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Filosofia del derecho


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UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

FILOSOFIA DEL DERECHO

Lectura Nº 5

CONCEPCIONES DEL DERECHO DEL SIGLO XX1

Las concepciones del Derecho del si­glo XX que ahora vamos a examinar en forma necesariamente sintética se refieren únicamente a los Derechos de tipo occidental. Sin embargo, como anteriormente se ha visto, en estos países están en vigor ordenamientos jurídicos pertenecientes a dos sistemas o familias de Derechos (el civil law -el Derecho continental europeo que informa también los ordenamientos latinoamericanos- y el common law, el de los países anglosajones) con institucio­nes, modelos de enseñanza, estilos argumentativos, etc., dife­rentes que, obviamente, condicionan la forma de entender el Derecho.

Por ejemplo, los juristas del common law propenden a una visión más empírica y casuística, frente a las visiones de porte más sistemático de los juristas del Derecho continental.

El common law tiende a realzar la figura del juez y el carácter comunitario -el elemento de la tradición- en el Derecho, mientras que en el civil law el Derecho suele ver más bien desde la perspectiva del legislador: el Derecho es, sobre todo, Derecho legislado, creado por la autoridad política.

Frente a la contraposición iusnaturalismo-iuspositivismo que ha domina­do en las concepciones del Derecho continental europeo, en el common law la oposición es más bien entre concepciones formalistas y realistas; por algo, como luego veremos, el realismo jurídico surge básicamente en los Estados Unidos (un país de common law) y en Escandinavia (donde el Derecho romano tuvo una escasa influencia).

Por otro lado, dentro incluso de los países del common law, la cultura jurídi­ca norteamericana se considera que es mucho menos forma­lista que la inglesa (de hecho, el realismo jurídico norteamericano no parece haber influido gran cosa en los juristas ingleses).

A pesar de todas esas diferencias, parece que puede convenirse en que la mayor parte de las concepciones del Dere­cho del siglo xx caben dentro del realismo, del normativismo o del iusnaturalismo, o bien consisten en alguna combinación de esos tres modelos básicos.

No se parte, pues, de la quizás más usual contraposición entre iuspositivismo y iusnaturalismo, pero simplemente por considerar que tanto el realismo (aunque a veces se haya presentado como una alternativa frente al ius­naturalismo y al iuspositivismo -que serían dos formas de "idealismo" jurídico-) como el normativismo son formas del positivismo jurídico. Dicho de manera muy rápida (y necesaria­mente imprecisa), cada una de esas tres concepciones tiende a ver el Derecho como comportamiento, como fenómeno norma­tivo o como realidad axiológica, o por lo menos a subrayar, como elemento determinante de lo jurídico, alguna de esas tres dimensiones.

De ahí que dentro de cada una de esas concepcio­nes pueda hablarse de versiones extremas o moderadas; y que, desde la segunda mitad del siglo, hayan surgido no pocas visio­nes "trialistas" del Derecho que tratan de tomar en cuenta esas tres dimensiones -hecho, norma y valor- para integradas en una especie de concepción superior (una Jurisprudencia o cien­cia integral), o bien para adscribir a una ciencia o saber jurídi­co distinto el estudio de cada uno de esos tres aspectos.

De todas formas, realismo, normativismo y iusnaturalismo no permiten ofrecer un panorama completo de lo que han sido las concepciones del Derecho del siglo xx. Por un lado, queda fuera el formalismo jurídico, el formalismo de los juristas, en cuanto concepción del Derecho que dio lugar --como reacción frente a ella- a las diversas direcciones realistas, pero que no ha dejado de tener 'vigencia a lo largo de todo el siglo. Por otro lado, el anterior esquema clasificatorio no incluye tampoco la visión marxista del Derecho, que lleva en cierta forma a recha­zar todas las anteriores aproximaciones; el marxismo supone, en principio, una concepción escéptica del Derecho. Y, final­mente, me parece que las formas de entender el Derecho que se están generando en los últimos años del siglo xx (una tendencia que empieza a notarse desde los años setenta) no se adecuan del todo al anterior panorama, aunque quizás quepa hablar más bien de una continuidad, con respecto a las anteriores con­cepciones, que de una ruptura.



EL FORMALISMO JURÍDICO

De formalismo jurídico se habla en mu­chos sentidos, pero casi siempre con una connotación peyorativa; el formalismo -o esa forma de entenderlo- es, cabría decir, una actitud, un estilo, que puede detectarse en la práctica del estudio, de la ela­boración sistemática, de la aplicación o de la interpretación del Derecho, pero raramente, en nuestros días, una concepción teórica asumida conscientemente.

Conviene, sin embargo, dis­tinguir dos tipos de formalismo. Uno es el formalismo entendi­do, no como una concepción del Derecho, sino como un ele­mento consustancial al mismo, al Derecho moderno. Es lo que Max Weber llamó "racionalidad formal" que, expresado en otro lenguaje, consiste en el hecho de que, para los juristas de nues­tra cultura, las razones para la acción que nos suministra el De­recho son, en su mayoría, razones de tipo excluyente o perento­rio; esto es, las normas generales (dirigidas a clases de sujetos) y abstractas (regulan clases de acciones) suministran, por un lado, razones para llevar a cabo un curso de acción (sin tomar en consideración los aspectos particulares de los casos concre­tos) pero, al mismo tiempo, son también razones de segundo grado para no considerar las otras razones que pudieran existir en favor o en contra de lo prescrito en la norma. De todas formas, en los Derechos contemporáneos parece existir (sin anular lo anterior) una tendencia a la "materiali­zación" del Derecho, esto es, al particularismo jurídico en la creación del Derecho y a la utilización de razones materiales -no formales o basadas en una autoridad- por parte de los órganos aplicadores del Derecho.

Asumir una concepción formalista del Derecho ha de im­plicar, pues, algo más que lo anterior, aunque no sea fácil decir qué. A veces se identifica -o, por lo menos, se vincula en for­ma necesaria- positivismo y formalismo, pero esto no parece aceptable: se puede ser positivista sin ser formalista (es el caso del positivismo analítico o del positivismo de los realistas) y se puede también ser formalista sin ser positivista (como ocurre con no pocos juristas dogmáticos que practican un formalismo a veces extremo -según la caracterización que en seguida ve­remos- pero no tienen empacho en declararse iusnaturalistas). En realidad, si se entiende el positivismo jurídico no propia­mente como una teoría, sino como un "hecho histórico" (la consideración del Derecho como el orden real e individualizado que conforma efectivamente las relaciones humanas en una co­munidad y en un momento determinado, como un concepto en lugar de como una concepción, el formalismo jurídico vendría a ser, simplemente, una de las di­recciones positivistas; si se quiere, una "desviación" del positi­vismo o, quizás más exactamente, la acentuación de uno de sus componentes básicos.

En efecto, las tres grandes corrientes con que se inicia la ciencia jurídica moderna a comienzos del XIX (la escuela histórica alemana, la escuela francesa de la exégesis y la jurisprudencia analítica inglesa) parten -como vimos en un ca­pítulo anterior- del concepto de Derecho positivista y dan lu­gar a tres concepciones formalistas del Derecho: el formalismo conceptual, que reduce el Derecho a un sistema de conceptos, a "formas" que no darían cuenta de la singularidad histórica, de los contenidos, de cada Derecho; el formalismo legal, que iden­tifica el Derecho con la ley general y abstracta de origen estatal; y el formalismo jurisprudencia, que limitó el estudio del Dere­cho, del common law, a unos pocos casos judiciales de los que podrían desprenderse los principios y doctrinas generales en que consiste verdaderamente el Derecho.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMALISMO

Dado que este último -el formalismo jurisprudencial- parece ser el menos formalista de los formalismos, los rasgos que lo caracterizan (interpretados con cierta libertad) pueden servimos para dar cuenta del fenómeno en general. Las tesis (o los "defectos") del formalismo serían éstas:

1) El Dere­cho es un sistema completo y coherente, capaz de dar una respuesta correcta a toda cuestión jurídica; de ahí se deriva, entre otras cosas, una tendencia a privilegiar la analogía como proce­dimiento para resolver los nuevos casos a partir del Derecho -jurisprudencial o legal- ya existente, en lugar de considerar las razones sustantivas de tales casos.

2) Sólo los legisladores, y no los tribunales, pueden crear Derecho, como consecuencia de la doctrina de la división de poderes, que será un atributo in­herente y necesario de cualquier sistema jurídico (incluido el common law).

3) El Derecho tiene -o debería tener- un ca­rácter esencialmente estático; los cambios legislativos deben re­ducirse al mínimo y no implicar, en la medida de lo posible, una ruptura con respecto al Derecho ya existente (en otro caso, difícilmente podría hablarse de "seguridad jurídica" que, para el formalismo, constituye el valor supremo).

4) El Derecho váli­do, el "verdadero Derecho", consiste en reglas generales, tal y como aparecen formuladas en los "libros jurídicos", bien se trate de códigos, obras doctrinales o recopilaciones jurispru­denciales ("case-books").

5) El Derecho es tanto más perfecto cuanto mayor es su grado de generalidad y abstracción; en consecuencia, una tarea esencial de la ciencia jurídica es la de reducir, u ordenar, la materia jurídica a partir de unos pocos conceptos de elevado grado de abstracción.

6) Los conceptos jurídicos poseen una "lógica interna" que permite deducir de ellos soluciones sin necesidad de recurrir para ello a elemen­tos extrajurídicos, esto es, a argumentos que tengan en cuenta las consecuencias sociales de una determinada decisión, o bien cómo la misma afecta a valores de tipo moral.

7) Las de­cisiones judiciales sólo pueden justificarse deductivamente, esto es, según el esquema del silogismo subsuntivo que re­quiere, como premisa mayor, una norma de tipo general y abs­tracto, y, como premisa menor, los datos fácticos del caso que se "subsumen" en el supuesto de hecho de la norma, para in­ferir de ahí, como conclusión, la consecuencia jurídica previs­ta en la norma.

8) La certeza y la predecibilidad (la seguridad jurídica) son los máximos ideales jurídicos.

Al anterior esquema podría añadirse todavía estas tres no­tas:

9) El formalismo entiende la interpretación como una ope­ración cognoscitiva, consistente en describir el significado obje­tivo de un texto o la voluntad subjetiva de su autor, de manera que no queda espacio alguno para la discrecionalidad del intér­prete.

10) El formalismo no es una concepción del Derecho que se adecue a una sociedad en transformación (del tipo que sea): por eso se explica que en los Estados Unidos fueran los jueces formalistas los que se opusieron a la política del New Deal de los años treinta, pero también que el formalismo no haya hecho buenas migas con el absolutismo político: el decisionismo jurí­dico de Carl Schmitt -la figura más importante del pensa­miento jurídico durante la etapa del nacionalsocialismo-, con su reducción del Derecho a la política, es algo así como la con­trafigura del formalismo.

11) El formalismo concibe el Dere­cho, en último término, como algo sagrado, como un fin en sí mismo: de ahí que ensalce los valores internos al Derecho -a cualquier Derecho-: el orden y la seguridad; que prescinda de cuáles puedan ser sus funciones sociales; que aísle --o pretenda aislar- el Derecho de la política; y que excluya la posibilidad de la crítica moral al Derecho simplemente porque reduce lo justo a lo jurídico.



EL NORMATIVISMO

TIPOS DE NORMATIVISMO

El normativismo -la idea de que el De­recho consiste fundamentalmente en normas- es la concepción seguramente más difundida del siglo xx y, sin duda, la más desarrollada desde el punto de vista teórico. Hay, ob­viamente, muchos tipos de normativismo, puesto que las nor­mas se pueden entender de diversas maneras, existen muchos tipos de normas (y de normas jurídicas) y cabe ofrecer tam­bién visiones diferentes sobre las relaciones de las normas con la fuerza, con la conducta humana, con los valores, etc. A pe­sar de esto (y de que el "normativismo" es muchas veces una concepción "difusa" del Derecho que puede combinarse -en dosis e intensidades variables- con muchas otras), quizás sea posible reducir todos los tipos de normativismo del siglo xx a dos modelos básicos: el normativismo formalista de Hans Kel­sen y el normativismo analítico (o positivismo analítico) re­presentado de manera paradigmática por la obra de Herbert L. A. Hart.

Las concepciones del Derecho de Kelsen y de Hart difieren en muchos aspectos de importancia no secundaria, pero hay también coincidencias esenciales que les separan tanto de los iusnaturalistas como de los realistas. Kelsen y Hart son autores positivistas que parten de la idea de que una cosa es describir o explicar lo que es el Derecho y otra valorado moralmente; igualmente, les separa del iusnaturalismo -o de la mayor par­te de los iusnaturalistas- la idea de que el Derecho es creado y modificado exclusivamente por actos humanos. Con el realismo (especialmente con el americano), aparte de que Kelsen y Hart pongan el acento en las normas, en lugar de en la conducta de los jueces, les diferencia la forma de aproximarse al Derecho: aunque también ellos entiendan que el Derecho tiene un carác­ter exclusivamente instrumental o, como dice Kelsen, que es una "técnica de organización socia!", no es esto, es decir, no son los aspectos prácticos lo que les interesa de manera fundamen­tal, sino más bien avanzar en el conocimiento del Derecho; ca­bría decir que su enfoque del Derecho no es técnico o tecnoló­gico, sino científico; en el caso de Kelsen, podría decirse inclu­so que, para él, el Derecho es una realidad que existe para ser conocida plenamente (en sus aspectos formales) por la ciencia o la teoría del Derecho.

