Página principal

Exp: 97-003246-0166-la res: 2005-00222


Descargar 22.7 Kb.
Fecha de conversión23.09.2016
Tamaño22.7 Kb.

Exp: 97-003246-0166-LA

Res: 2005-00222

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del treinta de marzo de dos mil cinco.


Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por CARLOS BLANCO BARBOZA, contra CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representada por su apoderada especial judicial licenciada Gloria Martina Monge Fonseca, y la COMPAÑÍA PALMA TICA SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su apoderado general judicial licenciado Bernal Allen Meneses. Figura como apoderado del actor el licenciado Jorge Arturo Cubero Blanco, soltero. Los tres últimos abogados. Todos mayores, casados y vecinos de San José, con las excepciones indicadas.

RESULTANDO:

1.- El actor, en escrito fechado dos de octubre de mil novecientos noventa y siete, promovió el presente proceso para que en sentencia se ordene a las demandadas a acreditarle las cuotas correspondientes desde el 20 de octubre de 1952 al 18 de diciembre de 1970, se acumulen a las que cotiza actualmente y se les condene al pago de ambas costas de la presente acción.

2.- El representante de la institución demandada contestó la acción en los términos que indica en el memorial de fecha veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho y opuso las excepciones de falta de derecho y falta de legitimatio ad causam pasiva. El apoderado de la Compañía Palma Tica S.A. contestó la acción en escrito de fecha veintiséis de abril de dos mil uno y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, falta de interés actual, prescripción y la genérica de sine actione agit.

3.- El Juez, licenciado Luis Guillermo Rodríguez Vargas, por sentencia de las once horas diez minutos del quince de marzo de dos mil dos; dispuso: “De conformidad con lo expuesto, citas legales y artículo 492 del Código de Trabajo, fallo: Se declara CON LUGAR la presente demanda ordinaria laboral incoada por CARLOS BLANCO BARBOZA contra la COMPAÑÍA PALMA TICA SOCIEDAD ANÓNIMA, presentada por su APODERADO GENERAL JUDICIAL LICENCIADO BERNAL ALLEN MENESES, y contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL representada por su APODERADO GENERAL JUDICIAL LICENCIADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ RODRÍGUEZ. Por virtud de ello se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social a tener como contribuyente del Régimen de Invalidez, Vejes y Muerte, al aquí actor, respecto de los períodos comprendidos entre el 20 de octubre de 1952 y 14 de diciembre de 1955, el 27 de enero de 1956 al 10 de febrero de 1961 y por último del 17 de agosto de 1967 al 18 de diciembre de 1970, períodos en los cuales laboró para la entonces Compañía Bananera de Costa Rica, hoy Palma Tica S.A. Consecuentemente debe la Caja Costarricense de Seguro Social reconocer las cuotas mensuales que por tal circunstancia debió tener el actor en su cuenta individual, para lo cual deberá calcular el importe de dichas aportaciones de acuerdo con el salario que determinen sus peritos en sede administrativa. En vista de que conserva la Caja Costarricense de Seguro Social el derecho a cobrarle a la compañía codemandada el monto de las cuotas cuyo reconocimiento se ordena en esta sentencia, se compele a la Compañía Palma Tica, a cancelar dichas cuotas en el momento que la Caja Costarricense de Seguro Social se lo solicite. Debe dicha institución, a través de uno de sus peritos, proceder al cálculo de las cotizaciones correspondientes al período en mención, de acuerdo con el salario que devengaba. Conserva esta codemandada el derecho a cobrar tales montos a la Compañía Palma Tica S.A. Se rechaza la excepción de prescripción, interpuesta por Palma Tica S.A. Se rechazan las excepciones de falta de derecho y falta de legitimatio ad causam pasiva opuestas por la Caja Costarricense de Seguro Social, así como las de falta de derecho, falta de legitimación ad causam activa y pasiva, falta de interés actual y la genérica sine actione agit opuestas por la Compañía Palma Tica S.A. Se resuelve este asunto sin especial condena en costas. Se advierte a las partes que, esta sentencia admite el recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante este Juzgado en el término de tres días. En ese mismo plazo y ante este órgano jurisdiccional también se deberán exponer, en forma verbal o escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad; bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso (artículos 500 y 501 incisos c) y d) del Código de Trabajo; Votos de la Sala Constitucional Números 5798, de las 16:21 horas, del 11 de agosto de 1998 y 1306 de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999 y Voto de la Sala Segunda Número 386, de las 14.20 horas, del 10 de diciembre de 1999)”.

4.- El representante de la Caja Costarricense de Seguro Social apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de San José, integrado por los licenciados Luis Fernando Salazar Alvarado, Mayita Ramón Barquero y Guillermo Bonilla Vindas, por sentencia de las diez horas diez minutos del veintiocho de mayo de dos mil cuatro, resolvió: “Se declara que en los procedimientos no se observan vicios u omisiones causante de nulidad o indefensión. Se confirma la sentencia apelado”. La licenciada Mayita Ramón Barquero salvó el voto.

5.- La representante de la institución demandada formula recurso, para ante esta Sala, en memorial de data veintinueve de setiembre de dos mil cuatro, el cual se fundamenta en los motivos que se dirán en la parte considerativa.

6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada Varela Araya; y,

CONSIDERANDO:

I.- Don Carlos Blanco Barboza estableció demanda contra la Caja Costarricense de Seguro Social (folios 1 al 3), de la que también se dio traslado a la Compañía Palma Tica S.A. (folios 49 al 52), con el fin de que “a.- Se ordene a la Caja Costarricense de Seguro Social, me acredite las cuotas correspondientes desde el 20 de octubre de 1952 al 18 de diciembre de 1970, (sic) que se acumulen a las (sic) actualmente cotizo. b. Pago de ambas costas de esta acción.” Argumenta que laboró para la Compañía Bananera de Costa Rica -hoy Palma Tica S.A.- de 1952 a 1961 y de agosto de 1967 a diciembre de 1970, por lo que, de conformidad con el voto N°184-97 de las 9:42 horas del 10 de enero de 1997 de la Sala Constitucional, se le debió empadronar por esos períodos al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la codemandada, lo que se omitió por su patrono. La Caja Costarricense de Seguro Social contestó extemporáneamente la demanda. Por su parte, la Compañía Palma Tica S.A. rechazó la demanda, argumentando que el voto 184-97, a que se refiere la demanda, lo que obliga es a la Caja Costarricense de Seguro Social a respetar los derechos adquiridos por los trabajadores que fueron cubiertos por el Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte que se dictara en 1947, el que no incluía a los trabajadores agrícolas y de ganadería; por ello, no existía obligación de empadronar a estos trabajadores, como es el caso del actor. En primera instancia se declaró con lugar la demanda, condenándose a la Caja Costarricense de Seguro Social a tener como contribuyente del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al actor, en los períodos del 20 de octubre de 1952 al 14 de diciembre de 1955, del 27 de enero de 1956 al 10 de febrero de 1961 y del 17 de agosto de 1967 al 18 de diciembre de 1970, en los que laboró para la empresa codemandada, a la que se condenó a pagar a la primera (Caja Costarricense de Seguro Social), cuando ésta se lo solicite, las cuotas mensuales que no aportó por los conceptos dichos a la cuenta correspondiente del trabajador. Se resolvió sin especial condenatoria en costas. Conociendo de la apelación interpuesta, el Tribunal de Trabajo, Sección Primera, del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante la sentencia Nº 299, de las 10:10 horas del 28 de mayo del 2004, confirmó lo así resuelto. El apoderado general judicial de la Caja Costarricense de Seguro Social impugna ese fallo. Arguye que el ad quem, al igual que el a quo, olvidó condenar a la Compañía Palma Tica S.A. a indemnizarle a su representada los daños y perjuicios contemplados en los artículos 44 y 53 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que ha establecido la jurisprudencia, citando el voto N° 163, de las 15:30 horas del 16 de junio de 1999, de esta Sala, cuya desaplicación acusa.

II.- ACERCA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS: El recurrente se muestra inconforme porque no se condenó a la empresa coaccionada al pago de los daños y perjuicios originados en el no empadronamiento del trabajador. La inconformidad no es atendible, según lo que seguidamente se expone. En un caso muy similar al que origina la presente litis, y más reciente que el citado en el recurso, esta Sala manifestó: “Señala el recurrente que el Tribunal omitió condenar al Instituto ... a cancelarle a su representada los daños y perjuicios que establece el artículo 44 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (N° 17 de 22 de octubre de 1943), cuya falta de aplicación reclama. Dicha norma -antes de ser reformada por la Ley de Protección al Trabajador (N° 7983 del 16 de febrero del 2000) y en lo que para el caso interesa- disponía: Sin perjuicio de lo dicho en el párrafo anterior, la Caja queda obligada a otorgar la pensión y a proceder directamente contra el patrono o patronos responsables, para lo cual ejercitará las acciones judiciales que sean pertinentes para reclamar el monto de la pensión y los daños y perjuicios. La circunstancia de que no le hayan sido deducidas las cuotas al trabajador, no exime al patrono de responsabilidad. Estas acciones son imprescriptibles y de distinta naturaleza del derecho de demandar el simple reintegro de las cuotas atrasadas. La norma transcrita faculta a la Caja para cobrarle al empleador moroso el monto de la pensión que en definitiva tenga que pagar, así como los daños y perjuicios. Ahora bien, tales extremos debe reclamárselos la entidad aseguradora al patrono, siguiendo las reglas del debido proceso y del derecho de defensa en juicio, consagrados en los numerales 39 y 41 de la Constitución Política; caso contrario, la condena devendría a todas luces sorpresiva e ilegítima (ver, en igual sentido, los Votos de esta Sala N°s. 337 de las 10 horas del 31 de marzo y 601 de las 10 horas del 13 de junio, ambos del 2000). Además, al versar el recurso acerca de una omisión de pronunciamiento, se echa de menos la obligada gestión de adición que le correspondía realizar al agraviado, en los términos del artículo 498 del Código de Trabajo, a fin de que su reparo fuese atendible.” (Voto N° 285, de las 10:20 horas del 30 de mayo del 2001). Si bien dicha argumentación es perfectamente aplicable al caso sub litem, en este nos encontramos, además, que en la petitoria de la demanda no se incluyó el referido extremo, sino que se limitó al pedido de que se ordenara la inclusión de las cuotas dejadas de pagar en la cuenta individual del actor, para efectos de pensión con la Caja Costarricense de Seguro Social, y al pago de las costas (folio 2). Asimismo, pese a que, la Caja Costarricense de Seguro Social, fue debidamente notificada de la demanda, el día 20 de marzo de 1998, dándosele nueve días hábiles para su contestación, es lo cierto que la misma fue presentada hasta el 13 de abril siguiente, fuera del plazo otorgado. Incluso, en dicho escrito (folios 12 al 19), no se hizo referencia al pago de daños y perjuicios por parte de la codemanda Compañía Palma Tica S.A.; y tampoco esta empresa expuso nada al respecto al contestar la demanda (folio 54). Así las cosas, fue bien resuelto el punto por el ad quem, pues la litis quedó trabada, sin incluir el tema de los daños y perjuicios; por lo que de conformidad con los numerales 452 del Código de Trabajo y 99 y 155 del Código Procesal Civil, no cabe pronunciamiento alguno al respecto, so pena de incurrir en el vicio de incongruencia. Lo anterior sin perjuicio de que la Caja Costarricense de Seguro Social, en el momento correspondiente, pueda hacer uso de las amplias facultades que le otorga su ley constitutiva (N° 17 de 22 de octubre de 1943 y sus reformas, particularmente sus artículos 30, 44 y 53), para recuperar, previo debido proceso, los montos o sumas que correspondan, originados en el incumplimiento patronal de empadronamiento y pago de cuotas, a la seguridad social, que es la causa última que da origen a la presente litis, sin que precise para ello del pronunciamiento expreso que solicita el recurrente; y a lo que esta Sala, se encuentra imposibilitada, por las razones expuestas supra, a las que se agrega el hecho de que el Tribunal no emitió criterio alguno al respecto que pueda esta Sala valorar.

III.- Con fundamento en las consideraciones dichas, se debe rechazar el recurso para confirmar la sentencia del Tribunal en cuanto fue objeto de agravio.

POR TANTO:

Se confirma la sentencia recurrida.



Orlando Aguirre Gómez


Zarela María Villanueva Monge Bernardo van der Laat Echeverría




Julia Varela Araya Rolando Vega Robert

yaz.-

Exp: 97-003246-0166-LA

Res: 2005-00222






La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje