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En su Título Primero, Capítulo II intitulado "De los Mexicanos", la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos custodia y tutela la nacionalidad mexicana


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José Tomás Lozano y Pardinas Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante este pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de Decreto que modifica, deroga y adiciona el Artículo 32 Constitucional vigente al tenor de la siguiente:


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En su Título Primero, Capítulo II intitulado “De los Mexicanos”, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos custodia y tutela la nacionalidad mexicana. Siendo así que el artículo 31 Constitucional enumera las obligaciones, el artículo 32 enumera los derechos de quienes posean en exclusiva la nacionalidad mexicana con exclusión de otra cualquiera.


De esta manera nuestro orden jurídico constitucional, hace referencia al derecho de preferencia o de exclusividad que ha estado presente desde sus orígenes en todos los Estados nacionales del mundo.
Tal prerrogativa que va implícita en el concepto de nacionalidad y que se atribuye IPSO JURE a quienes la poseen ha tenido como razón fundamental de su existencia la custodia y seguridad de la Soberanía del Estado.
Los instrumentos de poder político tales como las fuerzas armadas y los puestos claves de la infraestructura del transporte aéreo, terrestre o marítimo, así como en la administración pública han quedado reservados a los nacionales en virtud de su fidelidad y su obligación de velar por su Patria, obligación que no recae en los extranjeros.

En función de custodiar la Soberanía del Estado es de la exclusiva incumbencia de los nacionales sobre quienes no lo son integrarse a formar parte de esos factores del ejercicio del poder político que constituyen el factor del poder real, de legítima coerción y defensa de un estado Soberano.


De lo anterior creemos conveniente dar algunos conceptos en el Derecho Constitucional Mexicano.

CONCEPTOS DE NACIÓN Y NACIONALIDAD EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO.
No escapa a nadie la relación semántica que existe entre los conceptos de Nación y Nacionalidad. Existe también una relación conceptual entre los conceptos de nacionalidad y el de extranjería. Ambas categorías se excluyen a la vez se complementan, se definen y se delimitan al excluirse.
Aunado a lo anterior los conceptos de nacionalidad y el de extranjería son de orden social antes que jurídico.
Ya entre los Griegos y los Romanos existía el concepto de Nacionalidad, si bien dicho concepto no trascendía los límites de la –POLIS- ciudad y solo a los ciudadanos romanos correspondía el Jus Honorum y el Jus Sufraggi.
Se ha señalado a la nacionalidad como el vínculo jurídico que une a un ser humano a una comunidad política y algo muy importante por extensión del concepto podemos hablar también de la nacionalidad de una sociedad privada.
En la actualidad la idea jurídica de Nación enlaza dos conceptos: Pueblo-dato social y Estado-dato político.
Nacionalidad mexicana significa pues pertenencia al pueblo mexicano organizado en el Estado.
El vínculo jurídico o mejor los vínculos jurídicos que constituyen el Estado Político de la nacionalidad representan un doble aspecto: Por una parte son vínculos de integración del Estado Mexicano, en quien reside originalmente la Soberanía (art. 39 de la Constitución), son parte integrante del Estado Mexicano, de la fuerza del poder estatal y a la vez se encuentran sometidos a ella como destinatarios del orden jurídico establecido por el Estado, en tanto que los extranjeros si bien forman parte de la población que habita el territorio nacional, no están incorporados al pueblo de México titular de la Soberanía de la Nación.
En el espíritu del artículo 32 y del constituyente de Querétaro queda implícito que el del extranjero es más bien un vínculo de subordinación más no de integración al poder estatal.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CONSTITUCIONALES

Remitiéndonos a los primeros Estados históricamente reconocidos como tales encontramos que en el Imperio Romano, el Código de Justiniano ya reservaba a los Patricios con exclusión de otro cualquiera el derecho de ocupar y ejercer cargos públicos.


A principios del siglo XIX la Constitución Española de Cádiz Promulgada el 19 de marzo de 1812, ley fundamental de las todavía colonias españolas en su art. 23 contempla:
Solamente los que sean ciudadanos podrán obtener empleos municipales y elegir para ellos los cargos señalados por la Ley.
En la misma línea de doctrina encontramos que el libertador insurgente Generalísimo JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN establece en sus SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, antecedentes directos de la Constitución de Apatzingán, en el punto nueve:
Que los empleos los obtengan solo los nacionales.
Igualmente, Ignacio López Rayón en los elementos constitucionales promulgados por la junta de Zitácuaro en 1811 establece que:
Todo extranjero que quiera disfrutar los privilegios de ciudadano mexicano deberá solicitar Carta de Naturalización a la Suprema Junta.
Al establecimiento de la República el General Insurgente Guadalupe Victoria, primer Presidente de México, promulga la Constitución de Octubre de 1824, quedando en ella establecido el principio de referencia a favor de los nacionales.

EL ARTÍCULO 32 CONSTITUCIONAL EN EL CONSTITUYENTE DE 1857.
El siglo XIX se caracteriza por dos grandes acontecimientos de orden político-militar que dan origen, el primero de ellos al surgimiento de México como Nación independiente, libre y Soberana. El segundo de ellos implica las frecuentes guerras de intervención extranjera que acabaron despojando a la naciente República de más de dos veces la totalidad de su actual territorio.
Por las anteriores razones de orden político-social, el constituyente de 1857 retoma el principio de preferencia a favor de los nacionales, prácticamente sin modificación alguna, estableciéndolo así el art. 32 de la Constitución de 1857.


EL SIGLO XX

Concluida la Revolución Mexicana la Nación enfrenta el reto de reinstaurar el orden constitucional y restablecer la armonía pérdida entre las instituciones y el Estado o el municipio.


En suma de restaurar el FEDERALISMO para, una vez silenciados los frentes de combate y sepultadas las luchas fratricidas, establecer con la suma de las partes la fortaleza del todo.
A ello se aboca el primer Congreso Constituyente del Siglo XX.
A semejanza de sus hermanas repúblicas latinoamericanas se inicia en el constituyente de Querétaro una apertura en cuanto al principio de preferencia a favor de los nacionales en materia de transporte marítimo.
El ameritado general revolucionario y diputado Cándido Aguilar fundamenta la iniciativa para aperturar el transporte marítimo a tripulaciones extranjeras, haciendo notar con gran acierto su potencialidad marítima, la bondad de su posición geográfica y la extensión de sus costas.
Agrega el General Cándido Aguilar en su proyecto de iniciativa que el requisito de mexicano por nacimiento se exigía en la marina mercante a los capitanes, a los patronos y sobre cargos, así como a los dos tercios de marinos que forman la tripulación, pudiendo la tercera parte restante estar integrada por extranjeros.
Termina su iniciativa el General y Diputado Cándido Aguilar con la expresión:
“El amor a la Patria brota de los vínculos de la sangre, nace y se robustece en el hogar con los sentimientos de cariño que ligan al hombre a la tierra que lo vio nacer”.
POR UNANIMIDAD DE LOS 139 DIPUTADOS PRESENTES AL CONGRESO CONSTITUYENTE DE QUERÉTARO, LA INICIATIVA DEL GENERAL CÁNDIDO AGUILAR FUÉ APROBADA EN LA SESIÓN DEL 10 DE ENERO DE 1917.
De esta forma el artículo 32 Constitucional queda redactado en la siguiente forma:
Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones del Gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. En tiempo de paz ningún extranjero podrá servir en el ejército ni en las fuerzas de policía o seguridad pública.
Para pertenecer a la marina nacional de guerra y desempeñar cualquier cargo o comisión de ella, se requiere ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones y primeros maquinistas de los buques mercantes mexicanos, debiendo tenerla además los que compongan las dos terceras partes de la tripulación.
Al avanzar el siglo XX una nueva etapa de alianzas bélicas, esta vez de orden mundial previas a la mayor convulsión político-militar de este siglo, viene a delimitar los campos económicos y a cortar de tajo la integración de zonas comerciales.

NEUTRALIDAD Y BELIGERANCIA EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
EN LA PRÁCTICA EN DICHO CONFLICTO BÉLICO, LA CALIDAD DE BUQUE MERCANTE NEUTRAL DESAPARECE, YA QUE A PESAR DE LOS CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES, LOS BANDOS CONTENDIENTES CONSIDERAN BELIGERANTES A LOS MERCANTES DE PAÍSES NEUTRALES que prestan servicio a países de bando contrario, considerándolos presas de guerra.
Asimismo, el transporte marítimo mundial se vio afectado, ya que cualquier producto transportado por mar paso a ser considerado por los bandos contendientes como material bélico o estratégico.
A consecuencia de lo anterior, el Congreso de la Unión modifica a través de dos sucesivas reformas la apertura establecida por el Constituyente de 1917 a favor de tripulaciones extranjeras en naves y aeronaves mercantes mexicanas, cerrándolas totalmente a tripulaciones extranjeras.
Dichas reformas, establecidas por el Congreso de la Unión fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1934 y el 10 de febrero de 1944.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, las aguas vuelven a su cauce.
Imperios y alianzas político militares y bloques geoestratégicos han desaparecido, cediendo su lugar a la integración de bloques comerciales y zonas económicas.
El fin de extensos imperios coloniales trae aparejado el surgimiento de nuevas naciones.
La producción industrial de los países beligerantes es ahora canalizada a satisfacer la demanda comercial.
A lo anterior se suma la conversión de extensos países, antes exclusivamente agrícolas a la producción industrial con fines comerciales.

COMIENZA LA INTEGRACIÓN COMERCIAL DEL PLANETA.
La integración comercial internacional tiene como principal protagonista a la marina mercante, es decir al transporte por vía marítima de mercancías.
Más del 80% del flujo de mercancías entre continentes se realiza por vía marítima, es así que el transporte marítimo se incrementa en número y tonelaje, pero al mismo tiempo su costo por tonelaje disminuye drásticamente en proporciones nunca vistas.
La aparición del contenedor, buques graneleros y portacontenedores, así como nuevas tecnologías de carga y descarga en la infraestructura marítima y portuaria elevan aún más su importancia dentro del sector transporte a nivel mundial.

MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL DE LA MARINA MERCANTE.
Lo anterior ocasiona la formación de un nuevo marco jurídico internacional en materia de marina mercante de altura.
Sucesivos convenios internacionales en materia de marina mercante, así como la formación de organismos internacionales encargados de verificar, capacitar y salvaguardar la normatividad internacional en las diversas áreas de la navegación y el comercio marítimo, han contribuido a establecer en concordancia y actualidad con las legislaciones nacionales de los países marítimos un nuevo marco internacional a la marina mercante de altura.
A este cuadro no escapa la normatividad sustentada en convenios internacionales en materia de contratación laboral del marino mercante de altura, su capacitación y formación, merced a la normatividad y supervisión de orden internacional hacen que un amplio horizonte laboral se presente ante la marina mercante.

MARCO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE.
Desafortunadamente en nuestro caso dichas expectativas se ven coartadas por el marco jurídico vigente.
Nuestro orden jurídico constitucional, como parte fundamental del orden jurídico general, en materia de marina mercante no responde ya a los principios de actualidad y eficacia que todo orden jurídico debe tener.
Se ha perdido la actualidad de la norma jurídica en el orden constitucional en materia de marina mercante de altura.
Eficacia y actualidad son requisitos indispensables de todo orden jurídico vigente. De igual forma que la vigencia de una norma jurídica debe ser actualizada para ser eficaz.
Y la realidad actual del transporte marítimo es que este forma parte de una cada vez más compleja integración comercial y económica a nivel mundial.
La marina mercante como motor principal del comercio internacional no puede ser ajena a las leyes del mercado: la oferta y la demanda.
Por otra parte, el mercado marítimo laboral se rige en gran parte por los servicios marítimos al amparo de banderas de conveniencia. Es así que en dicho mercado la oferta y la demanda laboral juegan un papel cada vez más importante. Como resultado de lo anterior se ha venido dando gradualmente un abatimiento de los costos operativos y comerciales a nivel mundial.
Como Nación México no puede permanecer al margen de la integración y apertura a nivel internacional de la marina mercante de altura. Hacerlo así sería condenar a nuestro incipiente transporte marítimo internacional a la extinción por falta de competitividad comercial y laboral.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO EL SUSCRITO DIPUTADO FEDERAL JOSÉ TOMÁS LOZANO Y PARDINAS PROPONE A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN LA SIGUIENTE INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA, DEROGA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 32 CONSTITUCIONAL VIGENTE PARA QUEDAR COMO SIGUE:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO: Se modifica, deroga y adiciona el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

ARTÍCULO 32
La Ley regulara el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.
El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.
En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento.
Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier aeronave o embarcación dedicada al tráfico de cabotaje nacional que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo.
Para el caso de embarcaciones dedicadas al tráfico de altura que se amparen con la bandera o insignia mercante mexicana, se requerirá que el capitán y el jefe de máquinas sean de nacionalidad mexicana, sumándose a estos el número necesario de tripulantes nacionales, hasta completar el mínimo requerido del 25% de tripulantes mexicanos.
Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano.
ARTÍCULO SEGUNDO: Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Constituyente Nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2003.



Así lo acuerdan y firman:
José Tomás Lozano y Pardinas.


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