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Res: 2005-00613

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veinte de julio del dos mil cinco.


Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por GUISELLA VARGAS VARGAS, ingeniera agrónoma, ADELITA SIBAJA SALGUERO, licenciada en trabajo social, FABIÁN VEGA CARVAJAL, máster en administración educativa, VÍCTOR HUGO MÉNDEZ ESTRADA, licenciado en enseñanza de la biología, ALEJANDRA CRUZ MÚÑOZ, socióloga, FLOR DE MARÍA MONTERO ARCE, divorciada y vecina de Heredia, MARÍA CASCANTE PRADA, licenciada en tecnología de alimentos y vecina de Alajuela, FLOR DE MARÍA CHACÓN CHAVES, licenciada en educación y vecina de Heredia, IRIS AMALIA RAMÍREZ SÁNCHEZ, licenciada en trabajo social, MARÍA CECILIA BALMACEDA ALVARADO, licenciada en educación y vecina de Heredia, MARÍA DE LOS ÁNGELES CHAVARRÍA ROMÁN, licenciada en administración educativa, JULIO ZELAYA LUCKE, licenciado en ciencias económicas, MAUREEN ACUÑA CASCANTE, administradora de empresas, MARÍA DE LOS ÁNGELES VALERIO SEGURA en representación de MARVIN CALVO MONTOYA, soltero, máster en biología y vecino de Heredia, NIDIA LOBO SOLERA, licenciada en trabajo social y vecina de Alajuela, NIDIA HERRERA BONILLA, divorciada, licenciada en trabajo social y vecina de Alajuela, MARIO MEOÑO BRIANSO, licenciado en administración de negocios, ANA LIGIA GARRO MORA, soltera y bióloga, MERCEDES MARÍA MESÉN VALVERDE, soltera, licenciada en historia, HERNÁN GERARDO CORDERO GONZÁLEZ, licenciado en geografía y vecino de Heredia, RAFAEL ÁNGEL RODRÍGUEZ FALLAS, licenciado en administración educativa, ODETTE BOURROUET LEÓN, soltera, licenciada de negocios, JEANNETTE VARGAS JIMÉNEZ, soltera, licenciada en psicología, PATRICIA RODRÍGUEZ PEÑA, psicóloga y vecina de Alajuela, SONIA ELIZABETH PINEDA LIMA, licenciada en bibliotecología, EDUARDO CASTILLO ARGUEDAS, máster en administración de negocios y vecino de Cartago, NORBERTO PEÑA GONZÁLEZ, licenciado en contaduría pública, JORGE EDUARDO CASTILLO FONSECA, máster en administración de negocios, MAYELA TORRES QUESADA, administradora de empresas y vecina de Cartago, ROXANA ESCOTO LEIVA, licenciada en ciencias económicas, CLARISSA ESQUIVEL HERNÁNDEZ, licenciada en educación especial y vecina de Heredia, EDGAR CASTILLO CRUZ, ingeniero agrónomo, KRISSIA MORALES CHACÓN, soltera, licenciada en educación especial y vecina de Cartago, GERARDO JIMÉNEZ VÁSQUEZ, licenciado en historia y vecino de Alajuela, MARÍA ELENA UREÑA JIMÉNEZ, soltera, licenciada en bibliotecología y vecina de Heredia, MARTA CASTILLO ALFARO, licenciada en bibliotecología y ciencias de la informática, ROSARIO SOLANO MURILLO, soltera, licenciada en bibliotecología, ANA CECILIA BARRANTES RAMÍREZ, ingeniera industrial, ZOILA ROSA MARÍN RODRÍGUEZ, licenciada en administración educativa y vecina de Cartago, ROSA AMÉN CHEN, licenciada en administración educativa, RICARDO LEONEL BANEGAS ARGUELLES, licenciado en contaduría pública y vecino de Heredia, ANA LÁSCARIS COMNENO, licenciada en psicología, ANA ISABEL TRISTÁN SÁNCHEZ, divorciada, licenciada en psicología, THAIS CASTILLO ALFARO, soltera, licenciada en currículum, VIRGINIA ESPELETA DELGADO, licenciado en la enseñanza de la matemática, MARTA EUGENIA RIVAS ROSSI, licenciada en biología y vecina de Cartago, MARÍA INÉS ALFARO RODRÍGUEZ, licenciada en psicología, MAYELA JIMÉNEZ VEGA, divorciada, licenciada en bibliotecología, PABLO RAMÍREZ MENDOZA, licenciado en contaduría pública, MARÍA DE LOS ÁNGELES VALERIO SEGURA, viuda, licenciada en derecho, ANA CECILIA MURILLO GONZÁLEZ, licenciada en trabajo social, DELFILIA MORA HAMBLIN, licenciada en sociología, ROSE MARY HERNÁNDEZ VARGAS, licenciada en historia, JOHANNA MEZA VARGAS, licenciada en matemáticas, SILVIA ABDELNOUR ESQUIVEL, divorciada, licenciada en administración de negocios, ANABELLE RUIZ CASTRO, soltera, licenciada en filosofía, EDWIN CHAVARRÍA MONTERO, arquitecto, CARLOS ROJAS QUESADA, ingeniero agrónomo, ANA CRISTINA PEREIRA GAMBOA, licenciada en administración de empresas, ROSARIO ARIAS QUIRÓS, licenciada en matemáticas, HUBERT VILLEGAS ROJAS, máster en administración educativa y vecino de Alajuela, BETTY ARAYA CHAVES, licenciada en tecnología de alimentos, LEDA VÁSQUEZ ESQUIVEL, divorciada y licenciada en educación, RITA LEDEZMA HERNÁNDEZ, soltera, licenciada en bibliotecología, LIGIA MARÍA MENESES SANABRIA, soltera, máster en administración y vecina de Cartago, MARÍA MARTA CHAVERRI RIVERA, máster en educación y vecina de Cartago, y ROBERTO BRAVO SILVA, divorciado y doctor en filosofía, contra UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA, representada por su Rector Rodrigo Arias Camacho, máster en administración de negocios y vecino de Heredia. Figuran como apoderadas especiales judiciales; de la parte actora, la licenciada María Luisa Segura Gutiérrez, abogada; y, de la parte demandada la licenciada Fabiola Cantero Acosta, soltera y abogada. Todos mayores, casados y vecinos de San José, con las excepciones indicadas.

RESULTANDO:

1.- Los actores, en escrito de demanda de fecha 11 de agosto de 1994, promovieron la presente acción para que en sentencia se les otorgue a los señores Guisella Vargas Vargas, Adelita Sibaja Salguero, Víctor Hugo Méndez Estrada, Alejandra Cruz Muñoz, Flor de María Montero Arce, María Cascante Prada, Flor de María Chacón Chaves, Iris Amalia Ramírez Sánchez, María Cecilia Balmaceda Alvarado, María de los Ángeles Chavarría Román, Julio Zelaya Lucke, Maureen Acuña Cascante, Marvin Calvo Montoya, Nidia Lobo Solera, Nidia Herrera Bonilla, Mario Meoño Brianso, Ana Ligia Garro Mora, Mercedes María Mesén Valverde, Hernán Gerardo Cordero González, Rafael Ángel Rodríguez Fallas, Odette Bourrouet León, Jeannette Vargas Jiménez, Patricia Rodríguez Peña, Sonia Elizabeth Pineda Lima, Norberto Peña González, Jorge Eduardo Castillo Fonseca, Mayela Torres Quesada, Roxana Escoto Leiva, Clarissa Esquivel Hernández, Krissia Morales Chacón, Gerardo Jiménez Vásquez, María Elena Ureña Jiménez, Marta Castillo Alfaro, Rosario Solano Murillo, Ana Cecilia Barrantes Ramírez, Zoila Rosa Marín Rodríguez, Rosa Amén Chen, Ricardo Leonel Banegas Arguelles, Ana Láscaris Comneno, Ana Isabel Tristán Sánchez, Thais Castillo Alfaro, Virginia Espeleta Delgado, Marta Eugenia Rivas Rossi, María Inés Alfaro Rodríguez, Mayela Jiménez Vega, Pablo Ramírez Mendoza, María de los Ángeles Valerio Segura, Ana Cecilia Murillo González, Delfilia Mora Hamblin, Rose Mary Hernández Vargas, Johanna Meza Vargas, Silvia Abdelnour Esquivel, Anabelle Ruiz Castro, Edwin Chavarría Montero, Carlos Rojas Quesada, Ana Cristina Pereira Gamboa, Rosario Arias Quirós, Hubert Villegas Rojas, Betty Araya Chaves, Leda Vásquez Esquivel, Rita Ledezma Hernández y Lidia María Meneses Sanabria, se obligue a la demandada a ascenderlos a Profesional 3, como en derecho les corresponden; y los actores: Edgar Castillo Cruz, Fabián Vega Carvajal, Eduardo Castillo Arguedas y María Marta Chaverri Rivera, se les ascienda de Profesional 2 a 4 y el actor Roberto Bravo Silva, solicita se le ascienda a Profesional 5. Además; solicitan se le condene a la demandada a que dicho pago se les haga en forma retroactiva desde el momento que cada uno adquirió ese derecho y se les cancelen las costas del presente proceso.

2.- El representante de la demandada contestó la acción en los términos que indica en el memorial presentado el 20 de diciembre de 1995 y opuso las excepciones de prescripción, falta de legitimación y de interés actual, falta de derecho y la genérica sine actione agit.

3.- El juez, licenciado José Bernal Rodríguez Marín, por sentencia de las 18:01 horas del 26 de enero del 2001, dispuso: “Por las razones dadas y normas invocadas, así como el artículo 490 siguientes y corcondantes del Código de Trabajo, se declara SIN LUGAR en todos sus extremos petitorios la demanda interpuesta por GUISELLA VARGAS VARGAS, ADELITA SIBAJA SALGUERO, FABIÁN VEGA CARVAJAL, VÍCTOR HUGO MÉNDEZ ESTRADA, ALEJANDRA CRUZ MÚÑOZ, FLOR DE MARÍA MONTERO ARCE, MARÍA CASCANTE PRADA, FLOR DE MARÍA CHACÓN CHAVES, IRIS AMALIA RAMÍREZ SÁNCHEZ, MARÍA CECILIA BALMACEDA ALVARADO, MARÍA DE LOS ÁNGELES CHAVARRÍA ROMÁN, JULIO ZELAYA LUCKE, MAUREEN ACUÑA CASCANTE, MARVIN CALVO MONTOYA, NIDIA LOBO SOLERA, NIDIA HERRERA BONILLA, MARIO MEOÑO BRIANSO, ANA LIGIA GARRO MORA, MERCEDES MARÍA MESÉN VALVERDE, HERNÁN GERARDO CORDERO GONZÁLEZ, RAFAEL ÁNGEL RODRÍGUEZ FALLAS, ODETTE BOURROUET LEÓN, JEANNETTE VARGAS JIMÉNEZ, PATRICIA RODRÍGUEZ PEÑA, SONIA ELIZABETH PINEDA LIMA, EDUARDO CASTILLO ARGUEDAS, NORBERTO PEÑA GONZÁLEZ, JORGE EDUARDO CASTILLO FONSECA, MAYELA TORRES QUESADA, ROXANA ESCOTO LEIVA, CLARISSA ESQUIVEL HERNÁNDEZ, EDGAR CASTILLO CRUZ, KRISSIA MORALES CHACÓN, GERARDO JIMÉNEZ VÁSQUEZ, MARÍA ELENA UREÑA JIMÉNEZ, MARTA CASTILLO ALFARO, ROSARIO SOLANO MURILLO, ANA CECILIA BARRANTES RAMÍREZ, ZOILA ROSA MARÍN RODRÍGUEZ, ROSA AMÉN CHEN, RICARDO LEONEL BANEGAS ARGUELLES, ANA LÁSCARIS COMNENO, ANA ISABEL TRISTÁN SÁNCHEZ, THAIS CASTILLO ALFARO, VIRGINIA ESPELETA DELGADO, MARÍA INÉS ALFARO RODRÍGUEZ, MAYELA JIMÉNEZ VEGA, PABLO RAMÍREZ MENDOZA, MARÍA DE LOS ÁNGELES VALERIO SEGURA, ANA CECILIA MURILLO GONZÁLEZ, DELFILIA MORA HAMBLIN, JOHANNA MEZA VARGAS, SILVIA ABDELNOUR ESQUIVEL, ANABELLE RUIZ CASTRO, EDWIN CHAVARRÍA MONTERO, CARLOS ROJAS QUESADA, ANA CRISTINA PEREIRA GAMBOA, ROSARIO ARIAS QUIRÓS, FLOR MARÍA PICADO GODÍNEZ, HUBERT VILLEGAS ROJAS, BETTY ARAYA CHAVES, LEDA VÁSQUEZ ESQUIVEL, RITA LEDEZMA HERNÁNDEZ, LIDIA MARÍA MENESES SANABRIA, MARÍA MARTA CHAVERRI RIVERA y ROBERTO BRAVO SILVA, contra la UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED), representada por el señor CELEDONIO RAMÍREZ RAMÍREZ en su condición de RECTOR de dicha universidad, y consecuentemente, se acogen al efecto las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación y falta de interés actual, comprendidas en la genérica de sine actione agit, opuestas todas por la representación demandada. Por inoperante se rechaza la excepción de prescripción también interpuesta por la demandada. Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas. Firme el fallo se procederá al archivo definitivo del expediente”.

4.- La apoderada especial judicial de los actores apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Primera del Segundo Circuito de San José, integrado por los licenciados Luis Fdo. Salazar Alvarado, Mayita Ramón Barquero y Guillermo Bonilla Vindas, por sentencia de las 9:55 horas del 1° de setiembre del 2004, resolvió: “Se declara que en los procedimientos no se observan defectos u omisiones causantes de nulidad o indefensión. Se confirma la sentencia recurrida, excluyéndose de la lista de accionantes a Flor María Picado Godínez”.

5.- La apoderada de los actores formula recurso, para ante esta Sala, en memorial fechado el 2 de noviembre del 2004, el cual se fundamenta en las razones que de seguido se dirán en la parte considerativa.

6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada Villanueva Monge; y,

CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES.- Con fundamento en el artículo 84 de la Constitución Política, 17 del Código de Trabajo, 89 y 90 del Estatuto de Personal, 13, 15, 16, 18, 19, 20 y 22 del Reglamento de Carrera Universitaria, los actores solicitaron, se ordene a la Universidad demandada, les reconozca un ascenso en la categoría profesional, la mayoría de ellos de profesional 2 a profesional 3, y algunos de profesional 2 a profesional 4 o profesional 5. La base fundamental que alegan, es la de contar con el puntaje necesario para acceder a la categoría profesional solicitada, sin que les sea exigible cumplir con los requisitos mínimos y máximos fijados en el artículo 20 del Reglamento de Carrera Profesional, requisitos éstos que únicamente son exigibles a quienes pretendan el ascenso por la vía de publicaciones; la cual no es el único medio para obtener el ascenso profesional. Hacen énfasis en que existen profesionales 2, con más de 14 años en esa categoría profesional, lo que deja entrever que el ascenso en carrera profesional en la demandada constituye una utopía. Al contestar la demanda, la representación de la accionada se opuso bajo el argumento de que, conforme a la normativa que rige la materia, para poder ser ascendido a los niveles profesionales pretendidos por los actores, se requiere contar con los mínimos exigidos por el artículo 20 del Reglamento, por concepto de publicaciones o bien por obras artísticas, científicas o profesionales, según sea el caso, requisito que es más calificado para quien desee ser ascendido a profesional 5 en cuyo caso se le exige un 50% del mínimo de 12 puntos por concepto de publicaciones (folios 115 al 128). La sentencia de primera instancia acogió las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación y falta de interés actual, opuestas por la representación demandada. De acuerdo con el criterio emitido por el juzgador de primera instancia, en el conjunto de normas que rigen el sistema de ascenso profesional en la demandada, la producción intelectual constituye uno de los requisitos exigibles para lograr tales ascensos; criterio éste que resultó confirmado por el Tribunal de Trabajo, al conocer del recurso de apelación interpuesto por la representación de los actores.

II.- AGRAVIOS DEL RECURSO.- La representante judicial de los actores, se muestra disconforme con el fallo del Tribunal, porque en su criterio, se le denegó el derecho a sus representados por no tener publicaciones, aspecto ese que estima no es indispensable en el tanto la parte demandada no logró probar que para el derecho al ascenso como profesional de la U.N.E.D., era requisito sine qua non tener puntaje por concepto de producción intelectual. En segundo lugar, y en relación con el principio de legalidad, sostiene que el ascenso reclamado por los actores tiene suficiente asidero legal en el Estatuto Orgánico, en el de Personal y en el Reglamento de Carrera Profesional. Alega que el artículo 20 del Estatuto, establece clara y específicamente los aspectos a considerar en los casos en que el ascenso se promueva con base en publicaciones, estableciendo puntajes mínimos y máximos por dicho concepto -no siendo ese el caso de los actores-. Por otra parte, el artículo 18 del Estatuto supracitado, establece los parámetros en forma “genérica”, indicando un tope de cinco puntos por publicaciones sin hacer referencia a un tope mínimo de puntos. Reitera que los actores no están solicitando el ascenso profesional por publicaciones, sino por cumplir con otros requisitos de los contemplados en dicha reglamentación. Que se trata de aspectos excluyentes unos de otros, por lo que no es requisito para tener ascenso profesional tener o no publicaciones, debido a que en este caso el ascenso que se pretende no es con base en publicaciones, sino en forma general por cumplir con varios aspectos de consideración. Estima que en virtud de ello, resultan lógicas las diferencias señaladas por los artículos 18 y 20 ídem, ya que si no, no tendría ningún sentido establecer una tabla a la que se deben ajustar a fin de acceder a un ascenso. Por último, alega que las normas citadas deben ser interpretadas con base en el artículo 35 del Estatuto Orgánico de la U.N.E.D., para dar la interpretación más armoniosa y benéfica para los trabajadores, aplicando la norma más favorable en virtud del in dubio pro operario.

III.- SOBRE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA OBTENER UN ASCENSO DE CATEGORÍA PROFESIONAL, PARA LOS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA. Conforme con las argumentaciones rendidas por las partes en sus libelos de demanda y de contestación, el punto jurídico fundamental para dirimir con acierto la pretensión de cada uno de los actores, estriba en resolver cuáles son los requisitos exigidos por la normativa existente para tales fines. El punto es entonces, no un problema de índole probatorio, sino -prima facie- de delimitación de las condiciones estatutarias y reglamentarias establecidas por la normativa vigente en la demandada, con base en la cual se regula el ascenso de categoría profesional de sus funcionarios. En las instancias precedentes, la interpretación que de esa normativa se ha realizado, resulta a favor de la exigencia de la producción intelectual, como condición indispensable para otorgar el ascenso solicitado por la parte actora. Sin embargo, ante esta Sala, su representante insiste en que la producción intelectual es sólo uno de los mecanismos -pero no el único- por los cuales es posible ascender de categoría profesional. Lo anterior obliga al examen del cuadro normativo que sirve de base al sistema de ascenso profesional en la demandada, para lo cual, y de acuerdo con el sistema normativo de fuentes, es importante referirse al contenido del artículo 35 del Estatuto Orgánico de la UNED, según el cual: “Existirá un Estatuto de Personal que garantice la estabilidad y el desarrollo de la carrera universitaria de los funcionarios de la UNED. Dicho régimen definirá categorías académicas y profesionales, basadas en estudios realizados, experiencia académica, experiencia laboral y producción intelectual...”. Según se observa, la norma es expresa al señalar que, el sistema de categorías profesionales, se realiza sobre la base de la experiencia académica, la laboral y la producción intelectual, sin distinción en cuanto a la prescindencia de cada uno de esos factores. Como desarrollo de esa disposición, los artículos 89 y 90 del Estatuto Personal, señalan:

Artículo 89: “Categorías Profesionales: La carrera profesional comprenderá las siguientes cinco categorías establecidas según los requisitos que se detallan en el artículo siguiente:

  1. Profesional 1

b) Profesional 2


c) Profesional 3

ch) Profesional 4

  1. Profesional 5”.


ARTICULO 90: “Para ser calificados en las anteriores categorías profesionales, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:...

a)

b)

c) Profesional 3: Licenciatura o su equivalente, con al menos 3 años de experiencia en la educación universitaria o en el ejercicio profesional o grado de maestría, con al menos un año de experiencia en la educación universitaria o en el ejercicio profesional o grado de doctor. Para las dos primeras opciones establecidas en este inciso se requerirá, además, 15 puntos, de acuerdo con el Reglamento de Carrera Profesional”;
El desarrollo de ese sistema de puntajes se realiza a través del Reglamento de Carrera Profesional, el cual enuncia:

ARTICULO 13: “Para otorgar puntos, ubicar o ascender en la Carrera Profesional se considerarán los siguientes aspectos:

a) Condición Académica

b) Experiencia profesional o académica en la UNED

c) Experiencia profesional o académica fuera de la UNED

ch) Publicaciones

d) Conocimiento de idiomas extranjeros o lenguaje de computación;

e) Premios y honores;

f) Obras artísticas, científicas o técnicas”.
Cada una de esas categorías tiene asignado su propio puntaje. En lo que respecta a los puntajes por publicaciones y obras artísticas o científicas, resulta de importancia transcribir el artículo 20, que menciona:

Artículo 20: Para tener derecho al ascenso por los conceptos a que se refiere el artículo 18, el solicitante deberá ajustarse a la siguiente tabla:


Mínimo Máximo


Profesional 3 3 9
Profesional 4 6 15

Profesional 5 12 27

Sin embargo, tratándose del ascenso a las categorías de profesional 4 y profesional 5, se requerirá que al menos el 50% del mínimo sea por concepto de publicaciones. Esta modificación rige a partir de enero de 1986”.
Del conjunto de dicha normativa, fácilmente se logra advertir, que el sistema de asignación de categorías profesionales en la universidad demandada, está fundada sobre la consideración de aspectos personales relacionados con la condición académica, la experiencia profesional y un puntaje adicional derivado del sistema de puntuación que estipula el Reglamento de Carrera Profesional. Dentro de esa normativa, el artículo 20 exige, como condición necesaria para optar por las categorías de profesionales 3, 4 y 5, un mínimo de puntuación derivada de publicaciones u obras artísticas, científicas o profesionales. Por esa razón, no encuentra la Sala, que exista posibilidad alguna para interpretar -como lo pretende la recurrente-, que el ascenso a una categoría sea posible no solo con base en la producción intelectual requerida, pues ello sería desconocer la normativa contemplada en los artículos 89 y 90 del Estatuto de Personal que define la forma en que se accede a cada una de las categorías, normas antes citadas. Por otra parte, la exigencia de la producción intelectual dispuesta por el artículo 20 citado, es acorde con la normativa más general del artículo 35 transcrito, según el cual, la producción intelectual es uno de los parámetros sobre los que se definen las diversas categorías profesionales dentro de la carrera universitaria de los funcionarios de la U.N.E.D, por lo cual no puede entenderse que no sea un requisito indispensable o imprescindible.

IV.- La mayoría de los actores solicitan el ascenso a la categoría profesional 3, por contar con 10 puntos por el nivel académico de licenciatura, más el máximo de 6 puntos por experiencia profesional, que les permite el artículo 16 del Reglamento, sumatoria que en su criterio les permite el mínimo de 15 puntos al que refiere el artículo 90 del Estatuto, en su inciso c). Sin embargo, cabe señalar que, no se acreditó que los actores cumplieran con las exigencias requeridas, pues, se omitió hacer llegar al proceso elementos probatorios para poder determinar que, su situación, estuviera en la respectiva categoría solicitada, para dichos efectos. Esta Sala, en casos como el presente, ha expresado su definido criterio en el sentido de que, en atención al principio de legalidad, que impera en la materia del empleo público (artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública), el Estado y sus instituciones no pueden acceder a pretensiones de sus servidores, no autorizadas por la ley. Así, no se podría accederse, en supuestos como el del presente proceso, porque los demandantes no demostraron cumplir con las exigencias legales para ser ascendidos de categoría. En virtud de la aplicación del principio de legalidad, sólo pueden considerarse lícitas y efectivas, como obligaciones a cargo de los respectivos entes y órganos, aquéllas que se encuentren autorizadas, de modo expreso, por el ordenamiento jurídico (artículos 11 constitucional, 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública). No es posible, entonces, acudir a principios como el de primacía de la realidad, para tutelar situaciones no amparadas, ni contempladas, en una norma escrita, para poder otorgar derechos, a favor de servidores públicos (al respecto, pueden consultarse, entre otros, de la Sala Constitucional, los votos N°s. 1696 de las 15:30 horas del 21 de agosto de 1992, de obligado acatamiento a tenor de lo dispuesto en el numeral 13, de la Ley de Jurisdicción Constitucional; 4788 de las 8:48 horas del 30 de setiembre de 1993; 3309 de las 15:00 horas del 5 de julio de 1994; 6095 de las 9:18 horas del 18 de octubre de 1994; 3125 de las 16:24 horas del 14 de junio de 1995; 3865 de las 10:57 horas del 14 de julio de 1995; 3089 de las 15:00 horas del 12 de mayo de 1998 y, de esta Sala, entre otras, las sentencias N°s. 370 de las 9:30 horas del 10 de noviembre de 1995; 254 de las 9:10 horas del 30 de agosto de 1996; 91 de las 10:05 horas del 25 de marzo y 236 de las 9:50 horas del 18 de setiembre, ambas de 1998). Resulta innegable que los principios vigentes en el Derecho del Trabajo, se pueden aún aplicar a los servidores públicos, pero sólo en aquella medida en que se supla la ausencia de norma expresa, dentro del ordenamiento jurídico administrativo -que es sectorial-, pues han de ser los principios, de esta otra rama, los que deben prevalecer en la relación de empleo público, en atención a que la misma no es contractual, ya que, la función administrativa, debe resultar acorde con el interés público y, entonces, deben las respectivas potestades ejercerse con estricta sujeción al principio de legalidad. Como atinadamente lo estableció el a-quem, en el fallo recurrido, los mismos demandantes en su escrito de demanda, indican que carecen por completo de publicaciones, así como de obras artísticas, científicas o profesionales, por lo que de más está reiterar, que se echa de menos el requisito indispensable y analizado en el considerando anterior, para concederles lo aquí pretendido.

V.- Por lo antes expuesto, procede confirmar la sentencia recurrida, rechazando el recurso interpuesto contra ella por parte de la representación de los accionantes.

POR TANTO:

Se confirma la sentencia recurrida.




Orlando Aguirre Gómez



Zarela María Villanueva Monge Bernardo van der Laat Echeverría



Julia Varela Araya Rolando Vega Robert

Exp: 94-001674-0214-LA.

jjm.





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