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SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas veinte minutos del trece de agosto de dos mil tres.


Proceso abreviado de divorcio y subsidiariamente de separación judicial establecido ante el Juzgado de Familia de Cartago, por JOSÉ LUIS MONTES GUZMÁN, guarda, contra MARÍA DE LOS ÁNGELES GRANADOS SOLANO, comerciante. Se ha tenido como parte al Patronato Nacional de la Infancia. Todos mayores, casados y vecinos de Cartago, con las excepciones indicadas.

RESULTANDO:

1.- El actor, en escrito fechado cinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve promovió el presente proceso para que en sentencia se declare: “1) Con lugar la demanda de divorcio o en subsidio la separación judicial. 2) Que se declare disuelto el vínculo matrimonial que nos une o en subsidio la separación judicial. 3) Que soy cónyuge inocente del divorcio o de la separación judicial. 4) Que la demandada ha incurrido en Sevicia Grave en mi perjuicio e intento contra mi vida y como tal es cónyuge culpable del rompimiento del vínculo matrimonial que nos ha unido, o de la separación judicial, POR HABER desatendido sus deberes asistenciales en mi perjuicio, por el abandono voluntario y malicioso que hizo en mi perjuicio, por haber incurrido en ofensas graves. 5) Que no siendo el inmueble del partido de Cartago matrícula folio real 104.202-000 es de mi exclusiva propiedad y se ordena cancelar la afectación al Régimen de Patrimonio Familiar, inscrito según citas del Registro Público 401-07538-01-0001-001. 6) Que la accionada debe de desalojar mi domicilio conyugal. 7) Que la guarda, crianza y educación de los hijos menores se me confiere. 8) Que la demandada no puede demandarme alimentos, derecho que si adquiero yo. 10) Que se condene a la demandada al pago de ambas costas de la acción.”.

2.- La demandada no contestó la acción, declarándose su rebeldía.

3.- El Juez, licenciado Alberto Jiménez Mata, por sentencia de las nueve horas treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil uno, dispuso: “De acuerdo a lo expuesto, y artículos 51 y 52 de la Constitución Política; 1, 2, 5, 6, 8, 11, 34, 41, 42, 48 y 57 del Código de Familia; se declara la confesión de rebeldía de la demandada y se declara CON LUGAR, parcialmente LA DEMANDA ABREVIADA DE DIVORCIO interpuesta por JOSÉ LUIS MONTES GUZMÁN contra MARÍA DE LOS ÁNGELES GRANADOS SOLANO y se declara la DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE UNE A ACTOR Y DEMANDADA. Sin pronunciamiento en cuanto a la separación judicial por falta de interés. La guarda, crianza y educación del hijo menor Juan Gabriel Montes Granados corresponderá a la madre, en tanto los demás derechos inherentes a la Patria Potestad serán para ambos padres. Con relación al bien inmueble del partido de Cartago matrícula ciento cuatro mil doscientos dos-cero cero cero, la demandada Granados Solano adquiere el derecho de participar en el cincuenta por ciento del valor neto final del mismo. Sin lugar la pretensión de desafectación del patrimonio familiar. El actor Montes Guzmán conserva su derecho a ser alimentado por la demandada Granados Solano, en tanto ésta pierde tal derecho. Las costas del proceso son cargo de la parte demandada. Se falla este asunto sin especial condenatoria en costas para las partes. Una vez firme este fallo, por medio de ejecutoria expedida a solicitud de parte interesada, inscríbase el mismo en el Registro Civil al margen del asiento trescientos ochenta y siete del tomo sesenta y dos del Libro de Matrimonios de la provincia de Cartago. Notifíquese esta sentencia en forma personal o en casa de habitación a la demandada, ello por medio del notificador del despacho.”.

4.- El actor apeló y el Tribunal de Familia, integrado por los licenciados Olga Marta Muñoz González, Nydia Sánchez Boschini y Óscar Corrales Valverde, por sentencia de las ocho horas cincuenta minutos del cinco de diciembre del año dos mil dos, resolvió: “En lo apelado, se confirma la sentencia recurrida.”.

5.- El actor formula recurso, para ante esta Sala, en memorial de data veinticinco de febrero de dos mil tres, el cual se fundamenta en los motivos que se dirán en la parte considerativa.

6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Vega Robert; y,

CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES: En su demanda, el actor solicitó –textualmente - que en sentencia se declarara: “1) Con lugar la demanda de divorcio o en subsidio la separación judicial 2) Que se declara disuelto el vínculo matrimonial que nos une o en subsidio la separación judicial 3) Que soy cónyuge inocente del divorcio o de la separación judicial. 4) Que la demandada ha incurrido en Sevicia Grave en mi perjuicio e intentó contra mi vida y como tal es cónyuge culpable del rompimiento del vínculo matrimonial que nos ha unido, o de la separación judicial, por haber desatendido sus deberes asistenciales en mi perjuicio, por el abandono voluntario y malicioso que hizo en mi perjuicio, por haber incurrido en ofensas graves, 5) Que no siendo el inmueble del partido de Cartago matrícula folio real 194.202-000 es de mi exclusia(sic) propiedad y se ordena cancelar la afectación al Régimen de Patrimonio Familiar inscrito según citas del Registro Público 401-07538-01-0001-001, 6) Que la accionada debe desalojar mi domicilio conyugal. 7) Que la guarda crianza y educación de los hijos menores se me confiere, 8) Que la demandada no puede demandarme alimentos, derecho que si adquiero yo. 10) Que se condena a la demandada al pago de ambas costas de la acción.”. La pretensión en cuanto al citado bien, fue sustentada por el actor en las siguientes proposiciones de hecho: “3) Que existe un bien inmueble que es el del Partido de Cartago Matrícula folio Real 104.202-000 QUE ME LO ADJUDIQUE EN UN REMATE, por lo que no es Bien ganancial, sin embargo lo afecté al Régimen de Patrimonio Familiar según consta del Registro Público citas de inscripción 401, 07738-01-0001-001.”. 4) Que la demandada no tiene derecho al inmueble antes descrito por no ser bien ganancial”. (folios 1 y 2). La demandada no contestó y fue declarada rebelde (folios 5 vuelto y 10). El A quo declaró la confesión en rebeldía de la demandada y con lugar parcialmente la demanda, declarando –entre otras cosas– la disolución del matrimonio. Asimismo dispuso: “Con relación al bien inmueble del partido de Cartago matrícula ciento cuatro mil doscientos dos –cero cero cero, la demandada Granados Solano adquiere el derecho a participar en el cincuenta por ciento del valor neto final del mismo.- Sin lugar la pretensión de desafectación del patrimonio familiar.”. A tal efecto, tuvo como probado que: “3.- El actor José Luis Montes Guzmán es propietario de la finca inscrita ante el Registro Público de la Propiedad Inmueble, partido de Cartaqo, matrícula de folio real número ciento cuatro mil doscientos dos-cero cero cero, finca adquirida en el año mil novecientos ochenta y cuatro y que se encuentra afectada, desde el año mil novecientos noventa y tres, al Régimen de Patrimonio Familiar a favor de la aquí demandada. (ver certificaciones de folios 9 y 34 a 44)”. Y como no probado lo siguiente: “No ha sido posible tener por demostrado, como lo pretende la parte actora, de que la compra del bien inmueble que está a nombre suyo en el Registro Público de la Propiedad haya sido gracias al dinero logrado en un premio de lotería que él ganó.”. Al respecto, razonó lo siguiente: “C) SOBRE BIENES: De conformidad con las certificaciones emanadas del Registro Público de la Propiedad, el aquí actor es propietario de la finca que se encuentra inscrita ante dicho Registro, sección de Inmuebles, matrícula de folio real del partido de Cartago número ciento cuatro mil doscientos dos- cero cero cero, finca que, de acuerdo a esa certificación que rola a folio 9 de la sumaria, fue adquirida por el señor Montes Guzmán en el año de mil novecientos ochenta y cuatro y es una finca que mide cuatrocientos ochenta y seis metros con setenta decímetros cuadrados, localizada en distrito Oriental del cantón Central de la provincia de Cartago; la cual está afectada a Régimen de Patrimonio Familiar a favor de la demandada desde el año de mil novecientos noventa y tres. -Alega el actor de que a pesar de que la propiedad fue adquirida en matrimonio, no es susceptible de declarar algún derecho de ganancial sobre ella en vista de que la causa de adquisición fue una compra verificada con un dinero obtenido en la lotería- En nuestro derecho de familia , concretamente en cuanto al régimen patrimonial del matrimonio, priva el principio de ganancialidad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, lo que en la práctica forense significa que todo bien adquirido por alguno de los cónyuges en tanto se encuentre en matrimonio se reputa como bien con susceptibilidad de tener derecho a ganancialidad de parte del no propietario y únicamente a prueba a contrario, con carga de la misma a cargo de quien dice tener causa excluyente de ese derecho, de acuerdo con las variables establecidas en el artículo 41 del Código de Familia. De acuerdo a esta doctrina, el actor presenta a estrados una de esas causas, alegando que la propiedad en cuestión la adquirió gracias a un dinero obtenido por un premio de lotería que el adquirió, sea como una subrogación de un bien adquirido aleatoriamente.