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Fernando giraldo gutierrez


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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL

Magistrado Ponente



FERNANDO GIRALDO GUTIERREZ
Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil doce (2012)

Discutido y aprobado en sesión de primero (1º) de agosto de dos mil doce (2012).



Ref: Exp. N° 110012210000-2012-00235-01


Decide la Corte la impugnación contra el fallo de 19 de junio de 2012, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que negó la tutela de Angela Viviana Moscoso Gómez contra el secuestre José Ignacio Díaz León, siendo vinculados el Juzgado Dieciocho de Familia de la ciudad, el Defensor de Familia y el Agente del Ministerio Público Adscritos a ese Despacho, Lyda Urrego Valderrama, Gerardo Abaunza Prieto, José Gustavo Calderón Puín, Andrés Felipe Velasco Rivera, Alvaro Veloza Orjuela y William de Jesús Velasco Roberto.



ANTECEDENTES
I.- La promotora, actuando en nombre propio y como representante legal de Dotamos Dotaciones Ltda., sostiene que fueron transgredidos sus derechos fundamentales y los de Adriana Archila y Ana Gómez al debido proceso y tranquilidad.
II.- La vulneración de sus garantías superiores la atribuye a que dentro del ejecutivo de alimentos a continuación del divorcio de Lyda Urrego Valderrama contra Gerardo Abaunza Prieto que cursa en el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá, el secuestre de un inmueble ha desplegado actuaciones que se salen del marco legal e incomodan a sus habitantes.
III.- Sustentó la reclamación en los supuestos fácticos que pasan a compendiarse (folios 1 al 6):
a.-) Que en el aludido trámite se ordenó el secuestro de un inmueble que ella y la sociedad poseen por virtud de una promesa de compraventa.
b.-) Que el accionado fijó unilateralmente en un millón setecientos mil pesos ($1.700.000) el canon que debería pagar Adriana Gómez, quien atendió la diligencia como su arrendataria.
c.-) Que ante la respuesta insatisfactoria sobre tal proceder, la tenedora no firmó el acta, por lo que no hay contrato y la demandante pidió practicar nuevamente la medida y designar otro auxiliar de la justicia.
c.-) Que sin utilizar las vías legales, el convocado constriñe ilegalmente a sus arrendatarios para que paguen el arriendo o desocupen, sin que ella pueda solicitar su relevo no ser parte en el proceso.
IV.- La actora pretende que se requiera a Díaz León para que no afecte la tranquilidad de los moradores y para que no utilice las vías hecho para cualquier reclamación.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS E INTERVINIENTES
La Juez Dieciocho de Familia dijo que la accionante no agotó todos los mecanismos judiciales a su alcance porque no se opuso al secuestro ni formuló incidente de levantamiento de medidas cautelares, amén de que el amparo no colma el principio de inmediatez, toda vez que la diligencia se practicó el 25 de agosto de 2011; afirmó que Adriana Archila alegó ser arrendataria, pero no probó su calidad; adujo que frente al proceder del secuestre existen otros mecanismos de defensa y que conforme a la sentencia T-775 de 2004 de la Corte Constitucional el mismo puede fijar el canon con los tenedores; aseveró que su actuación se ha ajustado a los mandatos legales (folios 23 al 30).
José Ignacio Díaz León resaltó que al atender la diligencia, Adriana Archila manifestó que su arrendadora Adriana Moscoso no vive allí, pero no dijo que en el segundo piso habite Ana Gómez; refirió que en ejercicio de su cargo procedió a contratar y fijar el canon, y ahora que aquella no lo paga ha reclamado la restitución por los cauces legales, hecho que no puede vulnerar las garantías invocadas; refirió que mediante sentencia de 16 de mayo pasado, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá resolvió la mencionada promesa de venta (folios 49 al 53).

FALLO DEL TRIBUNAL

Negó la protección con el argumento que el Juzgado es el llamado de manera primaria a remediar cualquier situación anómala propiciada por el auxiliar de la justicia, pero la quejosa no le ha presentado ninguna solicitud (folios 58 al 60).



IMPUGNACIÓN
Moscoso Gómez pidió anular la actuación, arguyendo que su solicitud fue enfilada únicamente contra un particular que ejerce funciones públicas, de tal manera que han debido conocerla los Juzgados Civiles Municipales; planteó que no discute la legalidad del nombramiento del secuestre, sino los mecanismos por fuera de la ley que éste usa para violar los derechos de su progenitora y sus arrendatarios, a quienes ella se suma como habitante y poseedora del predio; reiteró que al no ser parte, carece de legitimación para reclamar ante el Despacho Judicial que lleva el proceso (folios 76 al 78).

CONSIDERACIONES
1.- La controversia se centra en establecer si Díaz León vulneró las garantías superiores de las inconformes al presuntamente ejercer de manera indebida su cargo, por reclamar el pago de un canon de arrendamiento o la entrega de la vivienda de la que es secuestre de cuota parte dentro del ejecutivo de alimentos a continuación de divorcio seguido por Lyda Cecilia Urrego Valderrama contra Gerardo Abaunza Prieto.
2.- En relación la solicitud de nulidad que presenta la impugnante, la Corte encuentra que el Juzgado Dieciocho de Familia de Bogotá es la autoridad a cuyo cargo se encuentra directamente el control de la actividad del auxiliar de la justicia cuestionado, según lo prevén los artículos 9, numeral 4 y parágrafo 1, 688 y 698 del Código de Procedimiento Civil, de tal manera que el amparo se le hace extensivo y con ello la necesidad de vincularlo.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 1°, numeral 2°, inciso 1°, del Decreto 1382 de 2000, la competencia para conocer en primera instancia la tutela contra un Despacho judicial radica en su superior jerárquico, en este caso la Sala de Familia del respectivo Tribunal que efectivamente la ejerció; en consecuencia, no hay lugar a invalidar lo actuado.
3.- Para los efectos de la resolución que se adopta están demostrados los siguientes hechos:


  1. Que el 25 de agosto de 2011, en el citado asunto se secuestró y entregó al auxiliar de la justicia José Ignacio Díaz León la cuota parte de una casa ubicada en Chía.




  1. Que Adriana Archila atendió la diligencia, dijo: “Somos arrendatarias de doña Angela Moscoso, pero no vive acá” y no firmó el acta porque halló exagerado el canon de un millón setecientos mil pesos ($1.700.000) mensuales que aquél le fijó.




  1. Que en la misma actuación, el abogado de la demandante identificó como ocupante del segundo piso de la edificación a Ana Gómez.




  1. Que la quejosa no formuló oposición ni luego pidió levantar las medidas cautelares.




  1. Se desestimará la alzada, por las razones que pasan a mencionarse.

a.-) Porque Moscoso Gómez carece de legitimación para reclamar la protección, debido a que no es una arrendataria u ocupante de la vivienda a quien el secuestre estaría compeliendo a pagar el canon o a desocupar, toda vez que en la diligencia respectiva se identificaron como habitantes del inmueble a Ana Gómez y Adriana Archila, y ésta última expresó claramente que aquella no vive allí; además, tampoco es una de las personas a quienes el convocado citó ante la jurisdicción de paz para conciliar el tema.


Si bien la impugnante menciona a sus tenedoras como las titulares de los derechos que invoca, no acredita encontrarse en alguna de las situaciones excepcionales para el agenciamiento de derechos ajenos, de tal manera que respecto de ellas pudiera estudiarse de fondo el asunto. Otro tanto puede expresarse en relación con “Dotado Ltda.”, máxime que ni siquiera acreditó su existencia y representación legal.
La Sala encuentra que la accionante aduce ser una de las habitantes del predio, pero tal manifestación no es de recibo porque en el acta clara y espontáneamente Adriana Archila dice que no vive ahí y en su libelo de tutela ella misma anota que domicilio es Bogotá D.C., lugar donde está la dirección que aporta para notificarla; además, justifica que la condición que invoca deriva de ser poseedora, pero no necesariamente esta calidad conlleva ocupar directamente el bien.
Al efecto, debe tenerse en cuenta que uno de los requisitos de procedibilidad de la tutela tiene que ver con la titularidad para su ejercicio, la cual se encuentra en aquel cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados, por lo que será él quien podrá solicitar el amparo de manera directa o a través de su representante, punto sobre el que esta Corte ha expuesto que “al tenor de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la legitimación para ejercer la acción constitucional radica en cabeza de la persona cuyas garantías superiores han sido vulneradas o amenazadas, por lo que será ella quien podrá solicitar el amparo de manera directa o por conducto de su representante … la Sala ha sostenido de manera inveterada que la persona habilitada constitucionalmente para acudir a esta específica vía es aquélla a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El principio de la informalidad que impera en estos trámites, no llega hasta el punto de permitir, sin fundamento alguno, que cualquiera pueda alegar por cuenta de otro, como si a él se le violaran las “garantías fundamentales” y no a quien pretende favorecer...” (sentencia de 29 de septiembre de 2003, expediente 00245-01, citada el 23 de mayo de 2011, exp, 2011-00437-01).
b-) No se desconoce que la inconforme también arguye su condición de poseedora; sin embargo, esta no es una calidad que pueda reconocérsele con independencia de su comportamiento procesal en relación con el secuestro del bien raíz de que se trata, medida a la que no se opuso como la facultaba el artículo 686 del Código de Procedimiento Civil, ni dentro de los veinte días siguientes pretendió levantar mediante el incidente previsto en el numeral 8 del artículo 687 ídem, espacios idóneos para presentar la promesa de compraventa que invoca.
En las circunstancias anotadas, efectivamente la accionante no tiene legitimación para intervenir en el proceso, tal cual lo alega controvirtiendo el fundamento del Tribunal, pero ello se debe a que en su momento no ejerció los mecanismos que la ley provee a quien se considera señor y dueño de un bien con el fin de enervar su secuestro, no siendo la tutela el medio idóneo para enmendar este descuido.
c.-) Finalmente, es pertinente notar que no existe prueba alguna que indique un proceder anómalo del auxiliar de la justicia, pues, la promotora no aportó ni pidió prueba al respecto.
5.- Lo anterior resulta soporte suficiente para confirmar la sentencia censurada.

DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo de la procedencia y fecha preanotadas.
Comuníquese lo aquí resuelto a las partes, y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Devuélvase al Juzgado de origen el expediente recibido en calidad de préstamo.

Notifíquese
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

MARGARITA CABELLO BLANCO

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ

JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ




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