, hasta la violación del cuidado de sus presos conforme la manda del artículo 18 de la Constitución Nacional (arts. 79, 92, 106, 144 bis Inc 1°, 248, 269 y 273 del Código Penal).
Y lo hacemos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque estas anomalías no se verifican en tal o cual jurisdicción territorial o caso, sino que se producen en todo el país y exclusivamente en los procesos donde se juzgan crímenes llamados de lesa humanidad.
Lo que está aconteciendo evidencia una ausencia específica de garantías individuales que se manifiesta exclusivamente en una clase de procesos y respecto de una determinada franja de ciudadanos, lo cual revela una situación de discriminación e ilegalidad que, por revestir un caso de extrema gravedad institucional, corresponde también que sea remediada por el máximo Tribunal del país.

Hechos:

Diversos informes de organizaciones ligadas a los derechos humanos y a los presos detenidos por los llamados delitos de “lesa humanidad”, han difundido y difunden la noticia de la muerte en prisión en los últimos cuatro años, de aproximadamente 118 miembros y ex miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación y de Seguridad, tanto de la Nación como de las Provincias.


La casi totalidad de ellas han muerto en cautiverio sin haber recibido jamás condena judicial. Se trata de una estadística única y vergonzosa que no tiene precedentes en la Justicia Federal de la Nación, a punto tal que ha sido materia de una editorial del diario “La Nación” del 18 de octubre del corriente año.
Decenas de ellos han muerto en las cárceles donde fueron alojados sin consideración y hasta con desprecio de su salud y su vida, ya que la mayoría de los casos presentan una edad de más de 60 años, en la cual la salud y la vida dependen fundamentalmente de la posibilidad de contar con medicamentos específicos, chequeos médicos y análisis periódicos y, sobre todo, de la rápida accesibilidad a servicios de reanimación o terapia intensiva para el caso de urgencias.
Nada de esto ocurre ni podría ocurrir en las cárceles donde son alojados. Las urgencias, aún en el caso de una rápida reacción del personal penitenciario, no pueden ni han podido ser atendidas eficazmente, ya que en todos los casos las medidas de seguridad propias de los penales imponen la apertura y cierre doble de hasta ocho o más puertas, con estrictas medidas de control, para tener acceso al enfermo y también para externarlo hacia un nosocomio que tenga un mínimo de complejidad suficiente para evitar una muerte.
Otros muchos prisioneros murieron poco después de haber sido excarcelados luego de un prolongado encierro que, por las razones ya mencionadas, deterioraron definitivamente su salud. Doblemente dañada, porque a ello se une el daño psicológico que han sufrido, producto del sometimiento a procesos llevados a cabo en todo el país en lugares públicos alquilados al efecto (teatros y hasta una cancha de fútbol), donde imputados y sus familiares son agredidos con insultos y físicamente, por un público perteneciente a organizaciones que nuclean a militantes ideologizados.
Estos procesos en muchos casos han sido difundidos además por televisión y fotografiados, reproduciéndose escenas que consisten en la conducción de miembros y ex miembros de las fuerzas de seguridad y armadas, esposados y sometidos al escarnio del público asistente. Algunos trasladados inclusive en camilla y con suero dado su precario estado de salud, todo lo cual –sumado a los festejos a viva voz de las sentencias a cadena perpetua- significan el abandono del recato y respeto a la Justicia y los derechos humanos de los procesados, que ha sido, hasta el acaecimiento de estos procesos, una tradición del Poder Judicial de la Nación.
La política procesal que se lleva a cabo en todo el país, supone además la reproducción de juicios por el lugar de asentamiento de los centros de detención, por jurisdicción territorial del Juez Federal a cargo, por víctima, por cuartel, destacamento o Comisaría etc. Esto lleva a que numerosas personas sean sometidas a proceso dos, tres y cuatro veces, en audiencias donde se reiteran, en distintas jurisdicciones o tribunales, una y otra vez, los mismos testigos, los mismos hechos, con un desgaste jurisdiccional alarmante y provocándole al procesado sufrimientos innecesarios que la ley repudia.
