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En Madrid, a veintiséis de septiembre de 2002


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CONVENIO

En Madrid, a veintiséis de septiembre de 2002.



REUNIDOS


De una parte, el Excmo. Sr. D. Francisco José Hernando Santiago, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, en representación del Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con el Acuerdo Plenario de fecha cinco de junio de 2002.
De otra parte, el Excmo. Sr. D. José María Michavila Núñez, Ministro de Justicia, en representación del Ministerio de Justicia.
Y de otra parte, el Excmo. Sr. D. Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en representación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

EXPONEN



I) La violencia doméstica constituye uno de los problemas más acuciantes de la sociedad actual. En este sentido, las cifras demuestran que la violencia doméstica sigue muy arraigada y el número de víctimas mortales como consecuencia de la misma no se reduce, aunque las denuncias por malos tratos aumenten.
II) El grave problema de la violencia doméstica motivó que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 21 de marzo de 2001, aprobase la “Guía práctica de actuación contra la violencia doméstica”, en la que se recogían de manera sistematizada los criterios de actuación jurisdiccional previstos en la legislación vigente, a fin de potenciar la eficacia de los órganos jurisdiccionales en esta materia, partiendo del respeto a la plena independencia de dichos órganos para ejercer su función dentro del marco previsto en la Constitución y en las leyes.
III) El Consejo de Ministros, en su reunión del día 11 de mayo de 2001, aprobó el “II Plan de Acción contra la violencia doméstica”, con una vigencia hasta el año 2004. En el referido Plan, y dentro de su área de actuación 2ª, relativa a “medidas legislativas y procedimentales”, se contempla con el ordinal 10 la siguiente: “Proponer y colaborar con el Consejo General del Poder Judicial para realizar un seguimiento de los procesos iniciados por malos tratos y las Sentencias dictadas por los Tribunales desde la aprobación de las modificaciones del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.



IV) El Instituto de la Mujer es el Organismo de la Administración General del Estado que tiene asignada la competencia de impulsar y coordinar las actuaciones previstas en el Plan de acción contra la violencia doméstica. El Consejo General del Poder Judicial, si bien no intervino en la elaboración del Plan de acción contra la violencia doméstica, asume y hace suya la propuesta transcrita en el exponente que precede.
Reconociéndose las partes intervinientes la capacidad suficiente para suscribir el presente Convenio,

ACUERDAN



PRIMERO.- Constituye el objeto del presente Convenio la colaboración mutua a los efectos establecidos en el exponente III), acordándose que el seguimiento de los procesos y sentencias a que se refiere dicho exponente debe arrancar desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de protección de víctimas de malos tratos.
SEGUNDO.- A los efectos expuestos se constituye una Comisión que, con la denominación de “Observatorio sobre la Violencia Doméstica”, estará integrada de la siguiente manera:

- El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, quien ejercerá la Presidencia de la Comisión.

- El Ministro de Justicia.

- El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.



- Dos Vocales del Consejo General del Poder Judicial.
El Presidente del Consejo General del Poder Judicial podrá delegar su asistencia a la Comisión en el Vocal del Consejo General del Poder Judicial que designe, sin perjuicio de la asistencia de los otros dos Vocales del Consejo que la integran.
En el caso de inasistencia del Presidente, la presidencia de la Comisión será ejercida por el miembro de la misma que aquél designe.
Los Ministros de Justicia y de Trabajo y Asuntos Sociales podrán delegar su asistencia a la Comisión en titulares de cargos de sus respectivos Departamentos con rango, al menos, de Director General.
Ejercerá las funciones propias de la Secretaría de la Comisión, con voz pero sin voto, un Letrado del Consejo General del Poder Judicial.
El funcionamiento de la Comisión se ajustará a las previsiones que, respecto de los órganos colegiados, se contienen en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La sede de la Comisión será la del Consejo General del Poder Judicial y sus reuniones tendrán una periodicidad, al menos, bimestral.

TERCERO.- A las reuniones del Observatorio podrán incorporarse, con voz pero sin voto, cuando la mayoría de sus miembros lo estime conveniente:



  • Uno o más miembros de la Carrera Judicial, de los que necesariamente uno habrá de ser Magistrado del Tribunal Supremo, designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial o, en su caso, por su Presidente con posterior ratificación por el Pleno.

  • Un Fiscal, designado por el Fiscal General del Estado.

  • Un Abogado, designado por el Consejo General de la Abogacía Española.

  • Una persona representante del Instituto de la Mujer.

  • Un representante del colectivo de Asociaciones de personas afectadas por la violencia doméstica designada por aquéllas o, en su caso, por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

  • Otras personas físicas o representantes de personas jurídicas, en especial del colectivo de mujeres maltratadas, cuya asistencia a las reuniones de la Comisión se estime conveniente.



CUARTO.- El Observatorio a que se refiere la cláusula segunda tendrá como fines los siguientes:


  1. Recibir cuantas resoluciones judiciales sean dictadas por los Juzgados y Tribunales en asuntos relativos a la violencia doméstica, que se cursarán al Observatorio a través del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).




  1. Analizar las resoluciones judiciales que en los referidos procesos se dicten.




  1. Elaborar, a la vista del seguimiento de los procesos relativos a la violencia doméstica y del examen de las resoluciones judiciales que en esta materia se dicten, las correspondientes propuestas de actuación, incluidas las sugerencias legislativas que se estimen convenientes, que se dirigirán a los órganos competentes por razón de la materia.




  1. El seguimiento de la aplicación y, en su caso, la actualización de la Guía práctica de actuación contra la violencia doméstica reseñada en el exponente II) de este Convenio.




  1. Establecer criterios para que la estadística judicial permita hacer un seguimiento de los procesos relacionados con esta materia.




  1. Proponer cursos de especialización en materia de violencia doméstica dirigidos principalmente a los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, interviniendo mediante las sugerencias oportunas en la configuración del contenido de dichos cursos.




  1. Analizar, impulsando en su caso la realización de los correspondientes estudios y encuestas, la realidad sociológica del fenómeno de la violencia doméstica. La difusión de sus resultados podrá realizarse mediante ediciones en colaboración de los organismos firmantes cuando resulten de interés para ellos.




  1. Estudiar la conveniencia de que Consejo General del Poder Judicial ejerza, en su caso, la competencia prevista en el artículo 98.1 de la LOPJ, a fin de que determinados Juzgados asuman con carácter exclusivo el conocimiento de los asuntos que versen sobre violencia doméstica.




  1. Informar sobre el contenido de Convenios y Protocolos que en materia de violencia doméstica suscriban las instituciones firmantes.




  1. Recabar de los Juzgados, Tribunales y Órganos de Gobierno del Poder Judicial información sobre las medidas adoptadas en el curso de los procedimientos sobre violencia doméstica.




  1. Facilitar anualmente al Observatorio de Igualdad entre mujeres y hombres del Instituto de la Mujer información sobre las actuaciones realizadas.



QUINTO.- El Consejo General del Poder Judicial, a través del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), suministrará al Observatorio sobre la violencia doméstica copias de cuantas resoluciones judiciales obren en su poder recaídas en el período a que se refiere la cláusula primera y de aquellas otras que en lo sucesivo reciba. Las resoluciones citadas se suministrarán respetando la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

SEXTO.- El presente Convenio tendrá vigencia indefinida, si bien cualquiera de las partes firmantes podrá denunciarlo con, al menos, una antelación de dos meses, sin perjuicio de la finalización de aquellas actividades que se hubiesen acordado a su amparo, salvo que otra cosa se decida de común acuerdo.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por triplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados.


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