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SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas cincuenta minutos del cuatro de mayo del año dos mil.


Proceso ordinario establecido ante el entonces Juzgado Segundo de Trabajo de San José, por MANRIQUE ORTIZ STRADTMANN, casado, oftalmólogo, vecino de San José, contra el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, representado por sus apoderados licenciados María Lorena Murillo Salazar, soltera, y José Rafael Vargas Zúñiga, casado; abogados y vecinos de San José. Figuran además como apoderados del actor, los licenciados Raúl Marín Zamora, vecino de Cartago y Manuel Montealegre Quijano, vecino de San José; casados y abogados. Todos mayores.

RESULTANDO:

1.- El actor, en escrito fechado 5 de abril de 1991, promovió la presente demanda para que en sentencia, se declare: a) Que el contrato de beca celebrado entre el actor y el accionado para que el actor se especializara en oftalmología en el Instituto Barraquer de Barcelona, España, antecedente del contrato laboral entre las mismas partes, actuado el suscrito como oftalmólogo empleado al servicio del accionado, se extinguió por ejecución total de las obligaciones de ambas partes, al terminarse con éxito los estudios del actor; b) Que la obligación del actor de pagar la beca con servicio de oftalmología, como empleado del accionado, quedó incorporado al contrato laboral nacido entre la institución y yo, subsiguiente a la terminación del contrato de beca referido; c) Que la terminación de contrato de trabajo con el accionado, por reparación de mi parte, fue con justa causa y con responsabilidad patronal sin ninguna de mi parte para con el accionado; d) Que ha cumplido total y satisfactoriamente con las obligaciones de mi contrato laboral con el accionado; e) Que no debe indemnización ninguna al accionado, por incumplimiento de mis obligaciones; f) que como consecuencia de la terminación justificada de mi contrato de trabajo con el accionado, he quedado liberado de la totalidad de las obligaciones provenientes de dicho contrato, como su empleado en calidad de médico oftalmólogo, al beneficio de la economía que me procuró la beca por cuatro años cursados y aprobados en el instituto Barraquer, de Barcelona España; g) Que se condena al accionado al pago de preaviso, auxilio de cesantía y ambas costas de esta acción.

2.- La apoderada del Instituto demandado, contestó la demanda en los términos que indica en el memorial de fecha 29 de mayo de 1991 y opuso las excepciones de falta de derecho, sine actione agit, prescripción y non adimpleti contractus. Asimismo, contrademandó al actor Manrique Ortiz Stradtman y a Eduardo Ortiz Ortiz, hoy su Sucesión, para que en sentencia, se declare: “1) Que el doctor Manrique Ortiz Stradtman incumplió el contrato de beca suscrito con el Instituto Nacional de Seguros, el día cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, así como el adicional a dicho contrato de fecha veintisiete de setiembre de mil novecientos ochenta y nueve, al dar lugar a su despido sin responsabilidad patronal por haber hecho abandono de trabajo sin justa causa. 2) Que es solidariamente responsable con el becario respecto al costo incurrido en la beca, así como los daños y perjuicios causados al señor Eduardo Ortiz Ortíz, por haberse constituido en fiador solidario de la obligación. 3) Que ambos demandados quedan obligados en forma solidaria a pagar a mi representada la inversión efectuada por éste en los estudios del Dr. Ortiz Stradtmann, consistente en la suma de seis millones doscientos cuarenta y nueve mil novecientos once colones con noventa y cinco céntimos más intereses al seis por ciento anual calculados desde el momento en que se emitió cada pago, más los daños y perjuicios que se han probado, suma que se liquidará en la etapa de ejecución de sentencia y que devengará intereses al tipo legal vigente hasta su efectivo pago. 4) Que de conformidad con el inciso 9) de la cláusula cuarta del contrato beca, los demandados deben pagar de contado y de inmediato la suma fijada en sentencia, por haberse dado un incumplimiento contractual del becario. 5) Que los demandados deben ser condenados en costas personales y procesales de esta acción.”.

3.- El actor-contrademandado, Manrique Ortiz Stradtmann, contestó la contrademanda, en los términos que indica en memorial de fecha 19 de junio de 1991 y opuso las excepciones de prescripción, falta de derecho y falta de legitimación. El reconvenido, Eduardo Ortiz Ortiz, hoy su Sucesión, contestó la reconvención en escrito de fecha 1° de agosto de 1991 y opuso las excepciones de prescripción, falta de derecho y falta de legitimación.

4.- La Jueza, licenciada Mayita Ramón Barquero, por sentencia de las 14:40 horas del 20 de abril de 1994, dispuso: Razones expuestas, citas legales, artículos 490 siguientes y concordantes del Código de Trabajo, se resuelve: SOBRE LA DEMANDA. La demanda ordinaria laboral establecida por MANRIQUE ORTIZ STRADTMANN contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, se declara sin lugar en todos sus extremos petitorios. Se acogen las excepciones de falta de derecho y non adimpleti contractus. La excepción genérica sine actione agit, comprensiva de la falta de derecho (ya resulta), falta de legitimación ad causam activa y pasiva y falta de interés actual, se rechazan. Son ambas costas de la demanda a cargo del actor, fijándose las personales en la suma prudencial de treinta mil colones. SOBRE LA CONTRADEMANDA: La contrademanda formulada por la licenciada MARIA LORENA MURILLO SALAZAR en su condición de apoderada general judicial del INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS CONTRA MANRIQUE ORTIZ STRADTMANN y EDUARDO ORTIZ ORTIZ se acoge así: 1) Que el doctor Manrique Ortiz Stradtmann incumplió el contrato de beca suscrito con el Instituto Nacional de Seguros, el día cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, así como el adicional a dicho contrato de fecha veintisiete de setiembre de mil novecientos ochenta y nueve. 2) Que es solidariamente responsable con el becario respecto al costo incurrido en la beca, así como los daños y perjuicios causados el señor Eduardo Ortiz Ortiz, por haberse constituido en fiador solidario de la obligación. 3) Que ambos demandados quedan obligados en forma solidaria a pagar al INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS la inversión efectuada por éste en los estudios del Dr. Ortiz Stradtmann, consistente en la suma de CINCUENTA MIL CUARENTA DOLARES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR, que de acuerdo al tipo de cambio legal, según se convierta en etapa de ejecución de sentencia, no podrá exceder de la suma de seis millones doscientos cuarenta y nueve mil novecientos once colones con noventa y cinco céntimos más intereses del seis por ciento anual calculados desde el momento en que se emitió cada pago, más los daños y perjuicios que se demuestren en forma concreta en etapa de ejecución de sentencia y que devengará intereses al tipo legal vigente hasta su efectivo pago. 4) Que de conformidad con el inciso 9) de la cláusula cuarta del contrato beca, los demandados deben pagar de contado y de inmediato la suma fijada en sentencia firme, por haberse dado un incumplimiento contractual del becario. Las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación y prescripción se rechazan. Son ambas costas de la contrademanda a cargo de la parte vencida, fijándose las personales en un veinte por ciento del total de la condenatoria.”.

4.- El actor y el albacea de la Sucesión contrademandada, apelaron y el Tribunal Superior de Trabajo, Sección Primera, integrado en ese entonces por los licenciados Rosa E. Blanco Matamoros, Julia Varela Araya y Eugenie Salas Chavarría, por sentencia de las 9:25 horas del 17 de junio de 1996, resolvió: Se declara que no existen defectos de procedimiento capaces de producir nulidad. Se confirma el fallo recurrido, modificando en un quince por ciento el monto de los honorarios de abogado tanto para la demanda como parte la contrademanda..