Esta metodología además, provoca que las personas sometidas a juicio nunca dejen su calidad de procesados, lo que les impide la aplicación de las normas sobre ejecución de la pena, bajo cuyo amparo ya hubieran recuperado su libertad u obtenido los beneficios previstos para los penados.
Los hacen rotar en diversas sedes –siempre bajo el escenario circense de agresión y crueldad en sus públicos y reiterados juzgamientos- y los van condenando a sucesivas cadenas perpetuas que no le agregarán un solo minuto al máximo de veinticinco años previsto en los tipos penales por los que se los acusa.
Este despropósito no sólo implica que -como denunciamos- se los mantenga siempre privados de los beneficios que recibe cualquier penado en nuestro país, sino que hace que se los someta a permanentes traslados en condiciones inhumanas como se describirá más adelante.
Y significa asimismo el mantenimiento de estas personas en una condición intolerable para la ley: como procesados, que gozan de la presunción de inocencia, se los somete a una situación de menores derechos, y más penosa, que si fueran condenados.
Ya muchos inclusive que están condenados a cadena perpetua, se les agravan las condiciones de detención sometiéndoselos a nuevos procesos que, como señalamos, no podrían modificar su situación.
Se han dado casos de verdaderos intentos de homicidio por parte de los Jueces, como es el caso del encierro de ex oficiales de policía o de oficiales del Servicio Penitenciario, en pabellones con presos comunes, en ciudades o pueblos donde todo el mundo es conocido. Y encierro con presos comunes en condiciones además inhumanas, como es el caso de colocar a un Comisario en el patio de un pabellón atestado de presos comunes, teniendo que dormir a la intemperie, en un camastro sin colchón, al cual se trepaban las ratas. Este episodio logró ser filmado para poder realizar una denuncia que, sin semejante prueba, hubiera parecido increíble que ocurriera en nuestro país.
Esas tentativas de homicidio se reiteran por la indolencia -sólo observada en estos casos de lesa humanidad- de Jueces y Camaristas que han consentido en mantener a ancianos de más de 70 años en prisiones inadecuadas para darles seguridad de mantenerlos con salud y con vida.
Algunos de ellos fueron mantenidos durante largos períodos en estas condiciones, o se les ha revocado la detención domiciliaria que padecían, pese a sufrir discapacidades mentales severas, con Alzheimer, con cáncer avanzado, en sillas de ruedas o camillas, con afecciones cardíacas y hasta un escandaloso caso de enfermedad terminal en el cual el imputado fue obligado a asistir a las audiencias mientras era monitoreado por un médico en una sala contigua a aquella en la cual se llevaban a cabo las audiencias, las cuales se suspendían cuando el enfermo se desmayaba. Apenas terminado el proceso le fue amputada la pierna izquierda y dedos de la pierna derecha por un cuadro de gangrena. Más tarde se le amputó la pierna derecha, y finalmente falleció poco tiempo después.
Del mismo modo, se les revoca la detención domiciliaria a personas de más de 70 y hasta con ochenta y varios años que no tienen movilidad en las piernas, que sufren cáncer y son cardíacos, mientras que se les niega la excarcelación por “peligro de fuga”.
El traslado de estas personas de ochenta años, se realiza en más de un penal, por razones de unificación del traslado con otros presos y la lejanía del Penal con el Tribunal, levantándolos a las tres y media de la mañana aproximadamente. Subidos a las cinco a un camión celular junto a otros presos, viajan durante muchas horas hasta la sede de un Tribunal. O hasta el Hospital Militar. En muchos casos se han verificado desmayos, descomposturas, lesiones por accidentes y en general un grado enorme de deterioro físico en cada viaje, lo que ha hecho que pidan no asistir a las audiencias y se priven de solicitar asistencia para atenderse médicamente fuera del Penal, aún cuando lo necesiten.

Muchos Jueces que tramitan este tipo de procesos, han enviado a prisión a personas sabiendo o debiendo saber que, por su edad y/o estado de salud, no estaban en condiciones de sobrevivir en un establecimiento carcelario, y aún mantienen a ancianos de más de 70 y 80 años en prisiones haciéndoles correr permanente riesgo de muerte, por la imposibilidad de una atención pronta en caso de una urgencia, y deteriorando gravemente su salud.

