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Flores, jorge eduardo c. Ahumada, daniel eduardo


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CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 1A NOMINACIÓN DE CÓRDOBA

FLORES, JORGE EDUARDO C. AHUMADA, DANIEL EDUARDO

31/03/2009

Voces

DAÑO ~ DAÑOS Y PERJUICIOS ~ DEBERES DEL ESCRIBANO ~ ESCRIBANO ~ EXIMICION DE RESPONSABILIDAD ~ PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD ~ PRUEBA ~ RELACION DE CAUSALIDAD ~ RESPONSABILIDAD DEL ESCRIBANO ~ RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 1a Nominación de Córdoba

Fecha: 31/03/2009

Partes: Flores, Jorge Eduardo c. Ahumada, Daniel Eduardo

Publicado en:  La Ley Online

Cita Online: AR/JUR/13685/2009

Hechos

La sentencia de primera instancia rechazó la acción de daños y perjuicios promovida por el vendedor de un inmueble contra el escribano interviniente en la operación, imputándole un supuesto desempeño deficiente en su transcurso. Contra dicho pronunciamiento se alzó el accionante. La Alzada rechazó el recurso interpuesto confirmando el pronunciamiento impugnado.



Sumarios

  1. 1 - Debe rechazarse la acción de daños y perjuicios derivados de la mala praxis profesional que el vendedor de un inmueble dedujo contra el escribano interviniente en la operación de compra venta, por la supuesta deficiente confección de la escritura pública de venta pues si bien se acreditó que el profesional omitió consignar la existencia de un embargo que recaía sobre el bien, no logró probarse que ello causara el daño cuya reparación se pretende, ni la relación de causalidad entre la omisión y el perjuicio alegado.

TEXTO COMPLETO:



2ª Instancia. — Córdoba, marzo 31 de 2009.

1ª ¿Procede el recurso de apelación de la parte actora? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

1ª cuestión. — El doctor Julio C. Sánchez Torres dijo:

1. Llegan los presentes autos a este Tribunal de Grado en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia que luce a fs. 152/160, concedido a fs. 168.

2. Radicados en esta sede e impreso el trámite de rigor, el apelante expresa agravios a fs. 176/179 vta. quejándose por los siguientes motivos, a saber: a) porque adelante la conclusión y construye la fundamentación a partir de aquella, lo cual constituye un grave vicio lógico; b) porque sienta la conclusión y luego la funda. Dice el quejoso que el actor en el sub examine creyó vender un inmueble sobre el que pesaban únicamente los gravámenes relacionados originariamente en la escritura, configurándose el error por parte del escribano demandados al omitir relacionar, lo que configura a juicio del apelante una equivocación grave que impide conocer al vendedor el verdadero estado del inmueble que transfiere, a lo que debe añadirse que la falta de comunicación por parte del escribano al vendedor privó a éste de cobrar prácticamente todo el precio; c) porque no se advierte que fue restringido el derecho de defensa del apelante. Sostiene que por el error del demandado tuvo su dinero inmovilizado, sin generar rentas lo cual constituye el nexo de causalidad; d) porque se omitió considerar todos los términos de la litis. El fallo apelado nada dice de la mala praxis profesional. Manifiesta el quejoso que el error resulta imputable al demandado, ya que la omisión incurrida es un caso de mala praxis profesional, atento haberse confeccionado una escritura cuyo texto no coincide con la realidad registral. Añade que el demandado insertó la nota marginal luego de firmada la escritura y sin dar conocimiento de ella a los firmantes, remarcando que esta conducta del profesional le privó de tomar una decisión voluntaria, ya que se coartó la posibilidad de dejar sin efecto la compraventa, o de realizarla en otros términos. Pide en definitiva se haga lugar al recurso planteado, con costas.

3. A fs. 180 se corre el traslado de rigor, el que es contestado a fs. 182/184 vta. solicitando en su responde que el remedio intentado por la demandante se rechace, con costas. Dictado el decreto de autos, firme, la causa queda en condiciones de ser resuelta.

4. Ingresando a la cuestión traída a decisión de este Tribunal de Grado, se advierte que el agravio vertido por la parte actora radica en el rechazo de la demanda en contra del demandado, fundada en la mala praxis profesional de éste último al confeccionar la escritura pública de venta.

5. Sobre el particular, se atribuye al accionado la omisión de consignar en el instrumento público que contenía al negocio jurídico compraventa, un gravamen que recaía sobre el inmueble del vendedor, actor en el sub lite.

6. Ahora bien, los dos primeros agravios se refiere a la construcción de la sentencia por parte del Juez a quo. En este sentido, el apelante se queja porque el Magistrado comenzó por la conclusión y luego expuso su fundamento. Esta afirmación que resulta cierta, en nada desmerece el fallo impugnado. De una detenida lectura de la resolución dictada, se advierte que el sentenciante ha dado las razones por las cuales estima que no debe admitirse la demanda entablada en contra del escribano demandado.

7. El tercer agravio del actor referido a la imposibilidad de ejercer un adecuado derecho de defensa (art. 18 C. Nacional), carece de apoyatura, desde que tener el dinero inmovilizado sin generar rentas de ningún tipo, o soportar dos juicios debiendo pagarlos a ambos pleitos (ver fs. 178), constituyen situaciones que no tienen vinculación causal con la omisión del escribano actuante (art. 901 C.C.). La existencia de embargos que debiere soportar el demandante no pueden ser atribuidos al escribano que omitió referir uno de ellos en la escritura de compraventa.

8. La restante queja de la parte actora en rigor deben correr igual suerte que las anteriores. Es que la omisión del profesional interviniente constituye un hecho que ha sido reconocido por el demandado, ya que se ha dicho que no se consignó en la escritura pública que luce en fotocopia a fs. 1/3 que el vendedor (actor recurrente), tenía un embargo sobre la propiedad que precisamente se transfería por el negocio jurídico que se instrumentaba mediante la intervención del demandado. Se probó asimismo que por nota marginal se pretendió subsanar dicha omisión, nota que no tuvo en su poder el demandante.

9. Ahora bien, como lo ha sostenido la Juez a quo, si bien la omisión ha sido acreditada, no se ha probado en el sub lite que ella hubiere causado el daño cuya reparación aquí pretende la parte actora. Se ha quejado el accionante porque nada se ha dicho sobre la mala praxis del escribano frente a la omisión incurrida. Más, en ningún momento el recurrente revirtió la aseveración de la Juzgadora en el sentido que el sub judice no se encontraban reunidos los presupuestos de la responsabilidad civil (ver fs. 157 vta.).

10. Precisamente, de la demanda impetrada, especialmente de fs. 55 vta. se lee que el escribano accionado omitió dar razón en el momento de la escritura de la existencia de ese embargo, ni tampoco lo informó; y sigue diciendo que si el actor hubiere conocido la existencia de esa cautelar no hubiere firmado la escritura, atento que el monto coincidía virtualmente con la cantidad que el demandante debía cobrar, privándolo de deshacer la venta (ver fs. 60).

11. Se advierte fácilmente que no surge demostrado ni la relación causal entre la omisión atribuida al notario y el perjuicio que se le reclama; tampoco se probó el daño (art. 1067 C. Civil). La afirmación vertida por el quejoso en el aspecto que de haber conocido la cautelar no firmaba la escritura pública técnicamente no constituye daño patrimonial, entendido como menoscabo o privación en el goce de intereses patrimoniales. La imposibilidad de resolver el contrato de compraventa suscripto por el actor y los compradores tampoco engasta en lo que debe sostenerse por daño patrimonial.

12. El art. 1074 del ordenamiento sustancial es claro cuando menciona que la omisión que causare un perjuicio es la que da lugar al nacimiento de la responsabilidad de aquél que, debiendo respetar una determinada conducta, la omite. De tal modo que, si no se genera un perjuicio, la omisión del agente no da lugar a la responsabilidad.

El doctor Guillermo P. B. Tinti dijo:

Por considerar correctos los fundamentos expuestos por el Sr. Vocal preopinante, adhiero en un todo a los mismos.

El doctor Mario Sársfield Novillo dijo:

Adhiero a los fundamentos expuestos por el Sr. Vocal de primer voto, Dr. Sánchez Torres, votando en consecuencia en idéntico sentido.

2ª cuestión. — El doctor Julio C. Sánchez Torres dijo:

Por todo lo dicho, soy de opinión que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora debe rechazarse, confirmándose el pronunciamiento apelado en todo aquello que fue motivo de agravio.

Las costas de esta sede se imponen a la recurrente por resultar vencida (art. 130 C.P.C.). Asimismo, se fija el porcentaje de los estipendios del Dr. Gustavo Alejandro Bono en el cuarenta por ciento (40%) del punto medio de la escala del art. 36 de la Ley arancelaria.

El doctor Guillermo P. B. Tinti dijo:

Adhiero a las conclusiones a las que arriba el Sr. Vocal preopinante, votando en consecuencia en idéntico sentido.

El doctor Mario Sársfield Novillo dijo:

Por considerar correctas las conclusiones arribadas por el Sr. Vocal de primer voto, Dr. Sánchez Torres, adhiero en un todo a las mismas.

Atento el resultado de los votos emitidos SE RESUELVE: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmándose el pronunciamiento apelado en todo aquello que ha sido motivo de agravio. II) Las costas de esta instancia se imponen al recurrente, fijándose el porcentaje de los honorarios del Dr. G. A. B. en el cuarenta por ciento (40%) del punto medio de la escala del art. 36 de la Ley arancelaria. — Mario Sársfield Novillo. — Julio C. Sánchez Torres. — Guillermo P. B. Tinti.
 

 

 



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