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El ordenamiento de las leyes


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SEMINARIO INTERNACIONAL EN CIENCIA DE LA LEGISLACIÓN



EL ORDENAMIENTO DE LAS LEYES

Por Ramón Gerónimo Brenna



 “SOKRATES- Por tanto, amigo mío, si se trata del nombre naturalmente apropiado a cada objeto, ¿no deberá nuestro legislador saber imponerlo a los sonidos y a las sílabas sin perder de vista lo que es el nombre en sí, cuando se trate de crear y establecer los nombres, si es que quiere tener autoridad en esta cuestión? …Mientras imprima la forma del nombre requerido para cada objeto a las sílabas, sean de la naturaleza que sean, ¿ no será tan buen legislador aquí como en todas partes? “ Platón, Díalogos III

 Sistemas Normativos, inflación legislativa, contaminación legislativa

 El sistema normativo1[1] puede ser percibido por la sociedad a la que regula, como un tirano no deseado o, a su vez, como un gigante confuso, lento y falto de efectividad, si no se verifica un balance o equilibrio entre el conjunto de sus reglas, su capacidad de anticipar las demandas sociales, el grado de impacto de aquel en la actividad de la comunidad y las condiciones prevalecientes en el medio social al tiempo de su vigencia.

 Las tensiones producidas por el desbalance de estas relaciones dan por resultado un sistema normativo más complejo, cualitativa y cuantitativamente hablando, y la disminución de su capacidad de anticipación, generalmente acompañados de una desobediencia pasiva creciente, que termina por impedir, o por lo menos limitar el desarrollo social.

 Es una comprobación cierta que la legislación se ha ido tornando cada vez más compleja. Las normas se multiplican y su sucesión temporal hace que resulte cada vez más difícil su conocimiento por quienes deben cumplirlas y por aquellos que deben hacerlas cumplir, y consecuentemente crece la dificultad para la determinación de aquellas que rigen en un lugar y tiempo determinados.

 Uno de los principales problemas que afectan a los sistemas jurídicos es la proliferación de la legislación y la pérdida de certeza originada por la inseguridad acerca de cual es el derecho en vigor.

 La aspiración a la claridad o a la simplicidad de las leyes expresada en las Instituciones de Justiniano - nobis in legibum magis simplicitas quum diffícúltas placet... simplicitas legum amica – parece no aplicarse a una sociedad desarrollada.

 Bien había observado a comienzos del siglo pasado el pensador Destutt de Tracy en el “Commentaire sur I'Esprit des lois “(1819), que "a medida que las relaciones sociales se tornan más numerosas y más delicadas, las leyes que las regulan devienen necesariamente más complicadas”.2[2] Con estas palabras, Destutt de Tracy no hacía más que resumir un concepto generalizado en la cultura jurídica de la época, y que representaba una reacción ante los deseos e ideas de los constituyentes franceses acerca de la codificación.

 En esta línea Portalis, uno de los más autorizados miembros de la comisión a la cual se encargó la redacción del Código Civil, dice en un pasaje de su celebrado “Discours préliminaire sur le projet de Code Civil”: "Les lois des douze Tables sont sans cesse proposées par modele: mais peut-on comparer les instititions d'un peuple naissant avec celles d'un peuple parvenu au plus haut degre de richesse e de civilisation?…Les diverses situations de la vie humaine, demandent des regles differents. La sollicitude du legislateur et obligee de se proportionner a la multiplicite et a l’importance des objets sur lesquel it faut statuer … Nous n’avons done pas cru devoir simplifier les lois…”.3[3]

Hoy soportamos una marea incesante e inexorable de nuevas normas. Juristas, jueces, sociólogos, políticos, todos concuerdan en reconocer como principales factores de esta “hipertrofia legislativa” – en la terminología de Carnelutti - al crecimiento cada vez mayor de los cometidos del Estado, especialmente situado en la posguerra y que no cesa aún.

En todos los países, el número de textos normativos crece sin pausa. El Registro Oficial de leyes, y decretos italianos se compone, de 1861 en adelante, de más de 800 volúmenes. Nadie está en posición de decir qué textos del registro están en vigencia y cuáles han perdido validez. En los cuarenta años de República (1 de enero de 1948 - 31 de diciembre de 1987) las leyes, que sólo constituyen una parte de la producción normativa, han sido 12.199 en el orden estatal y 21.882 en el regional (estatutos especiales y ordinarios). 4[4]

En la Argentina, la situación legislativa es cuantitativamente menor, pero igualmente significativa.5[5]

Valga decir, por ejemplo, que en 1955, la Comisión de Legislación General y Asuntos Técnicos, de la Cámara de Senadores de la Nación, terminó un trabajo que abarcó desde 1853 a 1953, que arrojó la significativa cantidad de novecientas setenta y nueve leyes nacionales vigentes, sobre una legislación que alcanzaba, en ese entonces, la cantidad de quince mil; y estamos hablando sólo de leyes.

Ante tales dimensiones, el criterio de proporcionalidad, del cual hablaba Portalis, entre las leyes y la complejidad social no parece ser suficiente para explicar el fenómeno. Y transpolando el término desde el mundo de la economía, hoy se habla cada vez con más frecuencia de "inflación legislativa".

La Inflación Legislativa.- La expresión se usa para señalar un aumento excesivo en la producción de normas. Este concepto lleva ínsito una visión cuantitativa del problema. Pero esta visión cuantitativa no refleja el problema en su sustancia, en su profundidad ni en toda su dimensión.

Rodolfo Pagano se pregunta ¿ cómo se establece el umbral que una vez transpuesto convierte a la proliferación en inflación? ¿Cómo medir la inflación misma? Muchos de los criterios aportados permiten más bien corroborar lo conocido: la proliferación legislativa; más no permiten, no son adecuados para definir con claridad, los parámetros de la inflación.

Así, índices basados en la cálculo del número de las leyes, o de la cantidad de artículos de las leyes, resultan ineficaces cuando no errados.

J. Carbonnier opina que son las falsas necesidades legislativas las que ejercen una acción inflacionaria de la legislación. 6[6]

Lo cierto es, que como bien dice Pagano, si bien no puede medírsela con exactitud, a la inflación legislativa se la “siente”; y esta sensación generalizada en el campo del derecho, más que por la cantidad misma, viene dada por los efectos cualitativos negativos que importa sobre la legislación: fragmentación de la normativa, antinomias, ambigüedades, redundancias, estratificaciones, abrogaciones innominadas, generadores de desorden y caos normativo, todos ellos. La ley se convierte en otro bien de consumo, por tanto en usable y desechable con rapidez. Leyes sancionadas por “l’espace d’un matin” como con garbo se las ha denominado.

