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Estudio Diez Consultores Impositivos Temario 07/07/2014


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Novedades Tributarias

7 de julio

2014





Estudio Diez Consultores Impositivos



Temario 07/07/2014












Procedimiento Tributario






















Responsabilidad solidaria de los directores, gerentes y demás administradores de entes empresarios








Material de apoyo charla. (ampliar)




Rentas Provincia de Buenos Aires






















Resolución Normativa (ARBA) 39/2014








Se modifican algunos aspectos vinculados a la determinación del nivel de riesgo fiscal de los contribuyentes y sus consecuencias. (ampliar)













Resolución Normativa (ARBA) 40/2014







Se introducen modificaciones al régimen de domicilio fiscal electrónico. (ampliar)


De interés I – Procedimiento Tributario










Zonas afectadas por las inundaciones. Prórroga de vencimientos







A través de la Resolución General (AFIP) 3641 se establece la prórroga para el ingreso de ciertas obligaciones fiscales de los contribuyentes domiciliados en las zonas afectadas por las inundaciones de las Provincias de Misiones, Corrientes y Formosa.




De interés II – Rentas Ciudad de Buenos Aires










Plan de facilidades de pago. Reglamentación







Mediante la Resolución AGIP 463/14 se reglamenta el plan de facilidades de pago transitorio instaurado por la R. (MH Bs. As. Cdad.) 910/2014, de hasta 120 cuotas, para obligaciones adeudadas de cualquier naturaleza, que se encuentren en instancia administrativa o judicial y refinanciación de planes vigentes o caducos al 31/12/2013. El acogimiento podrá realizarse entre el 01/07/2014 y el 31/08/2014.

ÍNDICE TEMÁTICO



ÍNDICE NORMATIVO

Procedimiento Tributario

Responsabilidad solidaria de los directores, gerentes y demás administradores de entes empresarios

  • Fuente


Bozzano, Raúl José – CSJN – 11/02/2014




Ideas fuerza

  • Si bien la CSJN ya lo había expresado con anterioridad en Brutti, Stella Maris (sentencia 30/4/2004) que la AFIP podía iniciar proceso de determinación de oficio a los administradores a efectos de efectivizar la responsabilidad solidaria a partir de la intimación administrativa de pago al deudor principal, en dicho precedente se había resuelto la cuestión en lo conceptual; es decir, que una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal podría tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena.

  • Distintos pronunciamientos judiciales exigían para llevar a cabo el proceso contra los administradores sólo en la medida que la intimación administrativa contra la empresa (deudor principal) estuviere firme, situación que no ocurre si la resolución de la AFIP es apelada en termina al TFN.

  • En la sentencia definitiva sub examine queda claro que es válida la postura de la AFIP en cuanto a iniciar el proceso de determinación de oficio respecto de aquellos en quienes se quisiera efectivizar la responsabilidad solidaria a partir de la intimación administrativa de pago sin necesidad que la misma se encuentre firme.

  • La Corte afirma en esta causa que el artículo 8, inciso a), de la ley 11.683 no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a este la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del artículo 17 sin que tal intimación haya sido cumplida.

  • Jurisprudencia judicial

    1. Fallo Bozzano, Raúl José – CSJN – 11/02/2014 (Link al fallo)

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Rentas Provincia de Buenos Aires

Niveles de riesgo fiscal. Modificaciones


  • Fuente


Resolución Normativa (ARBA) 39/2014




Vigencia

A partir del 01/07/2014.

Elementos a considerar para determinar nivel de riesgo fiscal

La norma comentada modifica la Resolución Normativa (ARBA) 129/2008, incorporando como uno de los elementos a tener en cuenta para determinar el nivel de riesgo fiscal de los contribuyentes, la existencia de embargos de fondos depositados en el sistema bancario o financiero, con motivo de procesos de ejecución judicial de deudas provenientes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ya sea en carácter de contribuyente o agente de recaudación.

De configurarse esta situación, el nivel de riesgo fiscal a otorgar será el mayor previsto por la norma.

Solicitud de reducción de alícuota de retenciones o percepciones. Requisito

Correlativamente a lo enunciado en el punto anterior, se dispone que sea requisito para poder acceder a la reducción total o parcial de las alícuotas de retenciones o percepciones, no registrar deuda en proceso de ejecución judicial proveniente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ya sea en la condición de contribuyente o de agente de recaudación de dicho tributo.

Asimismo, en caso que los contribuyentes que actualmente gozaran de la reducción de alícuotas citada, la misma caducará cuando se trate de sujetos con deudas en instancia de ejecución judicial, provenientes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ya sea en su condición de contribuyentes o de agentes de recaudación, y las mismas no fueran canceladas dentro de los 60 días corridos contados a partir del 01/07/2014.



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Domicilio fiscal electrónico. Modificación


  • Fuente


Resolución Normativa (ARBA) 40/2014




Introducción

La resolución en cuestión introduce algunas modificaciones al régimen de domicilio fiscal electrónico dispuesto por la Resolución Normativa (ARBA) 7/2014, cuya entrada en vigencia tuviera lugar el 15/03/2014. A continuación detallamos el régimen completo, destacando en cursiva los cambios introducidos.

Alcance

La norma prevé que los avisos, citaciones, notificaciones, intimaciones, envío de boletas para el pago del Impuesto Inmobiliario y el Impuesto a los Automotores (vehículos automotores como a embarcaciones deportivas o de recreación), así como cualquier tipo de comunicaciones que efectúe ARBA a los contribuyentes y/o responsables, en materia tributaria y catastral, serán practicadas digitalmente en sus domicilios fiscales electrónicos.

En tal sentido, el citado domicilio fiscal electrónico estará conformado por un perfil de usuario específico y único, asociado a la CUIT, CUIL o CDI del contribuyente o responsable, y cuya clave de acceso será su Clave de Identificación Tributaria (CIT).

Características del domicilio fiscal electrónico

El domicilio fiscal electrónico posee validez y eficacia jurídica, considerándose en el ámbito administrativo como domicilio fiscal constituido, siendo válidos y vinculantes los avisos, citaciones, intimaciones, notificaciones y comunicaciones en general que allí se practiquen.

Importante

La constitución del domicilio fiscal electrónico no releva a los contribuyentes y/o responsables de su obligación de denunciar el domicilio fiscal no electrónico, ni implica una limitación de las facultades de ARBA para practicar notificaciones al mismo.

Si ARBA comunique a ambos domicilios, la notificación se considerará perfeccionada en la fecha en que hubiera ocurrido la primer comunicación.

Funcionamiento

Los contribuyentes podrán tomar conocimiento de las notificaciones ingresando en la aplicación que estará disponible en la página web de ARBA, pudiendo acceder a la misma en cualquier momento, las veinticuatro 24 del día, durante todos los días del año.

El aviso, citación, intimación, notificación o comunicación remitido contendrá, como mínimo, los siguientes datos:



  • Fecha desde la cual la comunicación se encuentra disponible.

  • Identificación del destinatario: apellido y nombre o razón o denominación social del contribuyente o responsable; DNI, LC, LE o documento que acredite identidad; y CUIT, CUIL o CDI.

  • Identificación precisa del contenido del aviso, citación, intimación, notificación o comunicación, con su texto completo, indicando además fecha de emisión, asunto, área emisora, nombre y cargo del funcionario que la emite.

Adicionalmente se contempla que, para facilitar la toma de conocimiento de los avisos, ARBA podrá informar dicha circunstancia a través de un mail dirigido a la casilla de correo electrónico personal del contribuyente o responsable, a su teléfono móvil y/o a sus cuentas registradas en redes sociales de internet, cuando cuente con estos datos.

Cuando se trate de la notificación de los siguientes actos administrativos:

  • Inicio de procedimiento determinativo de oficio y/o sumarial.

  • Resoluciones que den lugar a la interposición de Recursos de Reconsideración o Apelación al Tribunal Fiscal de la Provincia.

  • Juicios de Apremio.

  • Altas o inscripción de oficio de los contribuyentes.

ARBA remitirá un mensaje al domicilio fiscal del contribuyente únicamente cuando éste tuviera validada la dirección electrónica por parte de ARBA o bien cuando hubiera cumplido con la obligación periódica de actualizar y validar el mismo.

Al margen de lo comentado, si el domicilio estuviera validado, la notificación de los actos citados tendrá plena validez con independencia de la recepción del mensaje remitido al correo electrónico.

Perfeccionamiento de la comunicación

Las comunicaciones efectuadas al domicilio fiscal electrónico se considerarán perfeccionadas cuando ocurra el primero de los siguientes hechos:


  • El día que el contribuyente o responsable proceda a la apertura del documento digital que contiene la comunicación, mediante el acceso a dicho domicilio, o el siguiente día hábil administrativo si aquel fuere inhábil, o

  • Los días martes y viernes inmediatos posteriores a la fecha en que las notificaciones o comunicaciones se encontraran disponibles en el citado domicilio, o el día siguiente hábil administrativo, si algunos de ellos fuera inhábil.

Si existieran desperfectos técnicos en la web de ARBA, expresamente reconocidos, la comunicación se considerará perfeccionado el primer martes o viernes, o el día hábil inmediato siguiente -en su caso-, posteriores a la fecha de rehabilitación de su funcionamiento.

Si la puesta a disposición de las notificaciones, emplazamientos o comunicaciones en el domicilio fiscal electrónico, se hubiera producido con posterioridad a las 18 horas, se tendrá por efectivizada la diligencia al día hábil siguiente. El cómputo de todo plazo procesal comenzará a correr, en consecuencia, a partir del día subsiguiente al de la citada puesta a disposición.

Disponibilidad de las comunicaciones

Todas las comunicaciones remitidas al domicilio fiscal electrónico, permanecerán disponibles en el mismo durante un plazo máximo de 180 días corridos desde su perfeccionamiento. Superado dicho lapso, los mismos serán removidos.

Sujetos obligados a constituir domicilio electrónico

Estarán obligados a constituir domicilio fiscal electrónico:


  • Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

  • Agentes de recaudación de todo gravamen respecto del cual la Agencia de Recaudación resulta Autoridad de Aplicación.

  • Directores, Socios Gerentes y administradores en general que resulten responsables solidarios de los sujetos mencionados precedentemente.

Al acceder al domicilio fiscal electrónico deberán completar, con carácter de declaración jurada, la información que les sea requerida y, además, actualizar sus datos de contacto: casillas de correo electrónico, números de teléfonos fijos y móviles, entre otros datos que se le requieran.

La falta de acceso al domicilio fiscal electrónico no obstará a su constitución y plena vigencia y validez, ni implicará un obstáculo o limitación a las facultades de ARBA para enviar al mismo todos los avisos, citaciones, intimaciones, notificaciones y comunicaciones que correspondan.



Cuando se compruebe que los contribuyentes o responsables no hubieran accedido al domicilio fiscal electrónico dentro de los 120 días corridos desde su constitución obligatoria, ARBA podrá imponer sanción a los deberes formales. En el caso de responsables solidarios, el lapso citado será de 180 días corridos.

Adhesión voluntaria

Sin perjuicio de los sujetos obligados, se prevé que podrán adherir voluntariamente los demás contribuyentes de tributos cuya autoridad de aplicación fuera ARBA.

Al acceder al domicilio fiscal electrónico deberán completar, con carácter de declaración jurada, la información que les sea requerida y, además, actualizar sus datos de contacto: casillas de correo electrónico, números de teléfonos fijos y móviles, entre otros.

Asimismo se dispone que los domicilios fiscales electrónicos constituidos voluntariamente por los contribuyentes en el marco de lo dispuesto por la Resolución Normativa (ARBA) 127/08 mantendrán su vigencia.

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Procedimiento Tributario


  • Responsabilidad solidaria de los directores, gerentes y demás administradores de entes empresarios

A. Fallo Bozzano, Raúl José – CSJN – 11/02/2014

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Buenos Aires, 11 de febrero de 2014

Vistos los autos: “Bozzano, Raúl José (TF 33.056-I) c/DGI”.