5.- El actor y la albacea de la Sucesión de Eduardo Ortiz Ortiz formulan recurso, para ante esta Sala, en memorial de data 26 de agosto de 1996, que en lo que interesa dice: …Pasamos a ofrecer las razones en las que fundamentamos la procedencia de este recurso. Para resolver acertadamente el caso debe analizarse la naturaleza jurídica del convenio entre el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS y Manrique Ortiz Stradtmann. Se trata de un contrato complejo, que comprende un contrato de beca y un compromiso reciproco de ligarse en una relación laboral. Ambos convenios son de ejecución sucesiva y bilaterales: cada uno contiene obligaciones recíprocas para las partes, como lo señalamos a continuación. La ejecución del contrato de beca consistía: para el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS en suplir el dinero y para el becario en realizar aprovechadamente los estudios. Ambos compromisos se cumplieron al terminarse la especialización. No obstante, en este primer contrato bien pudo haberse dado incumplimiento de partes –que no se dio-, y que habría consistido o que el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS no hubiera aportado el dinero o que el becario no hubiera alcanzado su graduación. Cualquiera de estos supuestos habría significado incumplimiento contractual con la respectiva indemnización civil de daños y perjuicios. (Doctrina de los artículos 693 y 702 del Código Civil). Cumplida esa etapa, inmediatamente surgieron obligaciones también recíprocas: la del INS de suministrar una plaza de oftalmólogo y la del profesional de estar dispuesto a prestar al servicio. Aquí también pudo haberse dado incumplimiento de partes con la consiguiente responsabilidad civil. A partir del ajuste de voluntades nace entonces la relación laboral, con los consiguientes deberes y obligaciones –índole laboral- para ambas partes (artículo 19 del Código e Trabajo). La violación de las obligaciones de uno u otro da lugar a la terminación (resolución) del contrato de trabajo, con las respectivas indemnizaciones que establece la legislación laboral. Los derechos y deberes provenientes del contrato de trabajo se refieren a la ejecución de éste, pero ninguna vinculación jurídica tiene esa relación laboral con las obligaciones ya cumplidas –y por tanto extinguidas- del contrato de beca. Para poner en mayor relieve la situación legal, basta con recurría dos ejemplos: ¿Qué habría pasado si el Ins no paga el salario al trabajador? ¿Tendría éste que continuar laborando sin sueldo porque se le había otorgado una beca? No. Seria un caso de terminación del contrato con responsabilidad laboral del INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS. Idéntica situación a la que se dio en el sub júdice por no dar el Ins los instrumentos par ejecutar el trabajo. A la inversa ¿qué habría pasado si el médico no ejecuta la laborar con capacidad profesional o con la dedicación requerida? ¿Tendría el Ins que mantenerlo en el puesto porque así se obligó en el contrato de beca? No. La consecuencia sería igual: terminación del contrato con responsabilidad laboral del trabajador. La situación es clara, aunque ciertamente requiere de un análisis racional, lo que no han hechos los tribunales de instancia. Hay error de derecho al otorgar una reparación civil a todas luces improcedente. Se violaron así –por falta de aplicación- los artículos 702 y 1023 inciso 1 del Código Civil y los artículos 15, 19, 69 inciso d), 83 inciso j) y 84 del Código de Trabajo. No es cierto, como erróneamente – y muy a nuestro pesar- lo afirman las ilustres Juezas Superiores: a) Que yo Manrique Ortiz Stradtmann, y el licenciado Eduardo Ortiz Ortiz, quien fue –como padre y como abogado- el que dirigió todas mis relaciones con el Instituto Nacional de Seguros, actuáramos de mala fe. La mala fe es un proceder indigno, una conducta inmoral, que sinceramente es ajena a nosotros, tanto en lo personal como en lo profesional. La nuestra, por el contrario, fue una actuación fundada en la ética, tanto individual como colectiva, en resguardo de la profesión y en defensa de los intereses sociales envueltos en la prestación de un servicio de salud esencial. B) Que yo, Manrique Ortiz Stradtmann, actuara “por el interés de mejorar mi situación económica y desarrollo al máximo de mi especialidad en forma privada, en total desinterés de los derechos de mi patrono”. Esta es una afirmación afrentosa y falsa. Siempre estuvo dispuesto –como está demostrado en autos- a prestar servicios médicos en el Ins. La practica privada la inicie modestamente cuando me encontraba ligado laboralmente con el Ins, en horas de la tarde, después de la jornada ordinaria. Cuando me separé de esa institución ingresé al Hospital Nacional de Niños y al Hospital Calderón Guardia. Aún mantengo esta última posición y laboro igualmente con el hospital Clínica Bíblica y atiendo mis pacientes privados al final de las tardes y en las noches. C) Que yo, Manrique Ortiz Stradtmann actuaría en forma apresurada e incorrecta, sin darle un tiempo prudencial a mi empleador a que corrigiera o enmendara sus yerro, como si fuera el único funcionario de la institución y el único asunto a resolver”. Esto también es falso. Pasaron más de cuatro meses desde que hice mi primera solicitud (el 23 de noviembre de 1990), para que se arreglaran las graves deficiencias para el mejor servicio público antes de dar por terminada mi relación laboral con el Ins. Lo cierto es que el Ins no atendió el asunto con el interés adecuado, pese a nuestros reiterados esfuerzos. Sus funcionarios mostraron siempre una actitud prepotente y displicente hacia mí e incluso hacia mi padre. Había un sentimiento negativo contra mí, supongo que por la beca que me pagó la institución. Estas cosas se dan en las relaciones humanas e influyen en las actuaciones de los funcionarios públicos; los cito dado el tono en que se ha llevado el asunto de parte de los representantes del Ins y lo dicho en las sentencias de los tribunales de instancia. No deben confundirse las actuaciones de los funcionarios del Ins al momento del otorgamiento de la beca –para quienes siempre he guardado el más profundo agradecimiento-, con las que mostraron luego otros funcionarios en la ejecución del contrato de trabajo, en donde, por el contrario, actuaron con mezquindad y ausencia de espíritu de servicio público. La cita de la sentencia de casación No. 99 de las 15 del 27 de agosto de 1975 –que hace el Tribunal Superior es más bien favorable a mi posición legal, puesto que sí concedí plazo sobrado al Ins para arreglar la situación y sus funcionarios no mostraron interés en hacerlo, lo cual hizo incurrir al patrono en falta que autorizaba al trabajador a romper el contrato. D) Que se acondicionó “un consultorio de oftalmología y que se promovieron dos licitaciones para la compra del equipo requerido para dar el servicio de esa especialidad”. La remodelación consistió en cerrar un pasillo y hacer una oficina de unos cuatro metros por tres metros, con un escritorio y una lámpara de hendidura. Esto no ofrecía siquiera las condiciones mínimas para practicar un examen elemental de agudeza visual a los pacientes, que requiere una habitación de por lo menos seis metros de lardo. La lámpara de hendidura sólo sirve para hacer exámenes de la estructura anterior del ojo, par quitar objetos extraños e inflamaciones en el segmento anterior del ojo, y no para examinar el interior del mismo. No hubo la intención de adquirir el equipo y los instrumentos. Las licitaciones fueron hechas antes de llegar yo al Ins y la institución nunca solicitó a la Contraloría General de la República una autorización para la compra directa de los equipos –como debió haberlo hecho a falta de oferentes-, lo cual está demostrado en autos. E) Que en todo caso, el actor cumplía con el contrato con sólo dar el servicio en la medida de los medios que la brindó el Instituto. Esto es un error conceptual grave. Los medios son fundamentales para prestar un servicio. Se evidenció en mal estado de las instalaciones y la carencia de equipos con la inspección ocular que se practicó en el lugar y el dictamen del Dr Víctor Ramírez Beirute. No se podía dar servicio de oftalmología a los pacientes en la condiciones que el Ins tenía. Si antes no se habrían hecho las instalaciones adecuadas mínimas –no para la comodidad del médico sino para la necesidad del servicio y la seguridad de los pacientes- es algo que no comprendo pero eran cosas indispensables para poder ejercer como médico oftalmólogo. En aquellas condiciones sólo se podía hacer curaciones a los pacientes, pero nunca practicar medicina oftalmológica. Téngase en cuenta que durante los meses que estuve en el Ins yo atendía a diario muchos pacientes en oftalmología, lo que puede comprobarse si se pido al Ins el control de casos entre el 1 de noviembre de 1990 y el 1 de abril de 1991 (cinco meses). El Tribunal Superior recurrido desoyó de manera evidente nuestros razonamientos jurídicos hechos en el escrito de expresión de agravios que lleva fecha 4 de marzo del corriente año. Dicen las Juezas Superiores que “estamos en materia meramente laboral, no civil, así lo definió la Sala Segunda al resolver el conflicto de competencia y decir que esta es la ví para dilucidarlo y sus argumentos se refieren a los contratos civiles propiamente” Enorme error jurídico. No estamos ahora en un asunto de competencia de los tribunales sino resolviendo el fondo. El ordenamiento legal de un país es uno, como un todo, al que hay que recurrir según la naturaleza del caso en examen. El artículo 14 del Código Civil establece que “las disposiciones de este Código se aplicarán como supletoria de las materias regidas por otras leyes”; y el artículo 15 del Código de Trabajo dice que en los casos no previstos por este Código, en que reglamentos o en sus leyes supletorias o conexas se aplicarán “los principios y leyes de derecho común”. Lo que significa que el Derecho Civil y sus principios son fuente de derecho en materia laboral. En este escrito de cuatro de marzo del corriente año, la suscrita albacea de la sucesión de Eduardo Ortiz Ortiz hizo un amplio análisis del caso, comprendiendo los temas siguientes: la intención en el contrato, el incumplimiento del Ins, el cumplimiento del contrato por el becario y la resolución del contrato, por cambio de las circunstancias atribuibles al Ins y por incumplimiento voluntario e imputable al Ins. Se hizo amplia mención de la doctrina aplicable y se citaron antecedentes jurisprudenciales de la Sala de Casación. Incluso se invocó la opinión del laboralisita Dr. Mario de la Cueva, en cuanto a los principios que rigen la excepción non adimpleti contractus y la rescisión del contrato de trabajo. Todo eso fue ignorado por el Tribunal Superior de instancia. Para no ser reiterativos en esta exposición rogamos encarecidamente a esa honorable Sala tener en cuenta nuestro alegato de cita. En cuanto a costas el Tribunal Superior las fija en el quince por ciento del monto de la condenatoria, en vez de la suma de treinta mil colones que había fijado prudencialmente el Juzgado de primer instancia. Este pronunciamiento vicia el principio de que “la apelación se considerará sólo en lo desfavorable el recurrente”, lo cual también invocamos como motivo de este recurso. Pedimos con todo respeto anular la sentencia recurrida y fallar el fondo del asunto acogiendo los extremos de la demanda y rechazando, por tanto, la contrademanda.”.

6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Fernández Silva; y,

CONSIDERANDO:

I.- Al actor, doctor Manrique Ortiz Stradtmann, el Instituto Nacional de Seguros le concedió una beca para realizar estudios de especialización, en oftalmología, en el Instituto Barraquer de Barcelona, España. Este beneficio laboral le fue otorgado luego de una serie de recomendaciones, provenientes de diversos funcionarios públicos; entre ellos, y en especial, quien a la sazón desempeñaba el cargo de Ministro de Salud Pública, doctor Juan Jaramillo Antillón, a la par del propio Presidente Ejecutivo del ente accionado, señor Eddy Alvarado González. A la base de esa beca, para realizar estudios en aquel Instituto español, de reconocido prestigio, estaba la necesidad para el país de contar con una especialidad quirúrgica respecto de la cual, en el sector público, había una evidente inopia, por no existir un post grado en esa materia, en Costa Rica; y, en el campo privado, los especialistas existentes eran contratados por el INS, para brindarles sus servicios a los pacientes amparados a los seguros de riesgo profesional, que operan, en régimen monopolístico, con autorizaciones tanto constitucional como legal, dentro de lo que constituye una de las actividades ordinarias del ente demandado.

II.- La intención que quedó clara, durante todo el proceso, tanto con la prueba documental como con la testimonial y aún con la confesional, fue la de que dentro del campo de la previsión social, lo que se deseaba era tener un oftalmólogo, para mejorar, esencialmente, los servicios que se le debían brindar a los pacientes que los requirieran. Esto es lo fundamental que, real y jurídicamente, respaldó el otorgamiento de la mencionada beca.

III.- El actor cumplió, inclusive en un menor tiempo al otorgado, con los requisitos de los estudios, tanto en lo académico como en las actividades prácticas, exigidas por el Instituto Barraquer. Ello quedó también fehacientemente demostrado en los legajos administrativos, los cuales forman una unidad jurídico procesal, con este expediente judicial. Cuando regresó al país esperaba, como algo normal, venir a ejercer su especialidad con los medios idóneos que la misma requería, en beneficio pero sobre todo como un derecho de los asegurados; y también del suyo propio, a los efectos de mantenerse al día, en la práctica de su especialidad y con el instrumental que haría que pudiera, con su experiencia, inclusive mejorarla. La situación que, en la realidad, se encontró, puede resumirse así: el actor no tenía, porque el Instituto no se había preparado para su regreso, lo mínimo indispensable para ejercer, profesional y responsablemente, aquella especialidad; en lo clínico ni en el campo de la cirugía. Ante tal circunstancia, con un crédito otorgado por el INS, con garantía hipotecaria, realizó nuevos estudios de especialización, esta vez en cirugía de retina, en la Clínica Oftalmológica de la Universidad de Lousiana, Estados Unidos de Norteamérica y, concluidos éstos, regresó al INS y se encontró que, de nuevo la situación bajo la cual tenía que practicar sus especialidades, era evidentemente contraria a la realización de las mismas; en primer lugar, porque el lugar que se le asignó, como espacio físico, fue claramente inadecuado; y, en segundo lugar, porque el instrumental médico era también insuficiente. Amén de lo anterior, se le requirió para que se limitara a practicar, como si fuese simplemente un médico general, la mera actividad de rutina que concierne a los primeros auxilios, siempre que se tratara de un trauma ocular leve, porque si el tratamiento iba más allá, debía estarse a lo que otros médicos oftalmólogos, externos, le indicaran; ateniéndose, entonces, no sólo al diagnóstico que éstos hicieran, en los ojos de los pacientes, sino también a seguir el tratamiento que, dichos profesionales, le indicaran que tenía que seguir; con lo cual quedaba comprometida su responsabilidad ética y profesional; la que podía agravarse con cualquier “mal praxis”, que pudiera ocurrir.

IV.- En cuanto al espacio físico, donde el actor debía prestar sus servicios a los pacientes, en los autos quedó claro que se trató de ésto: “Las dimensiones del cubículo son las siguientes: largo: doce piezas de mosaico de treinta y medio centímetros, más dos piezas incompletas, una de doce centímetros y otras de dieciocho centímetros, lo que da un largo total de tres metros noventa y seis centímetros. La parte más ancha mide: once piezas de mosaico de treinta y medio centímetros, lo que da un ancho máximo de tres metros treinta y seis centímetros. El mismo cubículo tiene otra parte menos ancha”. (Certificación notarial, folios 46 a 47, del legajo principal). En cuanto al instrumental médico, en esa misma certificación se da fe de que únicamente existía lo siguiente: “ a) una lámpara de hendidura, marca Haag-Streit, modelo novecientos, con tomómetro de aplanación; b) una lente de Goldmann de tres espejos; c) un oftalmoscopio directo, marca Welch-Allyn; d) instrumental elemental consistente en: 1- sonda lagrimal; 2- una pinza corriente pequeña, 3- una pinza pequeña llamada “de relojero”; 4- una tijera pequeña de oftalmología; 5- un mango de bisturí; todo lo anterior en una pequeña caja de acero inoxidable. También había un frasco con algodón, una botella con alcohol y una palangana de plástico para desechos, además, dos optotipos de Snellen, sobre la pared al lado de la puerta”. En ese documento, también se consigna: “Además se encontró el siguiente mobiliario: a- una camilla; b- un escritorio de madera con una lámpara común, donde se hallan algunas gotas oftalmológicas, notándose la ausencia de colirio de ciclopentolato (fármaco de corta duración indispensable para diagnóstico), c- un ventilador, d- tres sillas, y e- un carrito de acero inoxidable sobre el cual se encontró el instrumental elemental antes descrito. También encontramos un lavatorio pequeño con desagûe maloliente”. Quedó claro, en los autos, que para que el actor cumpliera a cabalidad, siempre en beneficio de sus pacientes –directos interesados y con derecho a la mejor atención médica- el instrumental médico-quirúrgico, con el cual tenía que contar el Doctor Ortiz Stradtmann, para ejercer ética y profesionalmente su especialidad, y para no perderla, debió ser el siguiente:

  1. Caja de prismas: Instrumento para la medición del ángulo de desviación en pacientes con estrabismo. El estrabismo puede ser causado por mal formación congénita, enfermedades generales como ser la diabetes y frecuentemente en casos de trauma cráneo encelocefálicos. Este instrumento se encuentra en todos los hospitales del país, donde se prestan servicios de oftalmología.-

  2. Oftalmoscopio indirecto: Instrumento básico y general para explorar el fondo de ojo. Se usa para el diagnóstico de hemorragias o desgarros retinianos secundarios, alteraciones propias de la retina o trauma ocular. Este instrumento se encuentra en todos los hospitales del país, donde se prestan servicios de oftalmología.-

  3. Ultrasonógrafo: Sirve para explorar el segmento anterior, posterior y la cavidad orbitaria cuando no hay medios claros que permitan la observación directa. Se utiliza cuando se presentan hemorragias en la cámara anterior, cataratas de cualquier causa, o hemorragias vitreas producidas por cualquier causa, entre ellas, trauma ocular, con o sin cuerpos extraños intraoculares. Este instrumento se encuentra en clínicas privadas, donde se prestan servicios de oftalmología, como Corporación Oftalmológica y Clínica Santa Lucía.-

  4. Campímetro: Determina alteraciones en los campos de visión. Se utiliza en casos de pacientes con glaucoma, obstrucciones venosas de la retina, neuropatía óptica, o a nivel de las vías ópticas cerebrales. Las causas son múltiples, entre ellas trauma. Este instrumento se encuentra en los Hospitales Calderón Guardia, San Juan de Dios y clínicas privadas donde se prestan servicios de oftalmología, como Corporación Oftálmologica y Cínica Santa Lucía.-

  5. Cámara de fondo de ojo para angiografía: Determina lesiones a nivel de fondo de ocho, o del iris, aplicando un tinte de fluoresceína. Determina lesiones como retinopatía o alteraciones de la retina por la diabetes, hipertensión arterial, otras alteraciones basculares de la retina. Este instrumento se encuentra en los Hospitales México, Sáenz Herrera y clínicas privadas como Corporación Oftálmogica y Clínica Santa Lucía.-

  6. Electroretinógrafo: Determina la actividad eléctrica de la retina. Ayuda a precisar el pronóstico visual de cada ojo en diferentes patologías como la retinosis pigmentaria, desprendimientos de retina. Este instrumento se encuentra en los Hospitales San Juan de Dios, Saénz Herrera y clínicas privadas, como Corporación Oftálmologia y Clínica Santa Lucía.-

  7. Potenciales evocados visuales: Determina la conducción de los impulsos nerviosos de la retina a través del nervio óptico hasta la corteza cerebral. Se pueden diagnosticar las neoritis ópticas inespecíficas de diversas etiologías, entre ellas las traumáticas, así también las lesiones en las vías ópticas cerebrales por hemorragias o infartos cerebrales. Este instrumento se encuentra en el Hospital Sáenz Herrera.-

  8. Un vitrector: Instrumento para la cirugía del vitreo y la retina. Se utiliza en caso de hemorragias vitreas que no se aclaran con el tiempo o en casos de desprendimientos de retina en los que hay un proceso de cicatrización moderado o avanzado. Este instrumento se encuentra en los Hospitales San Juan de Dios y Calderón Guardia.-

  9. Equipo láser para fotocoagulación: Para tramiento local de lesiones a nivel de la retina o casos de glaucoma aguda, como son desgarros. Este instrumento se encuentra en el Hospital Calderón Guardia y clínicas privadas, como Corporación Oftalmológica y Clínica Santa Lucía. Es un instrumento revolucionario, que facilita la labor del oftalmólogo y hace innecesaria la permanencia prolongada del paciente en el hospital, eliminando periodos largos de recuperación y sufrimiento a los pacientes.-

i2) Criocoagulador: Sirve para el tratamiento local de lesiones de retina. Este instrumento se encuentra en todos los hospitales del país, donde se prestan servicios de oftalmología. (Ver el informe que consta a folios 354 y siguientes).

Además, en ese dictamen del Doctor Víctor Julio Ramírez Beirute, se manifiesta, expresamente, que “hace falta, además del equipo indicado, facilidades y equipo quirúrgico, una caja de lentes y un foroptero. En resumen, en ausencia del equipo descrito, en un centro de atención como con el que el INS cuenta, es sumamente difícil, por no decir imposible, prestar servicios de oftalmología de alto nivel, en forma precisa y óptima”. Concluyéndose “que de acuerdo a las medidas y descripción del cubículo u oficina que le asignaron al Dr. Ortiz Stradmann, en las instalaciones del INS, considerando el equipo que se encontraba en una oficina, tal y como se ha descrito en el expediente, no es posible medir la agudeza visual de un paciente, paso básico y elemental para diagnosticar y brindar tratamiento efectivos a un paciente”.



V.- Queda claro, entonces, que jurídicamente el empleador -en este caso el Instituto Nacional de Seguros-, en ningún momento puso a disposición del actor, los medios técnicos mínimos, ni el lugar adecuado para que pudiera ejercer su especialidad, como fue la idea subyacente al momento de otorgarle la beca, en el contexto de la relación que los vinculaba. También quedó en evidencia el manifiesto poco interés del ente empleador para cumplirle al actor, y, a la vez, a los pacientes asegurados, dentro de su régimen amparado a un monopolio constitucional; pues afirmar que se intentó “dentro de las posibilidades económico-financieras del INS “ darle aquello que buenamente si se le podía dar, con sendas licitaciones públicas, que resultaron infructuosas, al haber sido declaradas desiertas, una por falta de ofertas y la otra porque no hubo cotización respecto de lo solicitado, ambas respecto de algún instrumental, siempre insuficiente, en verdad resulta carente de seriedad. Sin entrar a los montos en dinerario del caso, por innecesario, resulta injustificado sostener, en el debate, que lo que pretendía el actor obtener, en relación con las necesidades del respectivo instrumental médico-quirúrgico, era algo que debía considerarse no razonable y, por ahí desproporcionado, frente a aquellas posibilidades reales del Instituto Nacional de Seguros, en lo económico y en lo financiero; bien otra cosa resulta, en los autos, con la prueba documental aportada para mejor resolver.-

VI.- La situación jurídica de base, en su análisis legal, le permite afirmar a la mayoría de la Sala que, el INS, incumplió gravemente sus obligaciones, al punto de que se estima conforme a derecho la finalización unilateral, que se produjo, por parte del actor, de la relación laboral que lo vinculaba con ese ente público. Quedó claro que, el INS, se negó a darle lo que necesitaba, a favor de él y en beneficio directo de los pacientes, en este campo solidario de la previsión social, tanto para ejercer sus especialidades médico-quirúrgicas, dentro de la oftalmología y, en especial, del de la cirugía de retina.

VII.- Al contestar la audiencia otorgada respecto del conjunto de documentos traídos al expediente, con el carácter de prueba para mejor resolver, el personero en juicio del INS, expresamente manifestó “se trata de documentos relativos a los riesgos de trabajo que no tienen ninguna relación con el asunto ventilado en este proceso”; lo cual obliga a la mayoría de la Sala a justificar el por qué de esa prueba conexa e indispensable. La Constitución Política, en su artículo 73, mantuvo el seguro por riesgos profesionales, dentro de la previsión social y a la par de los seguros sociales a cargo de la CCSS, a cargo del Instituto demandado; el párrafo final de ese numeral 73 dispone: “Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales”; y hoy están universalizados, con responsabilidad institucional solidaria y, desde luego, a cargo de los patronos. El desarrollo legislativo de tal norma de la Carta Magna aparece ahora a partir del artículo 193 del Código de Trabajo, y forma su Título Cuarto, denominado “DE LA PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES DURANTE EL EJERCICIO DEL TRABAJO”; desarrollo que, legalmente, se hace en estrecha conexida con los numerales 4 y 18 del Código ídem. Esa normativa especial y específica, corre desde dicho artículo 193 y hasta el 331; y está acorde con los Convenios Internacionales números 102, 130 y 148 de la OIT; los tres ratificados por Costa Rica, por lo que gozan de la especial jerarquía formal normativa que les otorga el párrafo primero, del artículo 7º, de aquella Constitución. Ahora bien, aclarado el régimen normativo de base, en el ordenamiento jurídico costarricense, la mayoría de la Sala pretende dejar constancia de la filosofía que permea a este régimen solidario y obligatorio, otorgado monopolísticamente al INS; esa filosofía es la propia de todos los seguros sociales, en un estado democrático de derecho, con fundamento en los principios cristianos de justicia social (artículo 74 de la Constitución Política), que informan tanto la constitución material o de esencia, cuanto la formal o escrita. Nos encontramos, entonces, en el campo de la previsión social, propio de las sociedades modernas, dirigido a la protección de los trabajadores, en sus momentos de enfermedad o de accidentes; lo cual los coloca en la condición de pacientes, con derecho a la mejor atención médica y hospitalaria; preferiblemente, como fue la intención del INS en este caso concreto, especializada (artículos 10 y 34 del Convenio 102 y numerales 13 y 14 del Convenio 130 ambos de la OIT). La doctrina nos señala, con traducción libre del autor italiano Mattia Persiani (DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE), que “Los sujetos protegidos son titulares de un verdadero y propio derecho subjetivo perfecto, a las prestaciones que conciernen el campo de la previsión social”. Por su parte, los Maestros españoles Manuel Alonso Olea y José Luis Tortuero Plaza, en sus “INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL”, afirman que la seguridad social se define como un “Conjunto integrado de medidas públicas de ordenación de un sistema de solidaridad para la prevención y remedio de riesgos personales mediante prestaciones individualizadas y económicamente evaluables, agregando la idea de que tendencialmente tales medidas se encaminan hacia la protección general de todos los residentes contra las situaciones de necesidad, garantizando un nivel mínimo de rentas”; y ya en ese campo -de la previsión social- antes habían expresado que la misma “Es prevención y remedio de siniestros que afectan al individuo en cuanto a miembro de la sociedad y que ésta es incapaz de evitar en su fase primera de riesgo, aunque puede remediar y, en alguna medida prevenir su actualización en siniestro”.

VIII.- Ahora bien, específicamente, y en el caso de nuestro país, dentro de la seguridad social solidaria, están los riesgos del trabajo, asegurados bajo un sistema que no es semejante al de los denominados seguros comerciales y, por ello, conforme aparece en el documento de la Contraloría General de la República, denominado “Estudio relacionado con el tratamiento de las reservas técnicas del seguro social, universal y obligatorio de Riesgo del Trabajo, administrado por el Instituto Nacional de Seguros”, siendo un seguro de naturaleza social y solidaria, sus eventuales reservas técnicas no pueden ser tratadas como la de aquellos otros seguros de naturaleza mercantil; así se tiene que, expresamente, se le indicó, al INS cuáles eran los procedimientos contables, económicos, financieros y administrativos, que debían ineludiblemente cumplirse al existir una clara diferencia “entre un Seguro Social Obligatorio y un Seguro Comercial Voluntario”; concluyéndose así: “en consecuencia, al estar en presencia de un Seguro Social, universal y obligatorio por mandato legal, que persigue objetivos sociales para el beneficio de los trabajadores, los recursos que se generen de su administración necesariamente deben destinarse al cumplimiento de dichos fines sociales. Esta posición se ratifica en el segundo párrafo del artículo 205 del Código de Trabajo, en el que el legislador determinó que cualquier excedente obtenido de la operación del régimen debe pasarse a una reserva de reparto que tiene dos destinos que buscan beneficiar a los trabajadores, a saber: la incorporación de mejoras al régimen y el desarrollo de programas de salud ocupacional. No obstante lo expuesto, los beneficios sociales que se esperan del producto de las operaciones del referido régimen, no se pueden brindar en su totalidad, a los trabajadores, por la decisión del Instituto, improcedente para esta Contraloría, de no incorporar dentro de los resultados técnicos de dicho régimen los productos financieros obtenidos por la inversión de sus reservas técnicas, basado en una práctica de administración de seguros que iguala a los seguros sociales con los comerciales”. Investigación contralora, en ejercicio de potestades constitucionales, que concluyó estableciendo que centenares de millones, no fueron debida y oportunamente transferidos al régimen de riesgos profesionales, como lo ordena la ley, creándose una denominada ilegítima Reserva de Capital; con lo que no se cumplió con la transferencia a la necesaria Reserva de Reparto, “que se distribuye en partes iguales entre el Instituto y el Consejo de Salud Ocupacional”; correspondiéndole, a cada uno, la mitad de la suma dos mil ochocientos un millones setecientos cinco mil ciento treinta y ocho colones, con ochenta y cuatro céntimos; lo que significa que, al INS, en ese momento y conforme al estudio, le correspondieron 1.400.852.569,42 colones; los cuales, bien administrados y bien repartidos en el tiempo, sobre todoconforme a derecho, habrían permitido adquirir el instrumental médico-quirúrgico que debió tener a su alcance, en beneficio de los pacientes y del ejercicio profesional de la oftalmología, el doctor Ortiz Stradtmann.

IX.- Quedó claro en los autos que, el incumplimiento patronal fehacientemente demostrado, en que incurrió el INS, le permitió jurídicamente al actor dar por rota la relación laboral que lo vinculaba con esa institución, por existir justa causa. En vista de ello la mayoría estima que se debe revocar la sentencia recurrida y declarar, parcialmente, con lugar la demanda incoada por el Doctor Ortiz Stradtmann; debiéndose rechazar las excepciones de falta de derecho, de “sine actione agit”, la de prescripción –que no se dio- y la de denominada “non adimpleti contractus”, en relación con los extremos que se conceden y acogiendo, eso si, la de falta de derecho respecto de los que no se otorgan; en consecuencia, ha de declararse que la relación laboral con el ente público accionado, finalizó con justa causa y con responsabilidad patronal; de ello se deriva la consecuencia legal de establecer que, el actor, no le debe indemnización alguna al demandado, originada en el contrato de trabajo, del cual queda liberado en forma total. Por otra parte, el INS le debe cancelar al Doctor Ortiz Stratmann el auxilio de cesantía, en el tanto de cuatro meses. En los demás extremos la demanda debe ser denegada; asimismo se declara sin lugar la contrademanda planteada, en todos sus extremos petitorios; acogiendo, respecto de la misma, la excepción de falta de derecho y disponiéndose que, este juicio, se debe resolver sin especial condena en costas.
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