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Fifth group: others


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QUINTO GRUPO: OTROS/

FIFTH GROUP: OTHERS

PRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS



COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS

ANDEAN COMMISSION OF JURISTS

Los Sauces 285, Lima 27 Perú



postmast@cajpe.org.pe

www.cajpe.org.pe
Propuestas para fortalecer y apoyar el Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes desde una perspectiva subregional andina

La Comisión Andina de Juristas estima relevante analizar la situación de los migrantes andinos es decir aquellos originarios de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y sobre la base de este análisis proponer algunas acciones cuyo fin sea el fortalecimiento del Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes.


En primer lugar, es pertinente señalar que la migración como fenómeno social complejo constituye un problema común en los países andinos; en particular por las dificultades que afrontan los migrantes en los países receptores y por las tensiones que ocasiona entre los países de la región. La migración en la región andina se produce en dos modalidades e involucra a diversos actores. Por un lado, existe la migración entre los países andinos y desde los países andinos hacia los países desarrollados, siendo esta la más frecuente. Por otro lado, están involucrados los Estados que regulan la entrada y salida de las personas que migran y los individuos y sus familias que migran en busca de mejores condiciones de vida. La migración a su vez tiene consecuencias económicas, sociales, culturales y políticas en los Estados e individuos involucrados.
En el ámbito de la migración entre países andinos es preciso indicar que esta se produce esencialmente por la mejor situación económica de algunos Estados respecto a los otros y por la necesidad de escapar de situaciones de crisis de distinto tipo, en su mayoría crisis sociales como el caso de la migración producida desde Colombia a Ecuador, Perú y Venezuela como consecuencia del conflicto armado que vive este país.
En relación a la migración hacia países desarrollados es posible constatar que uno de los principales temas de preocupación es la migración de trabajadores calificados que sí logran insertarse al mercado laboral del país receptor, lo cual también ocasiona problemas en los países de origen debido a que estos se ven privados de profesionales calificados necesarios para su desarrollo. A esta situación se suma la casi inexistencia de políticas para promover un contacto más fluido con sus países de origen, como por ejemplo para el envío de dinero a sus países de origen. No obstante, en los últimos años se observa en la región una mayor preocupación por la suerte de los migrantes en el extranjero debido a dos motivos principales que son la importancia de las remesas del exterior para las economías locales y la necesidad de captar el voto migrante en los casos de países en donde el voto aún es obligatorio.
El contexto descrito anteriormente sirve para ubicar el escenario en el que se producen la mayor parte de violaciones de los derechos humanos que se verifican principalmente en los Estados receptores y en los Estados de tránsito. Frente a estos casos, los migrantes, en particular los migrantes indocumentados se encuentran en una situación de vulnerabilidad estructural a raíz de la cual ellos están expuestos a una serie de atropellos como son la discriminación para la concesión de nacionalidad o para acceder a los servicios sociales a los que los extranjeros tienen derecho conforme a ley, las detenciones arbitrarias, la falta de debido proceso, condiciones de vida infrahumanas, las deportaciones masivas, la trata de personas por organizaciones criminales, la explotación laboral y la ausencia de protección de la salud de los migrantes. Las violaciones descritas tienen una mayor incidencia en el caso de mujeres y niños migrantes que los expone a situaciones como castigo corporal, acoso sexual, condiciones de trabajo deficiente, violencia familiar, desintegración familiar, entre otros.
Sin duda, para revertir los problemas que genera la migración en los países andinos y la migración de andinos en países desarrollados son necesarias acciones en el ámbito interamericano, subregional, en los Estados receptores y en los Estados de tránsito. Tales acciones deberían concretarse en el ámbito normativo, de políticas públicas y de mecanismos de promoción y protección de derechos humanos. Estas acciones deben a su vez ser tomadas en consideración en el proceso de implementación del Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los derechos humanos de los migrantes en particular en su acción hacia los países andinos.
Así por ejemplo, en el ámbito normativo todos los Estados deberían cumplir las normas internacionales que regulan los derechos de los migrantes. En particular, la Convención Internacional de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familias1/. En relación al estado actual de la Convención en la región andina destaca la ratificación efectuada por Chile y Perú durante el año 2005, de este modo, a la fecha Venezuela es el único país andino que no ha suscrito ni ratificado dicho tratado. En esta línea, el Programa Interamericano deberá asistir a los Estados para que estos aseguren el estricto cumplimiento de las disposiciones del tratado citado y procedan a su implementación a través de la adopción de medidas legales o de cualquier otra índole necesarias para tal fin.
En el caso de la subregión andina, resulta también pertinente señalar que Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Estados miembros de la Comunidad Andina (CAN), deberían cumplir las decisiones2/ adoptadas por este organismo de integración subregional. Es posible constatar que si bien estas tienen carácter obligatorio para los Estados miembros aún se registra un alto índice de incumplimiento. La falta de conocimiento, difusión y capacitación en relación al derecho comunitario y su repercusión en la protección de los derechos de los migrantes andinos; así como la falta de adecuación de las normas y reglamentos que permitan el cumplimento de las decisiones comunitarias son aún tareas pendientes.
Sin embargo, son positivas algunas acciones en curso. Ejemplo de ello es que algunos Congresos de la región están discutiendo la posible creación de una Comisión Permanente del Congreso dedicada al tema de los nacionales en el exterior. En esta línea se han dado normas para promover el retorno de los migrantes reduciendo los costos tributarios y aduaneros. Asimismo, a través de instituciones bancarias, por ejemplo, se reducen y facilitan los trámites para el envío de remesas del exterior, reduciendo de esa manera la proliferación de mercados negros. Otros programas incluyen el financiamiento de vivienda a través de programas estatales que pueden ser pagados desde el exterior. En este ámbito resulta imprescindible que los Estados andinos en coordinación con los Estados receptores fortalezcan los mecanismos existentes y establezcan nuevos mecanismos que contribuyan a asegurar la promoción de los vínculos de los migrantes con sus países de origen.
En esta línea, teniendo en consideración el papel que cumple el Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, la Comisión Andina de Juristas considera necesario priorizar el análisis, la evaluación y la supervisión del tema de promoción y protección de los derechos de los migrantes en general e incorporar un enfoque subregional que contribuya al reconocimiento de los problemas y necesidades específicas que afrontan los migrantes de cada país del continente y su incidencia en todo el marco de protección de los derechos humanasen el ámbito interamericano. Una acción en esta línea es de carácter imperativo. Para ello, resulta importante enfatizar las capacidades que este Programa tiene para influir en las decisiones que adoptan los Estados de origen, los Estados de tránsito y los Estados receptores de migrantes y las acciones de la sociedad civil a favor de la defensa de los derechos humanos de los migrantes..
En esta línea, la Comisión Andina de Juristas desea proponer algunas medidas para apoyar la implementación del Programa interamericano:


  • Asistir a los Estados para que cumplan con presentar oportunamente sus informes periódicos al Comité sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familias así como información que sea solicitada por la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

  • Promover entre los Estados americanos la suscripción y ratificación de la Convención sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familias

  • Promover el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos

  • Monitorear el cumplimiento de las decisiones emitidas por los órganos de protección de derechos humanos del sistema interamericano

  • Incorporar mecanismos específicos para el trabajo de apoyo y asistencia a los sistemas subregionales de integración para el respeto y protección de los derechos humanos de las personas migrantes.

  • Incorporar la defensa de los derechos de los niños como un elemento fundamental del Programa, en particular en relación a los graves efectos que tiene la migración en la protección de sus derechos humanos

  • Promover un trabajo conjunto con las Defensorías del Pueblo del continente en el tema de migrantes, tanto en la defensa de los derechos humanos como en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

Finalmente, la Comisión Andina de Juristas desea recordar que para el cumplimiento de los objetivos del Programa Interamericano y su impacto en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes será primordial que exista correspondencia entre las demandas sociales, las opciones políticas y las decisiones de las autoridades públicas en especial aquellas vinculadas a la asignación de recursos de un Estado. Por ello, una estrategia que asegure su implementación adecuada exigirá la voluntad política de los Estados y el apoyo y movilización de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos humanos.




1. Aprobada el 18 de diciembre de 1990.

2. Tiene importancia especial en este tema las siguientes decisiones: Decisión 397 de junio de 1996, Decisiones 503, 504 de junio de 2001, Decisiones 526 y 525 de julio de 2002, Decisión 603 de diciembre de 2004, Decisión 545 sobre circulación laboral de junio de 2003 y la Decisión 583 sobre Seguridad Social de mayo de 2004.


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