Un jurista italiano, Vassalli ha acuñado los siguientes conceptos: “Las leyes de las cuales se trata no son sólo leyes que, asistidas por vetusta tradición, se confunden con nuestro modo de ser como personas cívicas, que viven hoy en nuestro espíritu y que constituyen nociones fundamentales y traslativas, como matrimonio, familia, débito y crédito, propiedad, usufructo, testamento, hipoteca, pena, proceso, juez, prueba. Son leyes promulgadas cada día, leyes minúsculas, leyes variables, leyes que cabalgan la una sobre la otra, leyes que a veces – consentidamente o no – tocan los muros maestros de los cuales son palabras integrantes, son leyes que sobre todo apuntan a actuar la esfera del poder público, que cada vez avanza más en nuestros días, a reglamentar nuestra vida en cada determinación concreta: cuidar salud, asegurar la vejez…Esta es la legislación de hoy, ya que hoy todo o casi todo es materia de administración pública”.7[7]

Crisis del conocimiento del Derecho- Crisis de la certeza del Derecho.- Al iniciarse la década de los setenta, el profesor de Derecho civil y laboral de la Universidad Wolfgang Goethe de Frankfurt, Spiros Simitis publicó un interesante volumen como una llamada de atención sobre los graves problemas que suscita la información y documentación en el plano jurídico, así como sobre sus posibles remedios.

La obra tendía a poner de relieve las dificultades que para el jurista que desempeña su labor en el marco del Estado social de Derecho, caracterizado por la inflación legislativa, corolario de la intervención de los poderes públicos en la casi totalidad de las esferas de la vida social y económica, entraña el conocimiento de la legislación. Esta situación se traduce en un menoscabo de la vigencia del ordenamiento jurídico, muchas de cuyas normas permanecen inoperantes por falta de información, ergo de conocimiento cierto y acabado por la población, y amenaza con resquebrajar el principio de la certeza del Derecho. 8[8]

El libro de Simitis tomaba como principal punto de referencia para su diagnosis sobre la crisis de la información jurídica, sus repercusiones en el ámbito legislativo y jurisprudencial.

El flujo incesante de normas y decisiones jurisprudenciales, cuyo exacto y puntual conocimiento son imprescindibles para un adecuado funcionamiento del sistema jurídico, hace casi imposible su discernimiento, interpretación y aplicación por los operadores jurídicos.

La crisis de la información jurídica precipita así en un cono de sombras al ordenamiento jurídico. La transparencia del sistema normativo, que es presupuesto básico de la certeza del Derecho, se ve suplantada por su creciente opacidad e inescrutabilidad: el Derecho positivo deviene, por tanto, inaccesible incluso para los propios especialistas.

Todo ello puede resumirse en el concepto de crisis del derecho o más precisamente en crisis de la certeza del derecho, dado que este exceso de producción normativa, con sus efectos negativos, sumada a la velocidad del cambio social que actuamos y al que asistimos al propio tiempo, nos pone en dificultad de comprender y conocer la regla vigente.

Todos estos análisis los comparto totalmente,9[9] sin perjuicio de lo cual entiendo insuficiente esta visión cuantitativa del problema y creo que sus aspectos cualitativos son mejor aprehendidos y resueltos por el enfoque elaborado por Antonio A. Martino.

En efecto, la introducción de normas al sistema jurídico sin utilización de criterios orgánicos para una correcta eliminación de aquellas que perdieron vigencia por la sanción de nuevas normas, genera un fenómeno que ha sido designado como contaminación legislativa”. 10[10]

 La Contaminación legislativa.- Es ese término, acuñado por el Prof. Antonio Anselmo Martino hace más de dos décadas, tomado en préstamo de la ecología, el que permite describir el crecimiento sin control de un elemento (leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas, etc.), sin posibilidad de eliminar los desechos (abrogaciones).

 La contaminación legislativa es entonces, la ruptura del equilibrio del sistema de leyes debido al crecimiento descontrolado de normas y a la dificultad de eliminar los residuos a través de la abrogación.

 Es un problema cuantitativo en parte, pero es mucho más que eso, es fundamentalmente un problema cualitativo. Martino 11[11] lo ejemplifica muy bien cuando señala que un orden jurídico puede estar constituido por pocas normas y aún así estar contaminado. Recuerda el caso de los sistemas de las Regiones Italianas, y cita el caso de la Región Apuglia, que con apenas algo más de mil normas – una Comisión ha determinado que del Consejo Regional han emanado 1037 leyes – posee un orden contaminado.

 El estudio de este universo normativo reducido arrojó el siguiente resultado: De las 1037 leyes emanadas, 95 estaban expresamente abrogadas, 190 no se aplicaban porque eran leyes en el sentido de generales o abstractas, sino ad personan o ad actum o su función se había agotado en el tiempo. Quedaban así 750 formalmente vigentes. De estás, nos comenta Martino, 126 eran fácilmente abrogables, sobre 91 había que utilizar criterios interpretativos y elegir alguno de los resultados posibles, y 41 disposiciones contenidas en 20 leyes resultaban parcialmente abrogables, luego de fijar la posición interpretativa única.

 Como puede apreciarse la “cantidad”, producto de la inflación legislativa, conduce a la “selva legislativa”, y multiplica el problema, es un problema en si misma, pero es, a pesar de todo, una pequeña parte del problema; el corpus enmarañado y contaminado, cualquiera sea su tamaño, produce los resultados temidos de ignorancia del orden jurídico vigente.

 La imposibilidad de conocerlo a su vez impulsa a una nueva legislación imperfecta que además de sumarse cuantitativamente a la “selva legislativa”, produce más contaminación cualitativa. El fenómeno se autoalimenta y se retroalimenta en un círculo no virtuoso.

 En la situación de contaminación legislativa, la indeterminación aumenta sensiblemente y por lo tanto se torna necesario una mayor intervención por parte de los juristas y de los operadores del derecho. En estos casos, la transferencia del poder político de legislar, a los juristas y a los intérpretes que deben aplicarla, es inevitable.12[12]

 La contaminación, además de implicar esta transferencia irregular de poder al operador, comporta también una menor participación de parte de los usuarios: si ya resulta difícil para un especialista conocer cual es el derecho vigente, cuanto más difícil se torna para el ciudadano.

