Página principal

Fernández, Ester del Valle c. Rossi, Jorge Fecha


Descargar 47.62 Kb.
Fecha de conversión21.09.2016
Tamaño47.62 Kb.
Tribunal: Cámara de Apelaciones del Trabajo de Tucumán, sala III

Autos: Fernández, Ester del Valle c. Rossi, Jorge

Fecha: 01/08/2007

Sumario:


En virtud de la prueba testimonial aportada y atento a la falta de registración laboral por parte de la demandada confirmada por la pericial contable, por lo que corresponde reconocer la existencia de un contrato de trabajo en donde la actora se desempeñaba como cocinera de un geriátrico.

Vocablos: CONTRATO DE TRABAJO – PRUEBA – DEMANDA LABORAL – PERICIA CONTABLE – FALTA DE REGISTRACION LABORAL

2ª Instancia. — San Miguel de Tucumán, agosto 1 de 2007.

RESULTA: Que a fs. 7/9 se apersona el letrado P.L.Y. en nombre y representación de ESTHER DEL VALLE FERNANDEZ, conforme surge del poder ad-litem agregado a fs.19, promoviendo demanda laboral por cobro de pesos en contra de JORGE ROSSI, en su carácter de propietario del geriátrico "Hogar San Nicolás", que funciona en calle ... de esta capital. Adjunta documentación original detallada a fs. 20.

Que corrido traslado de la demanda se apersona a fs. 25/26 la letrada M.G.R. con el patrocinio del letrado E.L.D., en el carácter de apoderada del demandado, Jorge Rossi, conforme lo acredita con el poder general para juicios que obra a fs.23/24, oponiendo excepción de defecto legal, lo que el A-quo no hace lugar (fs.35).

Que a fs. 38/43 la demandada contesta demanda, planteando la inconstitucionalidad de los decretos 264/02, 833/02, 662/03, 256/03, 1351/03, 369/04, y 823/04, lo que es contestado por la actora a fs. 47/48 y el A-quo tiene presente su valoración para definitiva.

Que a fs. 53 la demandada adjunta documentación original.

Que la causa es abierta a prueba a fs. 57.

Que a fs. 65 el actor revoca el poder que le fuera conferido al letrado P.L.Y. y se constituye el letrado Oscar Alfredo López Ibarra en el carácter de apoderado de la actora, conforme surge del poder ad liten agregado a fs. 60. El actor solicita la celebración de la audiencia prevista por el Art. 69 del C.P.L., la que tendrá lugar conforme lo dispuesto por el Art. 71, 72 y bajo apercibimiento del Art.73 de las modificaciones introducidas por la Ley 7.293 al digesto procesal antes mencionado (fs. 69). A fs. 71 el letrado O.L.Y. otorga carta de pago de sus honorarios profesionales.

Que la audiencia de conciliación se realiza conforme el acta obrante a fs. 79, arribándose a una conciliación de intereses entre las partes, proveyéndose las pruebas oportunamente ofrecidas.

Que del Informe del Actuario que glosa a fs. 396, se desprende que la Actora ofreció siete cuadernos de pruebas, siendo todos producidos (instrumental, informes, exhibición de documentación, pericial contable, inspección ocular, testimonial e informes); la demandada ofreció cuatro cuadernos de pruebas siendo producidos los C.P.A. 1, 3 y 4 (instrumental, pericial contable e informes) y parcialmente producido el C.P.D. 2 (testimonial). Se hace constar que en el C.P.A. 3 (exhibición de documentación) la demandada formula manifestaciones y exhibe documentación a fs. 111, lo que el A-quo tiene presente su valoración para definitiva (fs. 113). La accionada formula petición a fs. 114 y el A-quo deriva su valoración para definitiva. En el C.P.A.4 acumulado al C.P.D.3 (pericial contable) el perito contador sorteado C.P.N. Roque Ricardo Soria presenta informe pericial a fs. 138/139 y 141/142. En el C.P.A.6 (testimonial) a fs. 171 el A-quo hace lugar a la oposición parcial deducida por la accionada. A fs. 176 la demandada deduce tacha de testigos, lo que el A-quo tiene presente para definitiva. En el C.P.D.2 (testimonial) a fs. 334 la actora formula tacha de testigo. A fs. 370/379 glosa incidente de tacha de testigos promovido por la actora, el A-quo tiene presente su valoración para definitiva. Que a fs. 402/407 y 409/411 corren glosados los alegatos presentados en término por la parte actora y demandada, respectivamente. En este estado se eleva la presente causa para el dictado de sentencia de Instancia Unica, juntamente con la documentación original.

Que a fs. 435/436 corre el dictamen de Fiscalía de Cámara sobre el planteo de inconstitucionalidad formulado por la demandada.

Que a fs. 437 se llaman autos para sentencia, encontrándose la causa en estado de resolver; y

CONSIDERANDO: Voto del vocal preopinante Carlos San Juan:

Que la demandada si bien ha reconocido la autenticidad y recepción de la correspondencia intercambiada entre las partes, adjunta a la demanda, ha negado expresamente la existencia de la relación laboral.

Que en forma previa a considerar los puntos litigiosos corresponde señalar que la contestación de demanda (fs. 38/43) técnicamente no se ajusta a lo dispuesto por el Art. 60 del C.P.L.T., por cuanto el demandado si bien reconoce ser propietario del geriátrico "Hogar para Abuelos San Nicolás" ha dado una versión contradictoria, por cuanto hace referencia al establecimiento sito en calle ... de esta ciudad y al mismo tiempo acompaña actas de inspección de la Secretaria de Trabajo de la Provincia realizadas en el establecimiento sito en calle ... de esta capital, lugar donde la actora sostiene haber trabajado; esto es, no ha dado una versión de los hechos referido al establecimiento indicado en la demanda, por lo que considero aplicable la sanción del Art. 60 del C.P.L.T. sin perjuicio de las consideraciones que a continuación se desarrollan.

Considero que los puntos litigiosos son: 1).Relación laboral: acreditación; 2).Ruptura contractual y 3).Rubros reclamados.

Se considera separadamente cada uno de ellos (Art. 273 inc.5 del C.P.C.C. aplic. supl.).

1).Relación Laboral: acreditación.

Que la demandada ha negado expresamente la relación laboral con la modalidad descripta en la demanda; esto es, que la actora se desempeñó como cocinera del geriátrico sito en calle Marcos Paz n° 150 desde el 15/10/02 hasta el 4/10/04 y con una remuneración mensual de $. 400.

Planteada así la cuestión estaba a cargo de la actora demostrar la prestación de servicios en relación de dependencia (Art. 308 C.P.C.C. aplic. supl.).

Considero que la relación de dependencia esta acreditada con la prueba testimonial de la actora (cuad. de prueba n° 6).

En efecto las testigos Alicia A. Colman (176/177), Dolores B. Funes (178) y María E. Alvarez (179) declaran de manera coincidente y dando razón de sus dichos acerca de la existencia del contrato de trabajo entre las partes.

Así la testigo Colman en el carácter de ex compañera de trabajo declara que la actora ingreso en el año 2002, realizando tareas de cocinera y sirviendo además la comida a algunos pacientes. Aclara la testigo que en el acta de inspección realizada en setiembre de 2002-ofrecida por la demandada para acreditar la ausencia de la actora en el geriátrico -la señora Jorgelina Rossi- le impidió la entrada junto con su compañero Julio Simón hasta que se retiraran los inspectores.

La testigo Funes depone en el carácter de ex compañera de trabajo de la accionante, precisando las tareas realizadas, el nombre de algunos de los pacientes y el tiempo de vigencia de la relación laboral entre las partes y adviertiendo que en el acta administrativa de relevamiento no se encontraba presente en el lugar de trabajo.

Finalmente la testigo Alvarez declara a fs. 179 en base a haber trabajado dos días en el geriátrico sito en calle Marcos Paz n° 150, siendo útil su declaración en lo que se refiere al trabajo de la actora en el año 2004, dado que de los demás hechos no fue testigo presencial.

En cuanto a las tachas deducidas, se rechaza la solicitada para la testigo Colman por cuanto el sólo hecho de tener juicio pendiente con la demandada no es justificativo para su procedencia si su declaración se encuentra corroborada por otras declaraciones testimoniales.