- Para probar esa circunstancia, el actor se asienta en las declaraciones testimoniales de los dos testigos que han declarado en autos, pero a consideración del suscrito no se trata de prueba ni idónea ni suficiente como para desvirtuar aquel principio de ganancialidad. Dice el señor Campos Chacón que el propio actor le manifestó que había adquirido la propiedad con un premio de la lotería que se había sacado, lo que a todas luces no es una declaración relevante como para pretender de allí establecer una verdad, máxime que se trata de un dicho dado por el propio actor; en tanto la testigo Montes Guzmán dice que la casa fue adquirida con una lotería ganada y que se adquirió en un remate; pero no da mayores detalles de esa adquisición, no se menciona la causa por la cual ella sabe esa circunstancia, ni se aclara los términos de lo obtenido, si lo fue de un dinero que alcanzó por completo para esa compra o si el actor debió poner algo más para completar el monto, lo que deja muchas dudas que hace que sea imposible operar alguna forma de desvirtuar aquel principio ya descrito.- Aparte de todo lo anterior, existe una situación de fondo que hace que no pueda considerarse esa ganancialidad, como lo es que si bien se trata de una aleatoriedad, se trata de un premio adquirido con un dinero gastado, sea que si el billete de lotería es adquirido por una persona unida en matrimonio, es de suponer, según el principio de la ganancialidad, que es un bien (el billete) comprado o adquirido con el esfuerzo común y todo lo que resulte de él sería de esa misma forma, por lo que si no ha probado el actor que ese billete de lotería le fue donado o regalado, se presume que él lo compró con esfuerzo de ambos, por lo que lo adquirido con el dinero del premio sigue la misma suerte, por lo que no es viable considerar la existencia de una causa que borre la ganancialidad del mismo. -Así las cosas, la propiedad que se ha mencionado es un bien susceptible de ganancialidad y la demandada adquiere el derecho a participar en el cincuenta por ciento del valor neto del mismo.- Ahora bien, se solicita que en sentencia se proceda con la desafectación del patrimonio familiar de la propiedad en cuestión, lo que se rechaza, ya que se ha demostrado que la pareja tiene hijos menores y aunque a favor de ellos no existe ese derecho expreso en la certificación de propiedad, la jurisprudencia ha sido reiterativa en cuanto a que en tanto una pareja tenga hijos menores, subsiste un derecho de ellos a una habitación y la obligación de los padres de proporcionarla, reflejada en la necesidad de mantener esa habitación mediante la limitación de patrimonio familiar.”. (folios 63 a 70). Apeló el demandante (folios 72 y 76); y, el Tribunal de Familia de San José, mediante sentencia, Voto No. 1676-02 de las 8:50 horas del 5 de diciembre del 2002, dispuso confirmar, en lo apelado, la sentencia recurrida. Al efecto consideró que: “II.- En esta sede, se solicitó de conformidad con lo que establecen los ordinales 331 y 575 del Código Procesal Civil y con carácter de prueba para mejor proveer una certificación literal de la historia registral del inmueble del Partido de Cartago, inscrito bajo el sistema de folio real matrícula número ciento cuatro mil doscientos veintidós- cero cero cero sobre el cual se otorgó derechos a la parte accionada, a efecto de determinar si el mismo es ganancial o no. Del documento, allegado a los autos y visible de folio 102 a 114, en modo alguno se infiere que el mismo fuese adquirido por el propietario recurrente de otra forma que no fuese a título oneroso o mediante la concurrencia del esfuerzo común de ambos cónyuges, muy por el contrario, se determinó que el inmueble en cuestión, lo adquiere el demandado, siendo casado con la actora y que incluso lo afectó a patrimonio familiar a favor de ésta. De modo tal, que, en la especie no existe el menor indicio de que la finca, por su forma de adquisición constituya, un caso de excepción en cuanto a lo que nuestra legislación, específicamente el ordinal 41 del Código de Familia considera bienes gananciales….” (folio 121). Inconforme, el actor recurre de dicho fallo para ante esta Sala, lo cual hace de acuerdo con los siguientes agravios.

II.- AGRAVIOS: Alega que planteó este juicio para que, entre otras cosas, se declarara que el inmueble de Cartago, matrícula 104.203-000 no fuera tenido como bien ganancial. Agrega que la demandada no se opuso ni apersonó teniéndosela como rebelde así como contestados afirmativamente los hechos de la demanda y sus pretensiones, incluida la desafectación del régimen del patrimonio familiar y que el inmueble no fuera tenido como bien ganancial, por ser producto de la fortuna. Aspectos que nunca fueron demandados ni pretendido por la demanda, pero que sí fueron acordados por el Juzgado de familia y el Tribunal Superior. De ahí que alega –por razones de forma-, que el fallo es contradictorio entre lo pedido y lo resuelto (artículos 593 inciso 1 y 594 inciso 3 del Código Procesal Civil). Ello por que solicitó que la finca de Cartago 104.2002-000, que se adquirió en un remate con dineros provenientes de un dinero logrado de un sorteo de la lotería nacional; fuera desafectado del régimen de patrimonio familiar y le quedara en calidad de único propietario; por lo que la sentencia recurrida deviene totalmente contradictoria e incongruente. Asimismo alega errónea apreciación de derecho y de hecho en la valoración de la prueba documental y testimonial. Aduce que se incurre en error al valorar la prueba testimonial así como en un claro error documental, sobre todo de la traída para mejor proveer, que aparece a folios 102 a 104; puesto que lo que contiene es fecha de adquisición, estado y valor, siempre aparecerá como casado, pero no de dónde obtuvo el dinero; contradice la prueba testimonial según la cual adquirió el inmueble con fundamento en la diosa fortuna; de ahí que mal analiza y valora la totalidad de la prueba, pues no expresa el por qué no se da crédito a esas declaraciones –nunca cuestionadas por nadie-, así como tampoco la confesión en rebeldía de la demandada, quien acepta que el inmueble no es ganancial y cómo fue que lo adquirió. Pide ver los testimonios y el pliego con el interrogatorio confesional. Finalmente, agrega que, incurre en errores de hecho con el resto de la prueba, como afirmar que el actor adquirió el inmueble estando casado y lo afectó a patrimonio familiar no siendo requisito para la afectación el adquirirlo siendo casado por título oneroso. Ese criterio haría que si fuera por donación, adquirido soltero o siendo menor no podría afectarlo a tal régimen. Esta situación –alega-, hace procedente que se acoja el recurso, se case la sentencia y se excluya como ganancial el inmueble y se ordene su desafectación del régimen de patrimonio familiar.

III.- CONSIDERACIONES DE FONDO: el recurso se debe rechazar por varias razones: No existe la alegada contradicción entre lo pedido en la demanda y lo resuelto en el fallo, ni por ende, violación de los artículos 593 inciso 1 y 594 inciso 3 del Código Procesal Civil. Lo resuelto por el A quo y confirmado por el Ad quem, a saber que: “Con relación al bien inmueble del partido de Cartago matrícula ciento cuatro mil doscientos dos –cero cero cero, la demandada Granados Solano adquiere el derecho a participar en el cincuenta por ciento del valor neto final del mismo.- Sin lugar la pretensión de desafectación del patrimonio familiar.”, fue dictado dentro de los límites establecidos en la demanda, dando respuesta puntual– solo que negativamente-, tanto a las cuestiones debatidas en la misma: “3) Que existe un bien inmueble que es el del Partido de Cartago Matrícula folio Real 104.202-000 QUE ME LO ADJUDIQUE EN UN REMATE, por lo que no es Bien ganancial, sin embargo lo afecté al Régimen de Patrimonio Familiar según consta del Registro Público citas de inscripción 401, 07738-01-0001-001.”; y, 4) Que la demandada no tiene derecho al inmueble antes descrito por no ser bien ganancial”; cuanto a las pedidas por el actor en su demanda, a saber: que se declarase: “5) Que no siendo el inmueble del partido de Cartago matrícula folio real 194.202-000 es de mi exclusiva propiedad y se ordena cancelar la afectación al Régimen de Patrimonio Familiar inscrito según citas del Registro Público 401-07538-01-0001-001.”. (doctrina de los artículos 99 y 155 párrafo primero, del Código Procesal Civil). La disposición de que: “Con relación al bien inmueble del partido de Cartago matrícula ciento cuatro mil doscientos dos –cero cero cero, la demandada Granados Solano adquiere el derecho a participar en el cincuenta por ciento del valor neto final del mismo.”, no es más que aplicación del artículo 41 del Código de Familia, que en lo pertinente dispone que: “Al disolverse (…) el matrimonio (…) cada cónyuge adquiere el derecho a participar en la mitad del valor neto de los bienes gananciales constatados en el patrimonio del otro. Tales bienes se considerarán gravados de pleno derecho, a partir de la declaratoria a las resultas de la respectiva liquidación. …”; habida cuenta lo resuelto sobre bienes. Por el contrario, es el actor quien ha venido a ampliar su demanda, sin plantear oportunamente incidente de hecho nuevo, ni cumplir al efecto lo dispuesto por el artículo 313 del Código Procesal Civil, pues; pese a haber indicado en ella, tan solo que el bien no es ganancial por habérselo adjudicado en remate, ha sostenido luego –sorprendiendo así a los juzgadores de instancia-, que lo adquirió con fondos provenientes de un dinero logrado de un sorteo de la lotería nacional. Variando así, improcedentemente, la causa de pedir. Habida cuenta lo anterior, tampoco existe error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba. De los documentos registrales (visibles a folios 34 a 44 y 104 a 114) se desprende que, la finca de Cartago, matrícula 104.202-000, propiedad del actor, fue destinada por este, en 1993, al uso de habitación familiar, pasando a formar parte del Régimen Patrimonial de la Familia (folios 113 y 114). Asimismo, según testimonio de escritura del 18 de julio de 1983, citas de presentación al Diario, tomo 339, asiento 13581, inscrito el 17 de febrero de 1985 (folios 109 a 111), dicho inmueble fue el producto de la reunión de dos fincas propiedad del actor. A saber: fincas de Cartago, matrículas 070881 B y 68675. Y, según documentos de folios 39 a 40, únicamente la inscrita bajo la matrícula 070881 B -cuya propietaria anterior era la señora María de los Angeles Maroto Arias-, fue adquirida por el actor e inscrita a su nombre, como resultado de remate, según asiento de presentación al Diario, tomo 331, asiento 08474, de fecha 18 de abril de 1983. No prueba entonces el actor, como expresó en su demanda, que la finca de Cartago, matrícula 104.202-000, se la hubiese adjudicado en remate, sino solo una parte antecedente de ella. Y, aun cuando probase que ambas las adquirió en venta judicial –cosa que no hizo como era su deber procesal, a la luz del artículo 41 del Código de Familia en relación con el 317 del Procesal Civil-, eso mismo supondría que las obtuvo a título oneroso. Lo cual echa por tierra su proposición de demanda –a la que debemos sujetarnos- de que por ello dicha finca no es bien ganancial. Y aún cuando aceptásemos discutir la nueva cuestión -improcedentemente traída a debate- como lo es que la adquirió en remate pero con fondos provenientes de un dinero logrado de un sorteo de la lotería nacional –o sea por causa aleatoria-, sus reparos tampoco serían de recibo. Veamos: Según el artículo 41 del Código de Familia, los bienes constatados en el patrimonio del otro cónyuge, vervigracia, al disolverse el matrimonio –como en este caso–, gozan de una presunción de ganancialidad. Esto porque: “(…)Unicamente no son gananciales los siguientes bienes, sobre los cuales no existe el derecho de participación: 1) Los que fueren introducidos al matrimonio, o adquiridos durante él, por título gratuito o por causa aleatoria, 2)Los comprados con valores propios de uno de los cónyuges, destinados a ello en las capitulaciones matrimoniales; 3)Aquellos cuya causa o título de adquisición precedió al matrimonio; 4)Los muebles o inmuebles, que fueron subrogados a otros propios de alguno de los cónyuges; y 5) Los adquiridos durante la separación de hecho de los cónyuges.”. Lo cual impone, a quien pretenda destruir esa presunción, la carga de demostrar sus proposiciones de hecho, hechas con base en alguno de los excepcionales supuestos normativos antes indicados. Lo que nos lleva a preguntarnos, como lo hizo el A quo, acerca de la prueba idónea y suficiente al efecto pues, no toda prueba lo es. Así tenemos que, la confesión constituye plena, sólo en tratándose de hechos personales, contrarios a los intereses del confesante y favorables al adversario; la declaración de testigos es admisible para evidenciar hechos puros y simples, ajenos al deponente; siendo inadmisible –por principio-, para probar actos o contratos, casos en los cuales se requiere documento público o privado. En especial cuando su objeto tiene un valor mayor al diez por ciento de la suma mínima que se haya fijado para la procedencia del recurso de casación. (doctrina que se extrae de los artículos 338, 351, 352, 353, 370 y 379, entre otros, del Código Procesal Civil). Con base en lo cual caemos en la cuenta que no lleva razón el recurrente, a propósito de su reclamo según el cual no se ha atendido ni valorado adecuadamente su prueba. En cuanto a la confesión en rebeldía, la única pregunta en que se interroga sobre el inmueble es la número 12, la cual contiene, solamente, la siguiente aserción: “12) Que Ud no contribuyó en nada para adquirir el inmueble que fue nuestro domicilio conyugal” (folio 18). Como se ve, dicha confesión no alude en absoluto –ni sirve, por ende, como evidencia-, a la cuestión de si la finca fue adquirida con dineros procedentes de un premio. Ninguna prueba se desprende, tampoco, de que la accionada no contestase su demanda pues, como se dijo, dicha proposición ni siquiera formó parte de los hechos. Finalmente, en cuanto a la declaración de testigos, tenemos que: si bien Hugo Francisco Campos Chacón dijo: “el me manifestó que adquirió la propiedad con un premio que se sacó en la lotería. La casa la compró en un remate. “ (folio 14 vuelto); y, la testigo Flora María Montes Guzmán, declaró. “El la casa la compró porque se ganó una lotería y con la misma salió un remate y la compró en remate. Mi hermano se sacó la lotería hace bastantes años, él se sacó la lotería navideña y no recuerdo cuanto pero fue bastante”(folio 16 vuelto); no existe siquiera un principio de prueba por escrito, que la haga admisible, como sería, en este caso, una certificación de la Junta de Protección Social de San José, acerca del acto jurídico del cambio del billete y entrega del premio, puesto que, siendo bastante el premio, al extremo de servir para la compra del inmueble –según lo afirmado por el actor y su testigo-, cabe presumir, razonablemente, que debió ser de los que registra dicha entidad. Lo cual ni siquiera procuró conseguir el actor por medio del Juzgado. En todo caso, como en este asunto no se discute la ganancialidad sobre cualquier bien sino precisamente sobre un derecho real, adquirido en escritura pública e inscrito en el Registro Nacional, son los títulos de adquisición, asientos de inscripción y demás información del citado Registro los que se constituyen como medios de prueba idóneos para la comprobación de su causa adquisitiva. No siendo admisible al respecto prueba alguna de testigos contra o fuera de lo contenido en el documento, ni sobre lo que se pueda alegar que se dijo antes, al tiempo o después de su redacción, aún cuando se trate de una suma menor de diez mil colones (doctrina del artículo 353 del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 267, 478, 480 y 481 del Código Civil). Razones por las que, no se estima que se haya incurrido, por parte de los juzgadores de instancia, en los yerros de hecho o de derecho en la valoración de las pruebas de autos.

IV.- COROLARIO: De acuerdo con las consideraciones precedentes, se impone rechazar los argumentos invocados por el recurrente y, dado que, acertadamente confirmó el Ad quem lo dispuesto por el A quo, esto es que: “Con relación al bien inmueble del partido de Cartago matrícula ciento cuatro mil doscientos dos –cero cero cero, la demandada Granados Solano adquiere el derecho a participar en el cincuenta por ciento del valor neto final del mismo.- Sin lugar la pretensión de desafectación del patrimonio familiar.”; se debe confirmar el fallo impugnado en lo que fue objeto de recurso.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso, con sus costas a cargo de quien lo promovió.




Orlando Aguirre Gómez

Zarela María Villanueva Monge Bernardo van der Laat Echeverría


Julia Varela Araya Rolando Vega Robert

yaz.-





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