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SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del dieciocho de diciembre del año dos mil tres.


Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, por MALAQUÍAS CASTILLO DÍAZ, licenciado en Sociología, vecino de Limón, contra el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, representado por su Presidente Ejecutivo José Joaquín Acuña Mesén, ingeniero agrónomo, vecino de San José. Figuran como apoderados: del actor, los licenciados Rigoberto Cubillo Mena, Dagoberto Morales López; vecinos de San José, y Marlon Poyser Watson, vecino de Limón; abogados, y del demandado, los licenciados Alex Benjamín Gen Palma, vecino de San José, y Carlos Enrique García Anchía, vecino de Alajuela, abogados. Todos mayores, casados y abogados, excepto Malaquías, que es licenciado en Sociología, y José Joaquín, que es ingeniero agrónomo.

RESULTANDO:

1.- El actor, en escrito de fecha 6 de octubre de 2000, promovió el presente proceso para que en sentencia, se declare: PRINCIPAL “a) Que se declare que dentro del proceso administrativo se violaron los principios constitucionales del debido proceso y el derecho a defensa, por los motivos ya expuestos. b) Que por los hechos expuestos, se declare LA PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD PARA SANCIONARME, ya que el plazo previsto en el artículo 603 del Código de Trabajo, sobradamente transcurrió tanto para los hechos originales como para los nuevos. c) Que se declare la nulidad del acto que decreta mi despido y que se le ordene a la institución accionada a REINSTALARME en el cargo que había venido desempeñando como Director Regional de la Región Huetar Atlántica, con todos sus aumentos salariales, anualidades, salario escolar y demás pluses inherentes al cargo. d) Que se me cancelen los salarios caídos desde la fecha de mi ilegal despido hasta mi debida reinstalación. e) Que se me cancelen las diferencias salariales existentes entre el cargo de ADMINISTRADOR Y EL DE DIRECTOR, desde el once de mayo de mil novecientos noventa y ocho hasta el cese de mi relación laboral, toda vez que durante todo el tiempo que ejercí como Director nunca se me reconoció el salario como tal. f) Que se me cancele la suma de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES COLONES TREINTA CÉNTIMOS, que ilegalmente se me dedujo de los extremos de vacaciones y aguinaldo. g) Que tanto el vehículo como el teléfono celular y el beeper sean considerados como SALARIO EN ESPECIE en el porcentaje legal correspondiente. SUBSIDIARIA: En el eventual caso de que el suscrito pierda todo interés en que lo reinstalen en el cargo, solicito que se me cancele lo siguiente: a) preaviso. b) auxilio de cesantía. c) Salario Escolar proporcional. d) Salarios dejados de percibir desde la presentación de esta acción y hasta que encuentre sentencia firme, a título de daños y perjuicios conforme lo prevé el artículo 82 del Código de Trabajo. Tanto en la petitoria principal como en la subsidiaria, la demandada deberá reconocer: a) El daño moral de que ha sido objeto tanto mi familia como el suscrito como consecuencia de un despido ilegal, injusto y arbitrario. b) Intereses legales desde la fecha de mi ilegal despido hasta su efectivo pago. c) Ambas costas de la presente acción.”.

2.- El representante legal del demandado, contestó la acción en los términos que indica en el memorial de fecha 22 de diciembre de 2000 y opuso las excepciones de falta de interés actual, falta derecho, falta de legitimación activa y pasiva, prescripción y la genérica de sine actione agit.

3.- El Juez, licenciado Patricio Gómez Mena, por sentencia de las 9 horas del 21 de noviembre del 2002, dispuso: Por todo lo expuesto, artículos y jurisprudencia citados y disposiciones, 162 a 167, 402 y siguientes y 494 y 495, todos del Código de Trabajo, con la salvedad del reajuste del salario, se rechaza la demanda ordinaria de trabajo planteada por el señor MALAQUÍAS CASTILLO DÍAZ, mayor, casado, sociólogo, vecino de Siquirres, provincia de Limón, portador de la cédula de identidad: cinco-doscientos cuatro-setecientos cuatro, y representado por sus tres apoderados especiales judiciales, licenciados Marlon Waltson, Rigoberto Cubillo Mena y Dagoberto Morales López, contra el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), representado por su apoderado generalísimo sin límite de suma y Presidente Ejecutivo, Ing. José Joaquín Acuña Mesén y sus apoderados especiales judiciales, licenciados Alex Benjamín Gen Palma y Carlos Enrique García Anchía. Se notificó además como parte o como coadyuvante a la Contraloría General de la República quien no se apersonó a los autos. Unicamente, sí, procede acoger la demanda en lo referente al reajuste del salario del señor actor durante el período que fungió como Director Regional, sea del once de mayo de mil novecientos noventa y ocho, al diecisiete de agosto del año dos mil, ya que en dicho período se le pagó como administrador regional, siendo lo correcto la cancelación de su salario de conformidad con el puesto que desempeñó: Director Regional. Firme esta sentencia, la Institución demandada deberá hacer los cálculos correspondientes para especificar el reajuste del salario del actor y depositar los dineros por ese concepto en la cuenta corriente de este Tribunal con el Banco de Costa Rica que es la número: 76871-5 y dentro del plazo de un mes a partir de la firmeza del presente asunto. El daño moral que alega el señor actor se rechaza por improcedente y de conformidad con el destino del presente fallo, amén de que dicho extremo no es propio del presente proceso. Sí, son a favor del actor los intereses sobre el monto de la mejora que obtiene (reajuste de salarios) calculados de conformidad con lo establecido por el artículo 1163 del Código Civil y computables a partir de la firmeza del presente pronunciamiento y su efectivo pago. Por último son ambas costas del proceso a cargo de la Institución demandada y en favor del actor, estimándose o fijándose los honorarios de abogado en el veinte por ciento de la mejora obtenida (reajuste de salario). En cuanto a las excepciones opuestas al presente proceso de parte de la Institución demandada, las mismas se resuelven así: se acogen las excepciones de falta de interés actual y falta de derecho con la excepción del reajuste de salario aprobado, ya que al actor en todo lo demás reclamado no le asiste el derecho para demandar al ser su reclamo infundado, resolviéndose de igual forma en referencia a las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, puesto que al actor no le asiste derecho para demandar, menos capacidad para hacerlo ya que la Institución demandada ha actuado de conformidad a derecho en sus relaciones con el actor. La de prescripción se rechaza, pues el actor planteó su demanda dentro del término legal correspondiente a partir de su despido en agosto del dos mil (ver folio 1 fte. del expediente principal); igualmente se rechaza la gestión de prescripción de la potestad patronal para sancionar, que alegó el actor. Se advierte a las partes que, esta sentencia admite el recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante este Juzgado en el plazo de tres días. En ese mismo plazo y ante este mismo Órgano Jurisdiccional, también se deberán exponer, en forma verbal o escrita, los motivos de hecho o de derecho, en que la parte recurrente apoya su inconformidad, bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso. (Artículo 500 y 501 incisos c y d del Código de Trabajo y votos de la Sala Constitucional números, 5798 de las 16:21 hrs. del 11 de agosto de 1998 y 1306 de las 16.27 hrs. del 23 de febrero de 1999 así como el 386 de las 16:20 hrs. del 10 de diciembre de 1999. Notifíquese.”.

4.- Los apoderados del actor apelaron y el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, integrado por los licenciados Joe Campos Bonilla, Alvaro Abarca Picado y Gerardo Rojas Fernandez, por sentencia de las 13 horas del 5 de mayo del año en curso, resolvió: De conformidad con las razones expuestas, y lo dispuesto en los artículos citados, SE DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN Y SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA. Notifíquese y procédase conforme a derecho.”.

5.- Los apoderados del accionante formula recurso, para ante esta Sala, en memorial de data 18 de junio del corriente año, el cual se fundamenta en los motivos que se dirán en la parte considerativa.

6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Vega Robert; y,

CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES: el actor expuso en su demanda, que: 1) al 5 de setiembre del 2000 contaba con 16 años y 7 meses de laborar para el I.D.A. Siendo su último cargo el de Director Regional de la Dirección Huetar Atlántica. El cual desempeñó del 11 de mayo de 1998 hasta el cese de la relación laboral. 2) con anterioridad a este cargo sus labores fueron de Administrador Regional de la Zona Huetar Atlántica. 3) durante el tiempo que se desempeñó como Director Regional nunca recibió el salario correspondiente a ese cargo. 4) en junio de 1998 los señores Víctor Manuel Vargas Guillén y Ana Isabel Sibaja Rojas presentaron formal solicitud ante la Regional del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en Batán, tendiente a que se les otorgara escritura sobre un terreno ubicado en Goschen de Matina. 5) Mediante Acuerdo No. 20 de la Sesión No. 064-98, celebrada el 2 de setiembre de 1998 por la Junta Directiva del IDA, se autorizó adjudicar, segregar y traspasar la parcela 94 del Asentamiento Batán Individual, sita en Batán, Matina de la provincia de Limón, Región Huetar Atlántica, con una medida de 37 Ha. 1047,63 m2, a los señores Victor Manuel Vargas Guillén y Ana Isabel Sibaja Rojas, indicándose en el acuerdo “…POR REUNIR LOS POSEEDORES LAS CONDICIONES Y REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS POR LA LEY 2825 …” (ver folio 13 del expediente administrativo). 6) el 7 de setiembre de 1998, la Secretaría General del Instituto –en ese entonces a cargo de la Ingeniera Nury Bonilla Solano-, comunica al Notario Alex Gen Palma sobre la existencia del mencionado acuerdo y lo autoriza para que protocolice lo pertinente y se les extienda a los señores Sibaja Rojas y Vargas Guillén, el correspondiente título supletorio de dominio (mismo folio citado). 7) el 10 de setiembre de 1998, mediante oficio No. DAJ-493-98, recibido al día siguiente en la Junta Directiva, el licenciado Alex Gen Palma informa a la Secretaría General lo que denomina como “una serie de inconsistencias” en la información de campo levantada (folios 14 y 15 del expediente administrativo). 8) el 16 de setiembre de 1998, mediante sesión No. 067-98, Acuerdo No. 4, la Junta Directiva suspende la ejecución del acuerdo reseñado en el punto 5 anterior y a la vez instruye al Presidente Ejecutivo a fin de que nombre el Organo Director correspondiente para que iniciara el proceso administrativo, que se siguió en su contra (folio 10 del expediente administrativo). 9) fue así como el Organo Director debidamente formado inició supuestamente proceso administrativo en su contra y dictó resolución a las 15:00 horas del 8 de febrero de 1999, en donde supuestamente le confiere traslado. Resolución que contiene vicios de nulidad y violación al debido proceso y derecho de defensa, por los motivos que dirá(folio 18 del expediente administrativo). 10) por resolución de las 8:00 horas del 22 de junio del 2000, el órgano director recomienda imponerle sanción de acuerdo a la gravedad indicada. Sanción que el Presidente Ejecutivo convirtió en despido sin responsabilidad patronal a partir del día siguiente a la notificación de la resolución que se dictó(folios 144 a 150 y 155 a 163 del expediente administrativo). 11) apeló para ante la Junta Directiva de la resolución del Presidente Ejecutivo. Ente que a la fecha –6-10-2000- tiene el asunto y no ha resuelto. Pese a lo cual el acto de despido siempre se hizo efectivo violando también el debido proceso y el derecho de defensa. 12) Mientras fungió como Director de la Región Huetar Atlántica siempre disfrutó – como salario en especie - de vehículo y los gastos conexos (mantenimiento, combustible, repuestos, seguro voluntario, reparaciones, parqueos, peajes, lavado); teléfono celular y beeper. Ambos propiedad del IDA. 13) el 25 de setiembre –del 2000– el Presidente Ejecutivo pone en conocimiento de la directora de Recursos Humanos la situación de despido, indicándole que proceda con lo pertinente. Confeccionándose la Acción de Personal No. 2000-00398 que le fue entregada el lunes 9 de octubre en donde definitivamente se hace efectivo el despido. En la que se indica que se le cancelará 1.177.514, 85 por vacaciones y 296.602,45 por aguinaldo. Total: 1.474.117,30. Del cual arbitrariamente la administración dedujo 764.353,30. Hasta aquí las proposiciones de hechos. Acto seguido: Alega violación a los principios del debido proceso y su derecho a defensa (artículos 39 y 41 constitucionales). Por motivo de que: a) se le concede un supuesto traslado pero ningún plazo para que las partes pudieran contestar; b) no se expresan las causas por las que se abre el proceso ni se le advierte que debe hacerse asesorar por un abogado; c) se indica que “…se estima un tiempo máximo de tres meses, contados a partir del día de hoy, para la finalización normal de este procedimiento …” y ese tiempo transcurrió sobradamente; d) se denuncian supuestos hechos nuevos (folio 40); y, en ese sentido se dicta resolución ampliando el procedimiento, pero no se le cursa traslado a las partes, mucho menos plazo para referirse al respecto (folio 58); e) se procedió a hacer efectivo su despido, pese a estar recurrido y pendiente ante la Junta Directiva (folios 155 a 160 y 178 y 179); y f) pese a que señaló el fax 718-68-24 para notificaciones, la resolución de folio 54 se le notificó al fax 718-71-91. La visible a folios 88 a 90 se le envió al fax del Taller Poncho(ver folios 88 y 91). Y, la que consta a folio 93 se le puso en conocimiento al fax 450-03-23. Números diferentes al que se señaló. Asimismo, opone la defensa de prescripción de la potestad patronal para sancionar. Por motivo de que transcurrió de sobre el plazo de un mes que al efecto señala el artículo 603 del Código de Trabajo. Lo cual sustenta en los siguientes hechos: La administración tuvo pleno conocimiento de los hechos desde el 11 de setiembre de 1998, en que el licenciado Gen Palma comunica las supuestas anomalías y no fue sino hasta el 8 de febrero de 1999, casi cinco meses después, que se dicta el supuesto acto de traslado. Igual suerte corre la situación en cuento a los supuestos hechos nuevos puesto que fueron conocidos por la Administración el 13 de abril de 1999 y el traslado se dictó el 14 de mayo del mismo año y se le notificó hasta el 26 de mayo (folios 40 y 58 del expediente administrativo). DE LA PETITORIA: solicita textualmente: “PRINCIPAL (…) a) Que se declare que dentro del proceso administrativo se violaron los principios constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa, por los motivos ya expuestos; b)Que por lo hechos expuestos, se declare LA PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD PARA SANCIONARME, ya que el plazo previsto en el articulo 603 del Código de Trabajo, sobradamente transcurrió tanto para los hechos originales cuanto para los nuevos; c) Que se declarare la nulidad del acto que decreta mi despido y que se le ordene a la institución accionada a REINSTALARME en el cargo que había venido desempeñando como Director Regional de la Región Huetar Atlántica, con todos sus aumentos salariales, anualidades, salario escolar y demás pluses inherentes al cargo; d) Que se me cancelen los salarios caídos desde la fecha de mi ilegal despido hasta mi debida reinstalación; e) Que se me cancelen las diferencias salariales existentes entre el cargo de ADMINISTRADOR Y EL DE DIRECTOR, desde el once de mayo de mil novecientos noventa y ocho hasta el cese de mi relación laboral, toda vez que durante todo el tiempo que ejercí como Director nunca se me reconoció el salario como tal; f) Que se me cancele la suma de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES COLONES TREINTA CENTIMOS, que ilegalmente se me dedujo de los extremos de vacaciones y aguinaldo; g) Que tanto el vehículo como el teléfono celular y el beeper sean considerados como SALARIO EN ESPECIE en el porcentaje legal correspondiente. SUBSIDIARIA: En el eventual caso de que el suscrito pierda todo interés en que lo reinstalen en el cargo, solicito que se me cancele lo siguiente: a)preaviso, b) Auxilio de cesantía, c) Salario escolar proporcional; d) Salarios dejados de percibir desde la presentación de esta acción y hasta que encuentre sentencia firme, a título de daños y perjuicios conforme lo prevé el artículo 82 del Código de Trabajo. Tanto en la petitoria principal como en la subsidiaria, la demandada deberá reconocer: a) El daño moral de que han sido objeto, tanto mi familia como el suscrito como consecuencia de un despido ilegal, injusto y arbitrario; b) Intereses legales desde la fecha de mi ilegal despido hasta su efectivo pago; c) Ambas costas de la presente acción.-“ (folios 1 a 12). La entidad demandada contestó negativamente y opuso las excepciones de falta de interés actual, falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, prescripción, la genérica de sine actione agit; y, falta de agotamiento de la vía administrativa (folios 21 a 28). En lo de interés, el A quo resolvió: “…con la salvedad del reajuste del salario, se rechaza la demanda ordinaria de trabajo …” (…) “Unicamente, sí, procede acoger la demanda en lo referente al reajuste del salario del Señor actor durante el período que fungió como Director Regional, sea del once de mayo de mil novecientos noventa y ocho, al diecisiete de agosto del año dos mil, ya que en dicho período se le pagó como administrador Regional, siendo lo correcto la cancelación de su salario de conformidad con el puesto que desempeñó: Director Regional. (…)El daño moral que alega el Señor actor se rechaza por improcedente y de conformidad con el destino del presente fallo, amén de que dicho extremo no es propio del presente proceso. Sí, son a favor del actor los intereses sobre el monto de la mejora que obtiene (reajuste de salarios)…” (…) Por último son ambas costas del proceso a cargo de la Institución demandada y a favor del actor, estimándose o fijándose los honorarios de abogado en el veinte por ciento de la mejora obtenida (reajuste de salario)…” (…) ”…se acogen las excepciones de falta de interés actual y falta de derecho con la excepción del reajuste de salario aprobado, ya que al actor en todo lo demás reclamado no le asiste el derecho para demandar al ser su reclamo infundado, resolviéndose de igual forma en referencia a las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, puesto que al actor no le asiste derecho para demandar, menos capacidad para hacerlo ya que la Institución demandada ha actuado de conformidad a derecho en sus relaciones con el actor. La de prescripción se rechaza, pues el actor planteó su demanda dentro del término legal correspondiente a partir de su despido en agosto del dos mil …”(…)”…igualmente se rechaza la gestión de prescripción de la potestad patronal para sancionar, que alegó el actor. …” (folios 146 a 158). Contra éste fallo el actor interpuso recurso de apelación y nulidad concomitante (folios 163 a 176). Y, el Tribunal de Trabajo del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, por resolución No. 34-03, de las 13:00 horas del 5 de mayo del 2003, resolvió: “POR TANTO: De conformidad con las razones expuestas, y lo dispuesto en los artículo citados, SE DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION Y SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA. Notifíquese y procédase conforme a Derecho.” (folios 181 a 186). Los apoderados del actor recurren de dicha sentencia para ante esta Sala, lo que hacen con fundamento en lo siguiente.

II.- RECURSO: ANTECEDENTES DE INTERES: al respecto; y, en resumen, afirman que: el actor demandó a la institución por “estimar que su despido fue injusto e ilegal porque se le atribuyeron falsos motivos para prescindir de sus servicios sin responsabilidad patronal …”. El A quo “…rechazó en todos sus extremos la demanda (…)declarando sin lugar en la totalidad de sus pretensiones.“. Apelaron porque el A quo “aplica en su sentencia principios que riñen con la materia laboral (…) se analizó de una manera ilegal(…)la prescripción de la facultad patronal para demandar (sic), igual se hizo con el análisis de la violación al debido proceso y derecho de defensa; y lo que es peor aún, violando todos los principios que rigen el derecho laboral y lo establecido en el artículo 153 del Código Procesal Civil, no se pronuncia sobre el fondo del asunto.-“. El Ad quem se pronunció en relación a la prescripción de la potestad sancionadora y la violación del debido proceso pero no “En cuanto al punto de fondo …” Sentencia que, según dicen, contiene errores de apreciación de las pruebas y violación de principios y normas de fondo. Finalmente, que el recurso ahondará en los tres motivos objeto de apelación (sin perjuicio de otros reproches). A saber: determinar si se violaron los principios constitucionales del debido proceso y derecho de defensa. Si las faltas quedaron realmente acreditadas en los autos. Y; de ser así, si prescribió o no el plazo para poderlas sancionar. Tras lo cual expresan los siguientes AGRAVIOS: 1.- En el procedimiento disciplinario iniciado contra el actor y que culminó con su despido se irrespetó el debido proceso y por ende se le dejó en total y absoluta indefensión. La entidad demandada debió otorgarle la oportunidad de ejercer en forma debida y amplia su derecho de defensa(artículos 39 y 41 constitucionales). Lo que sucede es que los juzgadores de instancia no se preocuparon por estudiar las pruebas al respecto, como tampoco de analizar a profundidad lo que es un debido proceso. Máxime que solo aplicó parte de la normativa existente al respecto. Al efecto hace notar que está de sobra probado que: a)la resolución por la que supuestamente se le confirió traslado no le concedió plazo para que pudiera referirse al proceso; ni indicó los motivos por los que se abría el procedimiento (folio 18 del expediente administrativo). Igual suerte corre la denuncia por supuestos hechos nuevos (folio 40) y su resolución (folio 58), pues nunca se le cursó traslado; ni, se le concedió el plazo de ley. b) no se actuó conforme con lo ordenado por los reglamentos del IDA. En particular, con el inciso b) del artículo 12 del Reglamento Autónomo de Procedimientos que dice: “b) la Unidad de Relaciones Laborales en los procedimientos disciplinarios, y para determinar la existencia o no de responsabilidad civil o penal …”; el cual -según interpretan- señala a esa Unidad “como ente insoslayable y parte de todo proceso administrativo”. Cuanto con su artículo 10 pues –según aducen-, es claro en establecer que: “Los procedimientos de naturaleza disciplinaria están dirigidos solamente contra los funcionarios del IDA según los términos del Reglamento Autónomo de Servicios …”. Así como el artículo 17 de este último Reglamento, establecido al amparo del numeral 36 del Convenio Colectivo vigente, que indica: “36.1.: Los trabajadores del IDA no podrán ser despedidos sin justa causa, ni trasladados a puestos de clase diferente sin justificación suficiente y PREVIA APROBACION DE LA JUNTA DE RELACIONES LABORALES …”. Así como el 36.2. que indica: “ Despido causal. El despido sin responsabilidad patronal sólo procederá cuando el trabajador incurra en alguna de las causales que establece el artículo 81 del Código de Trabajo y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LA JUNTA DE RELACIONES LABORALES QUE ESTE INSTRUMENTO ESTABLECE…”. Y el artículo 18 de dicho reglamento de servicios que dispone: “…en los procedimientos ordinarios, las destituciones, suspensiones, y las modificaciones graves a la relación de servicio, impuestas unilateralmente y de carácter individual, deberán seguir el procedimiento que señala el Reglamento Autónomo de Procedimientos y el Convenio Colectivo y tienden a garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del funcionario …”. Finalmente, el numeral 43 de este mismo reglamento que señala: “…Las sanciones disciplinarias las impondrá el Presidente Ejecutivo previo dictamen de la Junta de Relaciones Laborales …”.- Toda vez que, el Organo Director procedió a dictar la respectiva recomendación a la Presidencia Ejecutiva, a las 8:00 horas del 22 de junio del 2000 –la cual se dice se le notificó al actor el 4 de julio del 2000-, y dicha Presidencia la convierte en despido efectivo el 16 de agosto del 2000. O sea que, el expediente no fue conocido por la Junta de Relaciones Laborales ni participó ningún representante de la Unidad de Relaciones Laborales, como en derecho correspondía. Pese a lo cual, el Ad quem –copiando la sentencia del A quo– sólo aplicó en su contra parte de la normativa, haciendo a un lado las disposiciones citadas. Alega que en un caso igual al suyo, la Sala Constitucional mediante el voto No. 2001-9365 de las 16:20 horas del 18 de setiembre del 2001 –que ratifica el voto No. 2001-02670 de las 10:07 horas del 5 de abril del 2001-, dispuso que:

"II.- Sobre el fondo. De los elementos señalados, se tiene por demostrado que esta Sala ante situaciones similares a las dos alegadas por el recurrente en los dos recursos de amparo presentados, ha emitido valoraciones y pronunciamientos distintos, aun cuando todos los amparados son funcionarios de la misma institución; además como consta en las distintas sentencias mencionadas se ha tenido por demostrada la existencia de la junta de relaciones laborales, así como el deber del recurrido de someter previamente a su consideración, los procedimientos administrativos que impongan sanciones a los funcionarios de esa entidad, que si bien es cierto es vinculante, es parte integrante del debido proceso y del que no se puede prescindir. Es en este particular precisamente donde por un error atribuible a esta sede jurisdiccional, se ha pronunciado sentencia contradictoria, pues para el caso concreto, se nombró a un órgano director conformado por Cesar Hines Céspedes, Ronald Novo Días y Xinia Mayela Campos Campos, en total oposición a lo señalado por el Reglamento Autónomo de Servicios del Instituto de desarrollo agrario, en su artículo 17 en lo relativo a la estabilidad, así como por los artículos relativos a la estabilidad laboral, así como por los artículos 36 incisos 1 y 2 y 47 del Convenio Colectivo suscrito por la recurrida y la Unión Nacional de Empleados del IDA (UNEIDA), en los que expresamente se señala y reconoce la competencia de la Junta de Relaciones Laborales para conocer de este tipo de procedimientos. Por las consideraciones anteriormente apuntadas, y a fin de no violar en perjuicio del amparado el Principio de Igualdad que tutela la Constitución Política, se procede a ordenar la anulación de las sentencias que interesan, así como el oficio en que se le comunica su despido." V.- Con fundamento en ese precedente y al haber tenido la Sala como un hecho cierto la existencia de la Junta de Relaciones Laborales, respecto del caso concreto del recurrente en relación con el procedimiento administrativo ordinario disciplinario mediante el cual se investigó la supuesta irregularidad en el otorgamiento de la escritura a favor de Dudley Bryan Bryan, la Sala estima que si se ha ocasionado una lesión al debido proceso y por ello debe ordenarse la anulación del oficio PE-0178-2001 del 12 de febrero del 2001 mediante el cual se dispuso el despido sin responsabilidad patronal del recurrente, debiendo por consiguiente, proceder a la reinstalación inmediata del trabajador. De igual manera, se ordena al Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario retrotraer el procedimiento al momento en que debió intervenir la Junta de Relaciones Laborales. Todo lo anterior se dispone sin perjuicio de la decisión final que pudiere adoptarse a nivel administrativo con ocasión del procedimiento disciplinario mediante el cual se está investigando la supuesta falta del recurrente en el otorgamiento de una escritura a favor de Dudley Bryan Bryan. Así las cosas, en cuanto a este extremo, el recurso es procedente y así se declara.”.
Situación que, según expresan, debió atender el Ad quem pues no está para resolver únicamente lo impugnado sino que, en materia laboral, su obligación es revisar tanto los autos judiciales como los administrativos y las leyes que la informan a fin de que la parte más débil de la relación no resulte dañada en sus derechos. Cosa que no sucedió ni en primera ni en segunda instancia. c) El artículo 14 inciso c) de Reglamento de Procedimientos Administrativos dispone que: “…El acto de apertura del procedimiento, además de las restantes formalidades exigidas por la Ley General de la Administración Pública (LGAP), deberá indicar LA FECHA PRECISA QUE SE PREVÉ COMO LIMITE PARA LA TERMINACION NORMAL DEL PROCEDIMIENTO …”. Por su parte el numeral 23 establece que: “…la infracción a lo dispuesto en este reglamento será sancionado con lo que indica el artículo 122. 3) de la LGAP…”. Disposición, ésta última, que dispone: “”…La violación de los reglamentos internos en perjuicio del particular causará la invalidez del acto …”. La demandada se acogió al artículo 14 inciso c), en concordancia con el 17 inciso a) del citado reglamento; y, estableció tres meses para la terminación del procedimiento. Al no haberse terminado en ese plazo se da la caducidad. Por lo que, al habérsele sancionado fuera del mismo se da la violación al debido proceso y al principio de seguridad jurídica; siendo el acto absolutamente nulo, según los artículos 23 del reglamento y 122.3 de la LGAP. Esa misma violación al debido proceso se dio cuando se presentaron y se conocieron los recursos ordinarios de excepción, porque fueron interpuestos en tiempo, el 12 de abril de 1999, y la Presidencia Ejecutiva los resolvió, para darle curso al procedimiento, hasta el 2 de junio de 1999. Actuación contraria al artículo 17 inciso a) del citado reglamento de procedimientos, en relación con su numeral 23 y artículo 122.3 de la Ley General de la Administración Pública. d) Finalmente, alega que las notificaciones hechas en lugar diferente al señalado rebasa los límites de la desesperanza y la inseguridad. Pese a que el Ad quem señala el mismo criterio externado por el A quo, en el sentido de que con su presencia en la comparecencia se subsana el yerro; expresa que eso no es del todo cierto. Pues no pudo ejercer en tiempo los recursos correspondientes contra las resoluciones visibles a folios 88,89, 90 y 93 del expediente administrativo(artículo 342 LGAP), debido a que fueron notificadas en lugar distinto al señalado. Se confunde la figura de la “Notificación Automática” con la notificación hecha al margen de la ley, como en este caso, que se hizo en un medio diferente al señalado. La primera, prevista en el artículo 12 de la Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales. Y la segunda, no prevista en ley alguna. Por lo que, al hacerse de esta forma, cualquier acto o notificación deviene en absolutamente nulo porque deja en total y absoluta indefensión a quien la sufre. La parte segunda del citado artículo 12 indica que se tendrá por notificada cualquier resolución con el transcurso de 24 horas si el medio escogido imposibilitare la notificación por causas ajenas al Despacho. Pero de ello no se infiere que el notificador tenga potestades para enviar el documento a otro fax, con una simple constancia como la consignada, que no cumple los requisitos de ley. Si se aplicó esta norma, debió aplicarse también el artículo 8 del Reglamento para el uso del fax en los despachos judiciales que indica que: “…Quien deba realizar una notificación hará un mínimo de cinco intentos, con intervalos de al menos diez minutos, para enviar el fax al número señalado, de los cuales se dejará constancia en el expediente con especificación de día y hora …”. . Lo que significa que si el receptor falla, como supuestamente dice el funcionario del IDA, lo cierto es que el notificador – quien es la parte más fuerte de la relación – debió proceder en la forma indicada para que pudiese operar la notificación automática. Lo que no se dio a lo largo del procedimiento y paradójicamente no analizó el Tribunal, o bien, desconoce el reglamento. Indica que si así se dispuso en el reglamento es con el fin de que el perjudicado tenga la oportunidad de demostrar que el aparato no estaba dañado. Al no darse esos requisitos no se puede hablar de notificación automática sino de una notificación absolutamente nula; y, por ende la ineficacia de la gestión de despido, y así solicita que se declare (artículos 214, 216, 308, 342, 344, 346 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, 452 del Código de Trabajo; 1, 5, 153, 155, 173 del Procesal Civil; 6, 10, 12 siguientes y concordantes de la Ley de Notificaciones citada y 8 de su reglamento). 2-) Alega que según el artículo 603 del Código de Trabajo la potestad para despedir prescribe en un mes calendario que comienza a correr desde que se dio causa para la separación o, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a esa sanción. Agrega que, se debe recordar que uno de los principios laborales es el protector, tendiente a nivelar la desigualdad en que se encuentran las partes en la relación laboral. Amén de que, existiendo dos normas o condiciones contradictorias se debe aplicar la que más favorezca al trabajador. Arguye que los dos artículos aplicados por los juzgadores de instancia violentan el principio de seguridad jurídica porque al establecer un período de dos años para que prescriba la susodicha potestad patronal, se le está concediendo ese mismo plazo para resolver un proceso disciplinario. De donde colige que, los principios laborales están siendo violados pues las normas laborales deben generar protección al trabajador, aunque nazcan de la necesidad de la administración. Por ello debió aplicarse el principio protector –la norma más favorable al trabajador-, cual es el artículo 603 del Código de Trabajo. 3-) además, la sentencia es violatoria de principios constitucionales y laborales pues no se pronuncia con relación a las causales que motivaron el despido. De la petitoria se infieren dos puntos concretos. Por ejemplo el c) en que se pide “…que se declare la nulidad del acto que decreta mi despido…”; y el d) de la petitoria subsidiaria en que solicitó “…salarios dejados de percibir …a título de daños y perjuicios conforme lo prevé el artículo 82 del Código de Trabajo …”. Pretensiones que, según dice, son separados e independientes de los puntos anteriores. Lo cual significa que no estuvo de acuerdo con el despido ni con los motivos que le sirvieron de base. Eso mismo se desprende del ofrecimiento de testigos puesto que lo fueron para demostrar que no cometió las anomalías endilgadas y de hecho tanto la confesional como la testimonial recibidas fueron en ese sentido y no en otro. Además, durante el proceso se ha alegado que el despido fue injustificado e ilegal. O sea que los motivos de la sanción nunca han sido admitidos. (ver escritos presentados el 29 de febrero del 2001, párrafo segundo; y el 13 de agosto del 2002, párrafo 1) en uno y acápite de pruebas en el otro en donde se dice: “…al despedirlo sin mediar causal alguna …”). La propia demandada sacó a relucir los motivos del despido al contestar la demanda los cuales han sido motivo de discordia a lo largo del proceso. Sin embargo no demostró en sede judicial la supuesta causal. Sobre esa situación se recibió prueba confesional y testimonial, siendo lanzadas al “cajón de la basura” y se eludió la responsabilidad y obligación de pronunciarse sobre el fondo del asunto (artículo 155 del Código Procesal Civil). Los hechos probados por el A quo, aunque en forma vaga e imprecisa, son referentes a aspectos de fondo. Pese a lo cual, en el acápite correspondiente no hay pronunciamiento sobre el punto. Lo mismo sucedió con el Ad quem que, pese a acogerlos, no solo no se pronunció sobre el fondo sino que hizo caso omiso y dejó de pronunciarse con relación a los puntos objeto de su apelación, haciendo de su sentencia una copia de la de primera instancia. Por lo que resulta incongruente, imprecisa y poco clara, según el artículo 153 del Código Procesal Civil, aplicable por disposición del numeral 452 del Código de Trabajo. Aparte que, nunca se pronunció sobre la nulidad que opuso concomitantemente a su apelación. Insiste en que los juzgadores de instancia debieron pronunciarse sobre el fondo de este asunto y que al no hacerlo, tal situación hace nula la sentencia. Y que, tanto para uno como otro aspectos, como en toda litis, el elementos probatorio resulta fundamental. Al efecto cita la sentencia de esta Sala No. 99-99 de las 9:40 horas del 30 de abril de 1999, referente a la carga de la prueba en materia laboral. 4.- En cuanto a la denegatoria de los daños y perjuicios acusa falta de fundamentación. Repite que, lo que hizo el tribunal fue una copia de la sentencia del A quo. Aspecto en el cual el Tribunal ni siquiera se dignó a resolver nada. Según dice existe jurisprudencia laboral, incluso confirmada por esta Sala, en que se acoge este tipo de petitoria. 5.- Normas violadas: Aduce que, por error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas evacuadas, se incurre en violación directa de las disposiciones de los artículos 14, 17,19,28,29,81,82,493 y 603 del Código de Trabajo; 317 inciso 2) y 417 del Procesal Civil; 10 y 21 del Civil; disposiciones citadas de la Ley General de la Administración Pública y la citada sentencia No. 2170-93 de la Sala Constitucional. En resumen: arguye que los puntos sometidos al criterio jurisdiccional no fueron analizados conforme a dicha normativa; ningún punto de su apelación fue resuelto – siendo la recurrida una copia del fallo del Juzgado, sin un análisis profundo de la situación -; se hizo caso omiso de las pruebas evacuadas y por ello no se pronunció sobre el fondo de este asunto. Pese a que no habría hecho falta, jamás se aplicó el in dubio pro operario; ni, en especial, la prescripción de la potestad patronal para sancionar. Por lo que solicita: se case la sentencia, revocándose y/o anulándose en su totalidad, con las costas de esta acción y del recurso a cargo de la demandada(folios 198 a 221).

III.- SOBRE EL FONDO: Los reproches relativos a la falta de pronunciamiento de los juzgadores de instancia sobre los hechos que motivaron el despido, así como sobre la falta de participación en el expediente administrativo de la Unidad de Relaciones Laborales; o, que el mismo no fuera conocido por la Junta de Relaciones Laborales, resultan inatendibles. Existe una limitación, cual es la disposición del artículo 608 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria por remisión del artículo 452 del Código de Trabajo, que señala “no podrán ser objeto del recurso de casación cuestiones que no hayan sido propuestas ni debatidas oportunamente por los litigantes” -establecida por razones de equilibrio procesal-, que impide a la Sala conocer y resolver este punto. Restricción a la que –mutatis mutandis- igualmente quedaban sometidos los juzgadores de instancia por así disponerlo, por similares razones, los artículos 99, 155 del citado Código Procesal. Tanto la primera –denominada por el recurrente como la cuestión de fondo– como la segunda, relativa a un supuesto de quebranto del debido proceso, no formaron parte de la demanda. Ni, por ende, fueron objeto de juicio. Como se verá, aparte la cuestión de prescripción de la potestad sancionadora, las proposiciones de hecho y de derecho así como las pretensiones de demanda estuvieron sustentados en puras violaciones al debido proceso y al derecho de defensa; cometidas supuestamente en el procedimiento administrativo sancionador. No así en los motivos –justos o no- del despido. Sin que tampoco se incluyera lo relativo a la Unidad de Relaciones Laborales y la Junta de Relaciones Laborales, como parte de la violación al debido proceso y al derecho de defensa. Obsérvese que lo señalad por el actor fue sólo que: en junio de 1998 los señores Víctor Manuel Vargas Guillén y Ana Isabel Sibaja Rojas presentaron formal solicitud ante la Regional del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en Batán, tendiente a que se les otorgara escritura sobre un terreno ubicado en Goschen de Matina. La Junta Directiva del IDA; mediante Acuerdo No. 20 de la Sesión No. 064-98, celebrada el 2 de setiembre de 1998, autorizó adjudicar, segregar y traspasar la parcela 94 del Asentamiento Bataán Individual, sita en Batán, Matina de la provincia de Limón, Región Huetar Atlántica, con una medida de 37 Ha. 1047,63 m2, a dichos señores, indicándose en el acuerdo “…POR REUNIR LOS POSEEDORES LAS CONDICIONES Y REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS POR LA LEY 2825 …”. El 7 de setiembre de 1998, la Secretaría General del Instituto comunicó dicho acuerdo al Notario Alex Gen Palma autorizándolo para que lo protocolizara y les extendiera el correspondiente título de propiedad. El 10 de setiembre de 1998, mediante oficio No. DAJ-493-98, recibido al día siguiente en la Junta Directiva, el licenciado Alex Gen Palma informó a la Secretaría General lo que denominó como “una serie de inconsistencias” en la información de campo levantada. El 16 de setiembre de 1998, la Junta Directiva, mediante sesión No. 067-98, Acuerdo No. 4, suspende la ejecución del citado acuerdo de autorización de adjudicación, segregación y traspaso de la parcela 94 del Asentamiento Batán; y, a la vez instruye al Presidente Ejecutivo a fin de que nombre el Organo Director correspondiente para que iniciara el proceso administrativo, que se siguió en su contra. Siendo así como el Organo Director debidamente formado inició proceso administrativo en su contra y dictó resolución a las 15:00 horas del 8 de febrero de 1999, en donde, según el actor, supuestamente le confiere traslado. Resolución que, según afirmó, contiene vicios de nulidad y violación al debido proceso y derecho de defensa, por los motivos que dirá. Por resolución de las 8:00 horas del 22 de junio del 2000, el órgano director recomendó imponerle sanción de acuerdo a la gravedad indicada. Sanción que el Presidente Ejecutivo convirtió en despido sin responsabilidad patronal a partir del día siguiente a la notificación de la resolución que se dictó. Apeló para ante la Junta Directiva de la resolución del Presidente Ejecutivo. Ente que, según afirmó en la demanda, a la fecha tenía el asunto y no había resuelto. Pese a lo cual el acto de despido siempre se había hecho efectivo violando también el debido proceso y el derecho de defensa. Acto seguido alegó: violación a los principios del debido proceso y su derecho a defensa (artículos 39 y 41 constitucionales). Y, únicamente por los siguientes motivos. A saber, porque: 1.- se le concede un supuesto traslado pero ningún plazo para que las partes pudieran contestar; 2.- no se expresan las causas por las que se abre el proceso ni se le advierte que debe hacerse asesorar por un abogado; 3.- se indica que “…se estima un tiempo máximo de tres meses, contados a partir del día de hoy, para la finalización normal de este procedimiento …” y ese tiempo transcurrió sobradamente; 4.- se denuncian supuestos hechos nuevos; y, en ese sentido se dicta resolución ampliando el procedimiento, pero no se le cursa traslado a las partes, mucho menos plazo para referirse al respecto; 5.- se procedió a hacer efectivo su despido, pese a estar recurrido y pendiente ante la Junta Directiva; y 6.- pese a que señaló el fax 718-68-24 para notificaciones, la resolución de folio 54 se le notificó al fax 718-71-91. La visible a folios 88 a 90 se le envió al fax del Taller Poncho(ver folios 88 y 91). Y, la que consta a folio 93 se le puso en conocimiento al fax 450-03-23. Números diferentes al que se señaló. Solicitando declarar, PRINCIPALMENTE, en lo de interés: a) que dentro del proceso administrativo se habían violado los principios constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa; b) prescripción de la potestad sancionatoria; c) la nulidad del acto de despido, así como su reinstalación. d) que debían cancelársele salarios caídos desde la fecha de su ilegal despido hasta su reinstalación; e) lo mismo que, diferencias salariales entre el cargo de Administrador y el de Director, f) así como la suma de 764.353,30 que ilegalmente se le había deducido de vacaciones y aguinaldo; g) que tanto el vehículo como el teléfono celular y el beeper fueran considerados salario en especie. SUBSIDIARIAMENTE, en defecto de la reinstalación solicitó el pago de: a)preaviso, b) auxilio de cesantía, c) salario escolar proporcional; y, d)salarios dejados de percibir desde la demanda y hasta la firmeza de la sentencia, a título de daños y perjuicios (artículo 82 del Código de Trabajo). Y, tanto en la petitoria principal cuanto en la subsidiaria, el pago de: a) daño moral como consecuencia de un despido ilegal, injusto y arbitrario; b) Intereses legales; y, c) costas (folios 1 a 12). De lo que se desprende, sin mayor esfuerzo de interpretación, que aquellos reproches en concreto, no formaron parte de los hechos -base de sus pretensiones-, sobre los cuales se emplazó, contestó y opusieron defensas por parte de la demandada. Quedando así trabada la litis. De haber sido así, el ente demandado habría tenido no solo la oportunidad de referirse a aquellos reproches sino además, la carga de demostrar lo contrario. Así lo entendió al contestar la demanda pues, pese a que hizo un resumen de las faltas endilgadas, de previo expresó: “EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO: El actor viene alegando un despido injustificado por violación del debido proceso y del derecho de defensa a la hora en que se le siguió un procedimiento administrativo, e indica que si no es por violaciones al debido proceso entonces no se le puede sancionar porque la potestad de la administración en ese sentido estaba prescrito. Como se puede ver el actor alega defectos de forma para alegar que fue mal despedido, pero en ninguna parte de la demanda indica o justifica que él no incurrió en los hechos imputados y por los cuales se le despidió” (folio 25). Concluyendo que: “Extraño es que el actor quiera curarse en salud alegando defectos procedimentales sin refutar en ningún momento sus acciones anómalas, con lo cual da por un hecho cierto y válido que si incurrió en esos hechos, lo que convierte esta demanda en infundada y así debe declararse.” (folio 26). Reproches que, si bien se mira, ni siquiera alegó el actor al evacuar la audiencia sobre excepciones opuestas. Ocasión en que simplemente expresó: “En cuanto a la violación de los principios constitucionales del debido proceso y derecho de defensa, ya en la demanda se ha manifestado lo pertinente y así lo mantenemos….” (folio 39). Ni posteriormente. Al extremo que al conferírsele audiencia, precisamente sobre el expediente administrativo, únicamente manifestó: “En cuanto al expediente administrativo que se guarda en el archivo del Despacho, cabe indicar que desde que se presentó la demanda y aún antes, en sede administrativa, se ha venido objetando el trámite que se le dio al proceso, violándose el debido proceso y el derecho de defensa. Por eso objeto esa documental.” (folio 49). No fue sino tiempo después que alegó el que no se le hubiesen valorado o aceptado pruebas e hiciera mención sucinta de los hechos que realmente motivaron su despido; aparte de las irregularidades procedimentales (folio 74). Aún es más, no fue sino después de evacuarse su confesión y la declaración de su único testigo que el actor aportó los Reglamentos Autónomos de Servicios y de Procedimientos Administrativos del I.D.A. y las sentencias de la Sala Constitucional, en el sentido de que la Junta de Relaciones Laborales debía participar de manera preceptiva en los procedimientos disciplinarios(folio 99). No siendo sino cuando el proceso estaba a punto del dictado de la sentencia que expresó que se le había despedido, no solo por violación al debido proceso y derecho de defensa sino además, sin que hubiera cometido causal alguna que diera lugar a dicha sanción(folio 132). Todo lo cual justifica, de sobra, que el A quo razonara en el considerando II SOBRE EL DEBIDO PROCESO, que: “El señor actor en autos alega, como fundamento de su reclamo judicial, no los hechos en que el Instituto de Desarrollo Agrario, se basó para realizar el despido del anterior, sino en violaciones al debido proceso que se le siguió previo a su despido…” (folios 151 y 152). Limitándose por ello de seguido al análisis y rechazo de las inconformidades expresadas en su demanda. Concluyendo SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO, en lo pertinente que: “Pero, lo cierto es, que no obstante existir suficiente prueba, muy abundante prueba que permite al Tribunal tener una visión de todo lo ocurrido en la situación fáctica, expuesta a litigio, la parte actora en su reclamo ahora de índole judicial en ningún momento se manifiesta inconforme con los motivos o causas en que la Institución demandada, Instituto de Desarrollo Agrario, se fundamentó para despedirlo sin responsabilidad patronal. Por el contrario, la demanda del señor actor, Malaquías Castillo Díaz se basa exclusivamente en atacar o impugnar su despido sin responsabilidad patronal en base a una serie de violaciones procedimentales que indica en detalle, que le afectaron el derecho al debido proceso a la defensa en la tramitación administrativa del procedimiento interno y propio de la institución demandada. Respecto a lo anterior inmediato, ya este Tribunal líneas atrás ha hecho el análisis correspondiente y ha quedado demostrado de forma diáfana que el Instituto de Desarrollo Agracio, a través de su Organo Director del Procedimiento, en todos los aspectos que resiente el Señor actor, siempre se le respetó el debido proceso y se le concedió el derecho de defensa que contempla el procedimiento…” (folios 154 y 155).No siendo sino con posterioridad, esto es al interponer el recurso de apelación que el actor introduce a debate – por vez primera - los reproches que hoy reitera ante esta Sala. O sea, en cuanto a que no hubo pronunciamiento sobre los hechos o causales motivo de su despido y en relación a la falta de participación de la Unidad de Relaciones Laborales y la Junta de Relaciones Laborales. De modo que, precisamente por razones de igualdad o equilibrio procesal – debido proceso y derecho de defensa de las partes -, los juzgadores de instancia estaban inhibidos de pronunciarse al respecto. Lo que a su vez impide a la Sala, por razones de preclusión, para conocer y menos resolver a estas alturas, en única instancia, al respecto. Téngase en cuenta, tan solo a mayor abundamiento que: no consta que el actor impugnara en sede administrativa esa situación ni que solicitara y se le denegara la intervención de la Junta citada. Aparte de que, no se aportó a los autos copia certificada del convenio colectivo del I.D.A. a efecto de saber si esa participación procedía de oficio o si, por el contrario, debía ser solicitada por el servidor. Como se estipula de ordinario en dichos instrumentos convencionales.

IV.- Tampoco son de recibo los otros reproches de nulidad por violación al debido proceso y el derecho de defensa. A saber: 1.- que de la resolución de apertura del procedimiento no se le concediera plazo para referirse al proceso ni se indicaron en ella los motivos por los que se abría. 2.- que de la denuncia y resolución por supuestos hechos nuevos y que vinieron a ampliar el objeto del procedimiento tampoco se le cursó traslado ni concedió el plazo de ley. 3.- notificaciones hechas en lugar diferente al señalado. Y, 4.-caducidad de la sanción por habérsele impuesto fuera de los tres meses inicialmente previstos para la terminación del procedimiento. Tal y como se verá, no constituyen vicios de nulidad absoluta. Es decir, no constituyen formalidades cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión. Téngase en cuenta que, de conformidad con los principios de informalismo y conservación de actuaciones derivados de la Ley General de la Administración Pública (aplicables al caso por así disponerlo el articulo 3 del Reglamento Autónomo de Procedimientos del I.D.A): la invalidez de un acto no implica la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del inválido(artículo 164). La nulidad absoluta se produce cuando la imperfección de uno de los elementos constitutivos del acto impide la realización del fin del mismo(artículo 167). Aunque existan y se declaren nulidades de tramitación, siempre se ha de disponer la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido hubiera permanecido el mismo de no haberse realizado la infracción origen de la nulidad (artículo 186). Finalmente, como se dijo: sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento. Entendiéndose como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión (artículo 223). Nulidades absolutas que, como se dijo, no se producen en el caso presente. Asimismo, el acto final recaído fuera de plazo es válido para todo efecto legal, salvo disposición en contrario de la ley. Disposición legal especial en contrario que no existe en el presente caso. Así, el retardo que aquí se acusa, tampoco constituye infracción sustancial del procedimiento; sino tan solo falta de servicio que, dependiendo de su gravedad, a lo que podría dar lugar es a responsabilidad disciplinaria del servidor e incluso civil, tanto de éste como de la propia administración (artículos 158. 5, 263. 2 y 329. 1.,2., 3. de la Ley General de la Administración Pública). En congruencia con esos principios, por parte de esta Sala se tiene señalado que: no toda violación del trámite establecido para despedir a un trabajador, ha de significar, necesariamente, un quebranto al debido proceso, sino solo aquellas que lo dejen en estado real de indefensión. Tras el estudio concienzudo del caso, tanto del expediente administrativo cuanto del judicial, se concluye que, aún en el supuesto de que las faltas acusadas se hubiesen producido, ninguna constituyó una violación del debido proceso, de tal magnitud que ameritara declarar la nulidad del acto por el cual se impuso el despido, sin responsabilidad patronal, pues no resulta ser, por sí misma, una actuación que torne en inválido el acto del despido. De ese estudio se desprende que: en ese expediente el actor no planteó, incidentalmente, la nulidad de las actuaciones administrativas por violaciones al debido proceso y a su derecho de defensa. Tampoco consta que solicitase la participación de la Unidad de Relaciones Laborales en el Organo Director del Procedimiento; o que, el expediente fuera de conocimiento de la Junta de Relaciones (los autos administrativos son ayunos al respecto). Consta por el contrario que, el accionante tuvo la oportunidad, durante el trámite del procedimiento administrativo, de ejercer su defensa. Además, debe decirse que, en la vía jurisdiccional, también pudo ejercer plenamente su derecho a la defensa. Al respecto, obsérvese que: por resolución del Organo Director del Procedimiento, de las 8:00 horas del 11 de agosto de 1999, tras una relación pormenorizada de los hechos previamente investigados, en el considerando sexto, en lo que interesa, se hace la imputación de cargos, indicándose que: “En cuanto al señor CASTILLO DIAZ, se le atribuye el no cumplir con los procedimientos establecidos por las leyes para estos casos, lo cual trajo un aparente mal otorgamiento de un título de propiedad, el no contar con los documentos idóneos para corroborar la información y el aparente incumplimiento de un acuerdo de Junta Directiva que ordenó la suspensión de la titulación de una parcela a favor de los señores antes mencionados (SIBAJA ROJAS y VARGAS GUILLEN), lo cual le puede acarrear las sanciones administrativas que eventualmente establezca la Presidencia Ejecutiva y las responsabilidades civiles y penales que correspondan, según sea el caso.” Disponiéndose, en ese mismo acto, en consecuencia, que: “Se cita y emplaza a (…) MALAQUIAS CASTILLO DIEZ, cédula 5-204-704, para que personalmente y por apoderados, se apersonen a las oficinas de la Asesoría Gerencial del Instituto de Desarrollo Agrario, cita en Barrio Escalante, 200 metros oeste de la Gerber, a las 8:00 horas del día jueves 2 de setiembre de 1999, para llevar a cabo la correspondiente audiencia oral y privada y de recepción de prueba y de todos los alegatos que estimen convenientes en defensa de sus derechos. Deben, las indicadas personas, máximo a la apertura de la comparecencia, señalar y aportar toda la prueba que estimen convenientes, así como traer los testigos de descargo que estime convenientes. En caso de que la prueba deba ser ubicada en otras oficinas, deben indicar el lugar específico donde se encuentran, para hacerla llegar al expediente, con la advertencia de que si no se hace en la forma prevista, la misma podrá ser declarada inevacuable. A dicha comparecencia pueden hacerse acompañar de un abogado, si lo desean. …” (folios 98 y 90 del expediente administrativo). Por resolución del Organo Director de las 8:00 horas del 30 de agosto de 1999, se estableció nueva fecha para la realización de la comparecencia oral, fijándose para las 8:00 horas del martes 28 de setiembre de 1999, dejándose incólume la resolución anterior en todo lo demás(folio 93 del administrativo). Igualmente consta que el día antes señalado, en dicha comparecencia estuvo presente el actor. Previamente se le invitó a aportar toda la prueba que estimase conveniente, indicando no tener más pruebas que aportar. Seguidamente se le hizo saber de su derecho de declarar o de abstenerse, sin que su silencio implicara de modo alguno aceptación de los hechos investigados, manifestando el actor su deseo de hacerlo (folio 125 del administrativo). Lo que en efecto hizo. Tras lo cual se retiró por lo que la audiencia continuó sin su presencia (folios 115 a 120 del administrativo). Por resolución de las 8:00 horas del 22 de junio del 2000, el Organo Director, tras la preceptiva relación de hechos probados y no probados, un análisis sobre el fondo del asunto; y el señalamiento de faltas, consideró que la acción del actor había sido sumamente grave, recomendando a la Presidencia Ejecutiva del I.D.A., imponerle una sanción de acuerdo a la gravedad indicada(folios 144 a 150 del administrativo). Mediante escrito del 7 de julio del 2000, dirigido al Presidente Ejecutivo de la institución, el actor se pronunció sobre dicha “recomendación”, objetándola (folios 151 a 154). Mediante oficio PE 902-2000, del 16 de agosto del 2000, notificada al actor el día siguiente, se le comunicó la resolución de la Presidencia Ejecutiva por la que dispuso despedirlo sin responsabilidad patronal. Indicando que contra la misma cabía recurso de apelación ante la Junta Directiva, en plazo no mayor de 3 días (folios 155 a 163 del admtvo.). El actor presentó recurso de revocatoria y apelación subsidiaria para ante la Junta Directiva (folios 169 a 177 del administrativo). La Presidencia Ejecutiva rechazó el recurso de revocatoria citando y emplazando al actor para que hiciera valer sus derechos ante la Junta Directiva(folios 178 y 179 del admtvo.). Mediante acuerdo, artículo XIII de la sesión 077-00 del 30 de octubre del 2000, la Junta Directiva resolvió rechazar la apelación; confirmar el despido del actor resuelto por la Presidencia Ejecutiva; dar por agotada la vía administrativa; notificarlo; y, que se procediera a realizar el cálculo y pago de los extremos laborales que le correspondieran(folios 16 a 20 del expediente principal). Por lo que, no habiendo habido indefensión, se rechazan los citados agravios.

V.- Tampoco es de recibo el reproche en cuanto a la prescripción de la potestad sancionadora del Instituto de Desarrollo Agrario. En particular por haberse aplicado por los juzgadores de instancia el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, que determina: “La responsabilidad disciplinaria del servidor de la Hacienda Pública prescribirá en el plazo de dos años, contados a partir del conocimiento comprobado de la falta por parte del órgano competente, para iniciar el respectivo procedimiento sancionador. Para estos efectos, quedan reformados, respecto de los funcionarios o de los servidores públicos, el artículo 603 del Código de Trabajo y cualesquiera otras disposiciones jurídicas que se le opongan…”, y el artículo 10 del Reglamento Autónomo de Procedimientos Administrativos del I.D.A. cuyo párrafo segundo establece: “La responsabilidad disciplinaria prescribirá en el plazo de dos años contados a partir del conocimiento comprobado de la falta por el Organo Director (competente) para iniciar el procedimiento correspondiente y que tiende a imponer la sanción.”, en vez del artículo 603 del Código de Trabajo. Con ello no se violenta el principio de seguridad jurídica ni el protector sobre la norma más favorable al trabajador. Si bien se mira, lo que se hizo mediante el artículo 10 del Reglamento citado no fue otra cosa que desarrollar el principio establecido en el artículo 71 de la Ley. Siendo su propósito el que no queden impunes conductas reprochables de los servidores públicos, responsables de fondos o bienes públicos, por el sólo transcurso de plazos fugaces. Y, ya la Sala Constitucional ha considerado y resuelto que la existencia respecto de los funcionarios y servidores públicos de un régimen de empleo público implica, necesariamente, unas consecuencias derivadas de la naturaleza de esa relación, con principios generales propios, ya no solamente distintos a los del derecho laboral (privado), sino muchas veces contrapuestos a éstos. Obsérvese que se trata de normas no solo posteriores sino especiales, lo que hace que prevalezcan, como expresó el Ad quem, sobre el citado artículo 603. La especialidad que desplaza una norma con respecto a otra opera dentro de una misma materia. Siendo que, el artículo 603 del Código de Trabajo resulta general, por aplicarse a todo tipo de faltas laborales cometidas por los servidores públicos, – participen o no en la gestión pública - sin especificación de materia en cuanto a la clase de falta cometida, ni entidad pública o centro de trabajo. Mientras que, por un lado, el artículo 71 de la citada Ley viene precisamente a hacer excepción en punto a las faltas del servidor público en una materia especial, cual es la Hacienda Pública (constituida por fondos y bienes públicos). Como es el caso presente en que, según se desprende del expediente administrativo, el objeto de la investigación y lo atribuido al actor fue “…el no cumplir con los procedimientos establecidos por las leyes lo cual trajo un aparente mal otorgamiento de un título de propiedad,…”, sobre un bien inmueble propiedad del I.D.A.(folio 89 del expediente administrativo). Mientras que, por el otro lado, el artículo 10 del Reglamento está establecido específicamente para los procedimientos disciplinarios dirigidos contra los funcionarios del I.D.A..

VI.- El reproche en cuanto a la falta de fundamentación de la denegatoria de los daños y perjuicios resulta inconducente; en virtud del principio de que lo accesorio ha de seguir la suerte de lo principal. Siendo como lo es dicha pretensión, accesoria de las principales. De modo que, si no proceden –por todo lo dicho- las pretensiones principales, como lo eran la declaratoria de violaciones al debido proceso y el derecho de defensa en el procedimiento; de prescripción de la potestad sancionadora y/o de nulidad del acto de despido y la consecuente reinstalación en el cargo; tampoco procede el pago de daños y perjuicios. Por lo que su análisis resulta ocioso.

VII.- Por las razones expuestas; y, siendo que no se produce ninguno de los reproches, como tampoco violación de las normas y jurisprudencia citadas, se debe desestimar el presente recurso y conformar el fallo impugnado.

POR TANTO:

Se confirma la sentencia recurrida.-




Orlando Aguirre Gómez


Zarela María Villanueva Monge Bernardo van der Laat Echeverría

Julia Varela Araya Rolando Vega Robert
car.-

Exp: N° 00-00643-0166 -LA






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