La tacha deducida al testigo Funes fundada en que no figuraba en las actas de la Secretaria de Trabajo ofrecidas como prueba no es receptada por cuanto es posible el trabajo sin registración y además por cuanto ha precisado hasta los apellidos de algunos de los pacientes, circunstancia no desvirtuada por la demandada.

En cuanto a la tacha a la testigo Alvarez la considero parcialmente procedente en todo lo que se refiere a hechos que conoce por referencia, pero debe descartarse la fundada en la amistad toda vez que el hecho principal declarado -el trabajo en el geriátrico por dos días- no ha sido desvirtuado, en tanto que sus declaraciones coinciden con las anteriores.

Por el lado de la demandada no son atendibles las actas de inspección ofrecidas como pruebas (fs. 50 a 52), por cuanto se refieren al geriátrico sito en calle Marcos Paz n° 150 cuando la defensa se fundó en el establecimiento geriátrico sito en calle ...; esto es, no son idóneas para probar hechos referidos a este último o dicho en otros términos la prueba debe orientarse a los hechos expuestos en la contestación.

Por otro lado, la n° 002464 (fs. 50) se refiere al 27 de mayo de 2002 o sea una fecha anterior al ingreso declarado por la actora (15/10/02).

Cabe agregar que las pruebas informativas producidas en el cuaderno n° 7, informar que el geriátrico sito en calle Marcos Paz ° 150 no se encuentra autorizado para funcionar por el SIPROSA (fs. 294) o recibir pacientes del PAMI (fs. 312) y que su propietario no se encuentra debidamente registrado en la Dirección de Rentas de la Provincia (fs. 315 vta.).

En cuanto al testimonio de la odontóloga Paola Andrea González no es atendible por cuanto hizo referencia a su concurrencia al geriátrico "Hogar para Abuelos San Nicolás" sito en calle ... de esta ciudad a partir de setiembre de 2004 (último mes de trabajo de la actora) cuando en realidad se discute sobre las labores de la actora cumplida en el sito en calle ...

Corresponde recordar que el demandado ha señalado al contestar la demanda que el establecimiento señalado en primer término era su única fuente de ingreso (fs. 38 vta.).

En base a lo acreditado propongo tener por admitida la existencia de un contrato de trabajo entre las partes con la modalidad descripta en la demanda, atento a la falta de registración laboral confirmada por la pericial contable de fs. 141/142.

2).Ruptura contractual.

Si bien cuando la demandada ha negado la existencia de la relación laboral no es necesaria una ruptura formal del contrato de trabajo, al estar reconocida la correspondencia adjunta a la demanda, se tiene por cierto que la actora intimó mediante telegrama obrero del 27/9/04 (fs. 13) para que se le aclare su situación laboral en el plazo de 48 horas y se la registre con la modalidad descripta en la demanda, recibiendo como respuesta la carta documento del 30/09/04 (fs. 15) a través de la cual se le negó expresamente la relación laboral, procediendo a comunicar el despido mediante telegrama de fecha 4/10/04 (fs. 14).

Consecuentemente, la negativa infundada de la relación laboral como asimismo su falta de registración constituye injuria suficiente que impide la prosecución de la relación laboral por ser violatoria de los deberes impuestos por los Arts. 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo (L.C.T. en adelante).

3).Rubros reclamados:

Estando ajustado a derecho el despido indirecto la actora se hace acreedora a las indemnizaciones previstas en el Art. 246 L.C.T.

No estando acreditado el pago de las vacaciones proporcionales año 2004 (Art. 156 L.C.T.) y el sueldo anual complementario proporcional segundo semestre del año 2004, prosperan los mismos.

Estando acreditado el requisito formal de la intimación previa (fs. 13 y 14) y no habiéndose abonado las indemnizaciones legales, progresa el reclamo fundado en la Ley 25.323 Art. 2.

Le corresponde igualmente el recargo del 20% sobre el básico del convenio n° 122/75 por estar acreditado que además de cocinera servía comida a los pacientes del geriátrico.

Habiéndose producido el despido durante la vigencia de la Ley 25.561 y los decretos de prorroga del Art. 16, corresponde aplicar el dto. 823/2004 Art. 1° última parte, que dispone que la duplicación de la indemnización se reduce a un 80 % del quantum indemnizatorio.

