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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con cincuenta y un minutos del primero de setiembre del dos mil cuatro.-

Acción de inconstitucionalidad promovida por Arnaldo José Garnier Castro, mayor, casado una vez, empresario, portador de la cédula de identidad número 1-563-548, vecino de Santa Ana, en su condición de Presidente de la Asociación “Instituto Nacional de la Publicidad” (INPUB); contra la Ley del Timbre del Colegio de Periodistas, Ley número 5527 del 30 de abril de 1974. Intervinieron también en el proceso Raúl Francisco Silesky Jiménez, Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica, y Farid Beirute Brenes, en representación de la Procuraduría General de la República.


Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:22 horas del 17 de julio de 2002 (folio 1), el accionante manifiesta que interpone esta acción con base en la prevención formulada por auto de las 16:37 horas del 12 de junio de 2002 en el recurso de amparo número 02-004352-0007-CO. Impugnan la Ley del Timbre del Colegio de Periodistas, cuyo pagó se exigió como condición previa e imperativa para publicar un aviso informativo sobre las actividades del Instituto Nacional de la Publicidad y la nueva conformación de su Junta Directiva. Se está condicionando el ejercicio del derecho de información, opinión y expresión al pago de la tasa que se cuestiona. Con ello se viola la Constitución (artículos 28 y 29) y los tratados internacionales sobre derechos humanos (artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 19 de la Proclama de Teherán de 1968; y 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos). El cobro no es razonable ni proporcional, sobre todo si se toma en cuenta que la Asociación que representa no forma parte, ni podría hacerlo, del colegio profesional beneficiado con el timbre, ente para el cual la colegiación ni siquiera es obligatoria. Además, se incurre en un doble cobro: el del servicio de publicidad y el del timbre.

2.- Por resolución de las 10:15 horas del 24 de julio de 2002 se previno al actor que fundamentara los motivos por los que pide la declaratoria de inconstitucionalidad de cada una de las normas de la Ley cuestionada y que cumpliera otros aspectos formales propios de la interposición de la acción de inconstitucionalidad (folio 52).


3.- Paul André Tinoco, Vicepresidente del Instituto Nacional de la Publicidad, se apersonó para cumplir la prevención hecha (folio 58), manifestando que los artículos 1, 2, 3, 6, 7 y 8 de la Ley del Timbre del Colegio de Periodistas son inconstitucionales por las razones expuestas en el escrito de interposición. En caso de acogerse esta acción, son inconstitucionales por derivación y consecuencia los artículos 4, 5, 9, 10, 11 y 12 de la misma Ley.
4.- Por resolución de las 11:30 horas del 8 de agosto de 2002 (visible a folio 73 del expediente), se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República y al Colegio de Periodistas de Costa Rica.
5.- Raúl Francisco Silesky Jiménez, Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica, contestó la audiencia concedida (folio 82), en los siguientes términos: el derecho a la información consiste en el derecho a investigar, difundir y recibir información. Pese a que tiene diversas formas de manifestarse, eso no significa que todas deban tratarse de la misma manera. La publicidad, en la medida en que divulga información, es ejercicio de la libertad de expresión comercial, es instrumento de la libertad de empresa. Es comunicación pagada. Desde el punto de vista del actor todo cobro de los medios de comunicación por los espacios publicitarios o las agencias especializadas implicarían también restricción de la libertad que dice defender. Como actividad comercial la publicidad es perfectamente gravable, amén de ser altamente lucrativa. La relación entre las ganancias que genera y lo que percibe el Colegio de Periodistas por el timbre que se cuestiona es bastante débil. El Colegio de Periodistas, por otra parte, es un ente público no estatal cuya función va más allá de la defensa de los intereses de sus agremiados. La ausencia de colegiación obligatoria no elimina el carácter público de sus fines. En otro orden de consideraciones, indica el Presidente del Colegio de Periodistas que no existe un doble pago por las mismas razones: una cosa es la tarifa que cobra el medio de comunicación por el espacio prestado y otra la cancelación del timbre. La última se hace para cumplir una obligación de carácter tributario. Esta obligación es proporcional y razonable, si se tiene en cuenta, primero, que tiende a satisfacer fines legítimos, es decir, autorizados legalmente. En segundo lugar, el timbre grava solamente una pequeña parte de la actividad publicitaria y en un porcentaje del 1%, de manera que no es desproporcionado. Solicita se rechace la acción.
6.- El Procurador General Adjunto, Farid Beirute Brenes, contestó a folio 132 la audiencia que se confirió, manifestando que el legislador sujeta el pago del timbre del Colegio de Periodistas únicamente al servicio de publicidad y lo imputa a la persona que solicita ese servicio y no sobre quien ejercita el derecho a informar. El Estado, en ejercicio de su poder tributario, puede proporcionar recursos a ciertos entes públicos con el fin de asegurar su autonomía financiera y lograr los objetivos que el legislador les asignó. Estos ingresos son de carácter parafiscal y tienen fines exclusivamente económicos y sociales. El Colegio de Periodistas es un ente público no estatal, no una entidad de base privada. El pago del timbre no incide directamente sobre la esfera de la libertad de expresión. El legislador simplemente pretende gravar el monto del servicio de publicidad y no restringir su prestación. Además, debe considerarse que los derechos fundamentales no son absolutos y pueden ser limitados, siempre y cuando estos límites respeten los criterios de racionalidad y proporcionalidad. La tesis del actor llevaría a sostener que el Estado no podría hacer uso de su potestad impositiva en lo que concierne a los servicios publicitarios, pues constituiría una forma de censura previa.
7.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 166, 167 y 168 del Boletín Judicial, de los días 30 de agosto, 2 y 3 de setiembre de 2002 (folio 142).
8.- Arnaldo José Garnier Castro, en su condición de actor, se refirió a folio 143 a la respuesta de la Procuraduría General de la República y del Colegio de Periodistas, como sigue: recuerda que el pago del timbre se le exigió no para efectos publicitarios, sino para poner en conocimiento información relacionada con la Asociación que representa. Este pago se exige aún para publicar las esquelas mortuorias. El Colegio de Periodistas no aglutina obligatoriamente a los profesionales de ese campo, pero la sociedad debe sobrellevar una carga impositiva a su favor. Su representada nunca ha sostenido el carácter absoluto de los derechos fundamentales, sino simplemente que el pago del timbre que se ataca es desproporcionado e irrazonable.
9.- Se prescinde de la audiencia oral y pública prevista en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, por considerar que existen suficientes elementos de juicio para resolver esta acción.
10.- En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Armijo Sancho; y,


Considerando:


I.- Sobre la admisibilidad. Tal y como se determinó en la resolución de las 11:30 horas del 8 de agosto de 2002 el actor fundamenta válidamente su legitimación en el recurso de amparo número 02-004352-0007-CO, cuyo objeto es la impugnación de un acto concreto de aplicación de la norma que crea el Timbre del Colegio de Periodistas: su cobro como requisito para publicar información en un medio escrito de comunicación colectiva –el periódico La Nación– sobre varias actividades de la Asociación actora y la nueva integración de su Junta Directiva. Teniendo incidencia directa lo que se decida aquí sobre el resultado de un amparo admitido a trámite y en el cual se otorgó plazo al recurrente para la interposición de esta acción (auto de las 16:37 horas del 12 de junio de 2002 a folio 31 del expediente número 02-004352-0007-CO), su legitimación es suficiente.
II.- Objeto de la impugnación. Según lo aclaró el accionante a folios 58 y 67 de este expediente su objeción es contra el texto íntegro de la Ley de creación del Timbre del Colegio de Periodistas, número 5527, en la medida en que él impone la obligación de cancelar esa contribución a cada factura de publicidad que se pague por los espacios en todo servicio noticioso o informativo de televisión y radio y en cada factura de publicidad que se pague por los espacios de toda publicación escrita –según la misma Ley por esta última debe entenderse los periódicos de circulación diaria–. Sin embargo, se transcriben de seguido únicamente sus artículos 2 y 3, pues ellos recogen, en lo esencial, lo atinente al hecho generador, monto y sujeto pasivo del tributo:
“Artículo 2.- El timbre será equivalente al uno por ciento (1%) del valor de cada factura de publicidad que se pague por espacio en todo servicio noticioso o informativo de televisión y radio y en cada factura de publicidad que se pague por espacio de toda publicación escrita. Como publicaciones escritas deben entenderse, para los efectos de esta ley, únicamente periódicos de circulación diaria.
“Artículo 3.- El pago del timbre corresponde al interesado en recibir el servicio publicitario y deberá adherirse únicamente a la factura o recibo final de cancelación que emita el medio publicitario ya sea radioemisora, televisora, periódico u otro documento probatorio del pago por el servicio prestado. El timbre afectará el valor total de la factura sin rebajar sumas por concepto de comisión u otros cargos. El sello cancelado sobre los timbres indicará que fueron pagados.”
Argumenta el actor que ese pago constituye un obstáculo irrazonable y desproporcionado al ejercicio del derecho de información, opinión y expresión. Que ello se hace más evidente si se tiene en cuenta que quienes deben pagar el timbre –como es el caso de los agremiados a la asociación que representa– no forman parte, ni podrían hacerlo, del colegio profesional beneficiario de la contribución, el cual no cumple fin alguno de interés público desde el momento en que se declaró la inconstitucionalidad de la obligación de colegiarse a él. Las razones que expone el actor –que serán analizadas en el orden expuesto– no conducen a la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley, por las razones que se dirán.
III.- Sobre el fondo: a) El pago del timbre del Colegio de Periodistas no es un obstáculo irrazonable y desproporcionado al ejercicio de la libertad de expresión. Uno de los textos normativos que recoge con mayor detalle la libertad de expresión y los derechos fundamentales conexos a ella es el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone:
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
Cabe llamar la atención sobre dos aspectos íntimamente ligados al asunto bajo estudio, ambos definidos por el artículo trascrito de la Convención.
IV.- El primero de ellos es que, en efecto, conseguir –onerosa o gratuitamente- la publicación o difusión de información a través de los espacios que los medios de comunicación ponen a disposición del público forma parte de la libertad tutelada por el artículo 13 en la fórmula amplia que utiliza su primer párrafo. Esta afirmación debe verse temperada por la jurisprudencia de este Tribunal, según la cual la protección de la libertad de expresión en materia de publicidad es accesoria a la de la libertad comercial, en los términos que siguen:
"La propaganda comercial es hoy en día una de las principales herramientas de quienes pretenden vender bienes y servicios, pues les permite dirigir su mensaje comercial a la mayor cantidad de personas con el fin de que los adquieran. Si bien puede difundirse a través de medios de comunicación colectiva, como periódicos, radioemisoras o canales de televisión, es una actividad cuyo objetivo principal es disuadir y convencer a los consumidores de la conveniencia o necesidad de adquirir un bien o servicio determinado, por lo que a juicio de este Tribunal es una actividad que, fundamentalmente, se relaciona con la libertad de empresa. El contenido esencial de esta libertad, consagrada en el artículo 46 de la Constitución Política, involucra la libre escogencia de la actividad empresarial, la determinación de la estructura de la empresa, así como de los medios necesarios para la consecución de los fines escogidos, entre los cuales es de singular importancia obtener un lucro razonable. Es por ello que el ejercicio del derecho de hacer propaganda comercial está sujeto a limitaciones, también de rango constitucional, cuyo fundamento se encuentra en el numeral 28 constitucional, que establece como límite general a las libertades públicas la moral, el orden público y el daño a terceros, y en el artículo 46 párrafo último de la Constitución, que consagra el derecho de los consumidores y usuarios a la protección de su salud, del medio ambiente, de la seguridad e intereses económicos, así como el derecho de recibir información adecuada y veraz, a elegir libremente y recibir un trato equitativo. Asimismo, es constitucionalmente legítima la restricción de la propaganda comercial, en atención a la protección de valores y principios también de primer orden, como la dignidad de las personas, y el bienestar de la familia y de los menores de edad, que gozan de reconocimiento expreso en varios instrumentos internacionales incorporados al ordenamiento costarricense..." (sentencia número 2000-08196 de las 15:08 horas del 13 de setiembre de 2000. En el mismo sentido las número 5393-97 de las 15:18 horas del 5 de setiembre de 1997 y 2001-05695 de las 16:24 horas del 26 de junio de 2001).
Esto sin olvidar que en el examen de la inconstitucionalidad que se pide, el supuesto del acto concreto que justificó la interposición de la acción ejemplifica cómo si bien la mayoría los espacios pagados en los medios de comunicación constituyen publicidad, existe también una parte de ellos que no cumplen fines comerciales. Así, el estudio de la constitucionalidad de las normas, en tanto que supuestos de aplicación general, exige tomar en cuenta estos distintos ámbitos a los que ellas pueden referirse, con una aplicación más restringida de la libertad de expresión –y por ende más vasta de la libertad de comercio– cuando se trate de la publicidad de bienes y servicios y más amplia de la primera en casos en los que no medie ese fin comercial.
V.- El segundo aspecto a considerar, bajo la óptica del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es que el examen de la hipótesis de la imposición del pago de una contribución por parte del Estado como obstáculo a la libertad en cuestión debe operar a la luz de la prohibición del párrafo tercero del recurso a medios indirectos de obstrucción. Desde ese último punto de vista y de aquél que imponen los criterios de razonabilidad y proporcionalidad como parámetros de constitucionalidad –invocados por el actor– se constata que no se ha transgredido la libertad de expresión.
VI.- En la s entencia número 2000-02858 de las 15:54 horas del 29 de marzo de 2000 se sintetizan los extremos a cuyo análisis obliga la aplicación de los criterios dichos como parámetros de constitucionalidad:
"Establecido que la norma elegida es la adecuada para regular determinada materia, habrá que examinar si hay proporcionalidad entre el medio escogido y el fin buscado. Superado el criterio de "razonabilidad técnica" hay que analizar la "razonabilidad jurídica". Para lo cual esta doctrina propone examinar: a) razonabilidad ponderativa, que es un tipo de valoración jurídica a la que se concurre cuando ante la existencia de un determinado antecedente (ej. ingreso) se exige una determinada prestación (ej. tributo), debiendo en este supuesto establecerse si la misma es equivalente o proporcionada; b) la razonabilidad de igualdad, es el tipo de valoración jurídica que parte de que ante iguales antecedentes deben haber iguales consecuencias, sin excepciones arbitrarias; c) razonabilidad en el fin : en este punto se valora si el objetivo a alcanzar, no ofende los fines previstos en la constitución. Dentro de este mismo análisis, no basta con afirmar que un medio sea razonablemente adecuado a un fin; es necesario, además, verificar la índole y el tamaño de la limitación que por ese medio debe soportar un derecho personal. De esta manera, si al mismo fin se puede llegar buscando otro medio que produzca una limitación menos gravosa a los derechos personales, el medio escogido no es razonable. (...)
La doctrina alemana hizo un aporte importante al tema de la "razonabilidad" al lograr identificar, de una manera muy clara, sus componentes: legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, ideas que desarrolla afirmando que ya han sido reconocidas por nuestra jurisprudencia constitucional:
"... La legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido con el acto o disposición impugnado no debe estar, al menos, legalmente prohibido; la idoneidad indica que la medida estatal cuestionada debe ser apta para alcanzar efectivamente el objetivo pretendido; la necesidad significa que entre varias medidas igualmente aptas para alcanzar tal objetivo, debe la autoridad competente elegir aquella que afecte lo menos posible la esfera jurídica de la persona; y la proporcionalidad en sentido estricto dispone que aparte del requisito de que la norma sea apta y necesaria, lo ordenado por ella no debe estar fuera de proporción con respecto al objetivo pretendido, o sea, no le sea "exigible" al individuo ... (Sentencia de esta Sala número 03933-98, de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del doce de junio de mil novecientos noventa y ocho).”
En este sentido, la violación constitucional no existe, primero, porque el establecimiento de la carga en cuestión no significa en sí misma un límite insalvable de la libertad de expresión. El que se trate de una libertad no implica que su ejercicio sea forzosamente gratuito. Al contrario, generalmente la difusión de información a través de los medios de comunicación es una actividad onerosa y quien desee servirse de los espacios que esos medios ofrecen al público debe pagarlos, sin que ello signifique una coacción ilegítima de su libertad de expresión. Concluir lo contrario implicaría forzar a los propietarios de los medios a soportar una carga que sí sería contraria a dicha libertad.
VII.- Ahora bien, sobre el punto concreto que plantea el accionante, donde es el Estado quien impone una carga económica, debe señalarse que la prestación de un servicio –en sentido amplio– por el que se solicita la erogación de un pago, puede ser lícitamente gravado por el Estado en ejercicio de su potestad impositiva, bajo la figura, en este caso, de la contribución parafiscal. En la sentencia número 2243-97 de las 16:18 horas del 22 de abril de 1997 se da esa calificación tributaria a los timbres creados con el fin de allegar fondos a un colegio profesional, en los siguientes términos:
“...con el establecimiento de la carga de cancelar el timbre del Colegio en los casos descritos por la norma 53 de su Ley Orgánica se creó una contribución parafiscal”
Y se remite a la sentencia número 4785-93 de las 8:39 horas del 30 de setiembre de 1993 que definió esa figura como sigue:
“La misma doctrina del Derecho Financiero define la figura como "tributos establecidos en favor de entes públicos o semipúblicos, económicos o sociales, para asegurar su financiación autónoma". Quiere decir, lo anterior, que la contribución parafiscal no constituye una figura distinta de la tributación general.
(...) Las características del tributo son las ordinarias, pues los aportes son establecidos por el Estado en el ejercicio de su poder de imperio, se aplican coactivamente y son de observancia obligatoria y la doctrina del Derecho Financiero opina que la parafiscalidad se incluye en la categoría de las contribuciones especiales, por tratarse de prestaciones obligatorias debidas en razón de beneficios individuales o de grupos, derivados de especiales actividades del Estado.” (Ver en el mismo sentido la resolución número 7339-94 de las 15:24 horas del 14 de diciembre de 1994).
De este modo, no solo la actividad gravada con el pago del timbre del Colegio de Periodistas no es necesariamente –desde el punto de vista de su constitucionalidad– gratuita, sino que existe sustento suficiente en normas de ese rango de la potestad estatal para gravarla, como es el de los artículos 18 y 121 inciso 13) de la Constitución Política. La creación de la obligación tributaria resulta, así, legítima –autorizada por el ordenamiento jurídico–.
VIII.- Asimismo, el monto del timbre que los textos legales arriba citados fijan en un 1% del precio del servicio prestado, es proporcional. Este no resulta confiscatorio porque se expresa en términos porcentuales –lo que acarrea adaptación al monto pagado por el servicio– y en un porcentaje de toda evidencia razonable, como lo es el del 1%. No se trata de una carga de tal magnitud que impida la actividad gravada. Tampoco se está en el supuesto de un doble cobro pues, como ya se explicó, las dos situaciones que el representante de la actora intenta asimilar están, en realidad, totalmente diferenciadas: el pago por el servicio prestado al medio de comunicación y la cancelación de una obligación tributaria.
IX.- b) El Derecho de la Constitución no exige que los contribuyentes de una carga parafiscal sean directamente beneficiados de los ingresos que ella produce . Como parte integrante del análisis de la razonabilidad de la Ley impugnada, restaría referirse a dos aspectos: si ello impone una correlación necesaria entre el obligado al tributo y su beneficiario y si con la imposición de la carga fiscal bajo examen se satisface un interés público. En lo que toca al primero de esos puntos, reclama la actora que la publicidad –en el sentido amplio en que fue entendida en el cuarto considerando de esta sentencia– no es una actividad regulada ni fiscalizada por el Colegio de Periodistas y que quienes participan en su producción no podrían –aunque quisieran– agremiarse a ese Colegio, pues normalmente no son profesionales de esa rama. Sin embargo, una contribución parafiscal no requiere justificarse en un beneficio directo para aquellos obligados a cancelarla. Al respecto, la ya citada sentencia número 2243-97 del 22 de abril de 1997 explicó que la existencia de un beneficiario determinado de un tributo no excluía la posibilidad constitucional de configurarlo como una carga universal:
“Así las cosas, puede concluirse que con base en la potestad tributaria -en relación especie a género con la de imperio- puede perfectamente obligarse al pago universal de una contribución parafiscal, último carácter que remite usualmente a la ayuda financiera de un ente ajeno a la administración central que el Estado estime de la suficiente importancia en la consecución de un interés público como para usar su poder tributario. De este modo, como verdadero ejercicio de la potestad impositiva, la interpretación del inciso d) del artículo 53 de la Ley del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas como un gravamen con sujeto pasivo genérico es válida, constitucionalmente hablando. (...)
Como ya se dijo, el legislador, en virtud del inciso 13) del artículo 121 de la Constitución Política, tiene competencia suficiente para crear un impuesto con alcances generales, sin que ninguna otra norma o principio constitucional limite esa potestad en relación con las contribuciones parafiscales. No atenta contra la dignidad humana ni contra la igualdad ante la ley la obligación común de agregar un determinado timbre al participar en concursos de contratación pública, pues, por el contrario, precisamente de ese carácter es que usualmente gozan las manifestaciones de la potestad impositiva.”
Así, no lleva razón la actora al pedir la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley que crea el timbre a favor del Colegio de Periodistas, por no derivar de esa contribución un provecho directo. Ahora bien, la Constitución no exige ese beneficio directo de los contribuyentes, pero sí la satisfacción del interés público al imponer una obligación tributaria, lo que se pasa a considerar de seguido.
X.- c) Con la existencia del Colegio de Periodistas se cumple un fin de interés público . Para el representante del Instituto Nacional de la Publicidad la decisión de esta Sala, 2313-95 de las 16:18 horas del día 9 de mayo de 1995, que declaró inconstitucional la colegiación obligatoria al Colegio de Periodistas por concurrir el ejercicio de esta profesión con el de un derecho fundamental, removió la posibilidad de la satisfacción del interés público a través del funcionamiento de ese ente. De aceptarse esta tesis, quedaría sin sustento el deber de cancelar a su favor una contribución parafiscal, como la que aquí se cuestiona. Por ello, deben examinarse las consecuencias de la resolución mencionada junto con las disposiciones aún vigentes de la Ley de creación de ese Colegio.
XI.- En la sentencia 2313-95 de las 16:18 horas del día 9 de mayo de 1995 se reconoció que “Como instrumento de la libertad de expresión, hay un derecho de las personas a buscar, recibir y difundir cualquier información, y a escoger el medio para hacerlo” e inconstitucional, en los términos de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N° OC-5-85 del 13 de noviembre de 1985, la colegiación obligatoria de los periodistas, en cuanto impide el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información. Sin embargo, el mismo fallo hace la siguiente salvedad:
“Esta declaración no prejuzga ni alcanza lo relativo a la legitimidad de la existencia del Colegio de Periodistas de Costa Rica, ni tampoco hace relación a la profesión de periodista, por no tratarse de aspectos que, a la luz de lo reglado por la Ley de la Jurisdicción Constitucional, hayan estado en lo impugnado por el accionante, o estuvieran directa o indirectamente relacionados con lo decidido, toda vez que la colegiación obligatoria de periodistas solamente es ilegítima en cuanto impida (vid. OC-5-85) la libertad de expresión y el uso de los medios de comunicación social como instrumentos al servicio de aquélla y de la de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.”
En ese orden de ideas, la constitución y permanencia del Colegio de Periodistas, como colegio profesional no fue vedada por esta Sala. De la Ley fue suprimido solamente un artículo en razón de la inconstitucionalidad dicha –el 22– y el resto conservó su vigencia. Cabe destacar que otras normas del mismo cuerpo normativo, por ejemplo los artículos 1°, 20 y 24 de esa misma Ley, conservan el carácter de colegio profesional del ente y le atribuyen la satisfacción de intereses públicos, tales como la fiscalización del ejercicio profesional de sus agremiados y la promoción de las ciencias de la comunicación colectiva. Esta Sala también ha reconocido la importancia del rol que cumplen los colegios profesionales, desde el ángulo de la satisfacción de intereses públicos (ver, entre otras, las sentencias número 493-93 de las 9:48 horas del 29 de enero de 1993; 5483-95 de las 9:33 horas del 6 de octubre de 1995; 2251-96 de las 15:33 horas del 14 de mayo de 1996; 5450-96 de las 14:48 horas de l 16 de octubre de 1996; 1999-06473 de las 14:45 horas del 18 de agosto de 1999 y 2001-01293 de las 13:47 horas del 9 de febrero del 2001). Consecuencia de lo dicho hasta aquí es que, si el Colegio de Periodistas continúa satisfaciendo intereses de naturaleza pública, es constitucionalmente válido que el Estado contribuya a su manutención a través de la imposición de una obligación tributaria de carácter universal. El cobro del timbre a favor de ese Colegio no constituye, por ende, un obstáculo irrazonable de la libertad de expresión y lo procedente es desestimar esta acción de inconstitucionalidad.
Por tanto:

Se declara sin lugar la acción.

Luis Fernando Solano C.
Presidente

Luis Paulino Mora M. Ana Virginia Calzada M.



Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.

José Luis Molina Q. Susana Castro A.


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