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Elizabeth sarmiento robles corte suprema de justicia sala de casaci


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Tutela Impugnación 25.981

ELIZABETH SARMIENTO ROBLES




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

MAGISTRADO PONENTE

ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN


APROBADO ACTA No. 56

Bogotá, D. C., trece (13) de junio del dos mil seis (2006).



ASUNTO

La Sala resuelve la impugnación formulada a través de apoderado judicial por la señora Elizabeth Sarmiento Robles contra el fallo de 3 de abril de 2006, mediante el cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla negó la tutela interpuesta contra el Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional.



ANTECEDENTES



1. Hechos
El 26 de noviembre de 2005, la actora, en calidad de cónyuge supérstite, formuló a través de apoderado judicial un derecho de petición ante el accionado, -que fue remitido por correo a través de la empresa Envía-, con el objeto de solicitar el pago de las prestaciones sociales adeudadas al señor Rafael José Mercado Zapata, fallecido el 26 de noviembre de 1994, sin que a la fecha de interposición de la tutela se hubiera dado respuesta a lo solicitado.
Para el efecto aporta copia del recibo de envío respectivo y del derecho de petición.
2. Respuesta de la entidad accionada
El Director de Prestaciones Sociales dice que remitió la acción de tutela al Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, por ser competente para conocer de la misma, pues para la época de los hechos eran ellos los que reconocían las prestaciones sociales.
Por su parte, el Coordinador del Grupo de Prestaciones Sociales de la cartera accionada explica que verificado el sistema de imágenes ópticas SIDEIM no figura antecedente alguno a nombre del señor Rafael José Mercado Zapata. Igualmente, que al revisar el registro de la correspondencia recibida en el Grupo de Prestaciones Sociales de la Dirección Administrativa del Ministerio, no figura registro de recibo de la solicitud para el mes de noviembre.

LA SENTENCIA IMPUGNADA

Niega la protección del derecho reclamado, porque la actora no acreditó que la petición remitida por medio de una empresa de mensajería hubiera sido recibida por el accionado, lo cual se corrobora con la respuesta dada por éste en el que informa que revisados sus archivos no figura antecedente alguno al respecto.



IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión con el objeto de probar los hechos expuestos en la acción de tutela y contradecir el informe rendido por el accionado. Para el efecto, aportó copia de:


i) Un certificado de información laboral, de 27 de octubre de 2005, expedido por el Ministerio de Defensa Nacional en relación con la vinculación del señor Mercado Zapata a la entidad (se advierte que el accionado invirtió el orden de sus apellidos, pero coincide con el número de la cédula de ciudadanía).
ii) Del escrito de mensajería, con sello de recibido del ministerio accionado, con fecha 28 de noviembre de 2005.

CONSIDERACIONES



1. Problema jurídico a resolver
Conforme con los hechos narrados, la Sala Penal debe determinar si, como lo afirma la actora, su derecho de petición fue vulnerado por la entidad accionada al no dar respuesta a la solicitud de pago de prestaciones sociales remitida mediante una empresa de mensajería el 26 de noviembre de 2005.
2. Procedencia de la acción de tutela por vulneración del derecho de petición.
La Corte Constitucional ha sido consistente en establecer que el derecho de petición se vulnera cuando la respuesta a la respectiva solicitud carece de uno cualquiera de los siguientes requisitos:
i) Oportunidad.
ii) Claridad.
iii) Precisión.
iv) Congruencia con lo solicitado.
v) Que sea de fondo.
vi), Que sea puesta en conocimiento del peticionario1.
Concretamente, el primer requisito hace alusión a que el derecho de petición debe ser resuelto dentro de la oportunidad legal. Por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo, que señala 15 días para resolver. Si no es viable, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto, y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación, dependiendo del grado de complejidad de la petición.
En el caso que ocupa la atención de la Sala, se trata de una petición elevada por la cónyuge supérstite del señor Mercado Zapata ante la Dirección de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa con el objeto de obtener el pago de las prestaciones sociales causadas y no pagadas con ocasión de los servicios prestados por éste entre el 4 de febrero de 1982 y el 10 de abril de 1988.
Dicha petición fue remitida el 26 de noviembre de 2005 por el apoderado constituido para tal fin, por intermedio de una empresa de mensajería. No obstante, el Ministerio en el informe rendido en sede de tutela manifiesta que ni en el archivo de correspondencia del mes de noviembre de 2005 aparece registro del derecho de petición, ni en el sistema de imágenes ópticas SIDEIM existe registro alguno sobre el señor Rafael José Mercado Zapata.
El A quo, con base en el material probatorio obrante en el proceso y el informe rendido por el accionado, negó el amparo porque no se encontraba acreditado que la petición hubiera sido recibida por el Ministerio.
Sin embargo, con la impugnación se aportaron los documentos necesarios para acreditar que efectivamente el Ministerio había recibido la petición que manifestó desconocer (copia del recibo de Envía con sello de recibido del Ministerio de Defensa de 28 de noviembre de 2005 y certificado de información laboral del causante de 27 de octubre de 2005)2, situación que hace evidente la vulneración del derecho de petición de la accionada, pues han transcurrido más de 6 meses sin que se obtenga respuesta alguna a lo solicitado.
Al respecto, importa destacar que al observar el certificado de información laboral expedido por el accionado de 27 de octubre de 2005, se advierte que probablemente la verificación de la información realizada por él para dar respuesta a esta acción fue incorrecta porque al parecer existe un error en la base de datos del sistema SIDEIM, ya que es evidente que los apellidos del causante se encuentran invertidos.

Así las cosas, se percibe una franca desorganización, cuyas consecuencias no pueden ser cargadas a la peticionaria porque claramente se contraría el principio de eficacia de las actuaciones administrativas. Por ésta razón, la Sala considera que es deber del accionado, adecuar su base de datos de información para que su consulta sea eficiente y pueda brindarle una pronta respuesta a la actora, para lo cual declarará la procedencia de la presente acción de tutela y ordenará que en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, brinde una contestación de fondo, clara y precisa sobre el derecho al pago de las prestaciones sociales adeudadas al señor Rafael José Mercado Zapata.


En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

Primero. Revocar la sentencia impugnada y en su lugar conceder el derecho fundamental de petición de la señora Elizabeth Sarmiento Robles.


Segundo. Ordenar al accionado que en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia entregue una respuesta de fondo, clara y precisa sobre el derecho al pago de las prestaciones sociales adeudadas al señor Rafael José Mercado Zapata.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para la eventual revisión de esta sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MAURO SOLARTE PORTILLA

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO O. PÉREZ PINZÓN

MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE L. QUINTERO MILANÉS

YESID RAMÍREZ BASTIDAS JAVIER ZAPATA ORTIZ

TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria




1 Sentencias T-377 de 2000, T-1089 de 2001 y T-1160A de 2001.

2 Ver folios 40-42 del cuaderno principal.




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