Página principal

Espindola julio cesar c/ estado de la provincia de buenos aires s/pretension indemnizatoria


Descargar 48.29 Kb.
Fecha de conversión21.09.2016
Tamaño48.29 Kb.
‰6v!^zèD,f5Š

24.799

ESPINDOLA JULIO CESAR C/ ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/PRETENSION INDEMNIZATORIA

Gral. San Martín, 17 de Julio de 2014.-



AUTOS Y VISTOS:

Los autos caratulados "Espíndola Julio Cesar c/Estado Provincia de Buenos Aires s/ Pretension Indemnizatoria", los que corren bajo el número 24.799 y se encuentran en estado de recibir sentencia de mérito.



RESULTANDO:

I.- La presente acción es iniciada por Julio Cesar Espindola contra el Estado Provincial reclamando los daños y perjuicios que sufriera con motivo del relato que realiza.

Expresa que los hechos de marras se suscitan cuando el día 20 de enero del año 2004 a las 23.43 hs. en la Comisaría 41 de la Capital Federal la Sra. Olinda Castiñeira se presenta a manifestar que su nieta Ayelen Gamboa habría sido llevada contra su voluntad por un masculino que se desempeña como cartonero hasta el partido de Jose C. Paz.

Relata que como consecuencia de ello el personal policial se apersona en la cartoneria de Trelles, donde un empleado les comenta que conocía a la menor y que estaba de novio con un vecino suyo de nombre Cesar, que trabaja en la cartonería.

Es así que a la 1.40 del 21 de enero de 2004 personal de la comisaría 41 se apersona en la calle 18 de octubre entre Castanedas y Atahualpa del barrio La Paz de la localidad de Jose C. Paz con miras a dar con la menor.

Añade que dicho personal fue atendido por la madre del aquí actor quien invita al personal a ingresar a la vivienda, donde encuentran al referido Cesar acompañado de la menor y que se invita a la menor a concurrir a la dependencia, lugar al que accede a ir voluntariamente el actor.

Expresa que como consecuencia de lo relatado en el año 2004 fue imputado en una causa penal por delito de abuso sexual y que fue detenido durante la investigacion del hecho.

Añade que se pudo tener por acreditada la existencia y materialidad del hecho pero no su autoría, ya que las declaraciones testimoniales probaron que el actor no pudo comprender la criminalidad del hecho por lo que se dispuso la libertad del mismo.

Insiste en que no tuvo inconveniente en declarar en la indagatoria en función de su inocencia y de no existir para el actor ningún delito en la relación amorosa que mantenía con la Srta. Ayelén Gamboa.

Detalla que el 12/03/98 (sic) se dictó con el auto de procesamiento la prisión preventiva, con fundamento en el "quantum" de la pena prevista para el tipo, ordenándose su detención y que tal resolución fue apelada y su recurso fue rechazado por la Cámara Criminal.

Denuncia que como consecuencia de ello permaneció detenido casi dos años tres meses acusado de Abuso Sexual, a cuyo término fue absuelto por el Excmo. Tribunal Criminal Oral nº 5 de San Martín.

Es por todo ello que imputa responsabilidad a la demandada por su accionar lícito. En ese sentido afirma que el fundamento de tal responsabilidad radica en el hecho de no vulnerar derechos constitucionales de los ciudadanos.

Entiende que no resulta atendible alegar que por el hecho de tener el Estado la facultad de realizar un acto, las consecuencias dañinas del misma no son indemnizables sino solamente si este resulta arbitrario.

A su vez, realiza una serie de consideraciones respecto del instituto de la prisión preventiva, la que considera inconstitucional por cuanto restringe la garantia de la presunción de inocencia.

Por todo ello solicita se le indemnice por el hecho de haber sufrido la prisión preventiva -no en base a la arbitrariedad o razonabilidad de la misma- sino con base en el principio de igualdad.

Afirma que el Estado en la prosecución de políticas públicas de seguridad y administración de justicia, a un imputado que sirvió prisión preventiva y luego es condenado, se le computan los días de prisión preventiva como efectivamente cumplidos de su condena y que a aquél imputado que es absuelto, se lo trata desigualitariamente por cuanto no se le "indemniza" de la misma manera.

