Página principal

Exp: 04-000247-0063-pe res: 2007-00405 sala tercera de la corte suprema de justicia


Descargar 39.01 Kb.
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño39.01 Kb.
Exp: 04-000247-0063-PE

Res: 2007-00405

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas veinticinco minutos del veinticinco de abril de dos mil siete.

Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra Hardi Antonio Rojas Grillo; mayor, vecino de Barrio Cristóbal Colón, cédula de identidad número 6-305-448 y Daisy Julieta Potoy Cortés, mayor, vecina de Barrio Cristóbal Colón, cédula de identidad número 7-113-845, por los delitos de lesiones graves calificadas, homicidio calificado y agresión calificada en perjuicio de Ismael Andrade Montaño, María Emilia Cortés Carrillo, Roosevelt Antonio Soto Solís y Rosaura Orozco Bonilla. Intervienen en la decisión del recurso los Magistrados José Manuel Arroyo Gutiérrez, Presidente; Jesús Alberto Ramírez Quirós, Alfonso Chaves Ramírez, Magda Pereira Villalobos y Carlos Chinchilla Sandí. Interviene además la licenciada Gloria Navas Montero como defensora particular de los encartados. Se apersonó el representante del Ministerio Público.



Resultando:

1.- Que mediante sentencia N° 344-06 de las once horas veinte minutos del tres de noviembre de dos mil seis, el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, resolvió: “POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 22, 30, 45, 71 a 74, 76, 112 inciso 4), 124 y 126 del Código Penal; 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366 y 367 del Código Procesal Penal; se ABSUELVE DE PENA Y RESPONSABILIDAD a HARDY ANTONIO ROJAS GRILLO por el delito de AGRESION CALIFICADA que en perjuicio de Rosaura Orozco Bonilla se le venía atribuyendo. Se impone a DAISY POTOY CORTES CUATRO AÑOS DE PRISION como autora responsable de LESIONES GRAVES CALIFICADAS en perjuicio de Ismael Andrade Montaño. Se impone a HARDY ANTONIO ROJAS GRILLO el tanto de VEINTE AÑOS DE PRISION por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO en perjuicio de María Emilia Cortés Carrillo y CUATRO AÑOS MAS DE PRISION por el delito de LESIONES GRAVES CALIFICADAS en perjuicio de Roosevelt Antonio Soto Solís, penas que en Concurso Material alcanzan para Rojas Grillo un total de VEINTICUATRO AÑOS DE PRISION. Las penas impuestas las deberán descontar los sentenciados, previo abono de la preventiva que hubieren sufrido, en la forma y términos que determinen los Reglamentos Penitenciarios.- Se le condena al pago de las costas del juicio. Por el término de seis meses, que vencen el tres de mayo del año dos mil siete, se dispone la Prisión Preventiva del encartado Ardí Antonio Rojas Grillo, quedando detenido a la orden del Tribunal, lo anterior en consideración a la alta penalidad impuesta que permite presumir en forma razonable que el encartado en libertad, tratará de evadir su cumplimiento, máxime si por la cantidad de pena no puede gozar de ningún beneficio que imposibilite el cumplimiento de la misma, a lo que se suma, la circunstancia de que no se presentara a la primera audiencia del debate, obligando al tribunal a ordenar su presentación, la que si bien no fue necesaria, hizo que el juicio no pudiera realizarse el primer día señalado, amén de que el juicio de probabilidad existente pasó a constituirse en juicio de certeza. Firme esta sentencia, inscríbase en el Registro Judicial.” (sic). Fs. CARLOS E. PORRAS CASTRO JUEZ COORDINADOR ROSA E. GAMBOA HAEBERLE JUEZA JUAN C. CASTRO VILLALOBOS JUEZ.

2- Que contra el anterior pronunciamiento la licenciada Gloria Navas Montero, defensora particular de los acusados presenta recurso de casación por la forma y por el fondo. Solicita se anule la sentencia, así como el debate que le dio origen y se ordene el reenvío de la presente causa para su nueva sustanciación.-

3.- Que verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer del recurso.

4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Informa el Magistrado Arroyo Gutiérrez; y,



Considerando:

PRIMERO.- Por razones de orden, esta Sala resolverá, en primer lugar, los motivos relacionados con vicios en la aplicación de la ley sustantiva. En el tercer motivo de casación, reclama la Licenciada Navas Montero que el Tribunal omitió las reglas del concurso ideal de delitos, acerca de las lesiones graves calificadas y el homicidio calificado atribuido al encartado Hardy Antonio Rojas Grillo, porque condenó subsumiendo ambos ilícitos en las reglas penológicas del concurso material. Señala quien impugna que, en realidad, se trató de una unidad de acción y de resolución. Este motivo se declara sin lugar, por lo que se dirá. El artículo 22 del Código Penal prevé la aplicación de las reglas penológicas del concurso material para los supuestos en que el sujeto activo realiza “…separada o conjuntamente…” varios delitos. Ello supone la existencia de una pluralidad de acciones que, distanciadas en el tiempo o realizadas de forma sucesiva, son constitutivas de delitos autónomos. El Tribunal aplicó, de forma adecuada, la citada regla, toda vez que el imputado Hardy Antonio Rojas Grillo realiza varios disparos sucesivos –esto es, seguidos uno tras otro– con una misma arma de fuego, no de manera simultánea –lo que, de por sí, es físicamente imposible–, aún cuando con cada una de esas detonaciones persiguiera fines similares (lesionar o matar a una o varias personas), lo que sólo determinaría la homogeneidad o heterogeneidad del concurso real de delitos. Cada uno de los resultados lesivos en daño de Roosevelt Antonio Soto Solís (al lesionarlo gravemente) y de María Emilia Cortés Carrillo (al acabar con su vida), se presentan como delitos independientes, autónomos, que no acontecen de manera sincrónica o coincidente en su tiempo de ejecución –cual si se tratara de una sola acción–, sino conjuntamente, al haberse accionado el arma varias ocasiones de forma continuada –como lo exigen las reglas del concurso material–.