De estos más de 100 ciudadanos muertos en cautiverio sin condena, la mayoría tenían simples decretos de prisión preventiva y en todos los casos pudieron ser beneficiarios de medidas de protección a su salud y su vida con cualquiera de las medidas atenuadas de detención presentes en la manda constitucional del art. 18 y en los más modernos textos procesales de varias provincias, tales como detención domiciliaria, internación en nosocomios, atención médica adecuada a su condición de salud y edad etc., cumpliendo con lo establecido en el art. 18 de la Carta Magna, del art. 10 del Código Penal, la ley 24.660 y la jurisprudencia emanada de esta misma Corte Suprema de Justicia.


Son muchos los ancianos de más de ochenta años detenidos en las cárceles de la Nación, y todos pertenecen, exclusivamente, a la franja de la ciudadanía perseguida por los delitos ya mencionados. El mantenimiento en prisión de estas personas, con los riesgos que eso implica, está reservado en la Justicia argentina, exclusivamente para militares. Y todo para no otorgarles la detención domiciliaria que les corresponde humana y legalmente.

El ministros de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni clarifica el tema de la detención domiciliaria, cuando se refiere al sentido que en la exégesis penal debe darse a la normas que otorgan un beneficio al encausado utilizando el verbo “podrá”, como el art. 13 del Código Penal y el art. 33 de la ley 24.660. Al respecto dice este autor que nadie podrá dudar que estamos ante un “beneficio”. En consecuencia, cuando se hallan reunidos los requisitos para el mismo (en el caso que el beneficiario sea mayor de setenta años), “tiene derecho a reclamarlo y el tribunal tiene el deber de acordarlo”.-

Lo contrario -agrega- implicaría sacar al beneficio “del ámbito de los actos judiciales y remitirlo a la categoría de un acto político, es decir, del uso de una facultad casi arbitraria del tribunal, que asimilaría su naturaleza a la de la gracia o perdón” (Eugenio Raúl Zaffaroni: “Tratado de Derecho Penal”, Parte General, Tomo V, Ediar, Bs.As., 1983, página 182. Análogas reflexiones formula el mismo autor en la antes citada obra “Derecho Penal – Parte General”, escrita con la colaboración de Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, págs. 908/910).
Como bien señala la Dra. Angela Ledesma en su voto en el plenario “Díaz Bessone”, resulta evidente que hemos traicionado el programa de libertades establecido por nuestros padres constitucionales.
La regla es la libertad, que es el bien supremo cuyo cercenamiento constituye la pena más grave que se le puede imponer a una persona. Las cárceles no pueden ser instrumentos de tortura, de ruptura y penurias familiares, de riesgos ciertos para la salud y la vida de los presos, ni de otra mortificación que la que sufre una persona por verse privada por orden judicial de su libertad ambulatoria.
Bien vale entonces citar a Concepción Arenal, quien expreso: "Imponer a un hombre una grave pena, como es la privación de la libertad, una mancha en su honra, como es la de haber estado en la cárcel, y esto sin haberle probado que es culpable y con la probabilidad de que sea inocente, es cosa que dista mucho de la justicia. Si a esto se añade que deja a la familia en el abandono, acaso en la miseria; que la cárcel es un lugar sin condiciones higiénicas, donde carece de lo preciso para su vestido y sustento; donde, si no es muy fuerte, pierde la salud; donde, si enferma no tiene conveniente asistencia y puede llegar a carecer de cama; donde, confundido con el vicio y el crimen, espera una justicia que no llega, o llega tarde para salvar su cuerpo, y tal vez su alma; entonces la prisión preventiva es un verdadero atentado contra el derecho y una imposición de la fuerza. Sólo una necesidad imprescindible y probada puede legitimar su uso, y hay abuso siempre que se aplica sin ser necesaria y que no se ponen los medios para saber hasta dónde lo es" (Concepción Arenal, Estudios Penitenciarios, 2ª. Edición, Madrid, Imprenta de T. Fortanet, 1877, página 12).
Las cárceles para las personas que tienen determinada edad, debieran ser como los domicilios particulares, donde una persona tiene lo necesario para vivir con dignidad y la seguridad de tener acceso rápido a los servicios de salud tal como el que ofrecen los servicios de emergencias médicas estatales y privadas. Las cárceles no pueden dar estas seguridades para esa franja de la población, por lo que su mantenimiento en ellas constituye una mortificación innecesaria y la exposición a un peligro que la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la ley, repudian.

La investigación debe ser unificada para determinar la responsabilidad de los jueces y esclarecer la participación por acción u omisión de funcionarios del Gobierno Nacional y de médicos forenses que han firmado dictámenes avalando asistencias a juicios o permanencias en lugares inadecuados de detención de decenas de personas acusadas de estos delitos.


Acompañamos a la presente un estudio que la Asociación le encargó a dos destacados profesionales de la medicina, los Dres. Hugo Esteva y Oscar Iavícoli sobre la problemática objeto de esta denuncia.
Allí podrá observarse no sólo el análisis del fenómeno del envejecimiento humano y sus efectos, sino también el análisis de las causas más comunes de mortandad, la situación de la atención médica en las cárceles y su respuesta ante urgencias, así como lo que concretamente está ocurriendo con estos presos. Destacamos algunos de sus párrafos:

“…Durante los últimos años en La República Argentina, bajo la acusación de delitos llamados de “lesa humanidad” que habrían ocurrido en la década del 70 en ocasión de la lucha antisubversiva, se encuentran detenidos casi mil oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la mayoría de ellos sin condena judicial, alojados en cárceles comunes y en condiciones sumamente riesgosas para su salud. Ello pese a ser evidente que estos individuos de edad avanzada (70,6 años de edad promedio), por otra parte, no revisten ninguna peligrosidad para la sociedad, hecho que normalmente justifica en gran medida la reclusión de los delincuentes comunes.


Este panorama de grave agresión a la salud de los imputados se ha visto agravado por el hecho de haberse obligado a numerosos detenidos, gravemente enfermos y/o con secuelas de accidentes cerebrovasculares, a asistir a indagatorias y otras audiencias judiciales en medio de un público ideologizado y adverso y con difusión por los medios masivos de comunicación, incluso televisivos. Parece innecesario explicar la obvia repercusión que semejantes audiencias pueden tener sobre la salud física y moral de un imputado de edad avanzada.
Por otra parte, dentro de esta población carcelaria ( 937 –junio 2010), sometida a los cargos ya mencionados de delitos de lesa humanidad, existe una mortalidad preocupante. …”

SE ACOMPAÑA UN LISTADO CON EL NOMBRE Y APELLIDO DE LOS DETENIDOS MUERTOS DURANTE EL PROCESO AL QUE ERAN SOMETIDOS, SU EDAD Y SU SITUACION PROCESAL AL MOMENTO DEL FALLECIMIENTO: (la información es la que hemos colectado de las organizaciones ligadas a los derechos humanos de esta población):





Apellido

Nombre

Fecha Nac.

Sit. Proc.







Arias Duval

Alberto

01/01/1939

SIN CONDENA







Sasiain

Juan Bautista

22/01/1927

SIN CONDENA




Suárez Mason

Carlos Guillermo

24/01/1924

CON CONDENA




Tocho

Mario Oscar

 

 







Becerra

Víctor David

15/06/1934

CON CONDENA







Ibarra

Emilio Jorge Fernando

 

SIN CONDENA







Cruciani

Santiago

 

SIN CONDENA




Mendía

Luis María

21/04/1925

SIN CONDENA




Vilas

Adel Edgardo

20/06/1925

SIN CONDENA




Cincotta

Eduardo

 

SIN CONDENA







Hoya

Santiago Manuel

16/02/1924

CONDENADO







Bercellone

Carlos

 

SIN CONDENA







Fiorillo

Juan

 

SIN CONDENA




Tabernero

Reinaldo

05/05/1923

SIN CONDENA




Jaime

Mario Alberto

26/05/1949

SIN CONDENA




Penna

Oscar Antonio

 

SIN CONDENA




Pretti

Valentín Milton

 

SIN CONDENA




Lambruschini

Armando

15/06/1924

SIN CONDENA







Marcote

Mario Alfredo

 

 







Del Cerro

Juan Antonio

 

SIN CONDENA







Cattaneo

Alberto Luis

04/04/1929

 







Larreteguy

Jorge Alcides

06/01/1930

SIN CONDENA







Regueiro

Miguel Angel

 

SIN CONDENA







Whamond

Francis Williams

10/02/1930

SIN CONDENA







Ferrer

Jorge Osvaldo

26/01/1933

SIN CONDENA




González Naya

Arturo Felix

 

SIN CONDENA




Suárez Mason

Carlos Guillermo

24/01/1924

 




Pelejero

Arturo Enrique

25/12/1949

SIN CONDENA




Ferreyra

Mario

17/06/1945

SIN CONDENA







Farachi

 

 

SIN CONDENA







Nicastro

Ricardo

 

SIN CONDENA




Wehner

Rodolfo Enrique Luis

10588

SIN CONDENA




Del Cerro

Juan Antonio

 

 




Eklund

Gustavo Adolfo

 

SIN CONDENA




Marcote

Carlos Vicente

 

SIN CONDENA




Neuendorf

Alberto

 

SIN CONDENA




Scifo Modica

Ricardo Raúl

 

SIN CONDENA




Saccone

Víctor Hugo

 

SIN CONDENA













 







Molina

Francisco Javier

12/10/1931

SIN CONDENA







Tetzlaff

Herman Antonio

28/06/1939

SIN CONDENA







Malagamba

Jorge Pedro

03/02/1932

SIN CONDENA







Cattaneo

Alberto Luis

04/04/1929

EN JUICIO







Musere Quintero

Jose Martín

02/12/1947

SIN CONDENA







Becerra

Víctor David

15/06/1934

 







Feced

Agustín

 

SIN CONDENA







Marcote

Mario Alfredo

 

 







Suárez Mason

Carlos Guillermo

24/01/1924

 







Cattaneo

Alberto Luis

04/04/1929

 







Valussi

Alberto Horacio

15/12/1940

SIN CONDENA







Cardozo

José Maria

01/01/1944

SIN CONDENA




Flores Leyes

Carlos

 

SIN CONDENA




Tocho

Mario Oscar

 

SIN CONDENA







Gaitan

Rubén Ignacio

16/02/1952

SIN CONDENA







Gazari Barroso

Julian

08/11/1928

SIN CONDENA







Ramirez

Carlos Alberto

16/09/1927

SIN CONDENA




Plechot

Andres Luis

30/09/1933

SIN CONDENA







Rearte

Jorge Eusebio

05/03/1936

SIN CONDENA




Navone

Paul Alberto

23/02/1946

SIN CONDENA







Marcote

Mario Alfredo

01/12/1949

SIN CONDENA







Marcote

Mario Alfredo

 

 






Pérez


Juan Carlos

 

SIN CONDENA







Becerra

Víctor David

15/06/1934

 







Gonzalez Naya

Arturo Felix

 

 







Forbice

Mario José Osvaldo

19/08/1929

SIN CONDENA







Febres

Hector Antonio

 

SIN CONDENA







Benazzi

Miguel Angel

17077

SIN CONDENA







Pazo

Carlos Jose

01/12/1939

SIN CONDENA




Suárez del Cerro

Leopoldo Alfredo

26/04/1928

SIN CONDENA




D'Imperio

Luis Nicolas José

11/01/1941

SIN CONDENA




Perren

Jorge Enrique

09/10/1939

SIN CONDENA




Remotti

Rodolfo Antonio

01/01/1928

SIN CONDENA




Eyzaguirre

Omar Alfonso

01/01/1955

SIN CONDENA




Anaya

Jorge Isaac

27/09/1926

SIN CONDENA




Lynch Jones

Gustavo Alberto

23/08/1932

SIN CONDENA




Molinari

Antonio Francisco

21/09/1928

SIN CONDENA







Thomas

Carlos Alcides

 

SIN CONDENA







Vaquero

José Antonio

19/12/1924

SIN CONDENA







Villarreal

José Rogelio

04/05/1926

SIN CONDENA







Palavecino

Carlos Vicente

 

SIN CONDENA







Torres

Carlos Alberto

30/03/1929

SIN CONDENA







Vildoza

Jorge Raul

19/07/1930

SIN CONDENA







Barroso

Eugenio Antonio

25/05/1923

SIN CONDENA







Devoto

Ataliva Félix Fernando

 

SIN CONDENA







Estevez

 

 

SIN CONDENA







Galtieri

Leopoldo Fortunato

15/07/1926

SIN CONDENA







Chamorro

Ruben Jacinto

07/06/1926

SIN CONDENA







Suppicich

José Antonio

10211

SIN CONDENA







Peyon

Fernando Enrique

1949

SIN CONDENA







Hirschfeldt

Jose Alberto

 

SIN CONDENA







Esposito

Eduardo Alfredo

9701

SIN CONDENA







Fariña

Jorge Alberto

15462

CON CONDENA







Cremona

Luis Hugo

03/05/1932

SIN CONDENA







Zimmermann

Albino Mario Alberto

15/09/1933

SIN CONDENA







Suarez Nelson

Jorge Ezequiel

15/05/1928

SIN CONDENA







Capanegra

Julian Eduardo

31/10/1928

SIN CONDENA







Marcellini

Domingo Manuel

10/06/1930

SIN CONDENA







Ceniquel

Wenceslao

 

SIN CONDENA







Marco

Alfredo Eugenio

05/11/1942

SIN CONDENA







Jáuregui

Luciano Adolfo

05/06/1951

SIN CONDENA







Cáceres Monie

Miguel Alberto

19/09/1952

SIN CONDENA







Alturria

Reinado Martin

12/04/1929

SIN CONDENA







Amarante

Juan Jose

06/03/1944

SIN CONDENA







Anadón

César Emilio

27/08/1929

SIN CONDENA







Arenas

Luis Donato

28/06/1936

SIN CONDENA







Bellene

Julio César

06/02/1931

SIN CONDENA







Carballo

Carlos Marcelo

 

SIN CONDENA







Rovira

Miguel Angel

 

SIN CONDENA







Almiron

Rodolfo Eduardo

 

SIN CONDENA







Cardena

Miguel Angel

 

SIN CONDENA







Cobutta

Oscar Alberto

17/12/1927

SIN CONDENA







Correa

Nicolás

 

SIN CONDENA







Fernández

Ricardo

 

SIN CONDENA







Franco

Claudio Alberto

 

SIN CONDENA







Liaño

Juan Carlos

 

SIN CONDENA







Sabadini

Luis Antonio Segundo

 

SIN CONDENA




 

PERSONAS DE MAS DE 70 Y MAS DE 80 AÑOS MANTENIDOS EN PRISION:

Tepedino, Carlos Alberto 83 años de edad, alojado en Marcos Paz.

Riveros, Santiago Omar, alojado en Marcos Paz.

García Osvaldo, alojado en Marcos Paz,

Bignone Reynaldo, Marcos Paz

Guañabens Perelló, Marcos Paz.

Cagiano Tedesco, Marcos Paz.


A ellos se agregan los casos de Jorge Rafael Videla, de Luciano Benjamín Menéndez y otros presos alojados en el interior del país.
Algunos de ellos gozaron en algún momento de detención domiciliaria cumpliendo en todos los casos los preceptos de seguridad impuestos por los Tribunales, pero al comenzar los juicios orales se les agravaron las condiciones de detención enviándolos a esa prisión donde, como dijéramos, se los traslada de una forma que significa una mortificación absolutamente innecesaria.
Los costos económicos per cápita de estos traslados, son tres veces mayores a los que se incurriría en caso de enviarlos desde sus domicilios con escolta policial, en el más costoso de los autos de alquiler.

La medida del agravamiento de la detención no tiene asidero ni en la ley, ni en los reglamentos judiciales, ni en normas de seguridad. Es una mortificación injustificada y costosa -en muchos aspectos- para el Estado Nacional.


ALGUNOS DE LOS CASOS VERIFICADOS QUE SIRVEN PARA ILUSTRAR LA GENERALIZACION Y GRAVEDAD DE LA SITUACION:
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