 La complejidad legislativa descrita dificulta al ciudadano el entendimiento claro y simple de las normas vigentes que lo rigen y que debe observar; a la Administración la correcta gestión de los asuntos públicos; al Congreso o al Parlamento el desarrollo, el coherente desarrollo de la actividad legislativa, razón central de su existencia; a la Justicia la tarea de impartir la misma en forma rápida, certera y tempestiva.

 Estas, y otras consecuencias no queridas, son las que el ordenamiento legislativo debe tender a solucionar, para evitar la erosión del sistema democrático.

 Uno de los modos de combatir esta realidad de contaminación legislativa, actuando sobre el sistema jurídico vigente ya contaminado, es a través de la revisión permanente y del consecuente ordenamiento de la legislación, a efectos de determinar cual es la normativa efectivamente vigente y aquella que ha perdido vigencia para su posterior eliminación del sistema jurídico a través de un acto de abrogación expresa.

 La solución se presenta así como un trabajo de revisión, recopilación, ordenamiento y análisis, que permita agrupar y ordenar lo vigente, removiendo los desechos; detallar las colisiones, y señalar la validez y complejidades del corpus; realizar el confronte de lo vigente con los conceptos elaborados por la buena doctrina; hacer lo propio con la costumbre, la tradición jurídica y los criterios construidos por la Jurisprudencia.

 Esta monumental tarea de reformulación general de la legislación, que presupone la técnica de la consolidación normativa, consistente en reunir en un cuerpo legal la legislación de carácter general y permanente vigente, sobre todas las materias del derecho, sistematizada y ordenada, lleva implícita la utilización de instrumentos de investigación provenientes de varias disciplinas: la ciencia jurídica, la ciencia de la legislación, la lingüística, la epistemología, la lógica, la informática y las nuevas tecnologías de la información.

 El Digesto Jurídico se constituye así en punto final de esta magna tarea de intervención sobre el sistema jurídico contaminado, pero al mismo tiempo en punto de partida y base fundamental para el permanente perfeccionamiento futuro de los sistemas jurídicos así tratados.

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Ordenamiento de las leyes y Digesto Jurídico o Legislativo

El tema del ordenamiento legislativo y el de la preparación del Digesto Jurídico o Legislativo como su expresión unificada, ha recobrado auge en los últimos tiempos en nuestro país, a partir de la sanción de la ley N° 24967 que ordena su confección.

Orden y desorden son los extremos entre los cuales oscila la legislación de cualquier país. Bien decía hace casi un siglo y medio atrás, Urquiza, “ que ni la paz puede ser duradera ni la libertad práctica sin buenas leyes, tanto en el orden civil, como en el político”.13[13]

Es cierto que es impensable un orden absoluto. También es cierto que es impensable un desorden absoluto.

Hablar de orden legislativo implica pensar en conceptos tales como la sistematización, la unidad, la coherencia, la simpleza y la claridad de las leyes.

Frente a ello, y más ajustado a nuestra realidad lamentablemente, encontramos el desorden con sus componentes de fragmentación, incoherencia, superposición, inflación, contaminación, obscuridad y desconocimiento de las leyes.

Las sociedades modernas necesitan de, y a veces reclaman con mayor o menor énfasis, según las circunstancias de su contexto y evolución, un cierto orden legislativo o al menos un desorden aceptable.

Ni los Estados Unidos han escapado a esta regla, ya que el “statute law” federal ha crecido hasta crear contaminaciones.

Dos discursos se cruzan con el objetivo cierto de achicar la brecha: el de la política legislativa, que debe decidir encarar la simplificación y el ordenamiento de las normas y el de la ciencia y la técnica legislativa, que trata de explicar el cómo y aportar la metodología necesaria para ello.

La simplificación y el ordenamiento legislativo se presupone que deben venir acompañados de procesos más o menos profundos de desregulación,14[14] de deslegisficación, de purificación del derecho, de codificación .

Las Reglas o Recomendaciones de Técnica legislativa, a veces contenidas en manuales, a veces constituidas en Directivas, como las elaboradas en varios países, se ocupan del mejoramiento del acto legislativo futuro propiamente dicho, pero no se refieren o no hacen objeto de su discurso, el fijar los criterios para intervenir sobre el conjunto de la legislación ya sancionada y vigente, del cómo ordenarla y del cómo depurarla. De esto último nos ocuparemos aquí.15[15]

Los métodos del ordenamiento


Los métodos clásicos a los que se ha recurrido para el ordenamiento de la legislación han sido la elaboración de Recopilaciones o Compilaciones , más o menos trabajadas según sea el caso, la construcción de Códigos y la aplicación del método de Consolidación de las Leyes y la confección de los textos actualizados o únicos u ordenados, según sea el alcance jurídico dado al texto resultante y el sistema de derecho en que ellos se inserten.

En nuestro derecho, existen diferencias formales y sustanciales entre estos conceptos y aunque muchas veces son utilizados con cierta latitud que atenúa las diferencias o induce a la confusión, no son términos equivalentes.



Las Recopilaciones o Compilaciones.-

La Recopilación consiste en insertar en un solo cuerpo “todas” las disposiciones existentes en un sistema jurídico determinado en un momento dado, en cuyo caso tendremos una Recopilación o Compilación Total, o “todas” las disposiciones pertenecientes a una “parte” de ese sistema jurídico, con lo cual obtendremos una Recopilación o Compilación parcial.

Las Recopilaciones ofrecen la ventaja de facilitar el conocimiento del derecho a través de un cuerpo único evitando el recurrir a la compulsa de los distintos archivos históricos oficiales donde hayan quedado registradas las leyes o normas sancionadas en tiempos anteriores.

Las desventajas de este método pueden ser de dos órdenes:

1.- jurídico, puesto que las normas insertas en la Recopilación no adquieren eficacia jurídica por su inserción en ella sino que conservan la adquirida por su sanción original operada con anterioridad, y como consecuencia de ello cualquier norma olvidada y no incluida en aquella, sigue conservando su eficacia jurídica, por lo que el conocimiento efectivo del derecho vigente queda relativizado o mediatizado por la mayor o menor rigurosidad con que se halla efectuado el trabajo de rastreo e incorporación de la normativa.

2.- práctico o informativo: puesto que en la mayoría de los ejemplos de Recopilaciones o Compilaciones conocidas, la presentación de la legislación en ellas incorporadas contienen incipientes grados de tratamiento, tanto documental como sistemático de sus contenidos, por lo que fuera de lograr la reunión de “todo lo existente”, con las salvedades hechas en el punto anterior, estas Recopilaciones decepcionaron en cuanto al resultado informativo y al uso práctico, por presentar importantes dificultades de acceso y recuperación de las disposiciones contenidas en ellas. La mayoría de ellas ha presentado las normas ordenadas simplemente en forma cronológica, sin establecer ningún otro tipo de relación entre ellas.

Como ejemplos antiguos de Recopilaciones conocidas en nuestro país podrían mencionarse la “Recopilación de las Leyes de Indias de 1680, la “Nueva Recopilación” de 1567 y la “ Novísima Recopilación” de 1803.16[16]

Pero, indudablemente, en la República Argentina las compilaciones, en el ámbito nacional, han sido, en general, mal hechas.

Al respecto cito para ilustrar lo dicho, la opinión del Señor Diputado Nacional Orma, ya en 1902, aún cuando no coincido totalmente en sus expresiones:

Si se han hecho por particulares, tiene generalmente un criterio industrial; y si se ha hecho por los órganos de gobierno, lo han sido seguramente, por empleados incompetentes; porque es difícil encontrar compilaciones peores que las argentinas. Recuerdo, por ejemplo, una bastante conocida, sobre asuntos militares, la de Domínguez, que se considera la más completa. Tiene 3568 documentos; son cinco gruesos tomos: hay por lo menos 3500 documentos inútiles del punto de vista de la legislación y falta todo lo verdaderamente importante. Por ejemplo, no esta la sentencia de la Corte, ni las varias sentencias de los tribunales federales que determinan la jurisdicción de las provincias en materia de milicias, punto importantísimo, dado nuestro régimen militar.



Acaba de salir una compilación de agricultura, enorme volumen de 1300 páginas. Hay todo lo que sea posible calcular en esa materia; pero con tanta falta de criterio, que resulta un conjunto informe de documentos, sin ligarlos, sin concordarlos, tanto que el que tiene que ver algo en aquel mamotreto, necesita hacer un trabajo extraordinario, llegándose, en este mal criterio para hacer esta compilación, a verdaderos colmos.

 El libro tiene un índice alfabético. Uno cree que va a salvarlo, en el estudio de la legislación de la agricultura, y se encuentra que tal índice alfabético tiene muy pocas letras:

 La A para los acuerdos; la C para las concesiones; la D para los decretos; la L para las leyes y la R para las resoluciones. Toda la materia esta agrupada en esa forma y, por consiguiente, hay que averiguar, en cada caso, cuáles son los asuntos a que se refiere la ley, decreto o resolución”. 17[17]

 La Consolidación de Leyes y los Textos Ordenados o Textos Unicos.-

 Las Consolidaciones de disposiciones normativas y los textos ordenados o únicos de aquellas, constituyen un grado superior en la evolución de los métodos aplicados al ordenamiento y al consecuente conocimiento del derecho vigente.

 Implican necesariamente una presentación sistemática de las normas imperantes con la eliminación de las que han sido abrogadas, aquellas partes que han sido derogadas, y la inserción de las modificaciones sufridas en sus textos.

 Se impone a esta altura efectuar algunas precisiones terminológicas imprescindibles para una mejor comprensión de los procesos y las métodos utilizados en las experiencias llevadas a cabo en nuestro país y poder diferenciarlas adecuadamente de otros ejemplos de otros países.

 Por ejemplo, “Texto único” es una denominación de uso común en Italia, pero no utilizada en nuestro país. En Francia se usa un solo término, la palabra “code” para indicar ya sea lo que nosotros denominamos Código cuanto para designar lo que los italianos llaman texto único. En cambio es común el uso de la denominación “codificación” en castellano y “codification” en francés, para identificar el proceso de formación de un “Código” o “Code”.

 En Francia se sigue distinguiendo entre “Codificación en sentido estricto” cuando quieren referirse a la actividad de unificación y reforma sustancial de la legislación vigente y “Codificación formal” que consistiría en la puesta al día de una serie de textos legislativos en un solo documento que los ensambla. A este último procedimiento lo denominan con la expresión “Codification a droit constant”, y se corresponde con el concepto de “Texto ordenado” de nuestra legislación o de “Texto único” de los italianos.

 En el Derecho Inglés las palabras “Codification” y la palabra “Consolidation” poseen significados netamente diferenciados. Codification, de raro uso, es más de carácter general, e implicaría una reforma sustancial del derecho que comprende tanto el common law como el derecho consuetudinario . El término Consolidation en cambio, se refiere y aplica solo al statute law, al derecho legislativo y consistiría en la recopilación, coordinación y sistematización formal de las leyes vigentes sin efectuarles modificaciones sustanciales.

 De tal modo mientras la “consolidation” no incide sobre el valor vinculante de la sentencia emitida antes del acto de consolidación respecto de las disposiciones de las leyes en ella incluídas, la “codification” contrariamente concluye con el pasado normativo y abre un nuevo capítulo con el efecto de quitar fuerza vinculante a las sentencias relativas a las normas reformadas.18[18]

 La diferencia entre código y texto ordenado o consolidado podría convertirse en casi imperceptible si la autoridad investida de la facultad de ordenar el texto es el Poder Ejecutivo y al mismo tiempo se le faculta para intervenir en la sustancia del texto de una norma vigente. Si esto es así, la distinción se desvanece y los términos serían casi sinónimos y podría decirse que, en este caso, los textos ordenados o consolidados se convertirían en micro códigos o textos coordinados de legislación referida a ámbitos específicos ( Texto ordenado de la Ley de tránsito o Código de Tránsito, Texto ordenado de la Ley de Abastecimiento ) o más restrictivos que los de las temáticas abarcadas por los grandes Códigos clásicos.

 La consolidación es un método que presenta dificultades importantes a su autor o autores, dado que exige una gran versación jurídica, un fino criterio y conocimientos que le permitan, por ejemplo, determinar con justeza cuando una disposición ha quedado derogada o abrogada por otra sancionada con posterioridad, por incompatibilidad lógica entre las disposiciones de ambas.

 Son tareas que casi siempre han sido afrontadas o encomendadas por el Estado, asumiendo la responsabilidad básica y sustancial que hace a su misma esencia, de hacer efectivo el conocimiento del derecho vigente. En mi criterio este tema es central al sistema democrático y es una obligación principal del Estado proveer y asegurar el conocimiento del derecho por los ciudadanos, poniendo todos los medios para ello.

 La más importante y más conocida por su influencia en nuestro gran codificador civil Velez Sarfield, es la que realizara, por encomienda del entonces Imperio del Brasil, el jurista brasileño Antonio Texeira de Freitas; la conocida “ Consolidación de las Leyes Civiles” del año 1855.

 Jorge Joaquín Llambías, al tratar este tema, menciona las consolidaciones efectuadas sobre las costumbres francesas publicadas, en su mayoría, en una obra de Bourdot de Richebourg, “ Le coutumier general”, París, 1874[HyRB3].19[19]

Entre nosotros podríamos considerar consolidaciones o textos consolidados, los textos ordenados efectuados sobre varias leyes impositivas, que han sido reiteradamente intervenidas en sus textos por múltiples y sucesivas modificaciones.

 Otros ejemplos de Consolidaciones de mayor volumen los son varios de los Digestos Municipales elaborados por la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en especial el Digesto Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, Edición 1978 y sus actualizaciones , y la reedición de este en 1993 y sus actualizaciones, como también el Digesto de Instrucción Primaria, y el Digesto Marítimo y Fluvial aprobado por el Decreto N° 125.571 del 16 de Febrero de 1938.

 Los códigos.-

 La idea del Código vista como la máxima solución para el ordenamiento en el siglo XIX y principios del XX, ha ejercido y todavía ejerce una gran atracción y una gran atención de los juristas dado que “código “ significa ordenamiento sistemático del derecho legislativo, certeza y estabilidad de las reglas, facilidad de acceso al conocimiento del derecho vigente.

 Es cierto que existieron códigos en la antigüedad, pero el significado de esta palabra ha variado según el transcurrir de los siglos.

 Entre los romanos y en la edad media se llamaba “código” – “ codex” – a los grandes conjuntos de disposiciones legales agrupadas más o menos sistemáticamente en un solo cuerpo o libro. Ya hemos mencionado el Código de Justiniano.

 Los códigos modernos son construcciones sistemáticas y orgánicas de preceptos jurídicos que regulan una sola rama del derecho y que no recogen automáticamente la legislación anterior, sino que la modifican sustancialmente. Esto los diferencia también de las Recopilaciones.

 Con la palabra “codificación” se quiere mencionar aquí una fijación amplia y en cierto modo completa, o casi completa de las proposiciones jurídicas de un campo del derecho, mediante una regulación formulada por escrito.

 Los principios de unidad, de exclusividad y de sistematicidad que caracterizan al Código así lo definen. Jorge Joaquín Llambías, nos dice que los códigos son “ expresiones únicas, orgánicas y exclusivas del material jurídico en vigor concerniente a una rama del derecho.20[20]

 La unidad consiste en que el código debe unificar a partir de su contenido todas las reglas concernientes a una determinada especialidad del derecho. Nuestra Constitución Nacional indica que debe procederse de ese modo con las leyes civiles, penales, comerciales y de minería, sin que ello obste la sanción de otros códigos referidos a materias legislativas de competencia de nuestro Congreso Nacional. Por oposición a estos llamados Códigos de fondo, la Constitución manda a las Legislaturas provinciales encargarse de la elaboración y sanción de los Códigos procesales, conocidos como Códigos de Forma.

 La exclusividad de un código importa el que al tiempo de su sanción debe contener todas las reglas jurídicas existentes sobre la materia que constituye su objeto, por lo que es conveniente que vaya acompañado de la abrogación o derogación de todas aquellas disposiciones normativas de la misma naturaleza, que han tenido eficacia jurídica hasta entonces.

 Nuestro Código Civil contiene un precepto que alude a ello en el artículo 22 que reza: “ Lo que no está dicho explícita o implícitamente en ningún artículo de este Código, no puede tener fuerza de ley en derecho civil, aunque anteriormente una disposición semejante hubiera estado en vigor, sea por una ley general, sea por una ley especial”.

 En la nota a este artículo el Codificador nos hace saber que se ha inspirado en el art. 1°, letra b) del Código del Ducado de Baden.

 Juan Carlos Rébora, se refiere al tema al comentar este artículo de nuestro Código y dice: “ En el derecho público argentino, las zonas privativas a que nos hemos referido en nuestra precedente nota al art. 17, son las establecidas por el art. 67 inc. 11 de la Constitución que nos rige. Se quiso con este inciso, que tuviéramos un Código Civil y tuvimos, pues, el sancionado en 1869. Es indudable que con ello no se agotaba la atribución de legislar deparada al Honorable Congreso de la Nación, pero es indudable también que desde la promulgación del Código Civil, cada vez que sean sancionadas disposiciones destinadas a incidir en ese cuerpo de derecho – el cual por otra parte, es obra del mismo Congreso – debe decirse expresamente que es lo que se amplía, lo que se modifica, lo que se cambia o lo que se deroga, so peligro de conmover muy seriamente, en caso de omisión, las bases en que reposa el bien inapreciable del orden jurídico”. 21[21]

 Lamentablemente, la constatación en la realidad de un proceso de fuerte descodificación de las disposiciones puede ejemplificarse en nuestro país justamente con lo sucedido a estos Códigos. En efecto, la estructura originaria de los Códigos Civil y de Comercio fue profundamente modificada a lo largo del tiempo. Este último, en especial, ha sido partido y desgajado por una multitud de leyes especiales, que sólo dejaron intactos pequeños sectores muy limitados, que aún conservan soluciones muchas veces arcaicas. [HyRB4]22[22]

 La sistematización implica el ingrediente científico de los Códigos. La materia tratada en forma única y con exclusión de toda otra disposición normativa anterior, debe ser presentada en este Corpus de un modo orgánico, siguiendo un cuidadoso método que ubique en su justo lugar a cada instituto y lo enlace y relacione con los demás integrantes, permitiendo la mejor comprensión y conocimiento de sus principios.

 En nuestros días, si bien nadie niega el valor positivo de la codificación como metodología de intervención sobre el derecho vigente para sanear su corpus, la mayoría argumenta que en la actualidad no existen las condiciones sociales y políticas que permitieron los grandes procesos de codificación de leyes realizados en el pasado.

 Los cambios sociales y políticos, los diferentes roles asumidos por los Estados en la economía de nuestros países, han generado un sinnúmero de nuevas regulaciones que han dado origen a la sanción de leyes especiales para resolver temas específicos, erosionando los contenidos de los códigos clásicos, y como expresáramos más arriba, en particular del Código Civil y del Código de Comercio, como por ejemplo las leyes del trabajo, que dieron lugar al derecho del trabajo, leyes de locaciones, leyes de propiedad intelectual, leyes de propiedad Horizontal, leyes que conformaron luego el Derecho de la Navegación y el Derecho Aeronáutico y tantos otros ejemplos que se han constituido en micro sistemas normativos independientes, dotados de principios propios y que son acompañados de criterios de interpretación normativa también específicos.

 El Código Civil, centro del sistema jurídico de nuestro país y de casi todos los países del sistema de derecho continental derivado del código napoleónico, se desdibuja convirtiéndose en un derecho casi residual de principios. Esta es la tesis sostenida en Italia, con amplia resonancia, por Natalino Irti en su “ L’eta de lla decodificazione, Giuffré , 1979”.

 Pero un nuevo código debe sentar las bases fundamentales o constitutivas de la sociedad civil y debe responder a una concepción política. Nuestro Código Civil así lo hizo. Es cierto que un código no significa hoy lo que significaba en el pasado, hace ciento cincuenta o doscientos años. Nadie puede pensar hoy razonablemente en la inmutabilidad sobre la base de la perfección legislativa, ni en conceptos como la omnicomprensión del derecho privado, ni puede desconocer la multiplicación de microsistemas que hemos señalado como fenómeno creciente en estos últimos cincuenta años.

 Menos aún en medio del proceso de globalización económica y política, de alcance impredecible, en el que estamos inmersos. ¿Cuál modelo? ¿Cuál principio? ¿Cuál moral? ¿ Cuál proyecto? Son preguntas sin respuesta cierta para los argentinos y creo para muchos ciudadanos de diferentes países. ¿Codificaremos o volveremos a dar fuerza normativa a los usos y costumbres empresarias, que son usos del Mercado, lex mercatoria? 23[23]

 Actualmente, dice Friedmann, los cuerpos legislativos trabajan activamente en todas partes, flanqueados por una multiplicidad de organismos administrativos por un lado y por una diversidad de instituciones judiciales por el otro. Moldean y reglamentan el campo de acción de las empresas de negocios, así como las relaciones de propiedad de las familias y hasta los hábitos de crianza de los niños. La legislación sobre los contratos de arrendamientos y de compra afecta poderosamente los hábitos del comprador, mientras que la legislación sobre zonificación y planeamiento urbano tiene una influencia decisiva sobre la propiedad territorial y otros derechos de propiedad. Una sociedad altamente urbanizada y mecanizada, en que un gran número vive estrechamente juntas y dependen cada vez más las unas de las acciones de las otras, y del abastecimiento de mercaderías que están fuera de su propia esfera de control, ha conducido a un papel más activo y creador de los instrumentos deliberadamente legislativos del Estado. 24[24]

 Casi treinta años después, en la sociedad de la información y del cableado, del mundo empequeñecido y global, las leyes están impelidas a rescatar nuevos y viejos derechos individuales y sociales, producto de esta fenomenal transformación.

 A estas consideraciones debe agregarse la nueva dificultad surgida de la aparición de los Mercados Ampliados, con la generación de nuevos “legisladores” de los que emanan nuevas normas con igual o superior jerarquía que las ya existentes en los derechos nacionales clásicos, que afectan a estos a través de abrogaciones, modificaciones implícitas y no textuales, cuando no de superposiciones o contradicciones, repitiendo el esquema de confusión y desconocimiento del derecho vigente y reclamando a su vez tratamiento e intervención sobre los textos legislativos.

  Es por ello que las expresiones ordenamiento legislativo o reordenamiento de las leyes aparecen hoy más asociadas al concepto de codificación formal o consolidación.

 La Codificación formal o Consolidación.-

 Sin lugar a dudas la consolidación , como ya hemos dicho, de obtenerse, no es el punto final del proceso sino el punto de partida necesario pero no suficiente en el camino del perfeccionamiento sistemático, orgánico y sustancial del derecho legislativo y del acceso a su conocimiento cierto.

 El método de la consolidación se ha desarrollado especialmente en los sistemas de derecho de los países pertenecientes al “common law” que han quedado al margen del movimiento de las grandes codificaciones, pero es practicado en todos los países, aún aquellos que como el nuestro poseen tradición codificadora.

  La finalidad perseguida por la aplicación de este método es la de lograr eliminar una cantidad de textos de leyes o de otras normas que poseen fuerza de ley, sobreabundantes y mal coordinadas entre sí, o en clara contradicción en sus contenidos, o superpuestas en el tiempo, sustituyéndolas por un único texto, sin introducir modificaciones sustanciales a la legislación.

 Ahora bien, qué intervenciones se pueden efectuar sobre la legislación para consolidarla sin que ellas impliquen innovar la sustancia de aquella?

 Resulta posible trazar una línea divisoria entre cual operación no modifica la sustancia de la norma y cuáles operaciones llevan ínsita la innovación de la sustancia de la legislación?

 Que entendemos por sustancia de la legislación? El autor del texto de consolidación opera o interviene sobre el texto del enunciado normativo y/o sobre el significado del enunciado? Deberíamos tener respuestas adecuadas a estos interrogantes, pero no parece ser sencillo encontrar respuestas únicas y válidas para todos.

 Parece evidente que el autor de una consolidación formal no debe introducir una nueva regla con un nuevo enunciado normativo y que no debe modificar el significado ( la regla) expreso del enunciado siempre que el significado sea el mismo.

 Esta actividad así planteada se nos presenta claramente como una actividad interpretativa. Para que no resulte arbitraria deberá ser efectuada siguiendo criterios lógicos generalmente aceptados, en armonía con las reglas y los usos lingüísticos imperantes en la comunidad a la que se dirigen, y de conformidad con las prescripciones legales sobre la manera de legislar vigentes.

 Claro que la consolidación no puede consistir sólo en una simple rectificación de errores materiales o en una mecánica operación de puesta al día de los textos a partir de las modificaciones o de las abrogaciones explícitas. 25[25]

 Debe poder identificarse y dirimir las antinomias surgidas entre textos a partir de modificaciones no textuales o de abrogaciones no expresas. Es en estos casos, donde se ve desdibujar la línea divisoria entre la intervención sobre el contenido y la no intervención. Por ejemplo, cómo se resuelve en la práctica una ambigüedad inherente a un enunciado que admite más de un significado legítimo.

 Que el redactor del texto consolidado sea un sujeto privado o la tarea sea enfrentada por el Poder Ejecutivo por delegación del Congreso no influye necesariamente en la operación a realizarse ni en la metodología a aplicarse, que pueden ser las mismas.

 La diferencia surge del hecho que en el primer caso el texto resultante no obtiene eficacia jurídica; su valor es puramente informativo, si se quiere persuasivo o demostrativo de cómo debería presentarse o redactarse, integrándolo, el texto.26[26]

  

El objeto de la Consolidación.- ¿Qué es?


 La consolidación consiste en integrar en el acto de base todos los actos modificadores, habiéndose previamente procedido a un análisis crítico del texto, tanto desde el punto de vista de la coherencia interna del acto como desde el punto de vista interlingüístico. De este modo, se obtiene un documento que se lee más fácilmente. La integración se refiere únicamente a la parte dispositiva y a los anexos a aquella integrados.

 Podemos individualizar tres categorías de operaciones de consolidación de textos: la sistemática, el lenguaje ( aspectos morfológicos, sintácticos y semánticos) y las relaciones entre las normas.

 En lo que hace a la “sistematicidad”, la actividad de consolidación podrá consistir en:

         Introducir eventuales nuevas particiones de nivel superior al artículo ( sección, capítulo, títulos, partes) según sea la multiplicidad de textos a coordinar y la complejidad y amplitud de la materia tratada.

         Dar, si ello fuere necesario , nueva localización y numeración a los artículos o incisos.

         Reformar los eventuales reenvíos con relación a la sistemática del texto unificado.

         Excluir del texto ordenado las normas intrusas eventualmente presentes en las leyes objeto de la consolidación y ubicarlas en los textos a los que modifican en forma textual o no textual.

         Refundir disposiciones repetitivas o redundantes por tener igual valor normativo.

  

En cuanto al “lenguaje” la actividad puede consistir en:



         Corregir errores materiales de impresión e incorporar fe de erratas

         Normalizar la grafía

         Explicitar, donde corresponda, el significado de las siglas empleadas en las leyes.

         Normalizar la forma de redactar las citas.

         Puesta al día de las denominaciones de los órganos e instituciones que han mutado en el tiempo.

         Eliminar las ambigüedades provenientes de un uso no apropiado de conjunciones o disyunciones.

         Asegurar la homogeneidad terminológica del texto .

 En cuanto hace a las “relaciones entre las normas” consistirá en:

         Puesta al día del texto de las disposiciones de conformidad con las abrogaciones expresas o modificaciones textuales sobrevinientes

         La eliminación , a partir de las interpretaciones jurisprudenciales, de disposiciones anteriores incompatibles o que han agotado su objeto.

         Eliminación de los textos de los artículos, incisos, o frases, palabras declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación o Tribunal que haga sus veces.

         Reformulación de enunciados normativos para adecuarlos a las sentencias llamadas interpretativas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

         Reformación de los enunciados normativos para adecuarlos a las disposiciones de las llamadas leyes aclaratorias o interpretativas posteriores.27[27]

         Formulación de los enunciados por la mera exigencia del ordenamiento o por la explicitación de modificaciones realizadas en forma no textual.

 Distinción según la extensión de la consolidación sobre el sistema jurídico.-

 Como veíamos más arriba, el método de la consolidación puede ser aplicado a una ley determinada y sus múltiples modificaciones a través del tiempo, a un determinado sector de la legislación en vigor, consolidaciones sobre una o más materias del derecho legislativo, o sobre toda la legislación sancionada en un país desde su constitución como tal hasta el momento fijado como corte de la consolidación.

 Rodolfo Pagano distingue, siempre en los países europeos, una consolidación general de la legislación, a partir de una revisión sistemática de toda la legislación en Suiza y Alemania, o llevada a cabo gradualmente siguiendo un plan de codificación como en Francia, de una consolidación con tendencia a lo permanente, pero realizada según las necesidades y prioridades de un determinado organismo como es el caso de Gran Bretaña, de la consolidación temática, ya sea de leyes relativas a una materia específica o a un sector legislativo determinado en cada caso, sin una programación como ocurre en Italia, Grecia y España.

La preparación material de los textos es encargada a organismos permanentes en Francia, Gran Bretaña y en España; y a una comisión especial creada cada vez que sea necesario en Grecia. En cambio no está previsto ningún órgano ad hoc para realizar esta tarea en los siguientes países: Italia, Alemania, y Suiza. En Bélgica actúa la Oficina de coordinación del Consejo de Estado.

 Una solución particular para la normativa comunitaria ha sido establecida en el acuerdo institucional ( Consejo, Comisión y Parlamento) de fecha 20 de diciembre de 1994, posteriormente ratificado por el Parlamento el 18 de Enero de 1995, en base al cual el parlamento europeo se empeña en examinar y aprobar el proyecto de consolidación enviado por el Ejecutivo sin poner en discusión la sustancia de la normativa vigente.

 Efectos de la consolidación

  La consolidación produce efectos sustitutivos de los textos legislativos objeto de ella, solo si el acto de aprobación de la consolidación posee fuerza de ley. En este caso puede predicarse que el cuerpo de la consolidación así aprobado en forma de Digesto reúne, al momento de su sanción, la calidad de único derecho vigente, sobre todas las materias que hagan a su contenido.

 Si se tratase del Digesto Jurídico de todo el derecho, de una consolidación de todas las materias legislativas, se convertiría así en un Código de Códigos, dado que necesariamente los comprendería. A este tipo de consolidación acompañada de fuerza de ley, se la ha denominado en el derecho comunitario “ codification constitutive”.-28[28]

 En los sistemas parlamentarios, el testo único u ordenado por los ejecutivos presenta el problema adicional de cómo otorgarle esa fuerza legal, dado que lo común es que sean realizados por los Ejecutivos. La cuestión es que una vez elaborados no pierdan validez por el paso del tiempo necesario para su tratamiento parlamentario de aprobación, que puede llegar a ser largo y traer aparejado el envejecimiento prematuro de la consolidación elaborada y al mismo tiempo no privar al Parlamento de su poder legislativo.

[rb5].

 Las soluciones a este problema varían según los sistemas de los distintos países, y en orden a sus cláusulas constitucionales.

 Final.-

 La Ley N° 24.967 determina como el objetivo de esta ley el fijar los principios y el procedimiento para contar con un régimen de consolidación de las leyes nacionales generales vigentes y su reglamentación, a través de la elaboración y aprobación del Digesto Jurídico Argentino.

 Esto significa que ha elegido esta metodología, la de la consolidación, para alcanzar tal fin.

 Esta definición de la Ley, más allá de ciertas imprecisiones en que incurre en su art. 6 al enumerar las técnicas a aplicar para la realización de la tarea, hace que todo lo aquí expuesto, sobre la Codificación formal o Consolidación, le sea aplicable.

 La gran tarea está en marcha y avanzada. Esperamos que concluya con éxito y que el Digesto Jurídico Argentino se transforme en un hito en el camino difícil pero imprescindible hacia el conocimiento cierto del derecho por todos los ciudadanos, sin ficciones.

 




1[1] Para la definición de este concepto, como el de sistemas jurídicos que utilizaré en el desarrollo me remito a la obra central de nuestra doctrina , de Carlos E. Alchourrón y Eugenio Bulygin, “ Introducción a la Metodología de las Ciencias Jurídicas y sociales”, 2da. Reimpresión, E. Astrea, Buenos Aires, 1993, Capítulo IV.

2[2] Ver: F. López de Oñate, “La certezza del diritto”, Giuffre, Milano, 1968 (reimpresión), P. 69.

3[3] Portalis, “ Discours preliminaire”, en A Fenet, Recueil complet des travaux preparatories du Code Civil, Paris, 1836.

4[4] Estos datos son mencionados por Rodolfo Pagano, como extraídos de los archivos electrónicos del Servicio de Documentación Automática de la Cámara de Diputados de Roma.

5[5] Al momento de redactar estas líneas se han sancionado más de 25.000 leyes.. A ello hay que sumar los reglamentos y la legislación delegada.

6[6] J. Charbonnier, “L’inflation des lois “ Revue des Sciences Morales et Politiques, 1982, n°4.- Compartimos esta aseveración. Muchas veces no es necesaria la sanción de la ley y sin embargo se la utiliza como vehículo sobreactuando la solución.

 


7[7] F. Vassalli, Missione del giurista nella elaborazionedelle leggi, en Studi giuridici, Milan, 1960 vol.III.-

8[8] S. Simitis1970, pp. 28 ss.; cfr. también: S. Simitis, 1987, pp. 53 ss.; A. Pérez Luño, E 199ld, pp. 43 ss. y 1993b, pp. 80 ss.

9[9] R. Pagano, “La Técnica Legislativa y los Sistemas de Informática Jurídica”, en Informática y Derecho, Aportes de Doctrina Internacional- Buenos Aires, Depalma, Volumen II.- En nota Pagano cita varias obras sobre la inflación legislativa, entre las que destaco la de R. Savatier, “ L’inflation legislative et l’indigestion du corps sociel” Recuill Dalloz, Sirey, 1977.-

10[10] Antonio A. Martino, "La contaminación legislativa," Anuario de Sociología y Psicología Jurídicas, Barcelona, 1977, p.47-63

11[11] Antonio A. Martino, “ El Digesto Argentino: Una oportunidad para no perder”, La Ley, Actualidad, 25 de Agosto de 1998, pags. 1 /2.

12[12] Ver Brenna, Ramón G. y Zeitler, Enrique E. , “Derogación y Técnica Legislativa”, Revista de la Asociación de Empleados Municipales, N° 25, enero-abril 1978, págs. 75/81.

13[13] Decreto emanado del Director Provisorio de la Confederación Argentina, el 24 de Agosto de 1852.-

14[14] No trataré aquí este fenómeno que nació con las administraciones demócratas en E.E.U.U.,que han intentado una disminución generalizada de las leyes que conforman el Statute Law, en materia de de asistencia social o programas de esta naturaleza. Se trataría de una medida de clarificación del cuerpo legislativo por la sola eliminación de regulaciones. Para un análisis más completo ver Antonio A. Martino, ob. cit. Supra.

15[15] Es interesante al respecto la observación que formula Antonio A. Martino, cuando afirma que “…es óptima cosa que los organismos políticos competentes ( Parlamento, Congreso, Poder Ejecutivo, poder local etc.)hayan empezado a preocuparse de los requisitos de las leyes futuras; sin embargo , por perfectas que ellas sean, su introducción en un conjunto de normas en vigor, totalmente contaminado, producirá, a su vez, consecuencias normativas contradictorias, redundantes, lagunosas”. En Auxilio computacional a la Legislación ¿Hacer leyes con computadoras? Colección Informática y Derecho Vol. IV, Buenos Aires, Depalma,1993.

16[16] Esta Recopilación no entró en vigor en nuestro país pues no alcanzó a ser comunicada a las autoridades virreynales.

17[17] A.F.Orma, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Año 1902, 15 sesión ordinaria, págs. 286/87.-

18[18] Ver G. Criscuoli, Introduzione allo studio del diritto inglese. Giuffré, Milano, 1981, página 16.

19[19] Jorge Joaquín Llambías, “Tratado de Derecho Civil”, Parte General, Tomo I, Buenos Aires, E. Perrot, 1964.-

20[20] Jorge Joaquín Llambías, ob. Cit

21[21] Juan Carlos Rébora, “ El Código Civil de la República Argentina” Buenos Aires, TEA, 1965.-

22[22] Ver en tal sentido “ Proyecto de Código Civil de la República Argentina° , con nota de elevación, fundamentos y Legislación complementaria, Ministerio de Justicia de la Nación, Buenos Aires, 1999.

23[23] Ver Jorge Mosset Iturraspe, “ El Código Civil y el Siglo XXI ¿reformar, cambiar o mantener?”, Buenos Aires, Jurisprudencia Argentina, 80° Aniversario, 1918 –1998, pags. 348 y ss.

24[24] W.Friedmann, “ El Derecho en una sociedad en transformación”, México ,D.F. 1966.

25[25] Hay quienes interpretan literalmente las disposiciones de la Ley N° 20.004 y limitan el ordenamiento a las correcciones gramaticales. No estamos de acuerdo con esta visión reduccionista que impediría actuar con provecho sobre la legislación vigente. Para acentuar el problema la Ley del Digsto Jurídico Argentino afirma que En la confección del Digesto Jurídico Argentino el Poder Ejecutivo Nacional no podrá introducir modificaciones que alteren ni la letra ni el espíritu de las leyes vigentes. La frase merecerá más de una interpretación en la realidad práctica de la intervención sobre los textos.

26[26] En el web de la Comunidad Europea se advierte especialmente de ello con una leyenda que dice: “Esta presentación en Internet pretende contribuir a la acción general emprendida por la Comisión para hacer más accesible el Derecho comunitario. Se advierte al usuario que los textos consolidados se presentan a título informativo; por consiguiente, no crean ningún derecho ni ninguna obligación distintos de los que se derivan de los textos jurídicos legalmente adoptados y publicados; éstos son los únicos textos auténticos”.

27[27] CNCiv., sala G, Abril 26 –985 “ Consorcio de Propietarios de Centro Comercial barrio Piedrabuena c. Municipalidad de la Capital”, La Ley, 1985-C – 477 – DJ, 985 –48- 550.

28[28] Es el caso de nuestro Digesto Municipal de la Ciudad de Buenos Aires 1978, y pretende serlo el Digesto Jurídico Argentino.


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