EL NORMATIVISMO (POSITIVISMO) FORMALISTA: H. KELSEN

Kelsen es el mayor jurista del siglo xx, y autor de una elaboradísima concepción del Derecho -la teoría pura del Derecho, que formula en los años treinta; la se­gunda y definitiva edición es de 1960- ­de impresionante coherencia interna. Su concepción del Dere­cho presenta, sin duda, algunos rasgos en común con el forma­lismo jurídico tradicional: por ejemplo, la idea de que un siste­ma jurídico es completo -carente de lagunas-, la importancia de construir un sistema de conceptos, de considerar al Derecho como un sistema cerrado con respecto a la sociedad, etc. Pero se diferencia radicalmente del formalismo en la manera de en­tender la interpretación y la aplicación del Derecho.

Para Kelsen, el componente fundamental -y, en cierto modo, único-- del Derecho son las normas; exactamente, las normas coactivas. Las normas no pertenecen al mundo del "ser", sino al del "deber ser"; no establecen cómo alguien se comporta, sino cómo debe comportarse. La estructura de una norma jurídica es de tipo condicional o hipotético: "si es A, en­tonces debe ser B", donde B significa la sanción y A el acto ilí­cito. A partir de aquí, pueden definirse otros conceptos básicos del Derecho como los de responsabilidad, deber jurídico, dere­cho subjetivo, etc.

Ahora bien, el Derecho puede contemplarse no sólo desde un punto de vista estático (como un conjunto de normas), sino también desde una perspectiva dinámica, esto es, como la serie de actos mediante los cuales el Derecho es creado y aplicado. Desde este segundo punto de vista, el Derecho tiene la particula­ridad de que regula su propia creación y aplicación; en la termi­nología puesta de moda por el sociólogo Niklas Luhmann, es un sistema autopoiético. El Derecho aparece ahora como una es­tructura de tipo jerárquico, en la que cabe distinguir diversas gradas: la constitución, la legislación, la jurisdicción ... Ese análi­sis muestra, según Kelsen, que la oposición entre creación y apli­cación del Derecho es simplemente relativa: la mayor parte de los actos jurídicos lo son tanto de creación como de aplicación del Derecho: aplican una norma de grado superior y crean una de grado inferior; las únicas excepciones son, por abajo, los actos de ejecución que son mera aplicación de normas individuales y, por arriba, la norma que ocupa el vértice de la pirámide que, ob­viamente, no puede ser aplicación de ninguna otra.

La coacción juega un papel fundamental en esta concep­ción, pues si la normatividad es el género al que pertenece el De­recho, la coactividad es su diferencia específica con respecto a otros órdenes normativos, como el de la moral. Pero además, el Derecho aparece como una organización de la fuerza; esto es, el Derecho se atribuye el monopolio de la fuerza, de manera que cualquier acto de coacción no autorizado por el Derecho es un acto ilícito. Un aspecto particularmente importante de esa ma­nera de entender las relaciones entre el Derecho y la fuerza es la identificación que efectúa Kelsen del Derecho con el Estado (que también sería un conjunto de normas). El dualismo tradicional entre Derecho y Estado (y lo mismo cabe decir de otros dualismos, como el que se da entre el Derecho objetivo -en cuanto conjunto de normas- y el derecho subjetivo, o entre el Derecho positivo y el Derecho natural) cumple para Kelsen tan sólo una función de tipo ideológico: contribuir a legitimar el Estado por medio del Derecho.

En materia de moral, Kelsen es relativista. Existen, claro está, juicios morales, pero éstos tienen carácter meramente re­lativo; pretender absolutizarlos es irracional, y de ahí que, para Kelsen, la justicia -que tiende a presentarse como un valor ab­soluto- constituya un "ideal irracional". La tesis de que un or­den social inmoral no constituye Derecho es inaceptable, pues presupone que existe una moral absoluta, válida para todo tiempo y lugar. Ello está ligado a dos cuestiones de gran impor­tancia: una es que, para Kelsen, el Derecho puede tener cual­quier contenido; la otra es que los únicos valores que pueden considerarse internos al Derecho son de carácter formal: el or­den (que protege a los individuos del uso de la fuerza por parte de los otros), la seguridad colectiva y la paz (que, de todas for­mas, es sólo relativa, pues el Derecho no asegura la ausencia del uso de la fuerza).

Un aspecto fundamental de la concepción kelseniana del Derecho es su pretensión de construir una teoría pura del Dere­cho, de elevar la Jurisprudencia al estadio de ciencia rigurosa. Para ello parte de la idea neokantiana de que la ciencia "cons­truye" (desde el punto de vista epistemológico) su objeto, lo cual supone someter al Derecho a un doble proceso de depura­ción. En primer lugar, hay que separar las normas de los hechos y, por tanto, la ciencia jurídica -como ciencia normativa-, de las ciencias factuales; estas últimas establecen relaciones de causalidad entre hechos (naturales o sociales) que se traducen en enunciados de ser ("si es A, entonces es B"), mientras que las ciencias normativas enlazan una conducta con su consecuencia mediante un tipo de conexión al que llama imputación ("si es A, entonces debe ser B"). El segundo paso consiste en separar el Derecho, como fenómeno normativo, de la moral o de la políti­ca, y la ciencia del Derecho, de la política jurídica. Hemos visto que el Derecho también es un deber ser, consiste en normas, pero las normas jurídicas son, para Kelsen, el significado obje­tivo de ciertos actos, mientras que los juicios morales, los juicios sobre lo que debería ser el Derecho -sobre el Derecho jus­to-, tienen sólo un significado subjetivo, son ideológicos. Bien entendido, Kelsen no pretende que el Derecho sea puro, ajeno a la sociedad y al poder político; 10 que ha de ser puro es su co­nocimiento, la ciencia del Derecho.

Lo que dota de objetividad a las normas de un sistema ju­rídico es su validez. A diferencia de otros sistemas normativos, como el de la moral, que son estáticos (la validez de sus normas proviene de su contenido), el Derecho -como se ha visto-- es un sistema dinámico que regula su propia creación: una deter­minada norma es válida si ha sido creada en conformidad con los procedimientos establecidos en otra norma de grado supe­rior, lo que nos lleva hasta una última norma cuya validez no puede derivarse ya de otra superior: la norma fundamental. Ésta (la Grundnorm) no es ya una norma puesta, establecida por un acto humano, sino presupuesta por el científico del De­recho. El jurista teórico tiene que aceptar esa norma funda­mental (que prescribe la obligación de obedecer el Derecho po­sitivo) para dar unidad al Derecho y poder explicarlo; pero, se­gún Kelsen, se trata de una aceptación meramente hipotética y relativa: se hace por motivos meramente científicos y no impli­ca ningún compromiso de tipo moral. Ahora bien, puesto que 10 que permite delimitar el Derecho del no-Derecho es la validez (que se define en términos formales: una norma es válida si ha sido establecida según los procedimientos fijados en las normas superiores), se plantea el problema de que pueda considerarse como Derecho a normas que carezcan de eficacia (las normas "sobre el papel" de los realistas). Para evitarlo, Kelsen establece un "principio de eficacia", según el cual, la norma fundamental sólo es supuesta si el orden jurídico en su conjunto es, en cier­ta medida, eficaz; esto es, la eficacia, aunque no forme propiamente parte del criterio de la validez, es un presupuesto para ella.