Considerando:

1°) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación que declaró la nulidad de la resolución mediante la cual la Administración Federal de Ingresos Públicos determinó de oficio, con carácter parcial, la obligación impositiva del señor Raúl José Bozzano, como responsable solidario de la empresa Carnes Santa María S.A., en los términos del arto 8°, inciso a, de la ley 11.683, por deudas correspondientes al impuesto a las ganancias -período fiscal 2003- y al impuesto al valor agregado -por los períodos fiscales julio 2002 a agosto 2004- con más intereses y multa.

2°) Que para así decidir, la cámara tuvo en cuenta que la obligación tributaria de la deudora principal no se encontraba firme -pues Carnes Santa María S.A. había apelado ante el Tribunal Fiscal los actos mediante los cuales se había determinado su obligación frente a los referidos impuestos- y, en tales condiciones, juzgó que el ente recaudador no podía válidamente iniciar el procedimiento previsto para obtener el pago de la deuda tributaria al responsable solidario.

3°) Que contra tal sentencia la Administración Federal de Ingresos Públicos interpuso recurso ordinario de apelación (fs. 114/116) que fue concedido a fs. 118, y resulta formalmente procedente, toda vez que se dirige contra una sentencia definitiva, dictada en una causa en que la Nación es parte, y, el monto disputado en último término, sin sus accesorios, supera el mínimo establecido por el art. 24, inc. 6°, ap. a, del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de esta Corte. El memorial de agravios -que no fue contestado por la actora- obra a fs. 144/153.

4°) Que el organismo recaudador aduce, en síntesis, que el tribunal a quo efectúo una errónea interpretación de los arts. 8°, inc. a, 17 y 18, inc. a, de la ley 11.683 y de la jurisprudencia sentada por esta Corte en la causa “Brutti, Stella Maris (TF 14.814-I ac. 14.815-I/15.157-I) c/ DGI”, (Fallos: 327:769).

5°) Que el art. 8°, inc. a, párrafo primero, de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.) establece: “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en ..., del art. 6° cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del art. 17. No existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”.

6°) Que en lo relativo al modo como debe interpretarse la mencionada disposición resultan aplicables las pautas de hermenéutica que establecen que cuando una leyes clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo no cabe sino su directa aplicación (Fallos: 320:2145, considerando 6° y su cita), y que la primera fuente de exégesis de la leyes su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 323:620; 325:830).

7°) Que a la luz de tales principios, se observa que la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida. La conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Tribunal en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769). En efecto, allí se señaló que la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador “una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena”. En el caso en examen, el referido recaudo se encuentra cumplido, pues los actos administrativos por los que se determinó la obligación tributaria de Carnes Santa María fueron dictados el 28 de diciembre de 2006 y notificados a aquélla el 8 de febrero de 2007, en tanto que la resolución referente a Raúl José Bozzano se dictó el 28 de noviembre de 2008.

8°) Que, en síntesis, no corresponde que al interpretar el citado art. 8°, inc. a, se incorpore un recaudo -la firmeza del acto que determina el impuesto del deudor principal- no contemplado en esa norma, máxime si se considera que en el ordenamiento de la ley 11.683 -en el que aquella disposición está incluida- se resguarda el derecho de defensa de las personas a las que el ente fiscal pretende endilgar responsabilidad por la deuda de un tercero, al establecerse que, a tal fin, el organismo recaudador debe sujetarse al procedimiento de determinación de oficio establecido en el art. 17 de la ley 11.683 (conf. párrafo quinto del artículo citado), lo que implica –además de la necesaria observancia de las reglas que lo conforman- que la resolución respectiva pueda ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal -tal como sucedió en la especie- permitiendo al responsable formular con amplitud ante ese organismo jurisdiccional los planteos que considere pertinentes a su derecho.

Por ello, se revoca la sentencia apelada, con costas de todas las instancias a la actora vencida (arts. 68 Y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvanse los autos, a fin de que el Tribunal se pronuncie sobre las cuestiones planteadas por la actora en el recurso de apelación del art. 76 de la ley 11.683, teniendo en cuenta lo decidido en la presente.

ENRIQUE S. PETRACCHI



E. RAÚL ZAFFARONI

ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO

JUAN CARLOS MAQUEDA

CARMEN M. ARGIBAY



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