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Fallo Plenario N° 83, 22/8/1961 "Dos Santos, Zacarías c/ Frugoni y Prevé Ltda. S. A."


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Fallo Plenario N° 83, 22/8/1961

"Dos Santos, Zacarías c/ Frugoni y Prevé Ltda. S.A."

Publicado en LL 104-334 - DT 1962-166 - JA 1961-V-559


Por Juan Manuel Dominguez

La cuestión abordada en el acuerdo plenario en el que se dictó el fallo que motiva este comentario, estaba redactada en términos bastante específicos, a saber: “¿Debe admitirse la existencia de cosa juzgada cuando se reclaman diferencias de remuneraciones por aplicación del convenio colectivo 108, si en un juicio anterior seguido entre las mismas partes y en el que también se perseguía la reclamación por esas diferencias, correspondientes a un lapso distinto, se resolvió que el actor le alcanzaban los beneficios de dicho convenio?

No obstante, la doctrina emanada de él fue la siguiente “No constituye cosa juzgada el pronunciamiento recaído en un juicio anterior seguido entre las mismas partes y en el que también se perseguía el cobro de diferencias de remuneraciones por aplicación de un convenio colectivo en cuyos beneficios se incluyó al actor, respecto a la posterior reclamación correspondiente a otro lapso1. Es decir, esta última podría ser considerada con una proyección mucho más general que aquélla que fijó la cuestión a dirimir y que, reitero, parecía ceñirse a la hipótesis de reclamos vinculados con un único convenio colectivo.

Siempre que se analiza o estudia un plenario lo trascedente, en principio, es aquéllo que surge de la doctrina que sienta, en tanto ésta es obligatoria para la Cámara que lo dicta y los jueces inferiores que de ella dependen (arg. 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Lo expuesto, podría tornar innecesaria la alusión a los “hechos del caso” en que tiene lugar el pronunciamiento porque, insisto, la solución “en abstracto” es la que se impone.

Sin embargo, en algunas ocasiones, la precisión de los hechos que anteceden al plenario, permite comprender por qué se arriba a tal o cual posición. A este solo fin, es que resaltaremos que de la lectura del pronunciamiento surge que, Zacarías Dos Santos -viajante de comercio- había obtenido una sentencia favorable -pasada en autoridad de cosa juzgada- que le había reconocido el derecho a ser remunerado por el período comprendido entre abril de 1948 y febrero de 1954 de conformidad con la convención colectiva 108/48 de empleados de comercio y pese a la actividad industrial de la accionada. Posteriormente, dicho trabajador inició un nuevo pleito -también- orientado a obtener las diferencias salariales al amparo de dicha norma convencional pero por el período posterior al año 1954, invocando la res iudicata que emergería de la sentencia primigenia.

Ahora bien hay un hecho más a tener en cuenta que, para algunos de los magistrados que integraron la mayoría, resultaba de interés. Tal es, que el día 22/03/1957, es decir, luego de la sentencia definitiva del primer juicio, y antes de la del segundo -que es en el que se dicta la sentencia que comentamos-, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabaja dictó el Plenario N° 36 en autos “Risso, Luis c/ Química La Estrella”, que estableció que “en los casos en que el empleador tenga a su servicios trabajadores que realizan tareas distintas de las de su actividad específica, no debe considerárselo comprendido en las convenciones colectiva que contemplan especialmente la profesión o el oficio de esos trabajadores”.

Hechas las precisiones fácticas del caso, cabe poner de resalto que el fallo que nos convoca, fue dictado en el año 1961 época en la cual no existía norma positiva aplicable que estableciera qué era la cosa juzgada, más allá de la alusión en la nota que Vélez Sársfield realizara a los artículos 1102 y 1103 del Código Civil, en la cual se hace expresa referencia a las tres identidades que exige el instituto: causa, objeto y sujeto2. Quizá es por dicha circunstancia, que los argumentos de los distintos jueces que votan, por lo general, son muy ricos en aportes doctrinarios.

El dictamen del Dr. Sureda Graells se orienta en el sentido de la minoría, es decir que, para su postura, la sentencia primera proyecta efectos de cosa juzgada respecto del segundo reclamo. Para así expedirse, el Procurador General del Trabajo, afirma que el primer pronunciamiento tuvo por causa y efecto fijar un estado jurídico a cierto número de personas frente a un cuerpo legal, cuya aplicabilidad fue discutida por parte de quien ocupaba el lugar de deudor de las obligaciones en él impuestas; y que éste se proyecta hacia el futuro hasta el momento en que se presente un hecho, que por su naturaleza, tenga fuerza suficiente para novar la vinculación vigente.



En ese orden de saber, observa que lo peticionado en el segundo juicio es una continuidad en el tiempo del derecho consagrado y declarado en la primera sentencia, y constituye, pues, fundamento directo e inmediato del objeto y causa de la segunda reclamación; aun, asumiendo que no se trata -en estricto- de la misma suma pretendida ya que corresponden a períodos distintos. Por lo tanto, en su criterio, el deudor sólo podría invocar en su favor una causal de extinción de la obligación, ya sea por pago, novación, etc. pero nunca podría discutir el derecho creado en la sentencia que pasó en autoridad de cosa juzgada.

El doctor Ratti3 -que expone el principal voto por la minoría- considera verificada la triple identidad clásica al entender indiscutido que ésta se constata respecto de las partes y la causa; en tanto que, entiende que el verdadero objeto del proceso, primitivo, no era el pago de la duda en concepto de remuneración, sino la “cualidad de beneficiario” de determinado convenio colectivo. Afirma que tal aspecto (la cualidad) fue discutido en el primer proceso y constituyó antecedente lógico -aunque implícito- de la decisión que en aquél recayó.

Ratti, se plantea la posible incidencia en la solución de la doctrina plenaria sentada en autos “Risso” pero concluye que no procede su examen pues éste sólo podría realizarse luego de despejado el aspecto adjetivo de la convocatoria (la posibilidad de aplicar dicho plenario sólo se presentaría si se admite que el juez tiene libertad para juzgar si al actor alcanzan o no los beneficios del convenio colectivo 108, pero esa posibilidad desaparece si se acepta que existe cosa juzga a su respecto).

Del resto de los camarista que integran la posición minoritaria, cabe hacer mención a una cita que realiza Allocati respecto de Parry que sirve de guía para saber si hay o no cosa juzgada: “¿Al resolver sobre el objeto de una demanda, está el juez expuesto a contradecir una decisión anterior, afirmando un derecho negado o negando un derecho afirmado por la decisión precedente? Si no puede resolver sino exponiéndose a esta contradicción hay cosa juzgada”.

Los votos que se aunaron en la posición mayoritaria4, en cambio, presentaron -a mi modo de ver- una base argumentativa más dispersa que, como se verá, obedece a la incidencia del plenario “Risso”.

En primer lugar, cabe referirse a aquellos fundamentos que -orientados a dar respuesta negativa al plenario- se fincaron en un análisis teórico o abstracto de la cuestión. En esta posición “pura” encontramos el voto del Dr. Santos, quien sostuvo, en primer término, que la institución de la cosa juzgada estaba contemplada procesalmente5 como una excepción oponible por la parte demandada y que no era alegable por la demandante, pues ésta tenía a su alcance la vía de la ejecución de sentencia para hacerla valer. Sin embargo, el trabajador no tenía, en el caso, esa posibilidad pues los salarios posteriores al año 1954 no había sido objeto de condenación.

Por otra parte, y partiendo de la base de la estrictez con que debía ponderarse la existencia de cosa juzgada, consideró que la sentencia primigenia no tenía otro valor que el jurisprudencial, que emanaba de pronunciamientos recaídos en casos análogos, pero de ningún modo importaba la fuerza del instituto en examen, pues ésta solo tiene lugar cuando se trata de el mismo caso. Concluyó así que, solo se verificaba la identidad de partes en ambos procesos, pero no de objeto y causa, pues la causa del segundo era el trabajo efectuado con posterioridad a la primera sentencia, en tanto que el objeto lo integraban los salarios correspondientes a dicho trabajo.

Fleitas (h.), por su parte, comparte en sustancia dichos argumentos, y agrega que las decisiones judiciales declaran los efectos no de cosas a suceder sino de hechos sucedidos, por lo que no cabe su proyección sobre aquello que no había tenido lugar con anterioridad al primer pronunciamiento (concretamente: es lo ya dado y reconocido por y hasta el momento en que se dicta la sentencia lo que debe conceptuarse inmutable, no lo que pueda devenir). Además, entiende ­-en respuesta al voto de Ratti- que el objeto de la sentencia que hace cosa juzgada es la conclusión última del juez y no la serie de hechos, relaciones o estados jurídicos que en su mente constituyeron los presupuestos de aquel resultado. A la luz de esta última premisa, destaca que los actores en el juicio primero no habían demandado ni obtenido una declaración de que eran beneficiarios de la convención colectiva 108, sólo pretendieron, pura y exclusivamente, diferencias de salarios.

Concluye, entonces, afirmando que en el nuevo pleito se verifican dos de las tres identidades que requiere la res iudicata, las de sujeto y causa, pero nunca la del objeto, desde que se refiere a otra suma de dinero, correspondiente a diferencias por un período posterior6.

Por último, cabe hacer referencia a tres votos que -en definitiva- se inclinaron por la respuesta negativa a la convocatoria plenaria pero que ostentaron argumentos casuísticos.

El más paradójico en el del Dr. Maschera, para quien, en principio, correspondía una respuesta afirmativa dado que (a) en ambos juicios las partes eran las mismas, (b) en ambos se reclamaban diferencias retributivas por aplicación del convenio 108, y (c) en el juicio primero se resolvió que al actor le alcanzaban los beneficios del convenio aludido. Es así que plantea un interrogante: si la “única diferencia” entre los dos juicios es el tratarse de “períodos distintos”, sin que la situación existente en el nuevo período en nada se diferencie, de la existente en el período anterior ¿qué razón valedera, lógica y jurídica, podría invocarse para no admitir que existe cosa juzgada?