SEGUNDO.- En su cuarto motivo casacional, reprocha la recurrente que la circunstancia agravante de la pena consistente en la alevosía no concurre en ninguno de los hechos por los que ambos imputados, Rojas Grillo y Potoy Cortés, fueron condenados, pues no realizaron conducta alguna dirigida a minimizar los riesgos de ejecución de los ilícitos y asegurar la consumación. Se explica en el escrito de impugnación, introduciendo, además, alegatos relacionados con la valoración de la prueba, que Daisy Julieta Potoy Cortés no provocó el forcejeo ni la posición en que se encontraban el coimputado e Ismael Andrade Montaño. Por otro lado, respecto de Hardy Antonio Rojas Grillo, argumenta que las personas ofendidas ya se encontraban en el lugar, colocadas voluntariamente en las posiciones que había previamente escogido, de forma que tampoco este encartado provocó las circunstancias que supusieron una disminución del peligro para el sujeto activo al ejecutar el comportamiento. Este alegato se acoge parcialmente, por las siguientes razones y en los términos que se dirán. La circunstancia agravante de la pena consistente en la alevosía, contenida en el inciso 4) del artículo 112 del Código Penal, supone un elemento subjetivo del tipo penal integrada por la especial tendencia de asegurar o garantizar con mayor firmeza la realización del delito sin riesgo para su autor, mediante el aprovechamiento de alguna particular situación en que se encuentre el sujeto pasivo, que impida o aminore cualquier posibilidad defensiva. Por ello, resulta irrelevante si las específicas circunstancias que impliquen un refuerzo en la realización del ilícito han sido generadas o no por el autor. En lo que se refiere a Hardy Antonio Rojas Grillo, es cierto que la ubicación de las víctimas no fue provocada previamente por aquél; pero el imputado se sirvió de su distracción para atentar contra la salud y la vida de aquéllas, quienes no pudieron ejercer la más mínima resistencia a los delitos perpetrados en su perjuicio. El fallo, apoyado en el elenco probatorio, señala claramente que Roosevelt Antonio Soto Solís y María Emilia Cortés Carrillo departían en el local “Estrellas de Hollywood” cuando el encartado Rojas Grillo, inesperadamente, se presenta – tras irse del lugar para volver armado– y dispara en reiteradas ocasiones su arma de fuego desde la entrada del local contra un grupo desprevenido. Por consiguiente, estas circunstancias, debidamente acreditadas, permiten subsumir su comportamiento en el tipo penal agravado por la alevosía con que actuó. Sin embargo, diversa es la situación de la encartada Daisy Julieta Potoy Cortés. Dentro del acápite de “hechos probados” el Tribunal señala que en la causación de las lesiones graves, aprovechó la indefensión del ofendido Ismael Andrade Montaño, quien repelía la agresión ilegítima de Hardy Antonio Rojas Grillo. No obstante, en este caso aprecia la Sala una duda razonable que impide tener certeza sobre la ya mencionada especial tendencia propia de la alevosía. Deriva del fallo que la imputada intervino en el suceso al momento de acontecer el forcejeo entre Rojas Grillo y Andrade Montaño, sin que se pueda afirmar categóricamente que lo hizo de manera reflexiva, cual si hubiera pretendido con exactitud servirse de la distracción de la pelea para, sin ningún riesgo, asegurar el resultado lesivo. Del mismo relato del ofendido Ismael Andrade Montaño deriva la posibilidad razonable de que el ataque perpetrado por la encartada estuviera dirigido, de modo directo, a dañar la integridad de la víctima, independientemente de la específica posición corporal que ésta mantuviera durante el altercado: “…El sujeto era el marido de Daisy… lo tomé por los brazos y le mantenía la pistola hacia abajo, forcejeamos, Daisy se metió a defenderlo y me dio con una botella de vidrio, me dio por detrás… se metieron unos paisas [sic] a tratar de calmarla, pero no la quitaron porque ella estaba embarazada, sólo trataron de calmarla, pero no la quitaron porque ella estaba embarazada… Daisy es tranquila, pero no sé qué pasó, seguro fue que trató de defender a su esposo…” (folios 211 a 212). Por lo indicado, se acoge parcialmente el motivo, se anula el fallo únicamente en cuanto califica como alevosa la conducta de la imputada Potoy Cortés, pues, en realidad, existe una duda razonable ­sobre la concurrencia de dicha circunstancia agravante de la pena, aspecto que debe favorecerla, en atención al artículo 9 del Código Procesal Penal. Siendo que el Tribunal le impuso la sanción mínima de cuatro años de prisión, prevista en el artículo 126 del Código Penal para el delito de lesiones graves calificadas, por economía procesal y no siendo procedente ninguna reforma en su perjuicio –al haber recurrido sólo la defensa–, esta Sala recalifica el hecho al delito de lesiones graves y le impone la pena mínima prevista en el artículo 124 del Código Penal, consistente en un año de prisión. Por cumplirse los requisitos del artículo 59 ibídem, se le concede el beneficio de ejecución condicional de la pena por tres años, plazo durante el cual, si comete un nuevo delito doloso sancionado con prisión mayor de seis meses, le será revocado el privilegio concedido. El Tribunal de sentencia hará las advertencias del caso. Se ordena la inmediata libertad de Daisy Julieta Potoy Cortés, si otra causa no lo impide.

TERCERO.- Censura la defensa, en su primer motivo de casación y en torno a su representada Daisy Julieta Potoy Cortés, la incorporación y valoración de prueba ilícita que fundamentó la condena y que vulneró el principio de oralidad y de defensa. Apunta que se utilizó información policial escrita generada en otra etapa procesal, porque se evaluó la declaración del ofendido Ismael Andrade Montaño, en conjunto con lo indicado a oficiales de investigación y que fuera consignado en la ampliación del informe policial de folios 16 a 33 del expediente, elementos que se recabaron de forma escrita, en ausencia de la defensa y sin posibilidades de contradicción. Además, que la prueba documental indebidamente incorporada al debate, fue utilizada en el fallo para restar credibilidad a las declaraciones de John Oliver Dávila Torres, Maura Angélica Paniagua Arias y de la misma encartada Potoy Cortés; que Ferney Mejía Panameño no compareció al debate; y que no resultaba suficiente para condenar el relato de José Fernando Vargas López, al ser un testigo referencial que informó sobre lo que otros oficiales le comentaron. Este reclamo no es de recibo, por los motivos que a continuación se explican. No debe obviar la recurrente que la víctima Ismael Andrade Montaño relató en el juicio la forma en que la encartada Potoy Cortés arremetió en su perjuicio con una botella de vidrio, causándole varias marcas indelebles en el rostro, así como lesiones en otras zonas corporales, cuando el ofendido repelía otro previo ataque ilegítimo por parte del imputado Rojas Grillo (un delito de agresión con arma, contenido en la acusación, que quedó acreditado y por el que no recayó condena, sin que quepa ahora la reforma en perjuicio del encartado al haber recurrido sólo la defensa). De manera que la referencia que el Tribunal, a folio 237 de la sentencia, hace de la ampliación del informe policial (visible a folios 16 a 33), únicamente tiene la virtualidad de confirmar que lo manifestado en juicio por la víctima guarda coincidencia con sus declaraciones previas rendidas en la etapa de investigación, por lo que aún suprimiendo hipotéticamente la alusión a aquel informe, la decisión de fondo igual se mantendría con el testimonio de Andrade Montaño, así como de la testigo presencial María Antonieta Williams Goupie y de los referenciales Reynolds Mena López y José Fernando Vargas Torres (uno oficial de la Policía Administrativa, y otro de la Judicial), como hace ver el a quo a folios 239 a 240 del fallo. Tampoco resulta cierto que el Tribunal, sólo con base en prueba documental, restara credibilidad a lo manifestado por la encartada en el ejercicio de su defensa material y por los testigos John Oliver Dávila Torres y Maura Angélica Paniagua Arias. A folios 240 a 246, el órgano decisorio realiza un exhaustivo análisis de la versión de descargo, sometiendo el elenco probatorio a las reglas del correcto entendimiento humano. Consideró no sólo los relatos de Andrade Montaño, Williams Goupie, Mena López y Vargas Torres y los dictámenes médico-legales 201-2004 y 780-2004 –que resultaron, todos, coincidentes y razonables–, sino que, además, describe las razones en virtud de las cuales la tesis de la imputada no era de recibo. En este sentido, la narración de José Fernando Vargas Torres, oficial del Organismo de Investigación Judicial, no constituyó el único elemento que fundamentó el fallo condenatorio. Asimismo, explica el Tribunal, que no es creíble la versión sobre la legítima defensa que Daisy Julieta Potoy Cortés ejerció en favor de su pareja, el imputado Rojas Grillo. Por ejemplo, por un lado, señalaron que éste era golpeado y pateado –incluso en su cabeza– por un grupo de seis hombres grandes y corpulentos (incluyendo a Ismael Andrade Montaño), lo que ameritó su auxilio por parte de la encartada; sin embargo, no se acreditó que Hardy Antonio Rojas Grillo presentara alguna lesión producto de esa brutal golpiza. De igual manera, explica el Tribunal que no se corresponde con las reglas de la experiencia que, de ser cierto el ataque al imputado por aquellos seis hombres, la encartada lograra causarle a Andrade Montaño doce heridas en su rostro, y otras más en su hipocondrio, espalda y zona escapular. Por otro lado, el testigo Dávila Torres fue severamente cuestionado en el debate al afirmar y mantener haber estado con el imputado en su casa de habitación a medio día del 15 de febrero de 2004, cuando del expediente se desprendía que se encontraba detenido desde las seis de la mañana. Por último, la referencia que se hace en la resolución impugnada (folios 244 a 245) del informe policial CI-78-04 (visible a folios 1 a 9), tampoco constituye vicio alguno que afecte la condena, pues sólo confirma que las circunstancias en que acontece el delito perpetrado en contra de Ismael Andrade Montaño y que fueron indicadas por los testigos de cargo durante el juicio, son las mismas que evidenciaron las primeras investigaciones policiales. Por ello, aún prescindiendo hipotéticamente de este documento, existen razones suficientes, asentadas en otros medios de prueba, para tener por cierto el delito de lesiones graves y atribuírselo a Daisy Julieta Potoy Cortés. Por este mismo motivo, tampoco afectaba la decisión de fondo que Ferney Mejía Panameño, citado en el informe policial, no asistiera al debate. Véase que éste había sido ofrecido por el Ministerio Público como un testigo presencial del ilícito cometido por la imputada, cuya incomparecencia no varió, en absoluto, el cuadro fáctico acusado al contarse con otros testigos que, igualmente, observaron los acontecimientos.

CUARTO.- En el segundo reclamo del escrito de impugnación, explica la defensa que el fallo condenatorio, recaído en la persona de Daisy Julieta Potoy Cortés, carece del debido fundamento, al no valorar elementos probatorios esenciales en su favor. Advierte que su representada intervino en defensa de su compañero, el imputado Rojas Grillo, lo que se extrae tanto de su mismo relato como de la versión del denunciante, Ismael Andrade Montaño. Señala que hubo una provocación de la pelea a partir de un comentario, y que durante aquélla, cayeron botellas al suelo, una de las cuales tomó la encartada para auxiliar a Rojas Grillo, quien había ingerido alcohol, todo lo cual explica la reacción de Potoy Cortés, extremo que no fue valorado por el Tribunal. Además, indica que Andrade Montaño aseveró, de modo expreso, que la imputada intervino para socorrer al encartado, sin que existieran problemas previos entre aquélla y el ofendido, aspectos que tampoco se valoraron en la sentencia. Se objeta que el Tribunal indicó existir contradicciones sin especificar cuáles, así como que se acudió a declaraciones escritas o de referencia. El reproche no debe prosperar, por lo siguiente. El uso de la expresión “en defensa”, por parte de la víctima Ismael Andrade Montaño, al referirse al comportamiento de la encartada Potoy Cortés, en ningún caso y en rigor técnico, supone que ésta actuara amparada en la causa de justificación de legítima defensa de un tercero, máxime en el contexto de su relato: “…veo que viene una persona, un sujeto con una pistola hacia mí, apuntándome a la cabeza, por eso le tomé las manos y le digo ‘qué la pasa’ y lo tiro al piso, yo caigo encima de él, él cae con la pistola hacia el piso y yo encima de él. El sujeto era el marido de Daisy… Lo tomé por los brazos y le mantenía la pistola hacia abajo, forcejeamos, Daisy se metió a defenderlo y me dio con una botella de vidrio, me dio por detrás –indica la nuca–, luego me dio en la sien con la botella y por la cara…” (folio 210). Es evidente, y así lo razona el fallo, que quien actuaba respaldado por la eximente penal de legítima defensa prevista en el artículo 28 del Código Penal era Andrade Montaño, aún cuando, como se señaló, el Tribunal no condenara a Rojas Grillo por el delito de agresión con arma que estaba contemplado en la acusación (y sin que quepa una reforma en su perjuicio, por haber impugnado el fallo sólo la defensa). De forma que la utilización de la frase “…se metió a defenderlo…” se entiende como el comportamiento de la imputada dirigido a apoyar o auxiliar al imputado en sus ilícitos propósitos, máxime cuando estaba siendo inmovilizado por la víctima. La probable existencia de un comentario previo por parte de Potoy Cortés a Rojas Grillo como génesis de la agresión de éste hacia Andrade Montaño, de botellas caídas en el suelo, de un estado de ebriedad de aquél o la ausencia de problemas anteriores entre la encartada y el ofendido, carecen de trascendencia para el examen del objeto del proceso, pues aún siendo todo ello cierto, en nada afecta la ilicitud del ataque del encartado hacia Ismael Andrade Montaño y, por consiguiente, la ilegalidad de la agresión de la imputada en ayuda de aquél. Por otro lado, como se verificó en el considerando anterior, no sólo el a quo sí señaló cuáles eran las contradicciones que caracterizaron los relatos de Daisy Julieta Potoy Cortés y de los testigos de la defensa John Oliver Dávila Torres y Maura Angélica Paniagua Arias, sino que, también, en ningún caso sustentó el fallo condenatorio en declaraciones escritas o referenciales. En definitiva, respecto de los extremos alegados, la sentencia dictada contra Potoy Cortés se encuentra debidamente fundamentada.

QUINTO.- Por último, alega la defensora, acerca de la condena de su representado Hardy Antonio Rojas Grillo, la indebida fundamentación por el uso de prueba ilegal, así como por las incongruencias del fallo. Sostiene que el Tribunal yerra al estimar un comportamiento alevoso, so pretexto de que los disparos fueron indiscriminados y que las personas presentes en el lugar no tuvieron ocasión de defenderse. No se explica en la sentencia, afirma quien gestiona, de qué manera el imputado salió del bar, consiguió un arma y regresó al sitio, sobre todo porque el arma inicial había desaparecido al haber sido tomada por alguien, así como tampoco aspectos básicos sobre su identificación, toda vez que el conductor del taxi refirió acentos y frases extranjeras de sus pasajeros y una estatura que no se correspondía con la de Rojas Grillo. Asimismo, reclama que no es de recibo el argumento basado en aspectos semánticos para explicar las contradicciones entre Maura Enriqueta Williams Goupie, Junior Eduardo Parkins Parkins y Reynolds Mena López, incongruencias que el mismo Tribunal admite entres estos dos últimos testigos. Además, reprocha que la condena se sustenta en la declaración de referencia del oficial Vargas López, quien realizó entrevistas y siguió pistas que le llevó a localizar el arma de fuego utilizada en los ilícitos por los que recayó la condena, sin que los testigos que indica la tuvieron en su poder declararan en el juicio, lo que, además, violenta la cadena de custodia. El motivo se declara sin lugar, con base en las siguientes consideraciones. En realidad, el primer alegato versa sobre la indebida aplicación de la ley sustantiva, aspecto que ya fue resuelto en el segundo considerando de la presente resolución. El desconocimiento sobre cómo el encartado Rojas Grillo, luego de extraviar su arma de fuego durante el altercado con Ismael Andrade Montaño, obtiene otra con el fin de regresar, cerca de una hora después, al bar “Estrellas de Hollywood” y efectuar los disparos que hirieron a Roosevelt Antonio Soto Solís y mataron a María Emilia Cortés Carrillo, no afecta la legitimidad del razonamiento del Tribunal, pues lo cierto es que, al margen de cómo entró en posesión de una u otra arma, sus comportamientos fueron subsumibles en los tipos penales de homicidio y lesiones, al existir certeza de que fue él quien disparó en varias ocasiones. Tampoco observa esta Sala ningún vicio en el fundamento del fallo acerca de la determinación del encartado como autor de los ilícitos. Debe considerar quien impugna que su identidad se logró a través del testimonio de Junior Eduardo Parkins Parkins, quien presencia los disparos que se efectuaron desde la entrada del bar, advirtiendo que la persona detenida momentos después (la que observa casualmente dentro de un vehículo oficial al regresar al lugar) era, en efecto, la que accionó el arma. Además, Maura Enriqueta Williams Goupie, también señaló de forma categórica que la persona que observa efectuar los disparos era la misma que, momentos antes, había tenido un altercado con Ismael Andrade Montaño. Por su parte, el oficial de la policía Reynolds Mena López, al atender el lugar del suceso y por indicación de varias personas, logra observar la huida de Rojas Grillo quien intentaba abordar un taxi, lo que no logró, produciéndose una infructuosa persecución, siendo que minutos después le informan que el agresor se encontraba por una parada de autobús, dirigiéndose los agentes al sitio donde logran la detención de Hardy Antonio Rojas Grillo, apuntando que se trataba de la misma persona que había perseguido previamente en las afueras del bar. Por ello, la alusión del taxista Olman Navarro Rivera sobre su particular percepción –subjetiva– acerca de la posible nacionalidad extranjera de las personas que trasladó al bar “Estrellas de Hollywood”, como lo explican el mismo testigo y el Tribunal, resultó ser sólo una deducción propia a partir de frases que consideró no comunes en la población costarricense –que la experiencia demuestra no ser, en realidad, ajenas al vocabulario patrio: “…lo vamos a reventar…”, “…le vamos a dar por la madre…”–; así también su impresión sobre la posible estatura de la persona que descendió para efectuar los disparos, con base en la observación que, por el espejo retrovisor, hace de la parte inferior de su cintura, tampoco afecta ni contradice ineludiblemente lo indicado por el resto de los testigos, de los cuales fue posible derivar, con plena certeza, la autoría de los ilícitos en la persona del imputado Rojas Grillo. Además, en ningún caso el Tribunal señala la existencia de contradicciones entre Williams Goupie, Parkins Parkins y Mena López, sino diferencias en cuanto al extremo relacionado con el ingreso o descenso del encartado de un taxi en su huida, luego de los disparos. La primera señaló: “…Yo vi que la persona se bajó del taxi y en el mismo taxi se volvió a montar… Yo vi el momento en que el sujeto que disparó se montó al taxi, yo estaba paralizada, sólo vi que se montó en el taxi, entonces entré y pagué…” (folios 213 a 214); el segundo indicó: “…Yo lo que sé es que el taxi se fue para arriba, yendo para el cementerio y yo siempre lo vi, el muchacho que disparó se bajó del taxi y se fue corriendo hacia la loma y tampoco lo perdí de vista…” (folio 217); mientras que el tercero apuntó: “…nos dijeron que era el muchacho que se montaba al taxi que estaba como a setenta y cinco metros, le dije a mi compañero que lo detuviéramos, en eso el muchacho nos vio, él estaba a punto de montarse y en eso se baja y sale corriendo por el lado de la pulpería, por el lado de la loma…” [la cursiva no pertenece al original]. Como bien explica el a quo, estas afirmaciones no se excluyen entre sí, toda vez que, según la semántica de las ideas que transmiten todos ellos, está claro que Rojas Grillo abordó un taxi, en el que no pudo huir, por lo que descendió y corrió. En último lugar, la ausencia, en el juicio, de los testimonios de quienes estuvieron en posesión del arma de fuego utilizada por Rojas Grillo al herir a Soto Solís y asesinar a Cortés Carrillo, carece de trascendencia para determinar la existencia de los delitos y su autoría en la persona del encartado. Ciertamente, el oficial del Organismo de Investigación Judicial José Fernando Vargas López señaló durante el debate las diligencias practicadas para hallar aquella arma, lo que fue analizado en el fallo; mas, la condena recaída se fundamentó en otros elementos de prueba testimonial (Andrade Montaño, Soto Solís, Williams Goupie, Parkins Parkins, Mena López, Navarro Rivera y Vargas López) y documental (dictámenes médico-legales y criminalísticos, actas de levantamiento de cuerpo, inspección y recolección de indicios, e informes policiales –ratificados oralmente–). Como expresa el Tribunal: “…Esta versión del investigador Vargas López es importante para saber qué pasó con el arma que Rojas Grillo utilizó esa madrugada y que terminó con la vida de Cortés Carrillo e hirió a Soto Solís ocasionándole la pérdida de una falange de su dedo índice, pero si la suprimiéramos hipotéticamente no nos haría falta para arribar al grado de certeza positiva para determinar que Hardy Antonio Rojas Grillo, es autor responsable del delito de homicidio calificado… y de lesiones graves calificadas…” (folio 253).

Por Tanto:

Se declara parcialmente con lugar el cuarto motivo de casación del recurso interpuesto por la defensa. Se anula el fallo únicamente en cuanto califica la conducta realizada por Daisy Julieta Potoy Cortés como lesiones graves calificadas y, en su lugar, se le impone la pena de un año de prisión por el delito de lesiones graves. Se le concede el beneficio de ejecución condicional de la pena por tres años, plazo durante el cual, si comete un nuevo delito doloso sancionado con prisión mayor de seis meses, le será revocado el privilegio concedido. Se ordena su inmediata libertad, si otra causa no lo impide. El Tribunal de sentencia hará las advertencias del caso. Se declaran sin lugar los restantes alegatos de casación, por lo que, en lo demás, la sentencia permanece incólume. NOTIFÍQUESE.

José Manuel Arroyo G.

Jesús Alberto Ramírez Q. Alfonso Chaves R.



Magda Pereira V. Carlos Chinchilla S.

Exp. N° 35-2/2-05


dig.imp/scg






La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje