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El perfil del reajuste


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El perfil del reajuste

Hernando Burgos


El anuncio del contrato para la explotación del gas de Camisea y la publicación del borrador de la Carta de Intención que se firmará con el FMI, no han logrado poner calor a un invierno que se anuncia tan frío como duros serán los próximos años para la economía del país.

La «euforia» que, según el presidente Fujimori, ha provocado el contrato con la Shell-Mobil entre los inversionistas, aún no se ve. Los 2.800 millones de dólares llegarán de a pocos y darán fruto a largo plazo. Por lo tanto, no logran despejar el nublado panorama de la economía peruana. En cuanto a la Carta, muchos especialistas han destacado que significará un nuevo ajuste en la ya bastante ajustada economía nacional.

Es por eso que ambos anuncios no logran revertir el nuevo fenómeno aparecido en las encuestas de opinión: el escepticismo da la cara por primera vez en seis años1. El malestar incluye a los industriales2.

El giro coincide con el de la economía después de las elecciones generales de 1995. Está ahora en rojo: - 1,7% en el primer trimestre de este año. De la «generosidad» en el empleo de los recursos públicos antes de los comicios, se ha pasado a la época de las vacas flacas del recorte del gasto y la recesión. Ha llegado la hora de pagar. La «tentación populista» se quedó sin espacio.

El viraje gubernamental cobró sus primeras víctimas: Dante Córdova renunció al premierato (y a la cartera de educación) en aras de la ortodoxia3 -representada por el ministro de Economía, Jorge Camet-, forzando con su renuncia la de todo el gabinete. Y acto seguido, Luis Castañeda Lossio renunciaba a la presidencia del IPSS, alertando de paso contra todo intento de hacer de la salud un negocio privado.

El presidente Alberto Fujimori ha homogeneizado su gobierno para llevar adelante, sin fisuras, el reajuste. El nuevo premier, Alberto Pandolfi, es un industrial con experiencia en privatización de empresas cementeras y ex presidente de la próxima víctima (de las privatizaciones): Petroperú.

Encabeza un equipo ministerial tecnocrático reforzado con los nuevos: Jorge Gonzales Izquierdo, ex presidente de una AFP, en Trabajo; un empresario constructor -Domingo Palermo-, en Educación; y un ex gerente de Seguros El Cóndor - Marino Costa Bauer-, en Salud. (Este último, como confirmando las prevenciones de Castañeda Lossio, se apresuró en días recientes a admitir la posibilidad de reducir los aportes al IPSS o eliminar su obligatoriedad, forzando un temprano desmentido del premier en tema tan sensible para la opinión pública.)

Un equipo ministerial, pues, más en sintonía con la decidida vocación fondomonetarista y privatista de Camet, partidario de una mayor «disciplina» monetaria y fiscal y de retomar las «reformas estructurales», que el cálculo reeleccionista había postergado momentáneamente.

El estreno de todo nuevo premier suele despertar expectativa. Pero lo que dijera el 3 de mayo ante el Congreso no da siquiera para la esperanza.

Las preocupaciones gubernamentales se centran en los acuerdos a los que ha de llegar con el FMI y el sistema financiero internacional respecto al pago de la deuda externa, que asciende a 24 mil 800 millones de dólares. éstos llevarán el servicio de la deuda a dos mil millones de dólares, el doble del actual.

Una parte de los acuerdos con el FMI es la determinación de metas económicas que hagan posible -al menos en el papel- el pago puntual de la deuda en los montos comprometidos.

La realidad se ha encargado de enmendar la plana a Camet, quien preveía una inflación del 8% para este año. En su comparecencia ante el Congreso, su colega Pandolfi la elevó a 11,5%. Los cálculos gubernamentales - contenidos en el borrador de la Carta de Intención con el FMI- también estiman una devaluación de 12,8%, que llevará el dólar a 2,65 soles, un superávit fiscal de 1% y la corrección del desequilibrio en la balanza en cuenta corriente.

Según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en los cuatro primeros meses de 1996 la inflación acumulada es de 5,12%: casi la mitad de la meta anunciada para este año por el premier. Es muy difícil que en los próximos ocho meses el promedio inflacionario sea del 0,5% necesario para no sobrepasar el ofrecido 11,5%.

El régimen también anda desvelado con el peligroso desequilibrio de la balanza en cuenta corriente, que asciende a unos 3.700 millones de dólares. Reducirlo implica no sólo disminuir las importaciones sino también incrementar las exportaciones, lo que requiere elevar el tipo de cambio. Pero eso entra en contradicción con el control de la inflación. El impacto de la meta del crecimiento del tipo de cambio sobre un índice de precios ya bastante dinámico, podría hacer que los anuncios de Pandolfi se quedaran cortos.

Tratando de calmar los ánimos empresariales -nerviosos por la recesión-, el premier ha ofrecido para este año un crecimiento de entre 3 y 4,5%. Un ex ministro de Economía, Javier Silva Ruete, ha señalado escépticamente que para lograrlo se requeriría crecer en el segundo semestre a un ritmo equivalente al 9% anual. El economista óscar Ugarteche piensa que, en el mejor de los casos, el crecimiento será del 2% en 1996. Según él, tendremos recesión hasta fines de 1998, para cuando las inversiones mineras den sus primeros frutos y el nuevo ciclo electoral movilice otra vez el gasto público. Hasta entonces los bancos, cuya cartera pesada tiende a crecer, han endurecido sus demandas de garantías para el otorgamiento de préstamos a empresas.

La restricción del gasto público y las privatizaciones de Petroperú y otras empresas públicas -que hacen parte de la «reforma del Estado»-, no obedecen sólo a una receta ideológica sobre el papel de éste, sino también a la necesidad de acopiar recursos para intentar corregir el desequilibrio en la balanza en cuenta corriente y atender el pago de la deuda.

Estos dos últimos términos resultan contradictorios entre sí, ya que mientras por un lado se proclama el objetivo de reducir el déficit en cuenta corriente, por otro se incrementa el servicio de la deuda.

Con la pretensión de resolver esa incongruencia, se ha apelado a reducir severamente el gasto interno y a vender las empresas públicas. Pero, según los expertos, el remate de éstas con el propósito de atender un objetivo coyuntural -pago de deuda, cobertura de déficit- resulta cuestionable.

Para reducir el gasto público el régimen ha reestructurado el sistema de pensiones de los empleados públicos. Espera ahorrarse unos 100 millones de soles con el establecimiento de un tope de 3,800 soles para la cédula viva.

Mientras tanto, los responsables de la «racionalización del Estado» se han dado con la sorpresa de que ahora hay más servidores públicos que los que recibió el presidente Fujimori en 1990. Según informa Expreso (29 de abril), actualmente habría 985.507 empleados públicos, contra 932.215 en 19904.

La reducción del gasto va acompañada del declarado propósito de incrementar la recaudación. De ahí las medidas tributarias dictadas en los cuatro primeros meses de este año. Aquí el gobierno enfrenta otra contradicción: la de alcanzar una mayor recaudación en el contexto de una severa recesión.

En los cálculos gubernamentales, la principal fuente de recursos para resolver los problemas es la privatización de Petroperú y de otras empresas públicas, por las que se espera recibir este año unos mil 500 millones de dólares.

No importa que para ello, en el caso de la petrolera estatal, el régimen haya tenido que pasar por alto su propia Constitución mediante la «Ley Siura 3», dada para impedir la convocatoria a referéndum sobre la privatización de Petroperú, consulta que podría resultar contraria al gobierno.

La inconstitucionalidad de la «ley Siura» no ha podido procesarse legalmente por inexistencia del Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC), cuya creación el gobierno ha supeditado persistentemente al logro de una correlación favorable dentro del mismo5. El régimen atribuye un carácter político a este organismo. El presidente Fujimori declaró, el 21 de abril, que en él deben estar representados tanto los que apoyaron el golpe del 5 de abril como los que lo rechazaron. A confesión de parte...

El reajuste está en sus inicios. La hora de las medidas muy impopulares ha llegado. Al gobierno parece preocuparle poco la caída de quince puntos experimentada por Fujimori en la aceptación ciudadana6. Después de todo, 60% es todavía un porcentaje alto, la oposición y el movimiento social no logran articularse, y las elecciones del 2000 están lejanas.



1 Según una encuesta realizada por Apoyo en Lima, a diferencia del 59% que en mayo del año pasado creía que su situación económica mejoraría en los próximos doce meses, el porcentaje de los optimistas llegaba en abril sólo al 30% (Semana Económica, Nº 517, 14 de abril de 1996).

2 Ver, en esta edición, «Industriales: Se ha dejado todo al libre juego del mercado».

3 El otro caído en desgracia fue el propio hermano del presidente, Santiago Fujimori, a quien algunos analistas atribuyen haber compartido con Córdova posiciones políticas más dialogantes. éstas habrían chocado con las de Vladimiro Montesinos, virtual jefe del SIN, y Jaime Yoshiyama, ministro de la Presidencia, alineado con el ministro Camet.

4 Ese diario agrega que la «reforma del Estado» significará una reducción en la planilla estatal, así como la eliminación de organismos estatales que duplican funciones o que realizan algunas que son consideradas innecesarias. El organismo que más duplica funciones es el Ministerio de la Presidencia, del ingeniero Yoshiyama. ¿Será eliminado?

5 Para ello es suficiente contar con tan sólo dos de los siete integrantes del TGC. Por eso la insistencia oficialista en sus favoritos Augusto Antoniolli y José García Marcelo, ambos vinculados al SIN.

6 Un sondeo de opinión realizado entre el 4 y el 7 de mayo, en Lima, por Analistas y Consultores, reveló que la aceptación del presidente Fujimori era de 60%, quince puntos menos que hace tres meses.


Desco / Revista Quehacer Nº 100 /Mar-Abr 1996


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