En lo que respecta al planteo de inconstitucionalidad de los decretos de prórroga de la ley de emergencia económica corresponde analizar por separado su planteamiento.

A).Inconstitucionalidad contra el Dcto. 264/02: referido a este planteo adelanto mi opinión contraria a su procedencia por los siguientes fundamentos.

El Art. 16 de la Ley 25.561 dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley 25.557 (Emergencia Pública: excepciones a la restricción de retiro de dinero en efectivo) por el término de 90 días, como también la suspensión por 180 días de los despidos sin causa justificada. La ley ordenó que para el caso de producirse despidos en contravención a ello, los empleadores deben abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese según la legislación laboral vigente. Dicho precepto fue reglamentado por el decreto 264/2002 que no reviste el carácter de decreto de necesidad y urgencia, sino que fue dictado en uso de las facultades previstas en el Art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional.

Ahora bien, el Dcto 264/02 establece en sus artículos 1° a 3° la exigencia para el empleador de promover previo al despido fundado en el Art. 247 LCT el procedimiento preventivo de crisis y además en el Art. 4° establece el cómputo de todos los rubros indemnizatorios originados con motivo del despido para la duplicación prevista en el artículo 16 de la Ley 25.561.

Respecto a la constitucionalidad del artículo 4 del citado decreto del cotejo del texto del artículo 16 de la Ley 25.561 es evidente que genera una disímil interpretación. Esta diferencia queda circunscripta a la derivación hecha por la Ley respecto a que la determinación definitiva de la doble indemnización se circunscriba a aquellas que "les correspondiere de conformidad con la legislación laboral vigente" sin hacer ninguna distinción sobre el particular. En tanto, el Decreto dispone que la indemnización comprende a "todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato".

Así frente a un despido la ley hace surgir una o varias indemnizaciones según la situación fáctica y jurídica de aplicación, ya que el artículo 16 de la Ley se refiere a las indemnizaciones en forma genérica; no se refiere específicamente a ninguna de ellas y por ende no autoriza a tener por aludida exclusivamente a la del Art. 245 LCT ya que ésta tiene una denominación especial "indemnización por antigüedad o despido" no empleada por la Ley 25.561. Por lo tanto, de atenerse estricta y formalmente a la letra del Art. 16, cuando alude a "legislación laboral vigente", no habría razones para limitar la duplicación a la indemnización por antigüedad, descartándose las vacaciones no gozadas, la omisión de preaviso o la integración del mes de despido o las que en cada caso corresponda, que tienen igual carácter indemnizatorio.

Esta sala en un anterior pronunciamiento (JIMENEZ, José Ramón vs. JOSE MINETTI y CIA. LTDA. S.A.C.I. s/ despido.Expte. N° 1763/02) ha destacado que "la exposición de motivos del decreto se orienta hacia el criterio amplio, en el sentido de comprender a todas las indemnizaciones derivadas de la extinción injustificada del contrato de trabajo, concuerda con la intención del legislador, de dar una norma de fuerte contenido protectorio para los trabajadores cuya fuente de trabajo se encuentra en peligro y que en caso de duda sobre la hermenéutica jurídica debe preferirse la interpretación que favorece y no la que dificulta los fines perseguidos por la ley (C.S.J.N.Fallos: 252:262)".

En igual sentido, se pronunció la opinión de la doctrina autorizada (ETALA, Carlos A., "La duplicación de las indemnizaciones durante el período de emergencia", en la "Emergencia económica en el Derecho del Trabajo", Suplemento Especial de la Revista de DT, año 2002"; ACKERMAN Mario E., "La mal llamada suspensión de los despidos y su prórroga prematura", DT, 2002-A-1145, ARESE César, "La operatividad del artículo 16 de la Ley 25.561 prorrogado por el decreto de necesidad y urgencia 883/2002", DT, 2002-B-1514 y ss).

Explica Etala, que no hubo exceso reglamentario en el Dcto. 264/02 porque "El vocablo indemnización en el texto de la ley esta tomado como nombre genérico comprensivo de todas las especies, tipos o rubros de carácter indemnizatorio que nazcan con motivo del despido. Es que gramaticalmente, el singular, además de aludir muchas veces a un solo ejemplar de la clase en cuestión, puede también referirse al conjunto total de objetos incluidos en ella, con lo cual resulta equiparable al plural. Por otra parte la indemnización no tiene por que sólo referirse a la indemnización por antigüedad puesto que existen otras indemnizaciones laborales que nacen con motivo del despido, como la indemnización sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, por maternidad, por empleo no registrado, etc. Si la ley hubiera querido individualizar una sola indemnización a duplicar lo hubiera hecho con precisión como lo hizo en el Art. 1 de la Ley 25.323". Concluye el autor, que la interpretación es clara pero si generara alguna duda sobre su alcance esta debería resolverse a favor del trabajador (art. 9° L.C.T.).

En conclusión, estimo que el artículo 4 del Decreto 264/02 no excede las facultades reglamentarias del PEN previstas en el artículo 99 inc. 2 de la CN sino que se ajusta al texto y a la ratio legis del artículo 16 de la Ley 25.561, razón por la cual y compartiendo en este aspecto el dictamen de Fiscalía de Cámara propicio rechazar la tacha de inconstitucionalidad deducida por la parte accionada.

B). Inconstitucionalidad de los Dctos. 883/02 (BO 29/5/02) y n° 662/03 (BO 21/03/03). El primero estableció una prórroga de 180 días hábiles administrativos contados a partir de su vencimiento originario al plazo del Art. 16 de la Ley 25.561 y el segundo prorrogó el plazo de vigencia del decreto 883/02. Sobre el particular esta vocalía sustentó en otros pronunciamientos el criterio de la inconstitucionalidad de esas prórrogas dispuestas mediante decretos deducida por las siguientes razones.

Primero, la parte demandada funda la tacha deducida en del decreto 883/02 y del Dcto. 662/03 que prorroga hasta el 30/6/03 la suspensión de los despidos dictados durante el período ordinario de sesiones del Congreso, lo que implica la afectación de las facultades constitucionales del Poder Legislativo (Art. 99 inc. 3, párrafo cuarto C.N.).

Segundo, el Poder Ejecutivo Nacional al momento que suscribió el decreto 883/02, no estaban dadas las condiciones de excepcionalidad exigidas por el Art. 99, inc. 3 , párrafo tercero C.N. , porque restaban aún más de cinco semanas (48 días) para el vencimiento originario del plazo fijado por el Art. 16 de la Ley 25.561. Ello convierte en inexacta la afirmación de existencia de la necesidad y urgencia en términos de actualidad a la fecha de su dictado. Esta singularidad permite inferir a la doctrina (Ackerman, ob.cit.) que el decreto de referencia pareciera haber tenido como único fundamento eludir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional dada la inexistencia de la urgencia y de la necesidad.

Tercero, la doctrina más autorizada (Etala, Ackerman ob. cit.) entiende que los decretos de prórroga -entre ellos los Dctos. n° 883/02 y n° 662/03- contienen una norma de sustancia legislativa que es propia del Congreso de la Nación (cfr. Art. 75 inc. 12 CN). De allí que su dictado en el período ordinario de sesiones -1 de marzo al 30 de noviembre de cada año (Art. 63 C.N.)- los convierten automáticamente en un acto afectado de nulidad absoluta e insanable por haber emitido irregularmente una disposición de carácter legislativo sin reunir las condiciones de urgencia y excepcionalidad (cfr. Art. 99 inc. 3, tercer párrafo C.N.).

Cuarto, la dudosa constitucionalidad de los decretos de prorroga del plazo de suspensión previsto en el Art. 16 de la Ley 25.561 quedó en evidenciada cuando el Congreso de la Nación salió al paso dictando la Ley 25.972 (BO 17/12/2004) para prorrogar la emergencia pública y el plazo de suspensión de los despidos en la forma prescripta en su Art. 4°.

Quinto, el Dcto. 883/02 y el Dcto 662/03 que prorrogan hasta el 30/6/03 la suspensión de los despidos alteró la estructura esencial del proceso constitucional para el dictado de un decreto de prórroga de emergencia, previsto en el Art. 99, inc. 3, tercer párrafo, CN, por lo que son inconstitucionales y por ende el despido del actor producido el 15/08/02 cae bajo el período indebidamente prorrogado por el Dcto. 662/02, y por lo tanto según mi opinión estaría exenta de la duplicación indemnizatoria prevista en el Art. 16 de la Ley 25.561.

No obstante los fundamentos expresados nuestra Corte Suprema de Justicia local se ha pronunciado a favor de la constitucionalidad de los decretos 883/02 y 662/03 in-re: "J.J.R vs. J.M y Cía Ltda. SACI s/Despido" (Sent. n° 121/2006 begin_of_the_skype_highlighting 121/2006 end_of_the_skype_highlighting).

El criterio del Supremo Tribunal también rige para el dto.256/03, basado en que la Ley 25972 ha convalidado a las sucesivas prórrogas dictadas por decreto.

Por lo tanto, esta deja a salvo el criterio expresado y se adhiere al criterio del superior tribunal de la provincia por razones de jerarquía jurisprudencial y economía procesal.

Debe tenerse en cuenta que "Los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, conociendo por vía de casación, constituyen doctrina judicial obligatoria y vinculante para los tribunales inferiores, cuando la identidad del caso a resolver encuadra en el precedente" (C.S.J. de Tuc. " Albornoz, Estela -vs- Grafa SA s/Cobros", sent. n° 158 del 15/3/96).

Se rechaza en cambio el reclamo de horas extras donde la prueba que se exige debe ser concluyente, categórica y relacionada al "quantum" de horas que exceden la jornada normal, fecha y duración, constituyendo una presunción grave en contra del trabajador el hecho de reclamarla recién al producirse el despido y no durante la vigencia de la relación laboral sumado a ello, que no se acreditó constancia de haberse verificado infracciones a la ley de jornada de trabajo n° 11.544.

Como bien lo señala el demandado, no habiéndose precisado las horas extras mal puede producirse pruebas tendiente a acreditar el quantum de las mismas. Esta Vocalía se ha pronunciado en forma reiterada que en materia de horas extras, la prueba debe ser juzgada con estrictez y precisión, no bastando al respecto las presunciones favorables al trabajador ni los elementos probatorios inductivos (SCBs.As.,14/12/84 "Gramajo, Carlos A. vs. Barreiro, I.", L.T. XXXIII-A-458; C.N.A.T. sala II, 15/2/71, "J.T.A.", 1979-161 begin_of_the_skype_highlighting 1979-161 end_of_the_skype_highlighting; C.N.A.T. sala II, 29/9/77, sent. 44.657; C.N.A.T. sala I, 22/4/76, Sent. 35.853; C.N.A.T. sala IV, 18/3/68, J.A., 1968-III-377). Ello es asi, por cuanto la inversión probatoria solo juega respecto de los montos reclamados y no del hecho mismo de la prestación del trabajo extraordinario.

Los rubros que progresan se calcularán sobre la remuneración de una cocinera con trabajo adicional previsto en el convenio colectivo n° 122/75.

Los rubros que progresan devengarán intereses desde que son debidos hasta su efectivo pago conforme a la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en las causas "MEDINA, Hugo Rafael vs. SI.PRO.SA. s/ daños y perjuicios" (sentencia n° 24 del 8/02/05) y "MARTIN, Ramón Eduardo y otros vs. AZUCARERA ARGENTINA C.E.I. Ingenio LA CORONA, s/ cobro de pesos", por ser obligatoria su observancia para los tribunales inferiores, al darse en autos una identidad fáctica respecto de los periodos de tiempo por los que cabe calcular intereses moratorios, lo que arroja la siguiente planilla:

Ingreso: 15/10/02Egreso: 04/10/04Haberes s/CCT 122/75 - Categ.: Cocinera GeriátricoBásico$ 352,00 Adicional 20% - Art.9 inc.11$ 70,40 Total$ 422,40 422,40 x 2 años$ 844,80 2) Indemnización Sustitutiva del Preaviso422,40 x 1 mes$ 422,40 3) Integración Mes de Despido422,40 / 30 x 27 ds. $ 380,16 4) Vacaciones prop./04422,40 / 25 x 10,5 ds.$ 177,41 5) SAC prop.2°sem/04422,40 / 12 x 3 ms.$ 105,60 6) Adicional Art. 9 inc.11) CCT 122/7570,40 x 24 ms.$ 1.689,60 7) Indemnización Art.2 Ley 25323(844,80 + 422,40 + 380,16) x 50%$ 823,68 8) Indemnización Art.16 Ley 25661(844,80 + 422,40 + 380,16 + 177,41) x 80%$ 1.459,81 Total $ al 04/10/04$ 5.903,46 Interés Tasa Pasiva BCRA al 30/06/075903,46 x 11,4709%$ 677,18 Total $ reexp.al 30/06/07$ 6.580,64 COSTAS:

Atento al progreso casi total de la demanda, rechazándose únicamente las horas extras por un defecto formal de proposición dado que se encuentra acreditado testimonialmente pero en forma genérica el trabajo suplementario, considero que las costas debe soportarla el demandado vencido (Art. 106 del C.P.C.C. aplic. supl.).

HONORARIOS:

Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el artículo 46 inciso "b" de la Ley N° 6204.

Atento al resultado arribado en la litis y a la naturaleza de la misma, es de aplicación el artículo 50 inciso "a" de la citada ley, por lo que se toma como base regulatoria el monto condenado, el que según planilla precedente resulta al 30/06/07 la suma de $ 6.580,64.

Teniendo presente la base regulatoria, la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución del pleito y lo dispuesto por los artículos 15, 39, 43, 60 y concordantes de la ley N° 5480 y 51 del C.P.T., con los topes y demás pautas impuestas por la ley N° 24.432 ratificada por ley provincial N° 6.715, se regulan los siguientes honorarios:

1) Al letrado P.L.Y. por su actuación en el doble carácter por la actora en dos etapas del proceso de conocimiento la suma de $ 700 (pesos setecientos).

2) Al letrado O.A.L.I. por su actuación en el doble carácter por la actora durante el proceso de conocimiento la suma de $ 700 (pesos setecientos) y por la reserva hecha a fs. 332 el valor de una consulta escrita, lo que asciende a la suma de $ 450 (pesos cuatrocientos cincuenta).

3) A la letrada M.G.R. por su actuación en el carácter de apoderada del accionado en las tres etapas del proceso de conocimiento la suma de $ 590 (pesos quinientos noventa) y por la reserva hecha a fs. 332 el valor de una consulta escrita, lo que asciende a la suma de $ 450 (pesos cuatrocientos cincuenta).

4) Al letrado E.L.D. por su actuación en el carácter de patrocinante del accionado en las tres etapas del proceso de conocimiento el valor de una consulta escrita, lo que asciende a la suma de $ 450 (pesos cuatrocientos cincuenta) y por la reserva hecha a fs. 332 el valor de una consulta escrita, lo que asciende a la suma de $ 450 (pesos cuatrocientos cincuenta).

5) Al perito contador C.P.N. R.R.S. por el informe pericial rendido en autos la suma de $ 190 (pesos ciento noventa). Es mi voto.

Voto del vocal Raúl M. Díaz Ricci:

Por compartir el criterio sustentado por el Vocal Preopinante me pronuncio en idéntico sentido. Es mi voto.

En mérito a lo expuesto, esta sala III de la Cámara del Trabajo, resuelve:



I).ADMITIR LA DEMANDA promovida por ESTHER DEL VALLE FERNANDEZ, en contra de JORGE ROSSI, condenándose a este ultimo al pago de la suma de $ 6580,64 (pesos seis mil quinientos ochenta con sesenta y cuatro centavos) en el plazo de 10 días de ejecutoriada la presente mediante deposito en el juzgado correspondiente, conforme fue considerado. II).COSTAS: Conforme se consideran. III).HONORARIOS: Al letrado P.L.Y. la suma de $ 700 (pesos setecientos). Al letrado O. A. L. I. las sumas de $ 700 (pesos setecientos) y $ 450 (pesos cuatrocientos cincuenta). A la letrada M.G.R. las sumas de $ 590 (pesos quinientos noventa) y $ 450 (pesos cuatrocientos cincuenta). Al letrado E.L.D. las sumas de $450 (pesos cuatrocientos cincuenta) y $450 (pesos cuatrocientos cincuenta). Al perito contador C.P.N. R. R. S. la suma de $ 190 (pesos ciento noventa). — Carlos San Juan. — Raúl M. Díaz Ricci.


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje