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Res: 2001-00386

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cinco minutos del dieciocho de julio del dos mil uno.


Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por ROMELIA SABORIO RAMIREZ, viuda, ama de casa y vecina de Turrialba, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representada por su apoderado general judicial, licenciado Luis Fernando Chaves Rodríguez, casado, abogado y vecino de San José y contra MARIA DE LOS ANGELES CAMACHO CARPIO, soltera. Todos mayores.

RESULTANDO:

1.- La actora, en escrito de demanda de fecha veinte de setiembre y en memorial de data trece de octubre ambos de mil novecientos noventa y tres, promovió la presente acción para que en sentencia se condene a las demandadas, a lo siguiente: Que se le otorgue por medio de la Caja, la pensión que le corresponde por viudez y muerte de su difunto esposo Gabriel Alvarez Picado. Que en virtud de que existe ya un cheque girado a favor de María Camacho Carpio, quien se tuvo como persona de mejor derecho, se anule el mismo y se gire a favor de la actora y que los subsiguientes montos por concepto de dicha pensión sean girados a ella y no a la otra persona y se condene a la parte accionada al pago de ambas costas..

2.- El apoderado general judicial de la demandada, contestó la demanda en los términos que indica en el memorial de fecha tres de enero de mil novecientos noventa y cuatro y opuso las excepciones de falta de derecho y la genérica de sine actione agit y la co-accionada señora María Camacho Carpio no contestó la demanda.

3.- El señora Jueza, licenciada Leila Shadid Gamboa, por sentencia de las once horas cinco de abril de mil novecientos noventa y nueve, dispuso: De conformidad con lo expuesto y artículo 492 y siguientes del Código de Trabajo y 44 y siguientes del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte de la caja Costarricense de Seguro Social vigente hasta enero de mil novecientos noventa y cinco se declara CON LUGAR la demanda establecida por ROMELIA SABORIO RAMÍREZ contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL representada por el Licenciado Fernando Chaves Rodríguez, ordenándose el traspaso del derecho de pensión por viudez de al señora María Camacho Carpio a la aquí actora, por resultar beneficiaria de al misma en su calidad de esposa y compañera del fallecido Gabriel Alvarez Picado. Se declara sin lugar la demanda en cuanto fue dirigida en contra de María de los Ángeles Camacho Carpio. Se rechazan las excepciones de Falta de Derecho y la Genérica de Sine Actione Agit opuestas por el apoderado de la demandada. Se condena en ambas costas a la demandada fijándose los honorarios de abogado en la suma prudencial de SETENTA Y CINCO MIL COLONES..

4.- La demandada María de los Ángeles Camacho Carpio, apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Tercera del Segundo Circuito Judicial de San José, integrado por los licenciados Jorge Solano Herrera, Lorena Esquivel Agüero y María Enilda Alvarado Rodríguez, por sentencia de las siete horas cuarenta minutos del veinticuatro de noviembre del año próximo pasado, resolvió: No existiendo en autos vicios que puedan causar nulidad, se confirma la sentencia en lo que fue motivo de inconformidad..

5.- El apoderado general judicial de la demandada formula recurso, para ante esta Sala, en memorial de data diecinueve de abril del año en curso, que en lo que interesa dice: RAZONES QUE HACEN VIABLE Y PROCEDENTE ESTE RECURSO: Mi inconformidad con la sentencia 1140 del Tribunal Superior de Trabajo, Sección Tercera del Segundo Circuito Judicial, radica en que otorga el derecho a la pensión a la aquí actora basándose en la convicción de que el fallecido tenía dos relaciones, una con su esposa y otra con la aquí codemandada, a raíz de su trabajo en la ciudad de Limón. Es decir considera que la relación que tenía en Limón era ocasional. Al respecto está bastante demostrado en autos que efectivamente entre el fallecido y su esposa existía una separación de hecho, así se demuestra de las declaraciones dadas bajo la fe del juramento en sede administrativa por la actora, y en el informe de gestión realizado en Limón donde se demuestra que existía una convivencia estable y bajo el mismo techo con su compañera por espacio de cinco años. Se demostró también que no existía dependencia económica pues como se explica que si existía esa comprensión por laborar fuera de la ciudad se interpusiera una demanda de pensión alimenticia, lo cual explica que el fallecido no les brindaba ayuda y había que forzarlo a cumplir con esa obligación. En cuanto a lo alegado por el Tribunal de que se estaría protegiendo la unión de hecho irregular es claro que ello no es así en virtud de que la Caja Costarricense de Seguro social ha otorgado bajo los principios que inspiran la seguridad social, y en especial los principios de necesidad y equidad beneficios de pensión a compañeras (os) de asegurados (as) analizando variables tales como la convivencia continua, exclusiva, bajo el mismo techo y la dependencia económica de ésta hacia el fallecido. Como se observa se piden más requisitos a la compañera (o) que a la viuda, e incluso se investiga rigurosamente mediante un informe de Trabajo Social de la institución. Lo anterior en ejercicio de las potestades que constitucionalmente se le han otorgado a la Caja Costarricense de Seguro Social, en el sentido de no sólo reglamentar los beneficios que se otorgarán en cada régimen de protección, sino también las condiciones y requisitos de ingreso a éste. Es decir a la Caja le asiste potestad reglamentaria en la materia de administración de los seguros sociales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 Constitucional, principio que desarrolla la Ley constitutiva de la Caja, no 17 de 22 de octubre de 1943 y sus reformase, en su artículo 3, que señala que le corresponde a la propia Caja determinar reglamentariamente los requisitos de ingreso a cada régimen de protección, beneficios y condiciones en que otorgarán, como la ha señalado la Sala Constitucional en sentencia no 1059-94. Por lo expuesto solicito se revoque la sentencia del tribunal Superior de Trabajo no. 1140 de las siete horas cuarenta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil uno, declarando sin lugar en todos sus extremos la presente demanda..

6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado van der Laat Echeverría; y,

CONSIDERANDO:

I-. El apoderado general judicial de la entidad demandada impugna la sentencia N° 1140 de las 7:40 horas del 25 de noviembre del 2000, dictada por el Tribunal de Trabajo, Sección Tercera, del Segundo Circuito Judicial de San José, con fundamento en los siguientes agravios: a)Errónea valoración de la prueba en cuanto a tres hechos de capital importancia para la correcta resolución del asunto, cuales son: 1)La separación de hecho entre los señores Álvarez Picado y Saborío Ramírez; 2)La inexistencia de dependencia económica de la actora respecto de su marido; y 3)La convivencia estable y bajo un mismo techo que mantuvieron, por espacio de cinco años, el occiso y doña María de los Ángeles Camacho Carpio; y, b)Desconocimiento de la potestad reglamentaria que, por disposición constitucional, ostenta su representada en materia de seguros sociales, al haberse estimado que los artículos 48 y 49 del anterior Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, en cuanto concedían el derecho a una pensión por viudez a la compañera del asegurado fallecido, no resultan aplicables tratándose de uniones de hecho establecidas entre sujetos que no gocen de libertad de estado, según lo dispuesto por la Sala Constitucional en su Voto N° 3858-99.

II-. ANTECEDENTES: Don Gabriel Álvarez Picado y doña Romelia Saborío Ramírez contrajeron nupcias el 12 de noviembre de 1958, estableciendo su domicilio conyugal en la provincia de Cartago. El señor Álvarez Picado laboró para el Ministerio de Salud, al principio en el Centro de Salud de Turrialba, pero fue trasladado a la Sede Regional de la Región Huetar Atlántica a partir del 16 de noviembre de 1986. En ese lugar, se involucró sentimentalmente con otra mujer, de nombre María de los Ángeles Camacho Carpio. Don Gabriel falleció el 10 de mayo de 1992. El 6 de julio de ese año, la actora, en su carácter de cónyuge supérstite, solicitó administrativamente una pensión por viudez (folio 8 del expediente administrativo); y el 15 de enero de 1993, lo hizo la codemandada Camacho Carpio, en su condición de conviviente (folio 41 ídem). Ante esa situación, la Caja realizó el estudio social correspondiente, que culminó con el siguiente informe, elaborado por la trabajadora social encargada del caso: “Asegurado fallecido el día 10 de mayo de 1992, era casado pero estaba separado de hecho de su esposa quien recibía pensión alimenticia por sentencia firme pero no constituía la misma el ingreso básico de su subsistencia. Tenía compañera en las condiciones señaladas en el artículo 49 del Reglamento de IVM inciso 1. Había roto el vínculo matrimonial y vivía en Limón con su compañera marital. La esposa del fallecido no se ajusta a derecho porque no cumple con las condiciones estipuladas en el inciso 2 del artículo 49 del Reglamento del Régimen de IVM. La compañera se ajusta a derecho de acuerdo al citado artículo, inciso 1” (folio 20 del expediente administrativo). La Dirección Regional de Sucursales Huetar Atlántica, con base en lo dictaminado por la trabajadora social, acogió la solicitud de la señora Camacho Carpio (resolución D.R.S.H.A. 057-93 del 25 de febrero de 1993, folio 55 ídem) y rechazó la de la accionante (resolución D.R.S.R.H.A. 107-93 del 1 de marzo de 1993, folio 68 del mismo expediente). Esta última resolución fue impugnada por doña Romelia el 30 de marzo de 1993 (folio 60 ídem), pero el Gerente de la División Financiera de la institución accionada, el 1 de julio de 1993, confirmó lo resuelto, dando por agotada la vía administrativa (folio 85 del legajo administrativo). Ello motivó que la señora Saborío Ramírez demandase en esta sede a la Caja Costarricense de Seguro Social y a María de los Ángeles Camacho Carpio, con el fin de que se obligase a la entidad accionada a traspasarle la pensión que le otorgó a esa otra señora. La codemandada Camacho Carpio no contestó la demanda. La Caja Costarricense de Seguro Social lo hizo en términos negativos, oponiendo las excepciones de litisconsorcio pasivo necesario (rechazada interlocutoriamente), falta de derecho y la genérica “sine actione agit”, reiterando las razones que ya se habían dado en la sede administrativa. En primera instancia, se declaró con lugar la demanda, pero solo en cuanto fue dirigida contra la Caja Costarricense de Seguro Social -rechazándose las excepciones que ésta opuso-, a quien se ordenó traspasarle a la accionante el derecho de pensión por viudez concedido administrativamente a la codemandada Camacho Carpio. El pago de las costas le fue impuesto a la entidad accionada, fijándose las personales en la suma prudencial de c.75.000. Para resolver de ese modo, el A-quo estimó que entre los señores Saborío Ramírez y Álvarez Picado no existió una separación de hecho, sino que vivían distanciados en virtud del trabajo de don Gabriel, quien visitaba a su esposa con frecuencia. Por otro lado, consideró que la relación que el difunto mantuvo con doña María de los Ángeles fue esporádica. Dicho fallo fue apelado por ambas codemandadas. Sin embargo, el Tribunal resolvió brindarle confirmatoria, pero por razones distintas a las del juzgador de primera instancia. Así, razonó que el señor Álvarez Picado convivió tanto con su esposa (quien dependía económicamente de él), como con la coaccionada Camacho Carpio, pero negó que esta última pudiese derivar algún derecho de los artículos 48 y 49 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte anterior, por haber carecido su compañero de libertad de estado; ello, en atención a lo dispuesto por la Sala Constitucional en su Voto N° 3858-99, mediante el cual se anuló el numeral 246 del Código de Familia, que le reconocía efectos patrimoniales a la unión de hecho irregular.

III-. ACERCA DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA REFERENTE A LA SEPARACIÓN DE HECHO, LA DEPENDENCIA ECONÓMICA Y LA CONVIVENCIA: Son tres los hechos que, según el impugnante, cabe tener por acreditados, con fundamento en el material probatorio aportado a los autos, el cual, en su criterio, no fue correctamente apreciado por los juzgadores de instancia: la separación de hecho que se dio entre la actora y el occiso, la independencia económica de la primera respecto del segundo y la relación de convivencia entre éste y la codemandada Camacho Carpio. No obstante, una vez analizada, en conciencia, la prueba que figura en el expediente, según lo establece el artículo 493 del Código de Trabajo, la Sala se inclina por confirmar el fallo impugnado, por las razones que a continuación se dirán. El punto fundamental a dilucidar en este proceso es a quién le corresponde el derecho a una pensión por viudez con ocasión de la muerte de don Gabriel Álvarez Picado: si a la actora, Romelia Saborío Ramírez, en su condición de esposa, o a la codemandada, María de los Ángeles Camacho Carpio, en su carácter de conviviente. Conviene comenzar la exposición subrayando que recae en los interesados la carga de demostrar que cumplen con los requisitos que exige la ley para ser beneficiario de una pensión (ver en este sentido el Voto N° 205 de las 10:45 horas del 23 de julio de 1999). Los requisitos que debieron acreditarse en este proceso, entonces, son los contemplados en las normas que a continuación se transcriben (todas del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte del 13 de julio de 1971, vigente al momento del deceso):

ARTÍCULO 44:

La viuda de un asegurado que haya cotizado con más de 24 cuotas mensuales, adquiere el derecho a disfrutar de una pensión, en un determinado porcentaje de la que se encontraba disfrutando el asegurado al momento de su fallecimiento o de la que eventualmente pudo haber disfrutado a causa de invalidez o de vejez (…)”.



ARTÍCULO 48 :

1.No tendrá derecho a la pensión el ex cónyuge sobreviviente divorciado o separado judicialmente, que a la fecha del fallecimiento del asegurado no disfrute de una pensión alimenticia otorgada por sentencia firme. Si esa persona recibiera pensión alimenticia, tendrá derecho a pensión, siempre que no existiere viuda con derecho por matrimonio vigente a la fecha de fallecimiento del asegurado, o compañera en la situación descrita en el Artículo 49. Si en el momento del deceso del asegurado, se encontrare en trámite el juicio de divorcio o separación judicial, el cónyuge sobreviviente sólo tendrá derecho en el evento de que se compruebe que a esa fecha vivía a expensas del fallecido. En el caso de separación de hecho, sólo se pagará la pensión, cuando el asegurado satisfacía efectivamente pensión alimenticia a su cónyuge, todo a juicio de la Caja y de acuerdo con la prueba que al respecto se rinda y los resultados de la investigación que se realice (...)”.



ARTÍCULO 49:

1.Se reconocerá como compañera del asegurado a la mujer que hubiere convivido con éste, por lo menos durante los dos años previos al fallecimiento, si tuvieren hijos comunes. Cuando no los hubiere, para que se le reconozca en calidad de compañera, la mujer deberá haber convivido con el asegurado por lo menos durante cinco años. La calificación de compañera sólo se dará cuando la mujer haya vivido a expensas y en la misma casa del asegurado, según calificación y comprobación de los hechos que dará la Caja (NOTA: LO SUBRAYADO FUE DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR EL VOTO Nº 2648-94 DE LA SALA IV)



2.Cuando se dé la circunstancia de que al fallecer el asegurado, tenía compañera en las condiciones señaladas en el párrafo anterior, y que al mismo tiempo queda una viuda que recibía pensión alimenticia del asegurado fallecido decretada por la autoridad judicial competente, la Caja podrá reconocer el derecho a pensión de ambas, siempre que se compruebe que la pensión alimenticia que recibía la viuda constituía el ingreso básico de subsistencia. En el caso de reconocerse el derecho de la compañera y de la viuda, la pensión que le corresponda a cada una será equivalente al veinte, treinta o treinta y cinco por ciento (según se trate de viudas o compañeras menores o mayores de 55 años), de la que se encontraba disfrutando el asegurado al momento de su muerte, o de la que eventualmente pudo haber disfrutado a causa de invalidez o de vejez. Es entendido que en ningún caso la Caja otorgará más de dos pensiones por viudez. Cuando se presentare un caso de presunto derecho de más de dos mujeres, o exista duda del perjuicio económico que la muerte del asegurado traiga para una de las posibles beneficiarias, la decisión sobre cuáles son las dos con derecho a pensión, corresponderá a la Junta Directiva”.

La entidad demandada le denegó el derecho a la actora por considerar, con fundamento en el estudio social visible a folio 20 del expediente administrativo, que se encontraba separada de hecho de su marido y que no dependía económicamente de él. No obstante, en esta sede judicial, la accionante acreditó que nunca existió tal separación de hecho, mediante elementos probatorios que se estiman de mayor valor probatorio que el informe elaborado por la trabajadora social en la sede administrativa, que, como tal, carece de un valor probatorio especial o calificado (al contrario de lo que sucede con las actas o informes que levanten los inspectores de la propia institución codemandada o del Ministerio de Trabajo, por ejemplo), por lo que mal podría contraponerse a la prueba evacuada en la sede judicial, con todas las garantías del debido proceso. Así, a folio 20 consta documentalmente que el señor Álvarez Picado se trasladó a vivir a Limón, desde el 16 de noviembre de 1986, por motivos de trabajo. En un asunto similar se resolvió: “Entonces, no cabe considerar que el vínculo se deshizo con la partida del demandado a Guatuso, porque ello se debió a exigencias de su carrera profesional, sin que él nunca expresara su voluntad de ponerle fin a esa relación, la cual, como se explicó, prosiguió” (Voto N° 642 de las 9:40 horas del 30 de junio del 2000). La abundante prueba testimonial ofrecida por la actora demuestra que el vínculo matrimonial no sufrió, pese a la distancia, ruptura alguna, pues don Gabriel visitaba periódicamente a su esposa, quien se quedó en Turrialba viviendo con sus suegros, a quienes asistió en su vejez (hecho éste de extrema relevancia y evidentemente incompatible con una separación de hecho entre los cónyuges). Juan Rafael García Hernández declaró: “(…)los fines de semana visitaba a la esposa en Turrialba y se traía la ropa, y cuando no podía mandaba al señor Juan García con la ropa y el dinero” (folio 80). Evaristo Vergara Estribi dijo: “Yo veía a Gabriel que venía a Turrialba, a visitar a la mamá y a su señora, casi siempre lo veía los fines de mes” (folio 80 vuelto). Antonio Rodrigo Serrano Salguero manifestó: “(…)doña Romelia y don Gabriel han sido un matrimonio, tuvieron dos hijos y ella asiste a los papás de Gabriel. Cuando don Gabriel trabajaba en el Ministerio de Salud aquí en Turrialba, él vivía en Barrio San Rafael, y aunque posterior fue trasladado a trabajar a Limón en el Ministerio de Salud, él seguía viniendo a Turrialba a su casa, esto lo hacía cada quince o veintidós días” (folio 81). José Miguel Castro Romero indicó: “(...) él se fue de Turrialba a trabajar a Limón con el Ministerio de Salud, pero siempre siguió viniendo, venía cada quince días, visitaba a doña Romelia, a la mamá de él que vivía con ella y a sus hijos, él siempre venía, yo me daba cuenta de que él colaboraba con los gastos del hogar pues traía dinero (…) ante vecinos ellos convivían y compartían como cualquier matrimonio, él siempre traía su ropa a la casa para ser lavada y si no podía la mandaba con alguien” (folios 81-82). Nelly López Sánchez depuso: “(…) él trabajaba en Limón con el Ministerio de Salud y venía cada ocho o quince días a visitar su hogar (…), como en cuatro oportunidades me di cuenta que el señor Gabriel le dejaba plata a Romelia” (folio 96). Por último, Ana Isabel León Gómez dijo: “(…) al señor Gabriel Álvarez lo trasladaron a Limón a trabajar con el Ministerio de Salud, él venía a su casa cada ocho o quince días, me consta que el señor Gabriel daba ayuda económica a la actora, pues varias veces cuando Romelia no estaba en la casa, él me daba la plata a mí y el maletín con ropa” (folio 96 vuelto). Si bien los señores Castro Romero y León Gómez son parientes de la demandante, no se cuestionan sus deposiciones por resultar coherentes con lo declarado por el resto de los testigos. Otros elementos probatorios que abonan la tesis de la actora, en el sentido de que nunca se separó de su marido, son: la solicitud de pensión por invalidez, suscrita por el señor Álvarez Picado, en la cual éste indicó como su domicilio el Barrio San Rafael de Turrialba (folio 1 del legajo administrativo); y los documentos de folios 22 y 109 del principal, de los cuales se colige que fue doña Romelia quien se encargó de declarar la muerte de su esposo y darle santa sepultura. Como bien lo señaló el Tribunal, el hecho de que la demandante percibiese una pensión alimenticia (folio 38) no constituye prueba de la separación de hecho, dado que los cónyuges pueden pedirse pensión sin que medie separación entre ellos (artículo 170 del Código de Familia). De lo expuesto hasta aquí se desprende que la accionante, como esposa del occiso, deriva su derecho del numeral 44 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de 1971, antes citado -lo que torna innecesario examinar el punto de la dependencia económica, por no ser éste un requisito exigido por dicha norma-. Por su parte, la codemandada Camacho Carpio no cumplió con la carga de demostrar encontrarse en el supuesto de hecho previsto por la norma que le reconoce el derecho a la conviviente, a lo que estaba obligada, si pretendía obtener un resultado favorable en este proceso, en el que fue debidamente demandada y cuyo objeto es, precisamente, la revisión del acto administrativo que le concedió la pensión. Su conducta en el juicio ha sido absoluta -y extrañamente- desinteresada, pues su única actuación procesal fue apelar el fallo de primera instancia, que le otorgó el derecho a la actora, el cual fue confirmado por el Ad-quem, sin que la codemandada objetase lo así resuelto (la Sala conoce de este asunto en virtud del recurso que interpuso la institución accionada). La única prueba que obra en el expediente acerca de la supuesta convivencia que doña María de los Ángeles mantuvo con el difunto es el estudio social elaborado en la sede administrativa (folios 28 y siguientes de ese legajo), el cual se estima insuficiente para tener por acreditados los hechos allí consignados, por no constarle a la trabajadora social, sino que ésta se basó, para su confección, en las declaraciones juradas rendidas por las personas que sí tenían un conocimiento directo de la convivencia, cuyo dicho -aparte de haber sido interpretado por la profesional- fue recabado sin las garantías de un debido proceso, una de cuyas premisas básicas consiste en que las partes puedan intervenir en la producción de la prueba, con el fin de que puedan ejercer los controles pertinentes. Lo ideal hubiese sido contar con el testimonio (rendido con pleno apego al principio fundamental del contradictorio) de las personas que suscribieron esas declaraciones juradas. Por la manera en que ahora se resuelve, resulta innecesario pronunciarse acerca del segundo agravio expresado en el recurso, referente a la aplicación de la jurisprudencia constitucional sobre la unión de hecho irregular que efectuó el Tribunal para negarle el derecho a la señora Camacho Carpio.

IV-.Con fundamento en las consideraciones expuestas, se rechaza el recurso incoado; procediéndose a confirmar el fallo impugnado (aunque por las razones aquí dichas y no por las que expuso el Tribunal).

POR TANTO:

Se confirma la sentencia recurrida.




Orlando Aguirre Gómez

Zarela María Villanueva Monge Alvaro Fernández Silva



Jorge Hernán Rojas Sánchez Bernardo van der Laat Echeverría
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