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Res: 2004-01011

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil cuatro.


Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo de Hatillo, por MARIO HENRY COREA SOTO soltero, guarda, contra EL ESTADO, representado por su Procurador Adjunto Licenciado Armando López Baltodano, vecino de Cartago, y contra la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL, representada por la Ministra de Justicia y Gracia Mónica Nagel Berger y Nuria Rodríguez Vásquez. Actúan como apoderados especiales judiciales; del actor la licenciada Leticia Pérez Hidalgo, soltera, y de la codemandada Junta Administrativa del Registro Nacional los licenciados Edgar Durán Martínez, María de los Ángeles Villalta Vargas y Lilliana Vargas Durán, soltera. Todos mayores, casados, abogados y vecinos de San José, con las excepciones antes indicadas.

RESULTANDO:

1.- El actor, en escrito de demanda de fecha cinco de mayo de mil novecientos noventa y cinco, promovió la presente acción para que en sentencia se obligue a las partes demandadas a la reinstalación en el puesto que ocupaba y al pago de ambas costas; o en su defecto solicitó el pago de preaviso, cesantía, vacaciones, aguinaldo, salarios caídos o dejados de percibir durante el proceso, seis meses de salario con base en el artículo 82 del Código de Trabajo y ambas costas del proceso.

2.- El representante estatal contestó la acción en los términos que indica en el memorial de fecha veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y seis y opuso las excepciones de falta de legitimatio ad causam pasiva, falta de derecho, falta de interés actual y la genérica sine actione agit. La codemandada contesto la acción en escrito presentado el cuatro de setiembre del mil novecientos noventa y ocho y opuso las excepciones de falta de legitimación ad causam pasiva, la genérica sine actione agit y prescripción.

3.- La jueza, licenciada Diamantina Romero Cruz, por sentencia de las trece horas cincuenta minutos del doce de febrero del dos mil tres, dispuso: “Razones expuestas y artículos de ley invocados: Se rechazan las excepciones de prescripción. Falta de Legitimatio ad causam pasiva. Se rechazan las excepciones de falta de derecho, falta de interés actual y genérica sine actione agit en cuanto a los extremos concedidos y se acogen en cuanto a lo denegado. Se declara con lugar la demanda ordinaria laboral establecida por MARIO HENRY COREA SOTO, contra EL ESTADO, representado por su procurador adjunto, el licenciado Armando López Baltodano, y contra JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL, representada por la Ministra de Justicia Mónica Nagel Berger, de calidades ignoradas en los autos o quien obstente tal condición en este momento, por lo que se condena a la parte demandada a lo siguiente: se ordene la reinstalación al puesto que desempeñaba el actor al momento del despido, ello a partir de la firmeza de esta sentencia, asimismo se condena a los demandados al pago de salarios caídos desde la fecha en que fue despedido el actor, salvo que hubiere percibido salarios con otro patrono, en cuyo caso solamente se condena al pago de las diferencias salariales con respecto al puesto en que se ordena la reinstalación. Además se condena a los demandados al pago de vacaciones al actor a partir de la data en que fue suspendido el trabajador de su puesto y se obliga al pago de aguinaldos correspondientes a partir de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. Al acogerse la pretensión principal se declara sin lugar la pretensión subsidiaria sea el pago de preaviso, cesantía, y a titulo de daños y perjuicios el equivalente a seis meses de salarios de la época en que esté firme la sentencia, a tenor del artículo 82 del Código de Trabajo. Se condena a la parte demandada al pago de ambas costas del proceso, siendo un asunto de cuantía inestimable se fijan prudencialmente los honorarios de abogados en la suma de ciento cincuenta mil colones. Se advierte a las partes que, esta sentencia admite el recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante este juzgado en el término de tres días. En ese mismo plazo y ante este órgano jurisdiccional también se deberán exponer, en formal verbal o escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad; bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso (artículo 500 y 501 inciso c) y d); (sic) Votos de la Sala Constitucional Número 5798, de las 16:21 horas, del 11 de agostos de 1998 y 1306 de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999 y Voto de la Sala Segunda número 386, de las 14:20 horas, del 10 de diciembre de 1999)”.

4.- El representante estatal apeló, y el actor se adhirió a ese recurso y el Tribunal de Trabajo, Sección Tercera del Segundo Circuito Judicial de San José, integrado por las licenciadas María E. Alvarado Rodríguez, Lorena Esquivel Agüero y Eugenie Salas Chavarría, por sentencia de las nueve horas diez minutos del doce de febrero del dos mil cuatro, resolvió: “Se declara que se han observado los procedimientos y no se notan defectos u omisiones que puedan causar indefensión Se confirma la sentencia recurrida en cuanto ha sido motivo de agravio. Una vez firme la presente resolución vuelva el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo”.

5.- El representante estatal formula recurso, para ante esta Sala, en memorial de data veintiocho de abril de dos mil cuatro, el cual se fundamenta en las razones que de seguido se dirán en la parte considerativa.

6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Aguirre Gómez; y,

CONSIDERANDO:

I.- El 25 de octubre de 1990, la Ministra de Justicia y Gracia planteó una gestión de despido contra el actor, quien prestaba servicios como Agente de Seguridad y Vigilancia 1 en el Registro Nacional (folios 2 y siguientes del expediente administrativo). Mediante resolución del Tribunal del Servicio Civil, de las 8:30 horas, del 17 de mayo de 1994, se acogió dicha gestión. La Sección Segunda, del Tribunal de Trabajo de San José, por voto número 165, de las 15:45 horas, del 8 de febrero de 1995, actuando como jerarca impropio confirmó lo así dispuesto (folios 70 a 73 y 114 a 115 de aquel expediente y; 8 y siguientes del principal ). Esa decisión fue ejecutada mediante oficio ARN-95-0993, del 17 de marzo siguiente, dirigido al actor, a quien se le puso en conocimiento del despido sin responsabilidad para el Estado, a partir del 16 de marzo anterior (folio 2). El señor Corea Soto mostró inconformidad en vía judicial respecto de dicha decisión de su empleador, pidiendo se condenara al Estado y a la Junta Administrativa del Registro Nacional a reinstalarlo en su puesto y a pagarle las costas o, subsidiariamente se les condene a cancelarle preaviso, cesantía, vacaciones, aguinaldo, salarios caídos o dejados de percibir durante el proceso, seis meses de salario con base en el artículo 82 del Código de Trabajo y costas (folios 4 y 5). La Sección Tercera, del Tribunal de Trabajo, del Segundo Circuito Judicial de San José confirmó el fallo de primera instancia, el cual condenó a la parte accionada a reinstalar al demandante al puesto ocupado al momento del cese con pago de todos los salarios dejados de percibir, salvo que hubiere recibido salario con otro patrono, caso en el cual sólo se le pagarán las diferencias salariales con respecto al puesto en que se ordena la reinstalación. También condenó a cancelarle las vacaciones desde su suspensión en el puesto y aguinaldos a partir de diciembre de 1995. Impuso las costas a la parte perdidosa fijándose los honorarios de abogado en la suma prudencial de ciento cincuenta mil colones (folios 233 a 246 y 269 a 274). Ante la Sala la representación estatal alega que los juzgadores han asumido una tesis contraria a la jurisprudencia, al no haber tomado en consideración los testimonios evacuados en sede administrativa. Y, agrega: “Más aún, en ese afán ese órgano también contradice lo que ya reiteradamente han señalado tanto la Sala Constitucional como la propia Sala Segunda, en el sentido de que durante el desarrollo de un procedimiento investigador –como el que se llevó contra el actor ante el Departamento Legal del Registro Nacional- no es obligatorio darle participación al investigado; ello por cuanto, se entiende, que en un posterior procedimiento administrativo sancionador, el presunto responsable de los hechos no sólo será debidamente apercibido de la falta o faltas que se le endilgan, sino que también se le permitirá el ejercicio pleno y absoluto de su derecho de defensa. Entonces es aquí en donde las reglas del debido proceso deben ser plenamente respetadas (entre muchas otras, ver resolución de la Sala Constitucional N° 2000-5608 de las nueve horas con cuarenta y tres minutos del siete de julio del dos mil)”. Señala que en este caso el debido proceso administrativo se cumplió plenamente en el procedimiento ante el Servicio Civil. Para el recurrente no incorporar las probanzas evacuadas en sede administrativa, atenta contra el equilibrio que debe existir entre las partes en el proceso “... toda vez que los testimonios que se recabaron en aquel momento, difícilmente pueden ser reproducidos en este proceso, ello en virtud de que los deponentes de aquella ocasión, en su gran mayoría, ya no fungen como servidores públicos. Aunque se aduce que al demandante no se le puede considerar autor de la sustracción de cuatro máquinas de escribir en el Registro Nacional; seguidamente se indica: “En resumen, la prueba testimonial recabada en sede administrativa es suficiente para acreditar que el señor Bustamante (se refiere a un testigo) conoció acerca del robo de las máquinas de escribir porque un amigo suyo, que laboraba en el Ministerio de Gobernación, así se lo había hecho saber en virtud de que el señor Corea se presentó ante él para ofrecerle el equipo”. Expresa que la declaración de otro testigo de apellidos Jiménez Vargas permite entender la posición que asumió aquel otro deponente ante las autoridades administrativas. Por último, para el recurrente al haberse demostrado el robo de aquellos bienes durante el rol que desempeñaba el actor “... la Administración pudo llegar a determinar de manera objetiva la pérdida de confianza para con ese servidor, puesto que como encargado de la vigilancia y seguridad de los bienes y personas, no cumplió de manera negligente (sic) y oportuna con sus deberes, y peor aún, se expuso ante terceras personas al ofrecer el equipo del Registro Nacional lo que evidentemente perjudicó el buen nombre de la Institución que está llamada a servir con decoro y eficiencia”. Con base en lo expuesto se pide declarar sin lugar la demanda en todos sus extremos e imponer las costas a cargo del actor.

II.- El hecho del despido propiamente dicho debe ser acreditado por la parte que lo invoca, en este caso, por el servidor ( numerales 29, 82, 461 y 464 del Código de Trabajo); correspondiéndole luego a la parte patronal, invocar y acreditar las justas causales que le dan fundamento. Lo anterior, se refuerza si acudimos al numeral 317, del Código Procesal Civil, que puede aplicarse a la materia laboral, en atención a lo dispuesto por el artículo 452 del Código de Trabajo (Voto N° 553, de las 10:25 horas, del 24 de mayo del 2000). De ahí que, si el empleador no cumple con la carga procesal de demostrar, sin lugar a dudas, la falta invocada como sustento de su decisión de poner fin a la relación de trabajo sin responsabilidad patronal, debe entenderse que ésta fue infundada. En el caso concreto, en la resolución del Tribunal del Servicio Civil, de las 8:30 horas del 17 de mayo de 1994, se autorizó el despido del demandante. Para arribar a tal conclusión, entre otros, se tuvo por acreditado que entre el 27 y el 29 de julio de 1990, se produjo la sustracción de cuatro máquinas de escribir del Registro Público de la Propiedad Inmobilidaria y que el actor el día 28 (aunque por un error material se indica de agosto) de las siete horas a las diecinueve horas integró la cuadrilla que se ocupó de la seguridad y de la vigilancia del Registro Nacional. También tuvo por acreditado que el señor Corea Soto estuvo involucrado en la sustracción de las máquinas, las que llevó a vender, y en relación a las cuales había recibido una llamada telefónica sobre una posible negociación de lo robado, dada la naturaleza de la llamada y su actitud sospechosa (folios 70 a 73). El Tribunal de Trabajo, actuando como jerarca impropio, mantuvo los hechos probados por aquel órgano y consideró: “Téngase en cuenta que si bien no se probó fehacientemente que el demandado fuera el autor del hurto de las máquinas de escribir, sí existen razones objetivas para que sus superiores le perdieran la confianza que toda relación laboral requiere, pues es obvia su negligencia en el ejercicio de sus funciones como vigilante, ya que de no haber sido así, la sustracción de las máquinas es lógico que no se habría producido” (folios 114 y 115). Con base en lo anterior, el accionante fue despedido. Aplicando las reglas de la sana crítica a tenor de lo dispuesto en el artículo 493 del Código de Trabajo, del expediente no se puede deducir, sin lugar a dudas, la comisión de la falta endilgada al actor, es decir, no es posible, tener por acreditada su participación en la sustracción de las máquinas de escribir ni la negligencia en el ejercicio de sus funciones como vigilante (como consecuencia de la cual se diera dicha sustracción). No hay prueba suficiente para acreditar esas falta invocadas como sustento del despido. En primer término se observa que en el proceso judicial no se evacuó prueba testimonial que avale la tesis patronal. Es cierto que la jurisprudencia ha sostenido la tesis de que las declaraciones rendidas en el procedimiento administrativo pueden ser valoradas en el proceso judicial. Sobre el punto en el Voto de esta Sala número 288, de las 14:30 horas, del 18 de junio del 2003, se indicó: “V.- No son atendibles los reparos, respecto a la certeza que se le dio a la prueba evacuada en sede administrativa, que no fue ratificada en sede jurisdiccional, ni se le puede negar valor a esa prueba, como lo pretende el actor, por lo que de seguido se dirá. En la jurisdicción laboral primó la tesis de que si, un servidor público, era despedido y, posteriormente, promovía demanda en reclamo de sus prestaciones laborales, argumentando arbitrariedad o improcedencia del despido, el Estado y sus Instituciones, para librarse del respectivo pago, debían ratificar o reproducir, en el proceso judicial, todas las probanzas evacuadas administrativamente; entre otras, los informes de auditorías internas o externas, así como los emitidos por el órgano designado como instructor del respectivo procedimiento administrativo, que pudieron servir de base -motivo, motivación o causal- para adoptar el acto del despido; pues, de lo contrario y aunque el expediente administrativo o los informes se incorporaran al proceso judicial, la destitución debía tenerse como no justificada; dado que aquellas probanzas, por más elocuentes y demostrativas que fueran de la conducta ilegítima, no podían tomarse en cuenta, por razones de respeto de un debido proceso. Ese razonamiento no del todo correcto, fue variado por esta Sala, mediante Voto 0285-98 de las 10:40 horas del 28 de noviembre de 1998, por contrariar principios básicos de derecho y las normas legales que los recogen; amén de ir contra las realidades fácticas y jurídicas. De ahí que se considere errónea tal premisa, en el sentido de que, las actuaciones administrativas, que fundan un acto de despido, carezcan, de pleno derecho, de validez alguna, ante la Administración de Justicia. La Administración Pública se rige esencialmente por el principio de legalidad, de modo que sus actuaciones, al ejercer sus potestades (que son poderes-deberes) deben ajustarse a las disposiciones legales, tanto de naturaleza formal como sustancial, previstas en el ordenamiento jurídico positivo -artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública-. Tanto el derecho privado como el público, funcionan con base en la presunción de que los actos de las personas o entes son válidos, mientras no se acrediten hechos o circunstancias que ameriten desconocerlos, desaplicarlos y hasta invalidarlos (doctrina de los artículos 370 del Código Procesal Civil y 140 de la mencionada Ley). Como lo explican Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, en su Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, página 536, lo señalado clásicamente importa una presunción “iuris tantum” que, en el campo administrativo, traslada al particular la carga de probar lo contrario, mediante la correspondiente impugnación. Esta exigencia debe adecuarse a las necesidades procesales propias de los conflictos derivados de las relaciones de empleo público, que aún se ventilan en esta sede laboral; en el sentido de que válidamente puede hacerse, en este otro proceso, ventilándose según sus propias reglas, sin tener que acudir a la vía contencioso-administrativa. La jurisprudencia laboral que se ha señalado mantuvo la Sala, tenía, en la realidad, un efecto negativo y contrario al ordenamiento, cual era, el de la presunción de invalidez o de ineficacia de un acto de despido; con la velada intención de relevar al particular de la carga de impugnarlo y de señalar los vicios, las irregularidades o las deficiencias graves que lo afectaban; lo cual no puede ser así, por ilegítimo. Como la jurisdicción de trabajo es también de rango constitucional, con plena autonomía e independencia de la contenciosa-administrativa, garantiza cumplidamente, a los servidores públicos, una vía jurisdiccional, verdaderamente tal, para la tutela de sus derechos. El debido proceso es un principio que debe ineludiblemente cumplirse en todos los procedimientos y en todos los procesos -tanto administrativos como judiciales-, por expresa disposición constitucional, y no puede válidamente afirmarse que, en aras de su cabal cumplimiento, sea necesaria la sustancial repetición del iter administrativo, en la sede jurisdiccional. Un eventual incumplimiento del debido proceso, constituiría un vicio del acto y, el afectado, podría invocarlo. La exigencia de reproducir o de proceder a ratificar, en la sede judicial las probanzas ya debidamente evacuadas administrativamente, es una pretensión que atenta de frente contra ese principio; además de colocar a la Administración en una situación de verdadera desventaja, en relación con la contraparte; dado que no siempre es factible poder ratificar o reproducir, en lo esencial, los respectivos elementos probatorios; todo lo cual puede, fácilmente, llevar a resultados tan injustos como contrarios al interés público.”. Pero aún siguiendo esa línea jurisprudencial, no es posible variar lo resuelto por el Tribunal. Revisado el expediente disciplinario tenemos que ante la Dirección General del Servicio Civil se evacuaron las declaraciones de Francisco Javier Solano Sevilla (agente de seguridad y vigilancia y quien fue suspendido por la misma causa que el actor); Melvin Ríos García, Fulvio Acosta Gamboa, Carlos Alberto Vigot Rojas, Jorge Eduardo Bustamante Chaves y Ernesto Santiago Chinchilla Vilchez (los primeros compañeros de trabajo y el último compañero de estudio de aquel); todas visibles a folios 43 a 47 y 60 del expediente administrativo). Con excepción de Vigot Rojas, Acosta Gamboa y Bustamante Chaves, los demás, no aportan ningún dato de interés para resolver la litis. Ahora bien, el primero, a folio 47 manifestó: “Yo lo único que sé es que el señor Bustamante le comunicó al señor Ríos de que un señor de Gobernación le dijo que un funcionario del Registro le había llevado unas máquinas y que como él vio que tenía patrimonio, él le dijo que se fuera de ahí y ese señor Bustamante le dijo que había sido Corea, y esto lo reafirmó delante de los compañeros y el Jefe de Seguridad. Quiero aclarar que yo nunca ví a Corea lo único fue lo que nos dijo el señor Bustamante” (énfasis suplido). Por otro lado, los dos últimos en esa instancia ratificaron las declaraciones rendidas ante el Departamento Legal del Ministerio de Justicia. También en ese Departamento declararon Solano Sevilla, Vigot Rojas, Ríos García así como Rodrigo Rodríguez Villalobos, Sergio Quesada Aguilera y Manuel Jiménez Vargas (folios 6 y siguientes del expediente administrativo). Valorando todas estas probanzas no se pueden tener por acreditadas las faltas invocadas, pues, de ellas no es posible extraer sin lugar a dudas que el actor las cometió, como para tener por justificado el despido. Sobre la participación del actor en la sustracción de las máquinas los testimonios son de referencia y contradictorios. Así, Francisco Solano Sevilla dijo haberse dado cuenta de la sustracción por Melvin Ríos, quien, a su vez le manifestó que los iban a “echar a todos” (folio 6 frente y vuelto). Esta otra persona también rindió testimonio en la fase investigativa, en el sentido de que el señor Jorge Bustamante Chaves, le manifestó que un amigo suyo del Ministerio de Gobernación le había dicho que tuvieran cuidado con un muchacho de apellido Corea, quien le había ofrecido vender unas máquinas. También expresó que cree que ese nombre sólo se lo indicó a él y no a sus compañeros y, además, que Bustamante no quería que lo involucraran en el asunto (folios 20 a 21). Por su parte, Jorge Bustamante en su deposición de folio 14 frente y vuelto y la ampliación a ésta en folios 8 a 9, negó haber sido él quien mencionó el nombre del demandante como la persona que pudo haber estado involucrada en la sustracción. Adujo que Ríos le comentó del suceso y que en una conversación entre los guardas y él, aquellos mencionaron al indicado funcionario, fundados en que era el único que tenía carro para sacar los bienes. Por otro lado, declaró que todas las manifestaciones sobre el hecho que interesa habían sido tergiversadas. Aunque en la ampliación de la declaración reconoció que confidencialmente le dijeron que los participantes del hecho habían sido los funcionarios de seguridad. También dijo que en una reunión, el compañero Vigot había manifestado que “Paco” y Corea habían recibido una llamada sospechosa, acerca de una negociación de lo robado y que luego Corea salió diciendo que iba a ir a limpiar el carro. Por esas manifestaciones y la noticia recibida: “... afirmé que los causantes del robo lo eran las personas que mencionó el señor Vigot”. Por último, sostuvo que no quería involucrarse por no constarle los hechos, sin que tenga la intención de encubrir a alguien y, que los comentarios de su parte fueron de buena fe, para colaborar. Si bien es cierto, Vigot Rojas, en su declaración en folios 12 y 13, dio cuenta que Melvin Ríos le contó que Bustamante había afirmado que el demandante estaba involucrado en el robo; en una reunión, ante preguntas que él hizo a Bustamante acerca de si éste había participado en ese hecho, reconoció haber recibido como respuesta, la siguiente: “... sí era un funcionario del Registro Nacional”. Por otro lado, Sergio Quesada Aguilera quien también estuvo presente en la reunión que se hiciera con Bustamante, al cuestionársele si éste mencionó el nombre del actor, señaló que contestó que fue un funcionario del Registro Nacional que tiene carro (folios 18 y 19). Tampoco en presencia del testigo Manuel Jiménez Vargas involucró expresamente al actor en el robo (folio 10 frente y vuelto). Fulvio Acosta en sede administrativa sólo dijo tener conocimiento de lo que le contaron (folio 11). En ese orden de ideas, Melvin Ríos es la única persona que relata haber recibido una comunicación, directa, expresa y clara de parte de Bustamante acerca de la participación del demandante en el robo; información que es negada por este último. Si a lo anterior agregamos que Melvin Ríos así como el resto de los compañeros, algunos de los cuales rindieron testimonio en la fase investigativa, para la época de la sustracción de las máquinas, habían prestado los servicios como guarda del lugar y, que por ende, no sólo podían estar preocupados por lo acontecido, sino, hasta también pudieron haber tenido responsabilidad por el hecho dañoso, llevan a la Sala al convencimiento de que, en realidad, no hay prueba suficiente de que el actor fuera partícipe de aquel hecho. Respecto de la supuesta negligencia cometida por el demandante en el desempeño de sus funciones de guarda, tampoco se cuenta con prueba suficiente como para justificar el cese de la relación sin responsabilidad patronal. Ni en sede administrativa ni en la judicial se pudo determinar con exactitud cuándo y cómo ocurrió aquella sustracción. Así, en el punto identificado con la letra b), de la resolución del Tribunal del Servicio Civil que acogió la gestión de despido y confirmado por el superior jerárquico de ese órgano, sobre el particular se indicó que aquella se dio entre los días 27 y 29 de julio. Según se desprende del documento visible a folio 3 del expediente principal, en ese lapso laboraron varias personas, organizadas en cuadrillas, a saber: Gerardo Rojas Oviedo, Isidoro Briones Matarrita, Johnny Araya Alfaro, Francisco Solano Sevilla, José Luis Herrera Navarro, Sergio Aguilera Navarro, Carlos Vigot Rojas, Melvin Ríos García, Manuel Jiménez Vargas, Mauricio Coronado Godínez, Jorge Eduardo Quirós Rojas, William Hernández González, Ulier Umaña Vargas, José Enrique Lizano Céspedes, Luis Fernando Abarca Jiménez y el demandante. En consecuencia, no existe certeza de que fuera el actor quien incurriera en negligencia como consecuencia de la cual se cometiera el hurto de los bienes del demandado. El artículo 17 del Código de Trabajo, dispone: “Para efectos de interpretar el presente Código, sus Reglamentos y sus leyes conexas, se tomarán en cuenta, fundamentalmente, el interés de los trabajadores y la conveniencia social”. Esa norma recoge un principio fundamental en Derecho del Trabajo, cual es, el Principio Protector, del cual se deriva la regla del principio del in dubio pro operario, según la cual, en caso de que una norma admita varias interpretaciones, debe acogerse aquella más favorable al trabajador. Doctrinaria y jurisprudencialmente ha sido extendida a la valoración de las pruebas, en casos de auténtica duda (Voto número 38, de las 10:10 horas, del 5 de febrero de 2003). En el caso concreto, por las razones explicadas, al existir una duda razonable sobre la existencia de las faltas achacadas al señor Corea Soto, el despido no puede tenerse por justificado.-

III.- Por las razones expresadas en los considerandos precedentes y en lo que ha sido objeto de agravio, la sentencia impugnada debe confirmarse.-

POR TANTO


Se confirma la sentencia impugnada.-

Orlando Aguirre Gómez



Bernardo van der Laat Echeverría Julia Varela Araya



Ana Luisa Meseguer Monge Víctor Ardón Acosta

Exp: 95-300019-0216-LA.

jjm/yaz.





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