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POR TANTO:


Se revoca la sentencia recurrida. Se declara, parcialmente, con lugar la demanda establecida por el Doctor Manrique Ortiz Stradtmann contra el Instituto Nacional de Seguros, rechazándose las excepciones de falta de derecho, sine actione agit, prescripción y “non adimpteti contractus”, respecto de los extremos concedidos y se acoge la de falta de derecho respecto de los no otorgados. Se declara que la relación laboral con el ente accionado finalizó con justa causa y con responsabilidad patronal; en consecuencia, el actor, no debe indemnización alguna al demandado, originada en el contrato de trabajo, del que queda liberado totalmente. El demandado le debe cancelar al actor el auxilio de cesantía, en el tanto de cuatro meses. En los demás extremos se deniega la demanda. Se declara sin lugar la contrademanda en todos sus extremos, acogiéndose, respecto de la misma, la excepción de falta de derecho. Se resuelve el juicio sin especial condenatoria en costas.-

Orlando Aguirre Gómez


Zarela María Villanueva Monge Álvaro Fernández Silva


Jorge Hernán Rojas Sánchez Bernardo van der Laat Echeverría




Voto salvado del Magistrado Aguirre Gómez y de la Magistrada Villanueva Monge.

I.- El actor interpuso la demanda contra el Instituto Nacional de Seguros y pidió que se declarara: extinguido el contrato de beca suscrito con esa entidad; que su obligación de retribuir la beca con servicios quedó incorporada a la relación laboral que surgió después de su disfrute; que su decisión de dar por rota la relación laboral lo fue con justa causa y con responsabilidad patronal; que no está obligado a indemnizar a su patrono por incumplimiento de obligaciones laborales ni los pagos hechos en virtud del contrato de beca; que está liberado de pagarle con servicios como empleado, los beneficios de la beca; y que se condene al demandado a pagarle el preaviso, el auxilio de cesantía y las costas del juicio. La parte demandada negó las pretensiones del actor, alegando incumplimiento del contrato de beca y de las obligaciones propias de la relación laboral por parte del actor; y, además, planteó una contrademanda contra él y contra el fiador de aquella primera obligación, señor Eduardo Ortiz Ortiz, pidiendo que se declarara que el señor Ortiz Stradtman incumplió el referido contrato de beca; que los demandados son solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados; y que deben pagarle la suma de seis millones doscientos cuarenta y nueve mil colones con noventa y cinco céntimos por la inversión del contrademandante con motivo de la beca, más los intereses al seis por ciento anual calculados desde el momento en que se emitió cada pago y las costas del proceso; pagos que deberán realizar los contrademandados en forma inmediata y de contado, de acuerdo con el inciso 9), de la cláusula cuarta del contrato de beca. La sentencia de que se conoce declaró sin lugar la demanda y acogió la reconvención. El actor y contrademandado, así como la albacea provisional de la sucesión del reconvenido Ortiz Ortiz, interpusieron recurso para ante esta Sala, argumentando que los derechos y los deberes provenientes del contrato de trabajo, no tienen vinculación alguna, con las obligaciones para ellos ya cumplidas, y por tanto extinguidas, del contrato de beca; razón por la cual, la reparación civil impuesta es improcedente y violatoria, por falta de aplicación, de los artículos 702 y 1023 inciso 1 del Código Civil y 15, 19, 69 inciso d), 83 inciso j) y 84 del Código de Trabajo. Agregan que el actor actuó de buena fe y que el Instituto no le dio el espacio físico ni los instrumentos necesarios para prestar el servicio en la especialidad de oftalmología. Por último, expresan que el pronunciamiento violó el principio de que "... la apelación se considerará sólo en lo desfavorable al recurrente.", al haber fijado las costas en un quince por ciento del monto de la condenatoria, en vez de la suma de treinta mil colones fijada en la sentencia de primera instancia.-

II.- Para resolver con acierto las cuestiones planteadas, resulta imprescindible conocer la secuencia de hechos que culminaron con la terminación de la relación contractual entre las partes. A pesar de no ser el actor empleado del Instituto Nacional de Seguros, gestionó con su padre ante dicha entidad, la concesión de una beca, con el fin de realizar estudios de especialización en oftalmología, "... con el obvio compromiso de pagarle con servicios como médico de la Institución el beneficio económico que la beca pueda procurarme..." (ver declaración de Eddy Alvarez González en folios 332 a 333 frente, confesional de folios 330 a 331 vuelto y principalmente el documento numerado 37 a) en sobre aparte). En un primer momento, específicamente el 6 de mayo de 1985, la Dirección de Seguros Solidarios (atendiendo una solicitud de criterio hecha por el Departamento de Capacitación y Desarrollo), estimó innecesario becarlo (documento marcado 1 b), en sobre aparte). Sin embargo, por intervención del Presidente Ejecutivo y del Jefe de Recursos Humanos, el 17 de mayo siguiente, esa misma Dirección recomendó la preparación del actor en la especialidad dicha (folio 287 del expediente y documento marcado 2 b) en sobre aparte). Mediante acuerdo Número IV, de la Sesión Número 7063 del 22 de mayo de 1985, la Junta Directiva del demandado, acordó conceder la beca, lo cual fue reiterado por el acuerdo Número IV, de la Sesión Número 7106 del 20 de noviembre de ese año (documento 33 a) en sobre aparte) y dentro de las condiciones del otorgamiento se estableció:

"5) El Dr. Ortiz Stradtmann deberá suscribir un contrato de beca con el INS y otorgar las garantías que la Dirección de Recursos Humanos estime convenientes. Una vez que termine los estudios, deberá prestar sus servicios a la Institución por un período de cinco años. En caso de incumplimiento contractual, el reembolso será en forma total e inmediata." (folios 26 a 29 del expediente)

Luego de ese otorgamiento, a saber, el 26 de setiembre siguiente, el actor le envió una nota al Presidente Ejecutivo de la Institución demandada, para que, entre otras cosas, gestionara ante la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud, la interrupción del servicio social que prestaba, a efecto de completar los tres meses que aún le faltaban de la beca (documento marcado 3 b) en sobre aparte). El demandado realizó la gestión en forma inmediata y a la vez le informó a la primera, el deseo de que ese período fuera cumplido como empleado del Instituto (documentos 5 b) y 6 b) del sobre aparte). Mediante nota DM-5056-85 del Ministerio de Salud, el Ministro manifestó estar anuente con la interrupción. El 5 de diciembre de 1985, el apoderado generalísimo del becario, el subgerente de la entidad demandada y el señor Eduardo Ortiz Ortiz, este último en calidad de garante de las obligaciones contraídas por el actor, suscribieron el respectivo contrato de beca. En lo que interesa para esta litis, dentro de las obligaciones a cargo del actor, se establecieron las siguientes:

"2.- Prestar sus servicios a la Institución, una vez finalizados los estudios por un periodo de cinco años a tiempo completo y continuo, una vez que concluya el Servicio Social (tres meses) con la Caja Costarricense de Seguro Social...

6.- El plazo de cinco años establecido como duración de la beca, será automáticamente sustituido por un período menor, si concluyere antes los estudios. En todo caso el Becario deberá reintegrarse de inmediato a la Institución, una vez concluido el programa de estudios, en concordancia con la cláusula número 2.-

7.-Si el estudiante por su propia voluntad, dolo o culpa dejare inconclusos los estudios, o no los apruebe a satisfacción del Instituto, o no cumple el periodo de prestación de servicios estipulado en la cláusula respectiva o si durante ese periodo se le separa de su puesto con justa causa, se compromete a reintegrar todas las sumas que se le hubieran girado por concepto de este contrato con sus respectivos intereses al seis por ciento anual, calculados desde el momento en que se emitió cada pago.-

8.- El Instituto se reserva el derecho de cobrar al estudiante los daños y perjuicios que se deriven de un incumplimiento contractual de su parte..." (folios 32 y 33 del expediente).

Por gestiones realizadas por el interesado luego de haberse iniciado el disfrute de la beca, en la Sesión Número 7273 del 28 de octubre de 1987 se acordó conceder un aumento de la subvención asignada a éste para sus gastos, con vigencia a partir del 21 de setiembre de 1987 (documento 29 a), 18 b) y 19 b)). En nombre del actor, su padre le solicitó al Instituto que, a partir de la terminación de los estudios de su hijo en España, lo siguiera subvencionando por un año más, con el fin de realizar estudios en la Universidad de Lousiana, Nueva Orleans, Estados Unidos de América (documento identificado 26 a) del sobre aparte). También, a pedido del Dr. Ortiz Satradtmann, se le otorgó un préstamo para esos fines (documento 24 a), 20 b) y 1 d) a 13 d) del sobre aparte). Así las cosas, de conformidad con el acuerdo Número VI de la Sesión de Junta Directiva Número 7435, del 19 de junio de 1989, se adicionó el contrato de beca, en el sentido de que:

"... se autoriza al Doctor Manrique Ortiz Stradtmann, para que inicie la prestación de servicios al Instituto de cita, prescrita en el contrato que se modifica, una vez que concluya los estudios de perfeccionamiento en el Instituto Lsu Eye Center, según su solicitud que se agrega como parte de este contrato." (folios 127 y 128 del expediente)

El 17 de octubre de 1990, el actor le reiteró al Presidente Ejecutivo del demandado las gestiones realizadas por él y por su padre a efecto de que esa entidad creara una nueva plaza de médico especialista en oftalmología (documento 21 b) aparte). En virtud de lo anterior y tan sólo un día después, se resolvió su solicitud informándole que la plaza estaba dispuesta para que iniciara sus servicios a partir del 1 de noviembre (documento 22 a) y 6 c) aparte). Según se desprende de la nota suscrita por la Directora General de Salud, de fecha 26 de noviembre siguiente, el Ministerio de Salud autorizó al demandante para cumplir los tres meses faltantes del año de Servicio Social, en el Instituto Nacional de Seguros, a partir del 1 de noviembre (ver documento Número 14 aparte). Antes de cumplir un mes de servicios para la Institución, el actor dirigió una nota al Presidente Ejecutivo, en la cual, argumentó problemas de espacio físico y falta de instrumentos básicos para realizar su labor y le propuso lo siguiente:

"a) Propongo se reduzca a la mitad la jornada de mi contrato con la Institución, a efecto de que yo pueda satisfacerla a cabalidad cumpliendo una jornada de medio tiempo o de cuatro horas diarias, durante los cuatro años pactados, bajo la condición de que en un plazo razonable, que no podría exceder de seis meses a parir de la fecha del eventual convenio, esa Institución me permita el ejercicio completo de mi especialidad en oftalmología, tanto en el aspecto clínico como en el quirúrgico, en condiciones dignas y aceptables de acuerdo con los parámetros y niveles universalmente establecidos al respecto;

b) Alternativamente propongo se me libere totalmente del actual contrato y se suscriba otro, por virtud del cual esa Institución y yo nos comprometamos por cuatro años a que yo atienda en mi oficina privada, que contará con instalaciones y equipos adecuados, con las tarifas fijadas por esa Institución, los pacientes que ésta me envíe." (documento 21 a)).



Por su parte, el 10 de diciembre, el Departamento de Prestaciones Sanitarias del demandado, le expuso a la Dirección de Seguros Solidarios que, según un informe suministrado por el Fiscal de la Asociación de Oftalmólogos, el actor no estaba reconocido como oftalmólogo y de ahí que no podría ejercer esa especialidad. Le indicó además que no se cuenta con un servicio especializado en esa materia y que se han promovido licitaciones para adquirir algunos de los instrumentos que se echan de menos, lo cual había resultado infructuoso. Asimismo le señaló, con relación al espacio físico, que la Jefatura Administrativa estaba llevando a cabo los cambios necesarios para dotar de espacio a los oftalmólogos (documento 20 a) guardado aparte). Sobre los reclamos del actor, el Departamento Legal, de previo a rendir un informe definitivo, solicitó que se instruyera a las dependencias especializadas para realizar un estudio sobre las demandas técnicas, de infraestructura y equipo aludidos por él (documento 19 a) aparte). Dados los trámites administrativos que debían realizarse para dar una respuesta al petente, el Presidente Ejecutivo le comunicó al señor Ortiz Stradtmann que su situación estaba siendo estudiada (documento 18 a) en sobre aparte). La voluntad patronal de no perjudicar al actor quedó de manifiesto, al expresarse por escrito y a pedido de éste, que los plazos de prescripción para reclamar los derechos laborales quedaban interrumpidos (documento anteriormente indicado en relación con los marcados 13 a) a 17 a). Refiriéndose a los reclamos del actor, la Dirección General de Seguro Solidarios y Servicios Institucionales en oficio del 11 de enero de 1991 le informó a la Presidencia Ejecutiva que: en la Institución se utiliza el mecanismo de compra de servicios a médicos particulares; tratándose de emergencias calificadas se recurre a la Caja Costarricense del Seguro Social, a la Clínica Bíblica o a la Clínica Católica, entidades con las cuales el demandado firmó convenios para esos efectos; ningún profesional en medicina se ha quejado del instrumental utilizado; se habían hecho gestiones para la compra de algunos de los materiales faltantes; no era necesario contar con una plaza de optometrista, por ser más económico comprar el servicio; si el actor no había iniciado el proceso de formación basado en la experiencia, se debía a que no se encontraba inscrito para ejercer la medicina en el país y que si bien posteriormente se le autorizó a ejercer la medicina, no había sido reconocido como oftalmólogo. Se concluye en ese documento que una vez incorporado como médico en esa especialidad el actor debía de cumplir con el contrato general y que se le podría aceptar la propuesta b), siempre y cuando el consultorio privado contara con todo el instrumental y el equipo básico señalado (documento 12 a) en sobre aparte). De otro lado, el Departamento Legal, mediante oficio dirigido también a la Presidencia Ejecutiva del 20 de febrero, de conformidad con las consideraciones ahí consignadas, estableció que el becario tenía dos alternativas: cumplir con el respectivo contrato en las condiciones que ofrece el Departamento Médico "... partiendo de que en ningún modo se viene a menospreciar su capacidad profesional, ni van en detrimento de su dignidad, sino que se encuentran acorde con las posibilidades razonables y reales de esta Institución, para la prestación de un servicio eficiente y responsable..."; o, en caso de incumplimiento, devolver en forma inmediata todas las sumas que se le hubieren girado con motivo de la beca, sin perjuicio del cobro que se le hiciera por concepto de daños y perjuicios (documento 11 a) en sobre aparte). El 26 de febrero siguiente, el actor le pidió al Presidente Ejecutivo, que lo liberara del contrato de trabajo sin responsabilidad para ninguna de las partes "... dentro del lapso restante de este mes o del mes de marzo", y que tal liberación fuera: a) pura y simple o, b) con un nuevo contrato consistente en prestar los servicios en la oficina privada con pago de acuerdo a las tarifas vigentes en el Instituto o, c) con transferencia de la plaza a la Caja Costarricense de Seguro Social en el entendido que ya tiene oferta de esta entidad para prestar servicios a partir del 1  de abril "... en condiciones mucho más aceptables y razonables..." (documentos 10 a) y Número 19 del sobre aparte). El 14 de marzo, el Departamento de Prestaciones Sanitarias informó a la Dirección de Seguros Solidarios que, a esa fecha se había dotado al actor un consultorio con las condiciones básicas; que se continuaba en el trámite de licitación para darles a los oftalmólogos un oftalmoscopio indirecto; y que se le daría mayor espacio físico aprovechando una remodelación interna (documento 9 a)). De nuevo, el Departamento Legal rindió un informe a la Presidencia Ejecutiva, esta vez el 15 de marzo, donde analizó la viabilidad de las opciones presentadas por el señor Ortiz, e indicó que, en todo caso "... las condiciones están dadas para que el ex becario cumpla con lo convenido en el contrato." (documento 8 a) en sobre aparte). El 25 de marzo, el actor envió una nota solicitándole al Presidente Ejecutivo que por escrito le diera la autorización para trasladarse a laborar para la Caja Costarricense del Seguro Social, que, al parecer, ya le había dado verbalmente (documento 7 a) en sobre aparte). Esa solicitud fue contestada por el Gerente del Instituto el 26 de marzo, en el sentido de que, es la Junta Directiva y no el Presidente Ejecutivo a quien le corresponde tomar una decisión y que el trámite de sus solicitudes no había concluido (documentos 5 a) y 6 a) del sobre con prueba). En virtud de lo anterior, el 1 de abril de 1991, el demandante, argumentando un retraso en la solución de los problemas por él planteados y la existencia de pésimas condiciones de trabajo, le comunicó a su empleador que, a partir de esa data, daba por rota la relación laboral, con responsabilidad patronal (documento 4 a) en sobre aparte).-

III.- Tal y como se deduce de la relación de hechos indicada, el Instituto actuó en todo momento de buena fe e incluso complaciente con el demandante, otorgándole la posibilidad de lograr con fondos públicos una costosa especialización, garantizándole trabajo a su regreso y, además, mediando para la remoción de obstáculos con miras al logro de ese objetivo, como lo fue, el interrumpir el servicio social inconcluso. Además, se le autorizó para no incorporarse de inmediato a laborar una vez terminados los estudios, con el fin de que continuara con otra especialidad. A su regreso, en forma prácticamente inmediata, a partir del 1 de noviembre de 1990, se le brindó la posibilidad de trabajar, cumpliendo en la Institución con los tres meses de servicio social que le hacían falta, dada la autorización que sobre el particular diera el Ministerio de Salud; servicio que concluyó el 1 de febrero siguiente (ver también la prueba confesional en ese sentido en folios 330 a 331 vuelto en relación con las declaraciones de los señores Javier Castro Figuls y Gerardo Ortega Bell en folios 334 a 336 vuelto). Durante el proceso, el actor y contrademandado ha alegado la falta de espacio físico suficiente y de instrumentos apropiados para realizar su labor, razones que esgrimió para dar por rota la relación de servicio. A la luz de la situación acreditada en el expediente, en la entidad patronal no existían las condiciones óptimas para desempeñar el servicio; pero tampoco puede desconocerse que se trató de ir brindando soluciones, como lo fueron, el dotar al actor de mayor espacio físico, el promover licitaciones públicas para la compra de materiales, el remitir los pedidos del demandante a los órganos respectivos, a efecto de valorar la situación planteada con estudios serios, legales y técnicos. No se advierte en el expediente que el demandado, con motivo del contrato de beca se hubiera obligado a dotarlo a su regreso de todo el equipo y espacio que él reclamó ni que se le debiera dar la jefatura de los servicios de oftalmología en ejercicio pleno de esa especialidad, obligaciones que ni siquiera se podrían deducir de su condición de especialista. Además, no fue sino hasta en la Sesión Ordinaria Número 853 del 26 de febrero de 1991 que fue inscrito como especialista en Oftalmología por la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica (documento de folio 282). Tampoco se acreditó ningún daño o perjuicio real y efectivo para los usuarios, dada la forma en que se brindaba el servicio. Se debe tomar en cuenta que la compra de servicios a otros profesionales ajenos a la institución y a entidades como la Caja Costarricense del Seguro Social, la Clínica Bíblica y la Clínica Católica, podían solventar las posibles necesidades de los pacientes. En fin, el rompimiento de su relación con el empleador no lo puede tener como justificado la Sala, pues el Instituto demandado sí cumplió en lo medular sus obligaciones contractuales. Por otra parte, si bien es cierto, los derechos y obligaciones provenientes del contrato de beca son de naturaleza civil, normalmente esta se presenta dentro de una relación laboral y el cumplimiento de ambas contrataciones pueden tener efectos recíprocos. Sin embargo, en el caso particular, el contrato de beca nació con anterioridad al de trabajo, y los efectos de aquella relación se ligaron a la laboral futura, de modo que como se dedujo en la demanda y particularmente en el extremo primero de la petitoria, es posible hablar de dos épocas en la relación que ligó a las partes: una primera en que el demandante disfrutó del beneficio, con pleno cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Instituto demandado; y una segunda, en la cual se inició la relación de empleo, con lo cual el Instituto dio fiel cumplimiento a su obligación final, cual era el permitirle al actor laborar a su servicio para retribuir el beneficio disfrutado anticipadamente. Entonces no es válido afirmar que la relación (de derecho público tomando en cuenta la naturaleza del Instituto demandado) fuera una sola y toda de naturaleza laboral, incluyendo el tiempo empleado en el disfrute de la beca, pues el contenido de los actos realizados, al que hay que estarse atendiendo a los principios propios de la relación de empleo público y particularmente al de legalidad, es diferente. Pero, la última contratación (la laboral) y la antecedente (de beca) son conexas, por lo que el incumplimiento del becario en lo laboral, tal y como estaba pactado, le acarrea responsabilidad con respecto a su contrato de beca. Con ésta nació la obligación esencial a cargo del demandante de vincularse a una relación de servicio con el Instituto, prestando su fuerza de trabajo por el tiempo estipulado en él. La terminación de la relación laboral por hechos atribuibles al becario, necesariamente conlleva el incumplimiento de su parte esencial respecto al contrato de beca, porque, con su conducta (no prestación del servicio), hizo imposible cumplir con la obligación primordial que éste le impuso. Por esa razón, surgió el derecho del Instituto de recuperar las sumas que invirtió en la beca, así como los daños y perjuicios ocasionados de conformidad con los términos de la respectiva contratación, razón por la cual ningún reparo se le puede hacer a la condena impuesta al contrademandado y al fiador de las obligaciones contraídas en virtud de este último. Por consiguiente, no se han violado por los señores Jueces sentenciadores los artículos 702 y 1023 inciso 1 del Código Civil y 15, 19, 69 inciso d), 83 inciso j) y 84 del Código de Trabajo.-

IV.- Tampoco es de recibo el agravio invocado, consistente en que la sentencia de segunda instancia violentó el principio de que "... la apelación se considerará sólo en lo desfavorable al recurrente.", al haber fijado las costas en un quince por ciento del monto de la condenatoria en vez de la suma de treinta mil colones fijada por el a quo. El artículo 502 del Código de Trabajo, en lo que interesa expresa:

"Dicho Tribunal podrá confirmar, enmendar o revocar, parcial o totalmente, lo resuelto por el juez, aunque el expediente le hubiere llegado en consulta o solo por apelación de alguna de las partes."



Con base en esa norma, los señores Jueces del Tribunal Superior tenían la facultad de modificar lo resuelto sobre las costas del proceso.-

V.- Así las cosas, con fundamento en las propuestas (de hecho, jurídicas y probatorias) de las partes y lo analizado, nos apartamos del voto de mayoría y confirmamos la resolución impugnada, por encontrarse ajustada a derecho.-


Orlando Aguirre Monge Zarela María Villanueva Monge


car.-



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