Es el dictado del plenario “Risso” el hecho al cual el Dr. Maschera le asigna la importancia tal como para “torcer” la consecuencia lógica de su votación. Afirma el magistrado que dicha doctrina plenaria se tornaba -obligatoriamente- aplicable al caso que motivaba la convocatoria y en virtud de ella se modificaría la conclusión a la cual se había arribado en el juicio primero.

En síntesis, el juez ponderando circunstancias fácticas del caso examinado se expide en pos una doctrina contraria a la que él hubiera sostenido de efectuar su examen en abstracto. Porque, en verdad, para Maschera, sí habría existido cosa juzgada respecto del reclamo originalmente fallado si no se hubieran alterado el estado jurídico preexistente o reconocido en aquél.7

A similares conclusiones arriban los Dres. Míguez y Cattáneo y, sólo por eso, terminan inclinándose por la respuesta negativa al interrogante planteado. Míguez, en efecto, precisa que al haberse precisado jurisprudencialmente el ámbito de aplicación de los convenios colectivos, se ha producido una innovación en el derecho que altera los términos en que aparentemente quedó constreñida la acción.

Ahora bien, más allá de lo vicisitudes señaladas, lo cierto y concreto es que la solución del plenario se orientó por la respuesta negativa a la procedencia de la cosa juzgada en la hipótesis descripta en la convocatoria. Pero tal decisión, aun cuando el artículo 303 del C.P.C.C.N. prevé que sólo podrá modificarse una doctrina por medio de una nueva sentencia plenaria, ¿puede ser considerada vigente o no?

Como ante expresáramos, la cuestión del plenario fue resuelta en un marco legal que carecía de normas específicas que precisaran el alcance de la cosa juzgada. La situación que se plantea en la actualidad, es distinta, pues el artículo 347 del C.P.C.C.N. es muy preciso al establecer que para que proceda la declaración de cosa juzgada el examen integral de las dos contiendas debe demostrar que se trata del mismo asunto sometido a decisión judicial, o que por existir continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiariedad, la sentencia firme ya ha resuelto lo que constituye la materia o la pretensión deducida en el nuevo juicio que se promueve. Y es con fundamento en dicha modificación legal que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se aparta expresamente del plenario “Dos Santos” y se expide por la existencia de cosa juzgada en los reclamos por diferencias salariales correspondientes a períodos sucesivos8. Por su parte, el Ministerio Público ante la Cámara se expide en el sentido de la existencia de res iudicata sin hacer alusión explícita al acuerdo plenario, es decir, prescindiendo de aquél9.

En contra de dicha posición, y partiendo de la vigencia del plenario podemos encontrar pronunciamientos de las Salas V y VI10 -esta última en una integración anterior-, donde vuelve a ponderarse la viabilidad de una reclamación por un período posterior, pese a existir decisión judicial anterior que falla acerca del derecho a las diferencias salariales.




1


 La posición mayoritaria fue votada por 8 miembros (Dres. Armando Machera, Oscar Cattáneo, Manuel Míguez, Electo Santos, Alfredo Córdoba, Videla Morón, Juan Fleitas -h- y Marcos Seeber); en tanto que la minoría la integraron el dictamen del Procurador General del Trabajo (Dr. Víctor Sureda Graells), y 6 votos (Dres. Jorge Ratti, Osvaldo Rebullida, Guillermo Eisler, Guillermo Valotta, Oscar Guidobono y Allocati).

2Ver voto del Dr. Allocati.

3A su voto, adhieren Eisler, Rebullida, Valotta, Guidobono y Allocati -estos dos último amplían sus fundamentos-.

4 Integrada por el voto de los Dres. Armando Machera, Oscar Cattáneo, Manuel Míguez, Electo Santos, Alfredo Córdoba, Videla Morón, Juan Fleitas -h- y Marcos Seeber.

5 Se refiere al artículo 63 del decreto-ley 32347/44, ratificado por ley 12.948.

6 Vemos aquí, se aparta de la argumentación del Dr. Santos, pues éste consideraba que únicamente existía identidad de partes pero no de causa ni objeto.

7 Si se presta atención, se advertirá que, en esencia, la solución no dista de la propuesta por el Procurador Sureda Graells, sólo que éste se limita al examen en abstracto de la cuestión jurídica.

8 Ver, entre otras, Sala II S.D. N° 99175 del 27/04/2011 en autos “Sepúlveda, Mónica Graciela y otros c/ Administración Nacional de la Seguridad Social s/ diferencias de salarios”.

9 Ver, entre otros, F.G.T. Dictamen N° 39131 del 15/10/2004 en autos “Luca, Fabio José c/ S.E.G.B.A. s/ diferencias de salarios”.

10 Ver, Sala V, S.D. 72916 del 30/12/2010 en autos “Cabana, Florentino y otro c/ Aceros Zapla S.A. s/ diferencias de salarios”; Sala VII, S.D. 60422 del 22/04/2008 en autos “Tapia Maria Alicia y otros c/ Administración Nacional de la Seguridad Social s/ diferencias de salarios”.


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