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Estado libre asociado de puerto rico


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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

17ma. Asamblea 2da. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES



P. de la C. 1325

20 DE AGOSTO DE 2013



Presentado por el representante Báez Rivera




Referido a la Comisión de lo Jurídico

LEY

Para enmendar el Artículo 3.002 de la Ley Núm. 201, de 22 de agosto de 2003, según enmendada, y conocida como “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, a los fines de añadir un inciso (i), aclarar la competencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico y otros fines.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"La sociedad está bien ordenada cuando los ciudadanos obedecen a los magistrados y los magistrados a las leyes."

Solón
En el siglos XVIII y principios del siglo XIX, con el advenimiento de la Época Moderna, la propagación y aplicación de las ideas de los grandes filósofos políticos como Milton, John Locke, Rousseau, Montesquieu, entre otros, promovieron profundas reformas humanitarias y racionales en el orden político-social del mundo.
Antes de ese momento lo aceptado era que una Nación para funcionar adecuadamente necesitaba un gobierno absolutista donde un soberano era la fuente de todo un poder incondicionado y total; la mejor manera de describir esta forma de gobierno es con aquella frase del rey francés Luís XIV que rezaba: “El Estado soy Yo”.
Sin embargo, las nuevas tendencias promovieron la creación de un nuevo pacto social en donde todos los ciudadanos o el Pueblo participarían de la autoridad soberana. Ahora, el poder y la fuerza emanaría de los particulares y la existencia del Estado dependería de la retribución correcta de este hacia los individuos. Así las cosas, el absolutismo fue rechazado y el Pueblo pasó a ser la fuente del poder en un Estado.
En el continente Americano esta novel idea tuvo mucho arraigo y políticos como Thomas Jefferson, John Adams, Simón Bolívar, Benito Juárez, Alexandre Petion, Antonio Luperón, Ignacio Agramonte, Ramón Emeterio Betances y Bartolomé Mitre defendieron y promovieron este “contrato social”.
Este principio sobre el “poder popular” se manifestó en Puerto Rico en pleno siglo XX cuando en 1952 se redactó la Constitución del naciente Estado Libre Asociado. Allí se estableció como base fundamental de la misma que el sistema democrático era fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña, que la voluntad del pueblo era la única fuente del poder público y donde el orden político, o sea el Estado gobernante, estaba subordinado a los derechos de las personas. Hasta poco antes de ese momento en Puerto Rico el Poder judicial en general se ejercía conforme los términos establecidos por el Congreso de los Estados Unidos a través de la Ley Jones de 1917 y previamente a través de las disposiciones de la Ley Foraker de 1900.
Así que como parte del nuevo orden político que se estableció en 1952, se dio paso a la creación de tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial que formarían parte de lo que se denominó como sistema republicano de gobierno, en donde cada uno de esos tres poderes políticos serian independientes pero a su vez interdependientes entre si. Ahora bien, en pos de impedir cualquier asomo de absolutismo, los deberes y facultades de cada uno de estos componentes del Gobierno estarían claramente enumerados y delimitados en la Constitución, así como en cualquier ley especial que se aprobara a esos efectos, de forma tal que ninguna pudiera adjudicarse facultades que no le habían sido otorgadas.
Una de las ramas de gobierno creadas en nuestra Constitución fue la Judicial y se precisó que el “Poder Judicial de Puerto Rico se ejercerá por un Tribunal Supremo, y por aquellos otros tribunales que se establezcan por ley”, según se señala en la sección 2 del Artículo V de esta Ley.
Se dispuso que el Tribunal Supremo seria el tribunal de última instancia en Puerto Rico; que administraría los tribunales y que podría conocer en primera instancia de recursos de hábeas corpus y de aquellos otros recursos y causas que se determinaran por ley, tal y como se hizo en el Artículo 3.002 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada y conocida por “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
Sin embargo, desde principios del siglo XX, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Coll vs. Leake de 1911, adoptó una doctrina que llamó de los "poderes inherentes". Esta doctrina era de origen en el derecho ingles y fue adoptada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1856.
Nuestro Alto Foro alega que estos poderes inherentes son derivados de la propia doctrina de la separación de poderes y son indispensables para lograr que el sistema judicial funcione eficientemente. Nótese que los mismos son producto de una normativa judicial establecida en nuestro País antes de la década de los años 30 del siglo XX, bajo una condición legal totalmente diferente a la que se estableció del 1952 en adelante, ya que para 1911 no teníamos Constitución propia y lo que imperaba era la Ley Jones.
Por tanto, a partir de la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado, dentro de la tradición democrática recogida en esta, el Tribunal Supremo de Puerto Rico no puede ejercer ni adjudicarse más poderes que los que aparecen enumerados en la Ley de la Judicatura y en nuestra Constitución o los que les sean otorgados mediante cualquier otra ley especial que la Legislatura apruebe a esos efectos.
A tenor con lo anteriormente expuesto, es responsabilidad de esta Asamblea Legislativa aclarar expresamente la competencia en ley que tiene el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:


Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 3.002 de la Ley Núm. 13 de 24 de Julio de 1985, según enmendada, añadiéndole un inciso (i) que leerá de la siguiente forma:

“Artículo 3.002. —Competencia del Tribunal Supremo:

El Tribunal Supremo o cada una de sus Salas conocerá de los siguientes asuntos:

(a) …


(h) De cualesquiera otros recursos y causas que se determinen por ley especial.

(i) El Tribunal Supremo de Puerto Rico no podrá conocer otros asuntos, adjudicarse otras facultades o poderes más allá de los anteriormente enumerados en este Artículo o en la Sección V de la Constitución de Puerto Rico. Por tanto, como las demás Ramas del Gobierno del Estado Libre Asociado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico no tendrá poderes inherentes.

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.





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