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Res: 2005-00062

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas diez minutos del nueve de febrero del dos mil cinco.


Proceso ordinario establecido ante el Juzgado Civil del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, por la SUCESIÓN DE ADOLFO MATAMOROS ALVARADO, representada por su albacea el señor Guillermo Andrés Matamoros Hidalgo, ingeniero civil y vecino de Alajuela contra MARTHA EUGENIA GONZÁLEZ SALAS, soltera. Figuran como apoderados especiales judiciales, de la parte actora el licenciado Gonzalo Monge Herrera, vecino de Ciudad Quesada, y de la parte demandada el licenciado Ramón Rodríguez Vindas, soltero y vecino de Heredia; estos dos últimos abogados. Todos mayores y casados, con las excepciones indicadas.

RESULTANDO:

1.- El demandante, en escrito de fecha quince de octubre de mil novecientos noventa y siete, solicita que en sentencia se declare: 1. Que los 2384 certificados de aportación de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE R.L. indicados en el hecho 1, por las sumas de ¢22.354.768.00 valor actual en libros, y de ¢17.553.792.00 valor en libros a la fecha de muerte del causante pertenecieron en vida y nunca dejaron de pertenecer al señor Adolfo Matamoros Alvarado, por lo que deben inventariarse y distribuirse o repartirse dentro de su proceso sucesorio. 2. Que la firma que aparece en el documento de fecha 12 de noviembre de 1994, en que supuestamente el señor Matamoros designó como beneficiaria de dichos certificados a la aquí demandada, no fue estampada o escrita por el señor Adolfo Matamoros Alvarado, por lo que dicho documento es inauténtico y/o falso, y en consecuencia no es apto para transferir a la demandada Marta Eugenia González Salas la propiedad de los referidos certificados y del capital que representan. 3. Subsidiariamente, que si la firma y documento fueran auténticos, la disposición contenida en el referido documento es absolutamente nula, por tener naturaleza de donación y no haberse otorgado en escritura pública; y/o es ineficaz, por no haber sido aceptada por la aquí demandada en vida del señor Adolfo Matamoros Alvarado. 4. Que, en caso de confirmarse la resolución que acogió el incidente de exclusión de los certificados, promovido por la demandada dentro de la Sucesión de Adolfo Matamoros Alvarado, esa resolución es absolutamente nula e/o ineficaz. 5. Que la demandada debe indemnizar los daños y perjuicios causados y que llegue a causar a la Sucesión que represento con el uso del referido documento, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia. 6. Que la demandada debe pagar ambas costas de este proceso ….

2.- La apoderada de la demandada, contestó la acción en los términos que indica en los memoriales de fechas quince de abril y diecinueve de mayo, ambos de mil novecientos noventa y ocho y opuso las excepciones de cosa juzgada, falta de interés actual, falta de derecho, falta de legitimación ad causam activa y pasiva y la genérica de sine actione agit. (folios 390 a 395 y 501 a 507).

3.- La jueza, licenciada Zoila Flor Ramírez Arce, por sentencia de las diez horas del treinta de octubre del dos mil tres, dispuso: “De conformidad con lo expuesto y citas de Ley, se DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR EL INCIDENTE DE DOCUMENTOS NUEVOS O EXTEMPORÁNEOS únicamente con respecto a las dos primeras declaraciones de la testigo Fait Sam, de fecha 18 de mayo de 1995 y 9 de setiembre de 1996, respectivamente, por considerarse prueba complementaria, no así la de fecha 10 de setiembre del año 2002, por improcedente. Se ACOGEN LAS EXCEPCIONES de falta de legitimación ad causan activa y pasiva, falta de derecho y la genérica de sine actione agit opuestas por la demandada, esa última comprensiva de las dos primeras y la de falta de interés actual; interés que no es posible tutelar por los motivos que conducen a acoger las primeras excepciones dichas, la excepción de cosa juzgada ya fue rechazada interlocutoriamente. En consecuencia, en todos sus extremos se declara SIN LUGAR la demanda, ordenándose levantar cualquier medida que hubiese recaído sobre los certificados de aportación de la Cooperativa de Productores de Leche R. L. (Dos Pinos). Se deniega los extremos por concepto de daños y perjuicios reclamados por la parte actora, así como los perjuicios solicitados por la parte accionada en su alegato de conclusiones visible a fl: 2503 fte. Se condena a la parte perdidosa al pago de las costas personales y procesales de esta acción”.

4.- Ambas partes apelaron y el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, integrado por los licenciados Yanina Saborio Valverde, Luis F. Calderón Ugarte y Antonio Barrantes Torres, por sentencia de las trece horas treinta y cinco minutos del veinticinco de febrero del año próximo pasado, resolvió: SE REVOCA PARCIALMENTE el fallo recurrido en cuanto denegó la entrega de la garantía establecida como medida cautelar y en su lugar se ordena: Devuélvase la garantía indicada, a la parte demandada previa liquidación que deberá hacer en la etapa de ejecución del fallo la parte interesada, de los posibles daños y perjuicios que se hubieren ocasionado.- En lo demás y con las rectificaciones expuestas, se mantiene incólume la sentencia impugnada”.

5.- El albacea de la parte actora formula recurso, para ante esta Sala, en memorial fechado el veintidós de marzo del dos mil cuatro, el cual se fundamenta en las razones que de seguido se dirán en la parte considerativa.

6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Vega Robert; y,

CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES: A) El 15 de octubre de 1997, el señor Guillermo Andrés Matamoros Hidalgo, en su condición de albacea provisional de la Sucesión de Adolfo Matamoros Alvarado, formuló ante el Juzgado Civil de San Carlos, demanda ordinaria que estimó en veinticinco millones de colones, contra Marta Eugenia González Salas, para que en sentencia se declare lo siguiente: 1°) que los 2.384 certificados de aportación de la Cooperativa de Productores de Leche R. L., por la suma de veintidós millones trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y ocho colones (valor actual en libros), y de diecisiete millones quinientos cincuenta y tres mil setecientos noventa y dos colones (valor en libros a la fecha de muerte del causante) pertenecieron en vida y nunca dejaron de pertenecer al señor Adolfo Matamoros Alvarado, por lo que deben inventariarse y distribuirse o repartirse dentro de su proceso sucesorio; 2°) que la firma que aparece en el documento de fecha 12 de noviembre de 1994, en que supuestamente el señor Matamoros designó como beneficiaria de dichos certificados a la demandada, no fue estampada o escrita por el señor Adolfo Matamoros Alvarado, por lo que dicho documento es inauténtico y/o falso, y en consecuencia no es apto para transferir a la demandada Marta Eugenia González Salas la propiedad de los referidos certificados y del capital que representan; 3°) subsidiariamente, que si la firma y documento fueran auténticos, la disposición contenida en el referido documento es absolutamente nula, por tener naturaleza de donación y no haberse otorgado en escritura pública; y/o es ineficaz, por no haber sido aceptada por la aquí demandada en vida del señor Adolfo Matamoros Alvarado; 4°) que, en caso de confirmarse la resolución que acogió el incidente de exclusión de los certificados, promovido por la demandada dentro de la sucesión de Adolfo Matamoros Alvarado, esa resolución es absolutamente nula e/o ineficaz; 5°) que la demandada debe indemnizar los daños y perjuicios causados y que llegue a causar a la sucesión que represento con el uso del referido documento, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia; y 6°) que la demandada debe pagar ambas costas de este proceso. Esta pretensión la fundamenta en que su padre Adolfo Matamoros Alvarado, fue en vida propietario o titular de 2.384 certificados de aportación de la Cooperativa de Productores de Leche R. L., por un valor en libros actual de veintidós millones trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y ocho colones, y que al momento de su muerte era de diecisiete millones quinientos cincuenta y tres mil setecientos noventa y dos colones. Estos certificados fueron inventariados en su proceso sucesorio, tramitado ante ese Juzgado bajo el expediente 185-3-95, pues su padre falleció el 15 de febrero de 1995. Agrega que la demandada, solicitando que le fuera entregado el dinero correspondiente, presentó a la Cooperativa dicha un documento que exhibe como fecha el 12 de noviembre de 1994, en el que se indica que el referido causante Adolfo Matamoros la designa a ella como beneficiaria de los referidos “certificados de aportación y del capital que los ampara”. Ese documento exhibe una razón de fecha cierta notarial, por la que supuestamente fue presentado ante el Notario William Guido Madriz, a las 10:45 horas del 15 de noviembre de 1994, quien autorizó la escritura número 100, visible a folio 79 frente del tomo 20 de su Protocolo. La demandada, en escrito de fecha 14 de marzo de 1996, presentó un incidente de exclusión de los referidos certificados, dentro del proceso sucesorio dicho, incidente que fue declarado con lugar por resolución de 13 horas del 26 de agosto de 1997, que fue apelada y el recurso se encuentra pendiente ante el Tribunal Superior de San Carlos. Indica que la firma que aparece en el referido documento presentado a la Cooperativa no fue estampada o puesta por don Adolfo Matamoros Alvarado, como incluso llegó a ser demostrado pericialmente, primero mediante un informe extrajudicial del señor Alfredo Povedano y luego por medio de dictamen pericial del Lic. Manuel Antonio Molina Álvarez, designado como perito dentro del proceso abreviado de la aquí demandada contra la sucesión, que se tramita ante ese mismo Juzgado bajo el expediente 1000-95. Señala que la escritura por la que se puso la fecha cierta mencionada, a pesar de exhibir la fecha referida (15 de noviembre de 1994), no fue reportada al Archivo Nacional en el índice notarial de la quincena respectiva, sino seis meses después, en mayo de 1995; y tiene el mismo número 100 ya puesto a otra escritura, que corresponde a una constitución de sociedad. En el índice indicado se reportan las escrituras número 99, 100, 101 y 102, ninguna de la cuales corresponde a la fecha cierta dicha. Además, la escritura exhibe varias circunstancias que desacreditan aún más la autenticidad de la fecha: a) la escritura aparece estrujada entre la 100 anterior y la 101, con letra minúscula –diferente de la que exhiben las otras escrituras- y sin dejarse las líneas libres (al menos dos) que se observan en las otras escrituras; b) en la escritura número 100 anterior, dos personas firman antes que el notario, contra lo que establece el artículo 76 inciso 10 de la Ley Orgánica de Notariado, previsión que el Notario sí respeta en las demás escrituras; c) la firma del Notario es más pequeña en las dos escrituras 100; y si tuviéramos el protocolo original a la disposición se podría determinar pericialmente si la parte inferior de la firma del notario en la escritura 100-bis está debajo o encima del texto de la número 101; d) transcurren largos meses sin que el notario entregue su protocolo al Archivo, pese a ir por el folio 100 vuelto, y en definitiva el Lic. Guido promueve diligencias judiciales de reposición, indicando que el protocolo le fue sustraído. Extrañamente presenta copias fotostáticas de todo el protocolo, pero no del folio 100; e) la última escritura otorgada ante el notario dicho lo fue el 15 de marzo de 1995, y pese a que sólo quedaba espacio para la razón de cierre, el protocolo no fue entregado al Archivo. El notario indicó que le había sido sustraído en diciembre de 1995 y las diligencias de reposición se iniciaron en junio de 1996; f) si realmente la escritura 100-bis se hubiera otorgado en la fecha y hora indicados, se habrían tenido que escribir –a mano- 56 líneas en quince minutos, lo que resulta humanamente imposible; y g) para terminar de evidenciar la trama urdida, la escritura 100-bis tiene como hora las 10:45 del 15 de noviembre de 1994, y la número 101 –que obviamente debería ser de hora posterior- tiene como hora reportada al Archivo las 10:30 del mismo 15 de noviembre. Manifiesta que el referido documento de fecha 12 de noviembre de 1994, tiene como contenido un acto de naturaleza gratuita, que requería escritura pública. Aún suponiendo que su padre lo hubiera firmado efectivamente, la disposición tendría carácter de donación (artículo 1031 Código Civil) y no se hizo en escritura pública (artículo 1397 ibídem). Además, por igual motivo, la demandada nunca aceptó la disposición, aceptación que habría tenido que verificarse en vida de su padre (artículo 1399 ídem) (folios 1 a 6).

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