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El registro publico de la propiedad y el registro nacional de testamentos


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LIC. DAVID FIGUEROA MARQUEZ

NOTARIO

EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL REGISTRO NACIONAL DE TESTAMENTOS
Hablar sobre el Registro es hacer referencia necesaria a la anotación, o toma de razón, de ciertos actos o hechos que pueden tener relevancia para determinadas personas o para una comunidad, en general, de manera que su anotación o registro, deje constancia del suceso o de la voluntad expresada, no sólo para su recuerdo sino, primordialmente, para su difusión, de modo que el acontecimiento o el acto sean del conocimiento de aquellos que o no lo presenciaron o no intervinieron en su celebración, en otras palabras, para la publicidad del mismo; publicidad que adquiere el calificativo de jurídica, cuando el hecho o acto es de igual naturaleza.

En el universo de los Registros, encontramos muchos y muy variados, pero todos con un denominador común, esto es, la Publicidad, a grado tal que autores, como Montoro Puerto, consideran que no existe distinción entre ellos, todos son lo mismo, puesto que obedecen a causas comunes, “son expresión de una actividad de la Administración y están mediatizados por la idea de publicidad”.


Pero la Publicidad no sólo es dar a conocer lo inscrito o anotado, sino buscar que con la inscripción o anotación se generen efectos y así, para José María Chico y Ortiz, la Publicidad puede ser concebida como simple hecho, es decir, Publicidad Noticia, o como generadora de consecuencias jurídicas, esto es, Publicidad Efecto; correspondiendo a la primera las anotaciones en algunos Registros como el de Inversión Extranjera, y a la segunda, las anotaciones o inscripciones que se realizan en algunos otros como el Registro de la Propiedad, que buscan brindar seguridad y certeza al tráfico jurídico; esto es, a los actos que consignan los diferentes modos de adquirir, transmitir o perder la propiedad y no sólo la de inmuebles (como se concibió en principio por la necesidad de precisar quién era el dueño de un bien raíz o de un derecho sobre él constituido, así como cuáles y cuántos eran los gravámenes o responsabilidades que afectaban a la finca), sino también la de muebles (como la hipoteca sobre buques y aeronaves, o los derechos de prenda sobre bienes que no quedan en poder del acreedor); con lo que la distinción de los bienes en inmuebles y muebles (por la cualidad física de transportación y desplazamiento fácil de los segundos y no así de los primeros) que siempre fue considerada la “summa divisio” del derecho de cosas, cede su lugar a la división de los bienes en registrables y no registrables, con lo que se provoca que el ámbito del Registro Público de la Propiedad crezca a grado tal que autores, como Carral y de Teresa, consideran la existencia de: La “Teoría General del Registro Único, en el que se incluirían los Registros de Patentes y Marcas, el Registro Civil, el Registro Mercantil y cuantos otros existieran o se crearen” como, por ejemplo, el Registro de Testamentos.
El REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD surgió de la necesidad de dar certeza, seguridad pública y protección oficial a los derechos inscribibles, tanto para la tranquilidad de la persona como para una mejor comprensión en las relaciones sociales y jurídicas, buscando una firme garantía para la realización de su derecho, puesto que la incertidumbre generada por la falta de certeza, imposibilita la realización de negocios jurídicos con un mínimo de seguridad, e inhibe la inversión productiva. Apareció en el siglo XIX, según Ramón María Roca Sastre, “como respuesta al incremento de la actividad contractual sobre bienes inmuebles y, con ella, de las necesidades del crédito territorial” y en su exposición de motivos, la Ley Hipotecaria Española de 1861, según nos refiere Bernardo Pérez Fernández del Castillo, “afirmó la necesidad de garantizar suficientemente la propiedad, de ejercer saludable influencia en la prosperidad pública, de asentar en sólidas bases el crédito territorial, de procurar la circulación de la riqueza, de moderar el interés del dinero, de facilitar su adquisición a los dueños de la propiedad inmueble, y de dar la debida seguridad a quienes sobre su garantía prestan sus capitales”.
Con el Registro Público de la Propiedad nace el DERECHO REGISTRAL, que tiene su raíz en el DERECHO CIVIL, pero con identidad propia, puesto que no sólo es medio para conseguir un fin, sino que es fin, en sí mismo, ya que, en materia de derechos reales, el derecho civil regula su aspecto estático, esto es, su estructura y contenido, en tanto que el derecho registral participa en la regulación de su aspecto dinámico, o sea, los actos de constitución, modificación o extinción de tales derechos reales, que constan en documentos públicos o en instrumentos notariales que, en vía de testimonio, se remiten al Registro para su inscripción y, consecuentemente, su oponibilidad frente a terceros.
Su carácter de rama jurídica autónoma, deviene de su objeto, que es participar en la regulación de las relaciones de derecho, sobre los bienes inmuebles, a través de una institución característica, que se conoce como Registro de la Propiedad, que da, a través de la registración de los documentos públicos y los instrumentos notariales, fisonomía propia a la rama del derecho civil; por eso, ni las facultades derivadas de la propiedad, ni su contenido, se estudian por el derecho registral, más bien, éste se ocupa de los problemas que se derivan del nacimiento, modificación y extinción de los derechos sobre inmuebles al entrar en contacto con los libros del Registro, con el mundo tabular, que es otro paralelo o ajeno al mundo del derecho sustantivo, cuya congruencia o incongruencia, nos revela los más interesantes problemas derivados de la existencia de dos realidades (registral, una, y extra-registral, la otra) que procuran ir de la mano a través de los avisos notariales y de las anotaciones preventivas, y cuya inobservancia protege o expone al titular registral, y protege también a quienes se amparan en la fe del Registro o, se desentiende de quienes no le observan.
El Derecho Civil regula al derecho y el Derecho Registral regula la Apariencia del derecho o Apariencia Jurídica, como resulta de la lectura de los artículos 3010 y 3009 del Código Civil para el Distrito Federal que, en lo conducente, dicen, el primero: “El derecho registrado se presume que existe y que pertenece a su titular en la forma expresada por el asiento respectivo. Se presume también que el titular de una inscripción de dominio o de posesión, tiene la posesión del inmueble inscrito”; y el segundo: “El Registro protege los derechos adquiridos por tercero de buena fe, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante, excepto cuando la causa de la nulidad resulta claramente del mismo registro”.
La Apariencia de titularidad da cobijo al Principio de Legitimación Extraordinaria que sólo encontramos en el campo del Derecho Registral (como petición de principio debo aclarar que Legitimación es: la realización de un acto jurídico con eficacia, y ésta es Ordinaria, cuando dicho acto se realiza por el titular de la esfera jurídica a afectar, o por un tercero siempre y cuando, el mismo, esté autorizado por el titular o por la Ley). Dicha Legitimación Extraordinaria considera a los actos que no respetan la esfera jurídica ajena, que afectan, y tampoco a su titular, y se funda en una presunción de derecho que opera en los siguientes sentidos: a).- De que existe el derecho real inscrito; b).- De que tal derecho pertenece a quien figura como titular en el asiento registral; c).- De que ese derecho existe en la forma anotada en el asiento registral; d).- De que el mencionado titular adquirió el derecho, en cuestión, por la causa concreta que se indica en el asiento registral; y e).- De que dicho titular tiene la posesión del inmueble descrito, cuando la inscripción registral es de dominio o de posesión.
Esta presunción a que se refieren los artículos citados del Código Civil para el Distrito Federal, es una presunción jure et de jure y no lo contrario, puesto que el titular registral no necesita acreditar más que la inscripción misma, la que le conserva el bien a su favor, o le permite disponer del mismo, con toda la fuerza del derecho, ya que lo registrable no registrado, no perjudica a tercero, o en otras palabras, para el tercero no existe; y quien se cobija con la Fe Registral, es protegido por el derecho, o en otras palabras, los bienes se conservan tal como se revelan al tercero de buena fe, incluso aunque con posterioridad se anule o resuelva el derecho del otorgante, excepto cuando dicha causa de nulidad resulte, claramente, del mismo Registro o, en otras palabras, que el tercero no pueda alegar el beneficio de la buena fe, dado que dicha causa de nulidad se reveló a sus sentidos, en su oportunidad.
Notariado y Registro, en México, son instituciones que persiguen una misma idea: la SEGURIDAD JURÍDICA, que es el fin último del Derecho Mexicano (que descansa en un sistema de seguridad jurídica preventiva); no es la justicia ni la igualdad, es la CERTEZA sobre los actos que se celebran y sobre los derechos y las obligaciones que se contraen. De ahí viene la importancia del Registro que hace que esa certeza sea, además de existente, OPONIBLE y crea una obligación pasiva en toda la sociedad, consistente en tener conocimiento y conciencia de los actos o hechos que son materia de inscripción, toda vez que les puede resultar benéfico o perjudicial, dependiendo de la esfera en que, en cierto momento, determinada persona se establezca respecto de algún bien, alguna persona o algún derecho.
La SEGURIDAD JURÍDICA es el instrumento que permite la concreción del VALOR JURÍDICO que presupone y que es la PAZ SOCIAL.
La inscripción del testimonio notarial en el Registro Público de la Propiedad o del Comercio, en su caso, da cobijo al acto jurídico celebrado y le agrega a éste la publicidad que se incrementa con los efectos de la inscripción misma, esto es, lo hace oponible y con esto crea en toda la sociedad la obligación de conocer el acto realizado ante el notario. La función del Registrador, al inscribir el acto jurídico, no le agrega valor al mismo, que por sí ya lo tiene, sólo lo recibe, anota y publica, tal como se presentó o como se subsanó, en caso que la calificación hubiera determinado una suspensión del servicio; sin olvidar reflexiones anteriores en el sentido que la función calificadora, al interior del procedimiento de inscripción, debe ceñirse a apreciar todas las condiciones o exigencias que las leyes registrales establecen para la inscripción de un título, sin llegar al extremo de realizar averiguaciones distintas de aquéllas a las que la ley se refiere como presupuestos de una inscripción (y estos son: a.- Que el título sea de los que deben inscribirse; b.- Que el documento revista las formas extrínsecas; c.- Que el funcionario ante quien se otorgó hubiera hecho constar la capacidad de las partes; y d.- Que el contenido del documento no sea contrario a las leyes prohibitivas o de interés público).

Evitar la tendencia actual a una “sobrecalificación registral”, que orilla a que el Registrador discrepe, a veces por nimiedades, de la calificación realizada por el notario, respecto a la legalidad de un acto o instrumento de cuyo contenido da fe, que implica un obstáculo para el pronto acceso a la publicidad registral de los instrumentos notariales, abunda en el incremento de costos y atenta contra la dinámica económica de una nación en desarrollo, como la nuestra; no significa admitir en el Registro títulos inválidos o imperfectos, puesto que el Registrador debe apreciar el título desde la perspectiva registral, lo que implica calificar el cumplimiento de los principios registrales y de algunas otras exigencias que la legislación registral establezca.


La acción de calificación se circunscribe en el marco de la verificación del cumplimiento del Principio de Legalidad, por lo que el Registrador sólo analiza: a).- la legalidad de los documentos cuya inscripción se solicita, b).- la capacidad de los otorgantes, y c).- la validez del acto, y para tal valoración o análisis, sólo utiliza lo que resulta del aspecto externo del documento a inscribir, de sus antecedentes y de los asientos registrales; y esto es comprensible, puesto que si el notario es el autor del documento y en su responsabilidad descansa la seguridad de los contratantes, y la inscripción sólo le agrega la publicidad que hace oponible el acto celebrado, mayores pesquisas por parte del Registrador sobre el documento a inscribir, resultan, jurídicamente, insostenibles.
La calificación también revisa que el documento a inscribir cumpla con los demás Principios Registrales, tales como, el Consentimiento, Tracto Continuo y Especialidad, por ejemplo, con lo que se confirma que la actividad calificadora del Registrador de la Propiedad no es ni desmedida ni ilimitada, sólo versa sobre los extremos de validez y eficacia de los actos jurídicos a inscribir, en la medida de lo autorizado por las leyes registrales y no en la medida de las leyes que rigen la configuración de los actos a registrar, ya que dicha función de calificación sólo le compete al notario, autor del documento. El Registrador califica que el notario, a su vez, haya calificado.
Este esquema de procedimiento y de afinación del mismo, genera un marco de seguridad jurídica en que se desenvuelve la economía nacional y que hace inoperantes o ineficientes figuras jurídicas extranjeras que pretenden fines similares, sin lograrlo, como el Title Inssurance” que, al decir de Lacruz Berdejo, siguiendo a Puig Brutau: “se hizo necesario en Norteamérica, a causa de la extrema imperfección de los sistemas de publicidad allí en vigor. En ellos, los terceros quedan protegidos frente al fraude de su autor, pero no se les concede igual protección contra los defectos de los documentos inscritos. Los libros del record se limitan a publicar actos otorgados muchas veces sin la intervención de personas conocedoras del Derecho y tampoco está encargado del Registro un funcionario especialmente competente”. Obviamente, la seguridad que proporciona un Seguro de Título no es seguridad jurídica sino seguridad económica; el adquirente de un derecho afectado por vicios y defectos perderá el bien materia de la transacción y sólo obtendrá el resarcimiento patrimonial por el perjuicio que se le ha ocasionado, lo que, sin duda, acarrea innumerables conflictos que deben resolverse por la vía judicial, con lo que la administración de justicia se encarece y, en ese orden, el sistema preventivo que impera en países de tradición jurídica como el nuestro y otros 70 más en todo el orbe que conforman la Unión Internacional del Notariado Latino resulta, económicamente, más conveniente.
Según la Ley de las XII Tablas, la voluntad del jefe de familia, regularmente expresada en su testamento, hace Ley. Según nos refiere José Arce y Cervantes: “Esta facultad de disponer mortis causa tiene a su favor, en primer lugar, el consentimiento universal en el tiempo y en el espacio. Su fundamento está en el concepto de derecho de propiedad cuya esencia consiste precisamente en la facultad de disponer y, después en la institución de la familia o sea esa sociedad natural que impone a los padres el deber de proveer a su existencia y a la formación y educación de los hijos, no solamente durante la vida de los progenitores sino, hasta donde es posible, aún en caso de su fallecimiento”.
En toda sucesión, nos dice Antonio de Ibarrola, “se encuentran frente a frente tres categorías de intereses; los del ESTADO, por una parte; los del INDIVIDUO, en segundo término, y los de la FAMILIA, por la otra. Es la ley quien debe deslindar los derechos de cada una de estas categorías de personas y no permitir que ninguna de ellas abuse, en detrimento de las demás”.

Es en este marco que se concibió, en este país (50 años después que en Uruguay, y tan sólo 30 años después que Perú), al REGISTRO NACIONAL DE TESTAMENTOS, como resultado de una serie de largas y continuas gestiones realizadas por el notariado mexicano para materializar la seguridad jurídica nacional que es directriz y fin último de nuestro Estado de Derecho, y que no habrían sido exitosas o hubieran tardado aún más en cristalizarse, si no hubiésemos contado con la ayuda decidida y comprometida con esa seguridad jurídica, del Gobierno Federal que, a través de la Secretaría de Gobernación, impulsó, impulsa, controla, dirige, y liderea el Registro Nacional de Avisos de Testamentos, con el ánimo del auténtico líder, esto es, quien considera la autoridad como privilegio de servicio y no de mando, inspirador de confianza y motivador de entusiasmo.

Por cierto, por la tarde tenemos sesión de trabajo.
En materia testamentaria, el derecho registral mexicano, como la mayoría de los Registros de la Propiedad de ascendencia española, tiene estrechos y añejos vínculos. La Ley Hipotecaria Española de 1946, señala en sus artículos 14 y 16, que: “El título de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento...”; y “Los dueños de bienes inmuebles o derechos reales por testamento u otro título universal o singular, que no los señale y describa individualmente, podrán obtener su inscripción, presentando dicho título con el documento, en su caso, que pruebe haberles sido aquél transmitido...”. Los Códigos Civiles tanto del Distrito Federal como de las 31 Entidades restantes de la Federación, por lo que toca al Registro de la Propiedad, se refieren a los testamentos, como susceptibles de inscripción, cuando por efecto de ellos se deje la propiedad de inmuebles, realizándose la inscripción después de la muerte del testador, o bien a los testamentos ológrafos, señalando que no producirán efectos si no se inscriben en el Registro de la Propiedad, o bien, al auto declaratorio de herederos y a la designación de albacea; pero no están estructurados para que las anotaciones que practiquen sean consultadas, por todo el público con posterioridad u opuestas al propio testador o a sus herederos, testamentarios o legítimos, o a cualquiera otro interesado, puesto que no es función de las mismas tal tipo de efectos; son registros de derechos y no de expectativas de derechos.
No es motivo de mi intervención ultimar los detalles del Registro Nacional de Avisos de Testamentos Mexicano y de su funcionamiento, así que procederé a realizar un análisis de sus semejanzas y diferencias, en la medida de lo posible, con el Registro Público de la Propiedad, a la luz del Sistema Registral Mexicano y de sus Principios Registrales.

El Registro de la Propiedad es una REGISTRO PÚBLICO, esto significa que cualquier persona, con interés jurídico o sin él, puede acceder a la información registral y obtener certificaciones de los asientos registrales; el Registro Nacional de Testamentos, al decir del señor notario don José Ignacio Sentíes Laborde, NO ES PÚBLICO NI AL PÚBLICO, puesto que ningún particular, por ningún motivo, puede acceder a su información y menos obtener certificaciones de las mismas.


El Registro de la Propiedad es un REGISTRO DE DERECHOS, inscribe los títulos de creación, adquisición, modificación o extinción de la propiedad u otros derechos reales sobre inmuebles; el Registro Nacional de Testamentos es un REGISTRO ADMINISTRATIVO, no es de testamentos, sino de Avisos de Testamentos, y es de base personal. En algunos países como el Perú o Uruguay, se le ubica dentro de los Registros de Personas Naturales, que unifican a los siguientes: el Registro de Mandatos y Poderes, el Registro de Testamentos, y el Registro de Sucesiones Intestadas, entre otros (En el Perú, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos SUNARP, que es un organismo descentralizado y autónomo del Sector Justicia, con personalidad jurídica de Derecho Público, patrimonio propio, autonomía funcional, jurídico registral, técnica, económica, financiera y administrativa, se encarga de dictar las política y normas técnico-registrales de los Registros Públicos, y los divide en 4 clases, a saber: i).- Registro de Personas Naturales, que unifica, como dije con anterioridad, los Registros de Mandatos y Poderes, de Testamentos, de Sucesiones Intestadas, Personal, y de Comerciantes; ii).- Registro de Personas Jurídicas, que unifica los Registros de Personas Jurídicas, Mercantil, de Sociedades Mineras, de Sociedades del Registro Público de Hidrocarburos, de Sociedades Pesqueras, de Sociedades Mercantiles, de Personas Jurídicas creadas por Ley, y de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada; iii).- El Registro de la Propiedad Inmueble, que comprende a los Registros de Predios, de Buques, de Embarcaciones Pesqueras, de Aeronaves, de Naves, de Derechos Mineros; y de Concesiones para la explotación de los servicios públicos; y iv).- El Registro de Bienes Muebles, que unifica los Registros de Bienes Muebles, de Propiedad Vehicular, Fiscal de Ventas a Plazos, de Prenda Industrial, de Prenda Agrícola, de Prenda Pesquera, de Prenda Minera, y de Prenda de Transportes).
La INSCRIPCIÓN en el Registro Público de la Propiedad tiene EFECTOS DECLARATIVOS, esto es, reconoce los derechos nacidos extraregistralmente y los anota para darles publicidad y hacerlos oponibles a terceros; los avisos que recibe el Registro Nacional de Testamentos sólo pretenden publicar los mismos, es sólo PUBLICIDAD NOTICIA. Los testamentos son válidos aunque los avisos no se den al Registro; siendo las consecuencias de la falta de comunicación, de responsabilidad exclusiva del notario omiso.
Los Principios Registrales como el de TRACTO SUCESIVO, que implica que el título a inscribir debe ser otorgado por el titular del asiento anterior; el de CONSENTIMIENTO, que implica revisar que el titular registral haya consentido que se transmita su dominio o se constituya un derecho real; el de ESPECIALIDAD, que implica que la inscripción precise claramente la finca, que es la base física de la inscripción, y el derecho, que es el contenido jurídico y económico de la misma, así como la persona que puede ejercitar el derecho, o sea, el titular del mismo; el de LEGITIMACIÓN, que implica la concordancia entre la realidad registral y la extraregistral; y el de FE PUBLICA REGISTRAL, que implica proteger a quien contrata confiado en el contenido de los asientos del registro, no tienen aplicación en el Registro Nacional de Testamentos, por la característica de este último, apuntada con anterioridad.
Por otra parte, Principios Registrales como los de ROGACIÓN, INSCRIPCIÓN, PRIORIDAD O PRELACIÓN, y LEGALIDAD o CALIFICACIÓN, merecen reflexión especial. El Principio de ROGACIÓN, que implica que el Registro no obra de oficio, sino a petición de parte, es uno de los que pudieran considerarse, también, como Principio del Registro Nacional de Testamentos, puesto que su sistema actúa a petición o solicitud expresa de las autoridades competentes de cada entidad federativa, con la finalidad de generar un reporte en cuanto a los avisos de testamento que se tengan en la base de datos, respecto a una persona en particular. El Principio de INSCRIPCIÓN que implica la consignación material del acto a inscribir para su constancia y recuerdo, de manera que, a futuro, o se consulte o se obtengan certificaciones de la misma, podría adoptarse por el Registro Nacional de Testamentos, pues si bien la BASE DE DATOS de este Registro Nacional no es una inscripción, propiamente dicha, sí cumple con una de las funciones de aquella, consistente en dejar constancia del otorgamiento de un acto, en este caso, un testamento, por una determinada persona en alguna parte, a fin de que dicho testamento sea del conocimiento del notario o juez ante quien vaya a tramitarse una determinada sucesión, y uno u otro estén en aptitud de conocer, por informe de la autoridad local correspondiente, si el testamento que se les exhibe para efecto de un trámite o juicio sucesorio es el último, no sólo en el país sino, incluso, allende nuestras fronteras. A diferencia del Registro de la Propiedad, en el Registro de Testamentos, cada búsqueda se almacena en el sistema a efecto de justificar la solicitud y, en su caso, determinar la responsabilidad correspondiente a la solicitud y, además, es un Registro reservado durante la vida del testador, sólo se obtiene información con la partida de defunción correspondiente. El Principio de PRIORIDAD O PRELACIÓN que, en el Registro de Propiedad determina, como requisito indispensable, que el título a inscribir ingrese primero que otro que le sea incompatible y que ingrese con posterioridad para que tenga preferencia, lo que se traduce en la máxima “Primero en Registro, Primero en Derecho”, se podría considerar aplicable en materia de Registro de Testamentos, pero en sentido inverso, esto es, “Último en Tiempo, Primero en Derecho”, puesto que a través de su base de datos, el trámite de juicios sucesorios será realizado con plena seguridad de que el testamento materia del juicio respectivo, es el que contiene la última voluntad del testador, ya que desde siempre se ha considerado que el testador es libre de modificar hasta su muerte las disposiciones testamentarias y cada testamento es una obra completa y anula el precedente, de lo cual resulta que un ciudadano no puede dejar varios testamentos: el último es el único válido; esta libertad se consagra en diversas disposiciones de los Códigos Civiles del País, al señalar que: “El Testamento anterior queda revocado de pleno derecho por el posterior perfecto, si el testador no expresa en éste su voluntad de que aquél subsista en todo o en parte”. Y, para concluir, me referiré al Principio de CALIFICACIÓN que, en materia de Registros de Propiedad, implica que el título sujeto a inscripción debe ser válido, esto es, debe llenar los requisitos exigidos por las leyes para su registro, si bien es difícil aplicarlo al Registro de Testamentos, lo cierto es que la finalidad de dicho Principio, o sea, la validez de los títulos sujetos a Registro, se cumple en el sentido de que el testamento que se utilice para un trámite sucesorio es, necesariamente, el válido, el eficaz, en otras palabras, el posterior perfecto, por lo que la transmisión hereditaria será segura y eso, la seguridad, reitero, es la directriz y fin último de nuestro derecho positivo.
El Testamento es uno de los actos jurídicos de la mayor importancia, es la vía para que la voluntad de una persona produzca efectos cuando la propia voluntad ya no existe; es una expresión del derecho de propiedad, según Sánchez Román; es una fuente reveladora de rica información y de gran utilidad para los historiadores para el conocimiento de épocas pretéritas (nos refieren, por ejemplo, que algunos testamentos iniciaban como: “En el nombre de Dios Todopoderoso”, o “Sepan cuantos esta carta vieren”, o “por ende otorgo y conozco que hago y ordeno este dicho mi testamento y las mandas en él contenidas en que ordeno así en hecho de mi cuerpo como de mi ánima salvar y mis herederos pacificar); es, en suma, el acto del reconocimiento de la libertad máxima de una persona que, como bien decía don José Arce y Cervantes: “La perspectiva de la seguridad de la muerte es la luz bajo la cual va a decidir el testador sus últimas disposiciones. Buena perspectiva porque en ella, ante la gran verdad que es la muerte, ordinariamente no resisten los engaños del amor propio, la esquizofrenia de la hipocresía, los sentimientos ocultos de venganza o del resentimiento, la sensualidad disfrazada y nada de lo que es mentira o frivolidad”. Y, a este efecto, para terminar, permítanme recordar las palabras de don Alonso Quijano, otrora don Quijote de la Mancha quien, en su lecho de muerte, se dirigió a su sobrina diciendo: “Yo me siento, sobrina, a punto de muerte; querría hacerla de tal modo que diese a entender que no había sido mi vida tan mala, que dejase renombre de loco, que puesto que lo he sido; no querría confirmar esta verdad en mi muerte. Llámame, amiga, a mis buenos amigos: el cura, el bachiller Sansón Carrasco y a maese Nicolás el barbero, que quiero confesarme y hacer mi testamento”.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

Ciudad de México, primavera de 2004

NOT. DAVID FIGUEROA MARQUEZ

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA

ASOCIACIÓN NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO, A.C.




Pestalozzi no. 803 esq. Concepción Béistegui, col. Del Valle, deleg. Benito Juárez c.p. 03020

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