Por ello considera que no debe ser la arbitrariedad del accionar lícito estatal la que defina la procedencia de la indemnización que reclama.

Solicita se le resarza el daño moral sufrido, el lucro cesante y pérdida de chance y el daño psicológico que le fuera infligido.

Ofrece prueba, cita jurisprudencia que avala su postura y funda en derecho.

II.- Corrido el traslado de demanda, a fs. 35/49 se presenta la Dra. María Martha Aguirre en su caracter de apoderada de la Fiscalía de Estado, con el patrocinio del Dr. Facundo Santana, con el objeto de contestar la demanda incoada.

Realiza una profusa negativa de los hechos y plantea la ausencia de responsabilidad el Estado Provincial por los hechos en debate.

Así, expresa que nos encontramos ante un caso de ausencia de antijuricidad, ya que entiende que se trata de un caso de responsabilidad del Estado por su actividad lícita, supuesto en el cual el actor debe probar la omisión antijurídica como presupuesto de procedencia de la indemnizacion solicitada.

Considera que, al ser los actos del Poder Judicial producto de la facultad de administrar justicia inherente a la propia esencia de la República, los eventuales daños que de allí pudieran surgir sólo son indemnizables en el caso del ejercicio irregular del servicio.

Por otro lado sostiene que la declaración de ilegitimidad del proceso que el actor critica ha de ser declarada -luego de utilizados todos los remedios procesales habidos- en el proceso judicial en el que fue dictado y que tal circusntancia no se verifica en los presentes actuados.

Especifica que la mera revocación de resoluciones judiciales sea con base en disparidad de criterios o incluso por errores en el encuadramiento del hecho o en la aplicabilidad de determinadas normas y la aprecicación de la prueba, constituye el normal desenvolvimiento del proceso en las distintas instancias.

Recalca que el veredicto absolutorio no importó descalificar la medida cautelar adoptada en su momento respecto del aquí actor y que la indemnización por supuesta actividad lícita que el actor pretende no es procedente para los errores judiciales.

A su vez, plantea que se trata de un caso de ausencia de relación causal adecuada entre el daño y la prisión preventiva dictada, ahondando en la caracteristica cautelar de la misma, por lo que afirma se necesita verosimilitud y no certeza del derecho invocado para su dictado.

Afirma que de la causa penal surge que el dictado de la prisión preventiva fue ajustado a derecho por haberse dado los presupuestos necesarios dentro de la regularidad del proceso.

En cuanto a los rubros y montos reclamados, la demandada expresa que el daño psicológico, el daño moral, lucro cesante y pérdida de chance se desconocen y se impugnan los mismo por improcedentes y excesivos, denunciando que considera que la actora intenta hacerse de un enriquecimiento sin causa.

A su vez, solicita que dados los montos reclamados, se considere la posible configuración de pluspetitio.

Ofrece prueba y plantea el caso federal.

III.- A fs. 51 la letrada patrocinante de la parte actora renuncia al patrocinio, por lo que a fs. 59 la parte actora presenta como nuevo patrocinante al Dr. Cesar Hector Dimotta.

IV.- A fs. 68/69 se ordenó producir la prueba, la que se encuentra producida de conformidad con el certificado de fs. 115, no habiendo hecho uso del derecho de alegar ninguna de las partes.

CONSIDERANDO:

I.- Que a fin de adentrarme a la cuestión debatida, he de tener presente las constancias que se desprenden de la causa penal nº 1657 proveniente del Juzgado de Garantías 4, la que fuera ofrecida por las partes como prueba en estos actuados, ello atento la negativa de hechos efectuada por la parte demandada en oportunidad de contestar la demanda.

De la misma surge que:

a) la causa fue iniciada a instancias de la denuncia efectuada por la abuela y madre de la menor implicada (ver fs. 6/7 y 8/9).


b) la menor fue hallada en el domicilio del aquí actor, habiendo manifestado ella que se encontraba allí por su propia voluntad y que durante el transcurso de la noche habia mantenido relaciones sexuales con el mismo (ver fs. 10 y 13).
c) a fs. 24 luce informe médico respecto de la menor, al que me remito en orden a la brevedad, informándose a fs. 48 que del primer examen efectuado en la prenda íntima y toallita de la menor se pudo determinar que contaba con restos de semen y sangre.
d) a fs. 49 obra declaración testimonial del médico actuante de la que surge que a simple vista no pudo determinarse que la menor hubiera tenido relaciones sexuales con penetración y que la menor fisicamente y vestida aparenta tener unos años mas de los que tiene, recalcando que se trata de una persona lúcida y despierta, pero que al momento del examen fisico pudo constatar que aun se encuentra en desarrollo, poseyendo senos pequeños y careciendo de bello púbico. A su vez declara que la menor le expresó haber tenido relaciones sexuales y que no intentó determinar el estado del himen para no causar dolor en la menor.
e) a fs. 55 obra declaración de la menor y a fs. 58/59 declaración del actor de autos en la que manifiesta que la propia Ayelén fue quien le dijo que quería irse de la casa y que el desconocía hasta esa misma tarde que ella tenía 12 años de edad, desconociendo asimismo que era un delito salir con una chica de esa edad.
f) a fs. 69/75 obra auto de procesamiento bajo la calificación legal de abuso sexual con acceso carnal y orden de prisión preventiva para Espíndola en atención a la pena prevista para la conducta que se le reprocha.
g) a fs. 85/87 luce agregado infome ginecológico de la menor Ayelén Gamboa del que surge que no hay signos físicos de lesion de naturaleza traumática y que el himen presenta desgarros cicatrizados, siendo que la cicatrización del himen se completa en un lapso de siete días, no pudiendose en consecuencia datar los desgarros observados.
h) a fs. 88/90 luce informe psicológico del que surge que se trata de una joven inmadura, infantil e inestable, con vivencias de culpa por la detencion de Espíndola y que se observa en ella un funcionamiento sobreadaptado con inmadurez subyacente y severa conflictiva de base con la figura materna, siendo que el desarrollo psicosexual es acorde a su edad.
i) a fs. 213 luce agregado informe médico psiquiátrico de Espíndola del que surge que tiene un aspecto psíquico pueril, no detectándose ideas patológicas y que posee un grado inferior a su edad de inteligencia. Se concluye que aparenta debilidad mental leve en comorbilidad con trastorno por abuso de sustancias toxicas, sugiriéndose la internación para su seguridad y asistencia así como para su mejor diagnóstico y para descartar simulación.
j) a fs. 216 se ordena la internación del aquí actor.
k) a fs. 290/293 lucen sendas declaraciones testimoniales de las que se desprende que Ayelén aparentaba más edad de la que efectivamente tenía.
l) a fs. 295 luce agregado informe medico psiquiatrico elaborado por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense del que surge que Espíndola no presenta patología psiquiátrica aguda que justifique su internación, por lo que Fiscal a fs. 295 vta. remite la causa a la Asesoria Pericial a fin de que se expida si al momento el hecho Espíndola pudo comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones.
m) a fs. 296/303 obra requisitoria de elevación a juicio contra Espíndola por el delito de abuso sexual con acceso carnal, luciendo a fs. 306 auto de elevación a juicio.
ñ) a fs. 315/316 y 330/331 obran ofrecimientos de prueba del Fiscal y de las defensoras del imputado.
o) a fs. 343/345 luce informe pericial de ADN del que no surge prueba cocnluyente alguna.
p) a fs. 347 luce resolución sobre la procedencia de la prueba ofrecida y a fs. 348 se fija fecha para el debate.
q) a fs. 445/446 obra dictamen psicológico de la menor Ayelén en el que se determina que no se constatan signos de fabulación, encontrándose la misma en situación de declarar.
r) a fs. 447/452 luce acta del debate.
s) a fs. 454/461 obra sentencia absolutoria del aquí actor Sr. Espíndola. De la misma surge que se tuvo por acreditado el hecho -que entre la noche del 20 y 21 de enero de 2004 en la finca sita en la calle 18 de octubre entre Castañedas y Atahualpa en la localidad y partido de Jose C. Paz, Julio Cesar Espíndola (de 19 años de edad) accedió carnalmente a la menor de trece años, Ayelén Luján Gamboa-.

Sin perjuicio de ello, a criterio del Tribunal actuante en el caso en particular se debía analizar si había existido una afectación cierta del bien jurídico integrifdad sexual para poder afirmar que el tipo objetivo se encontraba completo.

Así, los jueces tuvieron en cuenta que de los testimonios rendidos no surgía evidencia de que la relación sexual hubiese tenido algún viso de vulneración del bien jurídico libertad sexual, ya que Ayelén exhibió enojo e incomprensión por lo sucedido así como culpa por la detención de Espíndola. Por otro lado ponderaron que Espíndola manifestó desconocer que su accionar configuraba un delito y que en su ámbito social es común ver este tipo de relaciones, así como lo testimoniado por los testigos que manifestaron que Ayelén aparentaba más edad de la que tenía.

Por todo ello el Tribunal consideró que se encontraba palmariamente demostrada la ausencia de lesividad de la acción.

A su vez, pusieron en duda que Espíndola conociera el significado de "abusar" contenido en el tipo objetivo en estudio al momento de relacionarse sexualmente con Ayelén, y relacionaron esto con la debilidad mental leve puesta de manifiesto por el imputado en el examen mental practicado.

En consecuencia, el Tribunal decidió absolver libremente al aquí actor por el hecho investigado, y disponer su libertad.


II.- Así las cosas, y fijados los hechos de la presente litis, he de adentrarme a tratar la cuestión traída.

Considero que tal como se encuentra planteada la demanda, el actor solicita se le repare lo que considera el daño sufrido por haber estado privado de su libertad en lo que considera una forma injusta, ya que a la postre y tal como fuera dicho más arriba, fue absuelto de culpa y cargo.

Ahora bien, sin perjuicio de los variados argumentos vertidos en la demanda, entiendo que la acción no puede prosperar.

Y es que he de adelantar que sobre el tema y para este caso de tan particulares ribetes, considero que resulta de plena aplicación la doctrina que emana de la copiosa jurisprudencia del cimero tribunal provincial.

Así, tiene dicho la Suprema Corte de Justicia (en consonancia con la interpretación que realiza la Corte Suprema de Justicia de la Nación), que la indemnización por la privación de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida automáticamente a consecuencia de la absolución, sino solamente cuando el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario.

Esto es, la indemnización no procede cuando elementos objetivos hayan llevado al juzgador al convencimiento -relativo atento tratarse de una medida cautelar- de que medió un delito y de que existe posibilidad cierta de que el imputado sea su autor (Fallos 318:1990, 326:820 y 314:1668).

Es que tal como se desprende de la causa penal ya analizada, la absolución del imputado se debió a una interpretación específica del tipo penal que realizó el tribunal actuante, debiendo destacarse que tal facultad resulta ser absolutamente privativa del juzgador.

Por otro lado -y sin adentrarme al análisis promenorizado del auto de prisión preventiva, ya que este cuenta con la calidad de cosa juzgada- encuentro que al momento de dictarse la cautelar cuestionada estaban dadas las condiciones para su dictado.

Ello se evidencia por el propio reconocimiento del Sr. Espíndola en la comisión del hecho así como en las pruebas médicas anejadas y en la constatación de la edad de la menor Ayelén Gamboa, todo lo cual fue constatable al inicio del proceso.

Más aún, así ha de haberlo considerado el tribunal actuante en la causa penal ya que no se expidió sobre la irrazonabilidad del auto de prisión preventiva, antes bien, su análisis estuvo dirigido a explicar que en este caso en particular no encontraba configurado un daño al bien jurídico integridad sexual de la menor dado el resultado de la prueba pericial psiquiatrica realizada al imputado y la sensación de culpa que demostró tener la víctima tanto en el transcurso del proceso como durante el debate.