Kelsen construye una teoría general del Derecho (la teoría pura) que debe dar cuenta de los conceptos básicos de todo De­recho. Además, propone un modelo de dogmática jurídica (la ciencia que se ocupa de un Derecho particular -o de un frag­mento del mismo), en cuanto disciplina: 1) normativa, en el sentido de que describe normas y lo hace normativamente (dis­tingue, pues, entre las normas --Soll-Normen- en que consiste el Derecho positivo, y los enunciados normativos --Soll-Sätze-- ­que configuran la ciencia jurídica; 2) axiológicamente neutral, objetiva, puesto que se limita a explicar el Derecho positivo, el Derecho válido, sin valorado; 3) autónoma con respecto a las ciencias sociales, a la ciencia política o a la ética.

Como ya se ha visto, Kelsen reconoce el papel creador del Derecho por parte de los jueces (o de los órganos administrati­vos), al relativizar la distinción entre la creación y la aplicación de las normas. En cuanto a la interpretación, distingue entre la interpretación auténtica, que realizan los órganos aplicadores, y la interpretación del científico del Derecho; la primera consiste en actos de voluntad que se realizan en cada momento de la apli­cación del Derecho, pues las normas son marcos abiertos a di­versas posibilidades; esto es, el Derecho, según Kelsen, está (par­cialmente) indeterminado hasta llegar al momento de la ejecu­ción, y no existen reglas del método jurídico que permitan con­ducir al intérprete a un único resultado (por eso, la seguridad jurídica no puede ser más que relativa). La actividad interpretativa del científico del Derecho, por el contrario, es puramente cog­noscitiva: él debe limitarse a poner de manifiesto los posibles sentidos de las normas, sin decantarse por ninguno de ellos.

La concepción del Derecho de Kelsen está ligada, sin duda, a la defensa del Es­tado democrático y de los valores de to­lerancia y libertad que, a su vez, se apoyan en el relativismo ético. La teoría pura del Derecho viene a ser una forma de oponerse --en el pla­no teórico- a los diversos totalitarismos del siglo xx, desde los fascismos al estalinismo. La defensa del Estado de Derecho re­sulta también clara en la concepción de Hart que, en muchos aspectos, puede considerarse como una superación del norma­tivismo formalista de Kelsen y el empirismo de los autores rea­listas; la importancia que Hart atribuye a lo que llama "normas secundarias" está conectada con la defensa del valor de autono­mía (las que confieren poderes privados) y con el principio de legalidad (las que confieren poderes públicos).

Mientras Kelsen construye una teoría normativa del Dere­cho que, sobre la base de la filosofía neokantiana, trata de dar cuenta de los aspectos formales del Derecho, de los conceptos comunes a cualquier sistema jurídico, Hart se propone elaborar una teoría del Derecho que él define como "sociología descrip­tiva", aunque, desde luego, se trata de una sociología un tanto especial [v. Coterrell, 1989]. Pues lo que Bart trata de describir, básicamente, es la manera como los juristas y la gente en gene­ral utiliza el lenguaje del Derecho. Para ello recurre a los ins­trumentos elaborados por la filosofía analítica que él entiende como un método que no sólo permite analizar el significado de las expresiones, sino también -a través de ese análisis- com­prender mejor el funcionamiento de las instituciones sociales y, en particular, del Derecho.

El punto de partida de Hart en El concepto de Derecho (su obra maestra, publicada en 1961) consiste en mostrar por qué el Derecho no puede verse simplemente como un conjunto de órdenes respaldadas por amenazas. A tal fin, introduce el con­cepto de norma social que distingue de los hábitos. En las nor­mas se darían estos dos elementos: un comportamiento regular, que también aparece en los hábitos, y que viene a constituir el aspecto externo de las normas; y la aceptación de dicho com­portamiento, que sería el aspecto interno de las normas: la aceptación supone la existencia de una cierta actitud (de apro­bación o rechazo) que se traduce en el uso de cierto lenguaje ("es obligatorio", “X tiene derecho a ... ", etc.).

Los sistemas jurídicos evolucionados se caracterizan por­que en ellos hay dos tipos fundamentales de normas, las prima­rias y las secundarias, de las que ya tratamos en un capítulo an­terior. Este tipo de normativismo le permite a Hart mantener una concepción flexible respecto a la relación entre el Derecho y la fuerza física, pues existen tipos de normas -las secunda­rias- que no llevan aparejada una sanción; la única conse­cuencia de no cumplir con los requisitos ahí establecidos sería la nulidad, esto es, el que no se consigan ciertos resultados. E, igualmente, le permite mostrar que las normas cumplen una variedad de funciones: guiar la conducta, introducir cambios sociales, resolver conflictos, etc.

Hart sostiene la tesis de la separación entre el Derecho y la moral, pero no piensa que las normas de un sistema jurídico puedan tener cualquier contenido. Él no es ya un emotivista éti­co, sino que sostiene un objetivismo mínimo que le aproxima al Derecho natural. En su opinión -y como ya se vio anterior­mente-, se pueden establecer racionalmente unos mínimos contenidos de justicia; es decir, se pueden justificar racional­mente ciertas reglas de conducta que toda organización social debe contener para ser viable (que él denomina "contenido mí­nimo de Derecho natural") y que derivan de una serie de rasgos característicos del mundo y de los hombres (como la vulnerabi­lidad humana, la igualdad aproximada de los hombres, el al­truismo limitado, los recursos limitados o la comprensión y fuerza de voluntad limitadas). Sin embargo, su concepción di­fiere del Derecho natural tradicional, pues Hart no pretende que los principios que él deriva de los anteriores rasgos tengan un carácter universal e inmutable y, además, entiende en forma distinta al iusnaturalismo las relaciones entre el Derecho y la moral; su teoría del contenido mínimo del Derecho natural per­mite explicar que exista una zona más o menos amplia de con­fluencia entre el Derecho y la moral pero, para Han, una nor­ma tiene carácter jurídico, no por razones morales, sino porque el propio ordenamiento jurídico -la regla de reconocimiento ­le otorga validez jurídica.

Hart no se preocupó mucho por construir un modelo de ciencia jurídica (la "dogmática jurídica" es fundamentalmente un producto de la Europa continental), pero elaboró una im­portante distinción entre dos tipos de discursos sobre el Dere­cho, sobre las normas, la cual se ha usado luego para aclarar en qué consiste la dogmática jurídica. Se trata de la distinción entre los enunciados emitidos desde un punto de vista interno, es decir, formulados por alguien que forma parte del grupo y acepta las normas; y enunciados emitidos desde un punto de vista externo, esto es, los que formula un observador desde fue­ra del propio ordenamiento. Los enunciados de la dogmática pertenecen al primer tipo (aunque no sean los únicos) y presu­ponen, por tanto, la noción de aceptación que, como ya hemos visto, constituye un ingrediente necesario del concepto de norma. Para que exista un ordenamiento jurídico es necesario que sea aceptado, que sea eficaz; sin embargo, es suficiente con que sea aceptado por los funcionarios y obedecido por el resto de la población en general, e incluso bastaría con que fuese aceptada su regla de reconocimiento. Este concepto hartiano es el equivalente a la Grundnorm de Kelsen, pero Hart entien­de que la regla de reconocimiento constituye una especie de práctica social; de ella no puede decirse ya que sea válida ni in­valida, sino que, simplemente, existe o no. Normas válidas, para Hart, son las que satisfacen los criterios de la regla de reconocimiento del sistema (por ejemplo, una que dijera que "son normas válidas del sistema X las normas constitucionales y las creadas o recibidas de acuerdo con esa constitución"), de manera que es posible que algunas de esas normas resulten inaplicadas, pues la eficacia se predica del ordenamiento jurí­dico en su conjunto.

Otro importante aspecto de la concepción de Hart es la manera como plantea el problema de la interpretación. La suya es una posición intermedia entre la formalista y la escéptica (incluyendo aquí tanto a los autores realistas como a Kelsen) a la que ya antes nos hemos referido y que puede sintetizarse así: el Derecho no tiene un carácter cerrado, pues las normas se ex­presan en un lenguaje natural, una de cuyas características centrales es la vaguedad potencial o textura abierta: los con­ceptos jurídicos no pueden definirse de manera totalmente pre­cisa, pues además de zonas claras de aplicación (o de no apli­cación) de las expresiones existe siempre, al menos potencial­mente, una zona de penumbra, imposible de cerrar a priori; cabe hablar así de casos fáciles (los que caen en la zona de cla­ridad), en los que el intérprete -el juez- no ejerce ninguna discrecionalidad, sino que se limita a descubrir un significado ya existente, y de casos difíciles (los que caen en la zona de la penumbra) en los que el juez necesariamente tiene que decidir, esto es, ejerce su discrecionalidad, aunque no lo haga de ma­nera arbitraria.

EL IUSNATURALISMO

EL IUSNATURALISMO EN EL SIGLO XX

El siglo xx ha conocido muchos tipos de iusnaturalismos. El más persistente ha sido el iusnaturalismo tradicional, escolástico o neoescolástico, que se caracteriza por sostener la existencia de ciertos principios absolutos e inmutables (de Derecho natural), cuyo respeto es condición ne­cesaria para que el Derecho positivo exista o pueda considerarse Derecho válido. Esos principios, por otro lado, no son una creación humana, sino una manifestación de la razón o de la voluntad de Dios. Se trata de una concepción del Derecho in­compatible con el positivismo de los realistas o de los normati­vistas, pero que puede ser -muchas veces lo ha sido- complementaria del formalismo; la condición para esto último es que se presuponga que el Derecho positivo -determinado Derecho positivo-- no contradice los principios del Derecho natural.

A pesar de su implantación en la cultura jurídica de los países de tradición católica (aunque quizás más como ideología que otra cosa), esa concepción no encaja bien con la realidad de las sociedades del mundo occidental, cada vez más secularizadas y menos dispuestas a creer en la existencia de valores abso­lutos. Sin embargo, de ahí no parece seguirse que en nuestras sociedades no haya ya (no haya habido en el siglo xx) espacio para las concepciones iusnaturalistas. Bien al contrario, después de la segunda guerra mundial sobre todo, como conse­cuencia de a experiencia del nazismo) se habló incluso de un "renacimiento del Derecho natural", representado por una serie de autores que subrayaron la necesidad de entender el Derecho como algo más que la simple manifestación de la voluntad po­lítica (al positivismo jurídico se le acusó de servir de vehículo del totalitarismo político) y postularon la existencia de un derecho "supralegal" que fijara límites a la acción del legislador y de los gobernantes. Ahora bien, esos límites no se trataron de extraer, en general, de un Derecho natural trascendente abso­luto, sino de la naturaleza de la cosa", esto es, a partir de una noción no fácil de precisar, pero que no supone -o no supone necesariamente- una realidad trascendente, sino que, más bien, lleva a hablar de un Derecho natural "histórico") "de con­tenido variable", etc.

Esa forma de iusnaturalismo -el de la naturaleza de la cosa o de las cosas- tuvo una gran importancia en muchos paí­ses de Europa continental (especialmente en Alemania, con las obras de Gustav Radbruch, Hans Welzel o Werner Maihofer) en las décadas centrales del siglo. Sin embargo, la concepción iusnaturalista que, a la larga, resultó más influyente -que era más original- se encuentra en la obra de un jurista norteame­ricano: Lon L. Fuller.

El Derecho natural que defiende Fuller tambIén por esa misma época no tiene que ver con la religión ni con el absolu­tismo moral y ni siquiera supone la exis­tencia de un Derecho "superior" al Dere­cho positivo; se trata dé un Derecho natural que, básicamente, tiene carácter procedimental o institucional y que forma parte del mismo Derecho positivo, esto es, constituye lo que él deno­mina "la moralidad interna" del Derecho.

Para Fuller, la noción básica para entender el Derecho no es la de norma ni la de sistema normativo, sino la de procedimiento. De ahí que critique a las concepciones normativistas (como las de Kelsen o Hart) y que vea el Derecho como una em­presa, como una actividad encaminada a un fin: sujetar la con­ducta humana al gobierno de normas. Lo que a él le importa, sobre todo, son las formas básicas del orden social, esto es, los procedimientos que ordenan la sociedad (la costumbre, los contratos, la legislación, la aplicación judicial del Derecho, etc.) y que dan lugar a diversas formas de Derecho. Ello no quiere decir que el Derecho no consista en normas, sino que las nor­mas no son "cosas", sino "artefactos", un tipo de realidad in­comprensible (a diferencia de la realidad natural) si se separa de la idea de un propósito y, por tanto, de los medios para lograr ese objetivo [v. Summers, 1984].

Una consecuencia importante de esa aproximación fisioló­gica al Derecho es que la coerción, la fuerza, no es ya la carac­terística distintiva de lo jurídico (como ocurría con las concep­ciones anatómicas del Derecho -las de los positivistas- que se fijan en el Derecho visto como estructura). Para que exista un ordenamiento jurídico (y no un régimen de mera arbitrariedad) se necesita, según Fuller, que se cumplan, al menos hasta cierto punto, diversos requisitos de carácter procedimental; esto es, las normas que integran un Derecho han de tener carácter general, deben haber sido promulgadas, no deben ser retroactivas (deben referirse fundamentalmente al futuro, no al pasado), resultar claras e inteligibles, no ser contradictorias, no exigir lo imposible, mantener cierta estabilidad a lo largo del tiempo, y deben también ser aplicadas de forma congruente con su for­mulación. Si no se cumplen mínimamente esas exigencias (como habría ocurrido durante el nazismo), entonces no puede decirse que haya un Derecho, ni tampoco que exista una obli­gación de obedecerlo. De aquí se derivan, al menos, dos conse­cuencias importantes. Una es que la existencia de un sistema jurídico es una cuestión de grado: una empresa, un objetivo, puede alcanzarse en mayor o menor medida. La otra es que puede existir un sistema válido (que cumpla básicamente con las anteriores condiciones) pero injusto, esto es, que contenga normas contrarias a la moral (pero que, sin embargo -por razones institucionales-, haya obligación de obedecer). Al efec­tuar este último juicio, lo que entra en juego es la moral exter­na, mientras que los requisitos señalados antes constituyen la moralidad interna del Derecho, a la que Fuller llama también el ideal de la legalidad: si no se cumple, al menos en cierta medida, no cabe hablar de Derecho, de forma semejante a como no ~ diríamos que practica la medicina alguien que no hace míni­mamente uso de los medios adecuados para curar. Y si bien el cumplimiento de esos requisitos procedimentales es compatible con la existencia de un sistema injusto desde el punto de vista sustantivo, Fuller considera que la moralidad interna hace más improbable que esto ocurra, de manera que entre la moral in­terna y la externa existe una cierta conexión.

Hay además otra importante distinción que Fuller establece a propósito de la moral: por un lado estaría la moral del deber, la que prescribe las normas básicas sin las cuales es imposible lograr una sociedad ordenada; y por otro la moral de aspiración, de la vida ejemplar, de la excelencia. La moral interna del Derecho constituye para él, esencialmente, una moral de aspiración. Pero eso no quiere decir que el Derecho natural tenga exclusiva­mente un carácter procedimental. Habría también un contenido mínimo de Derecho natural substantivo (moral del deber) que se contendría en este mandato: "descubre, mantén y preserva la in­tegridad de los conductos mediante los cuales los hombres se comunican entre sí lo que piensan, sienten y desean".

Una consecuencia de todo lo anterior es que Fuller se opo­ne al criterio de demarcación entre el Derecho y el no-Derecho (la moral) que proponen los positivistas y, en particular, al de Hart. La regla de reconocimiento no puede servir para cumplir ese cometido, al menos en países como los Estados Unidos en donde muchos de los tests de validez utilizados para reconocer el Derecho apelan a conceptos morales y se basan en cuestiones de contenido (no en criterios simplemente formales: en su pro­cedencia de una cierta autoridad). Además, Fuller defiende la idea de que es imposible trazar una línea clara de demarcación entre el Derecho y la moral y considera bueno que las cosas sean así, pues al no existir tal distinción entre el Derecho que es y el que debe ser), se fomenta la creatividad judicial y la uti­lización de un estilo antiformalista en la interpretación del Derecho.

A propósito de esta última cuestión, Fuller, como los realis­tas, concede gran importancia a la interpretación teleológica, esto es, a tener en cuenta las finalidades de las normas; pero, a diferencia de estos últimos, da un gran peso a las razones mo­rales y considera que existen criterios objetivos para medir la corrección de las decisiones; es más, la función principal del juez al decidir casos es la de contribuir a crear un cuerpo de moral común que permita definir lo que es un "hombre bueno" (y no por tanto, señalar únicamente al "hombre malo" cuáles son los límites que tiene que respetar). Por lo demás, es interesante señalar que Fuller no circunscribe el Derecho a la acción judicial; como se ha dicho, él parte de que existen muchos otros procedimientos de creación del orden social y, en particular, prestó especial atención al arbitraje y a la mediación.

En definitiva, el Derecho para Fuller es un instrumento, una técnica para conseguir objetivos muy variados, pero no cualquier objetivo puede conseguirse a través del Derecho. La moral interna del Derecho no es neutral en cuanto al concepto de hombre que implica: embarcarse en la empresa de sujetar la conducta humana al gobierno de reglas implica necesariamen­te la visión del hombre como un ser responsable y dotado de dignidad, capaz de comprender y obedecer las reglas y respon­sable por sus faltas.

LA SITUACIÓN ACTUAL

El panorama de las concepciones del Derecho del siglo xx se ha complicado considerablemente en las últimas décadas. Por un lado, las fronteras entre las grandes concepciones que antes examinamos -el realismo, el normativismo y el iusnaturalis­mo- se han difuminado considerablemente. El realismo escan­dinavo terminó por fundirse, en los años sesenta y setenta, con el normativismo analítico. El realismo americano -o, al menos, la versión moderada del mismo- se impuso de tal manera en las décadas centrales del siglo en los Estados Unidos que, de al­guna forma, perdió sus señas de identidad; como escribió un es­tudioso del movimiento: "ahora ya somos todos realistas". El normativismo hartiano incorporaba las tesis (menos radicales) de los realistas y del Derecho natural. Y la versión iusnaturalis­ta más influyente de los últimos tiempos, la de John Finnis, no parece ser incompatible con un iuspositivismo moderado.

Por otro lado, aunque en los últimos años hemos asistido a una pléyade de visiones nuevas del Derecho (análisis econó­mico del Derecho, feminismo jurídico, Derecho y literatura, psicoanálisis y Derecho, Derecho postmoderno, semiótica jurí­dica...), la mayor parte de ellas no pueden presentarse como concepciones alternativas a las que hemos examinado, simple­mente por su carácter parcial, esto es, porque no están en con­diciones de ofrecer respuestas -respuestas plausibles- a mu­chas de las cuestiones señaladas en la Introducción. Por ejem­plo, la capacidad del análisis económico del Derecho para explicar aspectos del Derecho y sugerir criterios para su crea­ción, interpretación y aplicación parece indudable, pero difí­cilmente puede aceptarse que todos los problemas del Derecho puedan tratarse en términos de eficiencia; al fin y al cabo, tampoco la sociología del Derecho, la lógica de las normas o la informática jurídica son concepciones del Derecho, aunque su­ministren claves esenciales para comprender y manejar el De­recho. Y algo parecido ocurre con el feminismo jurídico, cuyo sentido no puede estar en presentarse como una teoría del De­recho -una Jurisprudencia- sino como una teoría de la igualdad.

En realidad, las concepciones (generales) del Derecho que parecen tener mayor vigencia al final del siglo son reelabora­ciones, reformulaciones o desarrollos de las anteriores; de ahí que se hable de neoiusnaturalismo, de postrealismo y de post­positivismo.



NEOIUSNATURALISMO

Como ocurrió durante todo el transcurso del siglo, el Derecho natural inspirado en la filosofía escolástica sigue siendo una concepción de notable arraigo en los países de tradición ca­tólica. Sin embargo -y paradójicamente- la versión del iusna­turalismo más influyente del final del siglo se debe a un autor inglés, Finnis, que, por lo demás, se inspira en Aristóteles y en Tomás de Aquino. Lo que quizás sea más significativo de su obra es la tendencia a configurar el Derecho natural en un plano deontológico más bien que ontológico, esto es, como una se­rie de principios morales cuya función es guiar (y justificar) el Derecho positivo, pero no suministrar los criterios con que es­tablecer la validez del Derecho y, por tanto, con los que separar el Derecho del no-Derecho. Para Finnis, el Derecho natural son los principios de la razón práctica que ordenan la vida del hom­bre y de la comunidad. Esos principios derivan de ciertos bie­nes básicos que se justifican por sí mismos: son valores objeti­vos, porque cualquier persona razonable no puede por más que considerarlos como bienes; se trata de la vida, el conocimiento, el juego, la experiencia estética, la sociabilidad o amistad, la ra­zonabilidad práctica y la religión. Ahora bien, esos bienes han de verse necesariamente en el contexto de una comunidad de seres humanos, y de ahí la necesidad de que exista un sistema jurídico que cree las condiciones para que puedan perseguirse tales bienes. Finnis reconoce la posibilidad de que un sistema jurídico pueda ir contra el bien común, pero él está interesado en el caso central, en el núcleo de significado del concepto de Derecho; y según ese significado central, el Derecho es la orde­nación mediante el ejercicio de la autoridad de la vida social di­rigida a la realización del bien común.



TEORÍAS CRÍTICAS DEL DERECHO

Mientras que el análisis económico del Derecho, el policy analysis o el movi­miento law and society pueden verse como un desarrollo del programa "cons­tructivo" de los realistas americanos, el movimiento Critical Le­gal Studies, que ha tenido un gran auge en los Estados Unidos desde finales de los setenta, suele verse como un desarrollo (y una radicalización) de lo que había sido el "programa crítico" de los realistas; de hecho, se trata de una teoría escéptica sobre el Derecho que subraya su carácter indeterminado, no objetivo, etc., y tiende a identificar el Derecho con la política. Por lo de­más, el realismo no es la única influencia perceptible en un mo­vimiento sumamente ecléctico desde el punto de vista teórico (los "críticos" son básicamente juristas, más que iusfilósofos); además, en el movimiento juega un papel de cierto relieve el nemarxismo, el estructuralismo, el postmodemismo o el femi­nismo [v. Pérez Lledó, 1996].

Critical Legal Studies es, sin embargo, sólo una -aunque la más desarrollada e influyente- de las "teorías críticas" del Derecho. En los últimos años se han desarrollado también concepciones de este tipo en países como Inglaterra, Alema­nia, Francia, Italia, Argentina, Colombia o Brasil. En general lo que vienen a sostener es una combinación de realismo jurí­dico (indeterminación del Derecho, carácter subjetivo del ra­zonamiento jurídico, etc.) y de marxismo (de lo que antes se ha llamado su versión "débil"). El rasgo más característico lo constituye la asunción de un punto de vista sobre el Derecho que es al mismo tiempo crítico e interno: crítico, porque se trata de concepciones escépticas que, por tanto, no parten de una aceptación genuina del Derecho; e interno, porque se estima que el Derecho puede ser usado en forma alternativa a la tradicional.

EL POSTPOSITIVISMO: R. DWORKIN

Finalmente, como postpositivista (o an­tipositivista) es como hay que calificar la obra de Ronald Dworkin, sin duda el jurista más influyente en las últimas dé­cadas del siglo y cuyas ideas guardan cierto parecido con las de Fuller. Dworkin toma como punto de partida el positivismo hartiano y critica lo que él considera como tesis centrales del positivismo (del positivismo más refinado). Pero la aproxima­ción de Dworkin al Derecho presenta ciertos rasgos peculiares, ciertas cuestiones de perspectiva, de las que hay que partir para comprender adecuadamente su concepción. Uno es que él contempla el Derecho esencialmente, no desde el punto de vista del legislador, sino desde la perspectiva del juez que ha de resolver un caso difícil. Otro es que Dworkin pretende dar cuenta no de cualquier sistema jurídico, sino de los que pueden considerarse legitimados, esto es, de los Derechos del Es­tado democrático; en particular, la suya es una teoría del Dere­cho norteamericano. Se explica así que Dworkin no se interese por las relaciones entre el Derecho y el poder -el elemento de coacción en el que tanta insistencia puso el positivismo clási­co-; que ponga el mayor énfasis en destacar los aspectos mo­rales del Derecho; que construya una concepción del Derecho casi exclusivamente desde el punto de vista del participante, del aceptante (lo contrario del "hombre malo" de Holmes); o que no se interese por la construcción de una ciencia jurídica que, en cierto modo, resulta una tarea imposible, pues, desde la perspectiva asumida por Dworkin, la teoría y la práctica ter­minan por fundirse.

Aclarado esto, la concepción que Dworkin tiene sobre el Derecho se resume fundamentalmente en la defensa de tres te­sis: la de los principios, la de los derechos y la de la concepción del Derecho como interpretación.

La tesis de los principios viene a decir que un sistema jurí­dico no puede entenderse adecuadamente si se ve sólo como un conjunto de reglas (tesis esta última que él atribuye a Hart). Además de reglas (pautas relativamente específicas de conduc­ta), los Derechos contienen principios que pueden ser de dos ti­pos: policies o directrices y principios en sentido estricto. En el capítulo 3 se señaló en qué consisten las diferencias entre am­bos tipos de normas.

La tesis de los derechos es, en cierto modo, una consecuen­cia de la anterior, esto es, de la distinción entre policies y prin­cipios. Mientras que las policies son normas que se dirigen esencialmente al legislador, el destinatario de los principios son los jueces. Y, por otro lado, mientras que las policies fijan obje­tivos sociales, los principios establecen derechos. Los derechos se diferencian de los objetivos sociales por dos rasgos: uno es su carácter distributivo e individualizado, en el sentido de que se atribuyen a cada uno de los individuos que integran la clase de los titulares del derecho en cuestión; otro es que los derechos constituyen un límite frente a la persecución de objetivos socia­les, son "triunfos" frente a la mayoría. Pues bien, en contra de lo que sostienen los positivistas en el sentido de que, en los ca­sos difíciles, los jueces deciden en forma discrecional, Dworkin mantiene que esa discrecionalidad no puede darse, pues, si se diera, el juez invadiría la función del legislador. El juez, al deci­dir, no debe crear derechos, sino confirmar o denegar los dere­chos que han sido establecidos por los principios.

Finalmente está la tesis de que el Derecho es interpretación. Un sistema jurídico contiene reglas y principios, pero esos son más bien los materiales a utilizar para resolver litigios, no el Derecho mismo. El Derecho, para Dworkin -al menos en los casos difíciles-, no es una realidad que se ofrezca ya acabada a los jueces y a los teóricos del Derecho, sino una empresa, una institución en marcha en la que éstos han de participar, en for­ma semejante a como lo haría un literato que tuviera que escri­bir con otros una novela en cadena: cada uno goza de cierta li­bertad, pero su aportación ha de ser coherente con lo ya reali­zado. Pero el Derecho no es tanto la obra ya realizada, cuanto el proceso de llevarla a cabo; es interpretación.



Ahora bien, interpretar en el contexto de una práctica so­cial o de una institución como el Derecho exige una determina­da actitud interpretativa. Para que se adopte esa actitud se re­quiere, a su vez, la presencia de dos requisitos: uno es que la práctica exista y tenga un sentido, es decir, que existan propósi­tos y valores (principios) que den sentido a las reglas; otro es que lo exigido o justificado por la práctica sea sensible a su sen­tido, esto es, que los valores tengan primacía sobre las reglas y, hasta cierto punto, contribuyan a conformarlas. Por otro lado, en la realización de la actividad interpretativa pueden distin­guirse varias etapas: la preinterpretativa, en la que se identifica la práctica; la interpretativa, en la que se muestran cuáles son los objetivos y valores de la práctica, lo que exige construir una teoría (o más de una teoría) que dé cuenta de la misma; y la postinterpretativa o reformadora en la que se trata de ver qué necesita la práctica (en qué forma ha de reformarse) para que se logre una realización máxima de sus valores. El intérprete, por ello, ha de considerar que su interpretación presenta el ob­jeto interpretado, un determinado Derecho, como el mejor ejemplo posible de esa práctica; la interpretación excluye por tanto el escepticismo, y Dworkin considera incluso que siempre -o casi siempre-: existe una única respuesta para cada caso, porque siempre hay una teoría sustantiva de carácter moral y político (de entre las que se adecuan a los materiales del Dere­cho) que es la mejor, la más profunda; los jueces de carne y hueso no siempre serán capaces de encontrarla, y de ahí que Dworkin cree el modelo de un juez Hércules, dotado de capaci­dad, cultura, paciencia e ingenio sobrehumano, capaz de lograr esta hazaña.

EL PARADIGMA CONSTITUCIONALISTA

Tesis semejantes a las de Dworkin pue­den encontrarse también en la obra de muchos autores que provienen del posi­tivismo analítico; digamos, los sucesores de Kelsen, Hart y los realistas moderados: Neil MacCormick, Joseph Raz, Robert Alexy, Carlos Nino o Luigi Ferrajoli. No se trata de nada parecido a un movimiento, pero en sus obras pue­de detectarse una serie de coincidencias y de tendencias comu­nes con las que podría caracterizarse una concepción del Dere­cho, quizás aún in statu nascendi. Sus bases filosóficas son bas­tante eclécticas (además de la filosofía analítica se puede detec­tar -y a veces en el mismo autor- la influencia de la filosofía hermenéutica o de la teoría del discurso habermasiana), como ocurre también con su posición de cara a la teoría del Derecho (de alguna forma, se trata de una combinación de –ciertos- aspectos del realismo, del positivismo y del iusnaturalismo); sin embargo, desde el punto de vista político es claro que se trata­ría de una concepción que pretende dar cuenta de (y de servir para) el Derecho de los Estados constitucionales. Esos rasgos podrían formularse así: 1) La importancia otorgada a los prin­cipios como ingrediente necesario -además de las reglas para comprender la estructura y el funcionamiento de un siste­ma jurídico y, en particular, de los de las sociedades contempo­ráneas avanzadas. 2) La tendencia a considerar las normas -reglas y principios-, no tanto desde la perspectiva de su es­tructura lógica, sino a partir de la función que desempeñan en el razonamiento práctico. 3) La idea de que el Derecho es una realidad dinámica y que consiste no tanto -o no sólo- en una serie de normas o de enunciados de diversos tipos, cuanto -o también- en una práctica social compleja, que incluye, ade­más de normas, procedimientos, valores, acciones, agentes, etc. 4) Ligado a lo anterior, la importancia que se concede a la in­terpretación que es vista, más que como resultado, como un proceso racional y conformador del Derecho. 5) El debilita­miento de la distinción entre lenguaje descriptivo y prescriptivo y, conectado con ello, la reivindicación del carácter práctico de la teoría y de la ciencia del Derecho que no pueden reducirse ya a discursos meramente descriptivos. 6) La asunción del paradigma del constitucionalismo, lo que supone: a) entender la va­lidez en términos sustantivos y no meramente formales (para ser válida, una norma debe respetar los principios y derechos establecidos en la constitución); b) entender que la jurisdicción no puede verse en términos legalistas -de sujeción del juez a la ley-, pues la ley debe ser interpretada de acuerdo con los prin­cipios constitucionales. 7) La tesis de que entre el Derecho y la moral existe una conexión no sólo en cuanto al contenido, sino de tipo conceptual; esa conexión puede entenderse de diversas formas, pero incluso quienes piensan que la identificación del Derecho se hace mediante algún criterio como el de la regla de reconocimiento hartiana consideran que la aceptación de la misma tiene carácter moral. 8) La tendencia a una integración entre las diversas esferas de la razón práctica: el Derecho, la moral y la política. 9) Como consecuencia de lo anterior, la idea de que la razón jurídica no es sólo razón instrumental, sino ra­zón práctica; la actividad del jurista no está guiada -o no está guiada exclusivamente- por el éxito, sino por la corrección, por la pretensión de justicia. 10) La importancia puesta en la argumentación jurídica -en la necesidad de tratar de justificar racionalmente las decisiones-, como característica esencial de una sociedad democrática en la que es el poder el que se some­te a la razón, y no la razón al poder. 11) Ligado a 10 anterior, la' convicción de que existen criterios objetivos (como el principio de universalización o el de coherencia o integridad) que otor­gan carácter racional a la práctica de la justificación de las de­cisiones, aunque no se acepte la tesis dworkiniana de que exis­te una única respuesta correcta para cada caso. 12) La conside­ración de que el Derecho no es sólo un instrumento para lograr objetivos sociales, sino que incorpora valores morales y que esos valores no pertenecen simplemente a una determinada moral social, sino a una moral racionalmente fundamentada.

1 Lectura tomada del libro del profesor Manuel Atienza. El Sentido del Derecho. Editorial Ariel, Barcelona, 2001. pagina 273 a la página 310.


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