Ahora bien, para arribar a tal conclusión, se requirió de la producción de prueba que conlleva un plazo de tiempo, el que para el caso en particular, no considero excesivo.

En ese sentido tiene dicho la jurisprudencia que la sentencia absolutoria no implica necesariamente descalificar la prisión preventiva adoptada contra el procesado, cuando está basada en la existencia de semiplena prueba o indicios vehementes para creerlo responsable del hecho imputado, circunstancia que tal como apuntara más arriba, se encuentra verificada en autos.

Así se ha dicho: "La prisión sufrida por el recurrente fue resuelta en la instancia ordinaria al haberse dado los presupuestos necesarios para ello, dentro de la regularidad del proceso penal, en la etapa correspondiente, conforme a las normas de aplicación y se mantuvo hasta su excarcelación, con independencia del resultado del proceso, por lo que resulta perfectamente aplicable al caso la jurisprudencia que el aquo ha citado como base de sus argumentaciones.

No puede proceder la acción de daños y perjuicios derivados de una prisión preventiva dictada legítimamente con sustento lógico aunque la sentencia condenatoria haya sido motivo de un recurso extraordinario de nulidad acogido por una falla técnica.

En el auto de procesamiento (...) con fundamentos suficientes el juez tuvo por configurados la semiplena prueba y los indicios vehementes como requisitos para el dictado del mismo" (del voto del Dr. Negri que configuró la mayoría en el Fallo C 79.211 en autos "Torres Juan Antonio c/ Provincia de Buenos Aires s /daños y perjuicios"), sentencia del 16/06/2003).

Y también ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en un fallo de reciente data: "Cierto es que, conforme ha dicho esta Corte, sería posible el reconocimiento del derecho a ser indemnizado por la privación de la libertad durante el proceso. Pero dicho resarcimiento no corresponde automáticamente, sino sólo cuando el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente arbitrario, mas no cuando elementos objetivos hayan llevado al juzgador al convencimiento -relativo, obviamente, dada la etapa del proceso en que aquél se dicta- de que medió un delito y de que existe posibilidad cierta de que el imputado sea su autor (conf. doct. causa C. 100.637, sent. del 10-XII-2008)." (del voto de la Dra. Kogan en Fallo C 109036 en autos Resumil Eduardo Jose c/ Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios sentencia del 3/04/2014 publicado en Infojuba nº 107 de Mayo de 2014).

En el mismo sentido se ha expresado el Dr. Hitters en el fallo citado al decir: "He señalado al emitir mi voto en la causa C. 98.844 (sent. del 29-VI-2011) que en relación a la responsabilidad del Estado derivada del dictado del auto de prisión preventiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado (causa P. 1606. XLII., "Putallaz, Víctor Orlando c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia de la Nación", sent. del 23 de marzo de 2010, con remisión al dictamen de la Procuración General) que "la indemnización por la privación de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida automáticamente a consecuencia de la absolución sino únicamente cuando el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario, mas no cuando elementos objetivos hubiesen llevado a los juzgadores al convencimiento -relativo, obviamente, dada la etapa del proceso en que aquél se dicta- de que medió un delito y de que existe probabilidad cierta de que el imputado sea su autor ("Fallos": 327:1738 y sus citas; 328:4175; 329:3806, 3894, entre otros)". Puntualizó entonces, que "no corresponde resarcimiento alguno cuando la prisión preventiva dispuesta proviene de una razonable apreciación -por parte del juez competente- de la situación del detenido".

Por otro lado, y en orden a la imputación de responsabilidad sindicada por el actor por los actos lícitos del estado provincial el magistrado expresó: "En efecto, ese órgano, al expedirse en la causa "Balda" (Fallos: 318:1990, opinión que ha sido reiterada en las causas "López", Fallos: 316:602, y "Robles", Fallos: 325:1855-), donde se perseguía una indemnización como consecuencia del dictado de la prisión preventiva en un proceso que concluyó con la absolución del detenido, dejó sentado que "tampoco se podría responsabilizar al Estado por su actividad lícita, pues los actos judiciales son ajenos por su naturaleza a este tipo de resarcimiento. La doctrina y la jurisprudencia, ante la ausencia de expresas disposiciones legales, han modelado la responsabilidad del Estado por actos lícitos como un modo de preservar adecuadamente las garantías constitucionales de la propiedad y la igualdad jurídica. Es que, como esta Corte ha sostenido, cuando esa actividad lícita, aunque inspirada en propósitos de interés colectivo, se constituye en causa eficiente de un perjuicio para los particulares -cuyo derecho se sacrifica por aquel interés general- esos daños deben ser atendidos (Fallos: 301:403; 305: 321; 306:1409; 312: 1656). De tal manera, a la vez que se asegura a las ramas legislativa y ejecutiva la gerencia discrecional del bien común, se tutelan adecuadamente los derechos de quienes sufren algún perjuicio con motivo de medidas políticas, económicas o de otro tipo, ordenadas para cumplir objetivos gubernamentales que integran su zona de reserva (Fallos: 301:403). En cambio, como es notorio, dichos fundamentos no se observan en el caso de las sentencias y demás actos judiciales, que no pueden generar responsabilidad de tal índole, ya que no se trata de decisiones de naturaleza política para el cumplimiento de fines comunitarios, sino de actos que resuelven un conflicto en particular. Los daños que puedan resultar del procedimiento empleado para resolver la contienda, si no son producto del ejercicio irregular del servicio, deben ser soportados por los particulares, pues son costo inevitable de una adecuada administración de justicia (causa R. 89.XXIV, antes citada)" (considerando 9).



Teniendo en cuenta los argumentos vertidos, es que considero que la acción impetrada no puede prosperar.

III.- En cuanto a la cuestión atinente a las costas, estimo prudente distribuirlas por su orden.

Ello en función de la facultad que me acuerda el art. 51 inc. 1º CCA (texto según ley 14.437) en cuanto dice: "El pago de las costas estará a cargo de la parte vencida en el proceso. Sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente del pago de las costas al vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad" (el subrayado me pertenece).

Y es que atento las singulares circunstancias configuradas en la causa penal "supra" reseñadas, el accionante pudo considerarse asistido de derecho para reclamar como lo hizo.

Por las consideraciones recientemente expuestas, RESUELVO:

I.- Rechazar la demanda incoada por Julio Cesar Espíndola contra la Provincia de Buenos Aires.

II.- Imponer las costas por su orden (art. 51 inc. 1º texto según ley 14.437).

III.- Regular los honorarios de los letrados por la labor desarrollada en autos, de conformidad con lo normado por los arts. 1, 10, 14, 15, 16, 21, 23, 44, 51 y concordantes del decreto ley 8904/77. En consecuencia se regulan de la letrada patrocinante de la parte actora Dra. Diana Paola Ventura (Tº XVI Fº 34 CASM) en la suma de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800.-) y del letrado apoderado de la parte actora Cesar Héctor Dimotta (Tº VII Fº 417 CASM) en la suma de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800.-) con más los aportes de ley e IVA si correspondiere (arts. 1, 2, 15, 16, 21, 51 y 54 del decreto ley 8904/77).

Asimismo se regulan los honorarios de los letrados apoderados de la parte demandada Dres. Maria Martha Aguirre (Tº XXXIXFº 104 CALP) y Facundo Santana (Tº IV Fº 348 CASM) en la suma de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800.-) y de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800.-) respectivamente, con más los aportes de ley e IVA si correspondiere (arts. 1, 2, 15, 16, 21, 51 y 54 del decreto ley 8904/77),



IV.- Regular asimismo los honorarios por la labor desarrollada por la perito psicóloga en autos. En consecuencia, se regulan los honorarios de la psicóloga Nancy Gisela Gianonne en la suma de pesos DOS MIL NOVECIENTOS ($ 2.900.-) con más el 10 % de aportes de Ley e IVA si correspondiere (art. 40 inciso c) Ley 12163 texto según Ley 14054).-

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE por Secretaría y OPORTUNAMENTE ARCHIVESE.


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje