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El narco: La guerra fallida Autores: Ruben Aguilar V. Jorge G. Castañeda Editorial punto de lectura edición Octubre 2009


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Una alternativa: construir una policía nacional


La cuarta vertiente de una posible alternativa consiste en la reestructuración de las fuerzas públicas en México. Todos reconocemos que meter al ejército es la peor solución de todas, con la excepción, parafraseando a Churchill, de las demás. En efecto, fuera de las fuerzas armadas, todo es Cuautitlán. Pero esto que es cierto con Calderón, también lo ha sido con Fox, Zedillo, Salinas y De la Madrid. México no cuenta con una policía, ni siquiera como la colombiana, ya sin hablar de la chilena, capaz de actuar en todo el territorio nacional, capaz de intervenir y entrar en combate frente a todas las actividades contrarias a la ley. Henos entonces frente a un círculo vicioso: presidente que echa mano del ejército, por carecer de alternativas, pospone en los hechos, e indefinidamente, la construcción de una policía nacional. Esto obliga al sucesor a enfrentar el mismo dilema: ejército o narco.

Por ello, convendría más perseguir una estrategia de control de daños colaterales, de reducción del daño, de 1u- cha por la despenalización en Estados Unidos y, en México, de repliegue táctico a un combate —a través del ejército— puntual, esporádico y aleatorio contra ciertos cárteles, en ciertos momentos, en ciertas zonas. Esto duraría el tiempo que tardemos en reestructurar los códigos penales de los estados y sustituirlos por un código penal único, y reemplazar a las policías municipales y estatales por una policía nacional única. Esa policía, que cumpliría con el conjunto de funciones asignadas a las otras, se tardaría sin duda un buen sexenio en construirse. Podría ir haciéndose cargo, de manera optativa (opt—in, opt—out), de la seguridad en distintos estados y municipios del país, en función de disponibilidades de efectivos operacionales. Gobernador que deseé entregarle al gobierno central la seguridad de su estado y lavarse las manos del asunto, bienvenido; gobernador que decline la oferta, adelante: que siga con las fuerzas policiacas con las que cuenta actualmente. Estamos convencidos de que la inmensa mayoría de gobernadores preferiría mil veces dejar esa responsabilidad en manos de la federación que perseverar en una lucha imposible con el enemigo en casa.


A la vuelta de un sexenio, o antes, se dispondría de una policía nacional bien entrenada, con una sección de asuntos internos especializada, con armamento, equipo de comunicación, transporte y uniformes homogéneos y, sobre todo, con un número adecuado de efectivos operacionales (es decir, de combate, armados y dispuestos a jugarse la vida, no de analistas de inteligencia como los 14 ejecutados de Michoacán en julio). A la larga, esta corporación no podría cumplir con sus nuevas responsabilidades si no sumara más de 150 mil efectivos, lo cual en un país de 110 millones de habitantes no es nada del otro mundo (la suma de policías estatales y municipales, en el mejor de los casos inútiles y en el peor cómplices, es de 390 mil; hoy en día los efectivos operacionales de la Policía Federal Preventiva no rebasan 20 mil). Tal vez se requiera más, sobre todo si dicha policía se llegara a hacer cargo algún día de la seguridad en el Distrito Federal y en el Estado de México; no pasaría nada.
Una alternativa: sellar el Istmo de Tehuantepec
Desde 2004, cuando aún era encargado del Cisen, y sobre todo a partir del 2005, cuando pasó a ser titular de la Secretaría de Seguridad Pública (ssp) con Fox, Eduardo Medina Mora, procurador General con Calderón, esgrimió la tesis del sellamiento de la frontera sur de México en el Istmo de Tehuantepec. Retomaba y ajustaba una tesis que planteó en 1998 Oscar Rocha, yerno de Francisco Labastida, cuando el primero era agregado antinarcotráfico en nuestra embajada en W/ashington y el segundo secretario de Gobernación.
En un breve memorándum que fue entregado a las autoridades de Relaciones Exteriores en el sexenio de Fox por los funcionarios salientes, Rocha sostenía qe la principal obra antinarcotráfico debía consistir en sellar la frontera sur con Guatemala, por tierra, mar y cielo (aunque parezca bolero). De ese modo, y contando para ello cofl los recursos aéreos, marinos y terrestres, humanos y materiales necesarios, se podría elevar el costo para los narcotraficantes de transitar por México, a tal punto que buscarían otra vía, de la misma manera que los capos colombianos encontraron el conducto mexicano cuando se les cerró el acceso, vía el Caribe, al sur de Florida. Rocha argumentaba entonces que se debían comprar aviones, globos aerostáticos, lanchas rápidas, radares, y construir las barreras terrestres imprescindibles para desviar a otras rutas la mercancía procedente de Colombia y encaminada a Estados Unidos. Esto, que hoy parece obvio, en ese momento no lo era tanto; Zedillo y luego Fox intentaron avanzar por este Camino, sin demasiado éxito.
De ahí la ocurrencia, nada absurda, de Medina Mora: el problema no yacía en el concepto, sino en el lugar. Había que sellar la frontera donde se podía hacerlo, a saber, en el Istmo de Tehuantepec, que en su punto tuás estrecho apenas mide 210 kilómetos; es relativamente plano y habitado, a diferencia de la casi incontrolable frontera con Guatemala. Por supuesto que Medina Mora no desconocía los problemas que un enfoque de este tipo entrañaría para Chiapas, por ejemplo, e incluso para Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Pero el propio autor de la tesis, junto con múltiples colegas suyos que se han ido convenciendo en los últimos años de esto, parece haber concluido que esas consecuencias negativas son menores y más manejables que las de una defensa fútil de una frontera completamente porosa.
Nos confiesan funcionarios de distintas instancias gubernamentales que a pesar de que ni la tesis del sellamiento, ni la de su ubicación en Tehuantepec han sido abandonadas, en los hechos su aplicación se halla paralizada. Los globos aerostáticos están en tierra; no se han comprado más que tres aviones Embraer con radares aéreos, ni más lanchas rápidas suecas. Como todo esto forma parte de la opacidad de la guerra de Calderón, no sabemos a ciencia cierta si en efecto así es. Pero, en todo caso, podemos saber lo que creemos que convendría hacer hacia adelante.
En primer lugar, se trataría de sellar con fuerzas terrestres en carreteras, caminos, brechas y poblados el Istmo de Tehuantepec. En segundo lugar, habría que crear ahí una especie de nofiy zone, en la que cualquier vuelo no comercial sería ipsofacto derribado en cuanto apareciera en los radares. Desde hace dos años el gobierno de Calderón obliga a aterrizar en Cozumel o Tapachula a todos los vuelos privados procedentes del Caribe, Centro y Sudamérica; pero eso no equivale a ejercer plenamente la inmensa superioridad aérea con la que cuenta el Estado. Y, por último, sería menester, como se hace en parte, extender la cobertura marina por decenas de kilómetros, tanto en el Golfo como en el Pacífico, en ambas riberas del Istmo. Es cierto que algunos funcionarios aclaran que la vía preferida hoy por el narcotráfico es la terrestre y que la aérea ha caído en desuso, aunque algunos otros dicen lo contrario. Pero es evidente que si no se atacan los tres frentes simul táneamente el más débil se convertirá en punto de ataque del narcotráfico.
Quizás la originalidad de esta propuesta, más allá de aplicarla en lugar de sólo pensar y discutirla, reside en una pregunta: ¿Puede México hacer esto solo? Todo indica que no. Por desgracia, no contamos hoy en día ni con el ejército, ni con la fuerza aérea, ni la marina necesarias para mantener este esfuerzo de manera duradera y eficaz. De ser así, la siguiente pregunta caería por su propio peso: dado que sólo Estados Unidos tiene un interés real para ayudarnos, ¿debemos buscar su ayuda para sellar Tehuantepec ola frontera con Guatemala? ¿O preferimos alcanzar un sellamiento a medias, por querer ser soberanistas a medias? Cada vez aceptamos más agentes de la DEA, la CIA, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias estadounidenses, pero no asesores para llevar a cabo esta faena. Se trata de una de las grandes interrogantes a la cual probablemente tendrá que responder el siguiente sexenio. Sería, en efecto, un Plan Colombia para México, o simple y llanamente un Plan México.
De la misma manera, se requeriría de un apoyo de Estados Unidos mucho más moroso, duradero e “ingerenciSta” con el fin de secar el mar donde nadan los peces, para recurrir a una metáfora propia de la contrainsurgencia y atribuida antes a Mao Tse Tung. Un apoyo con el fin de detener realmente los flujos financieros de Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos, así como para desmantelar los circuitos financieros del narco. Para controlar y limitar el lavado de dinero (es imposible erradicarlo) se necesitaría sin duda una revisión de cuentas, una suspensión del sigilo bancario para ciertos casos; cruzar datos financieros mexicanos y estadounidenses con signos exteriores de riqueza, declaraciones de impuestos con declaraciones patrimoniales en ambos países, y transferencias financieras, no sólo de más de más de 10 mii dólares (incluso éstas no siempre son vigiladas). Esto probablemente sí surtiría algún efecto. México y Estados Unidos vienen cooperando a! respecto desde hace años; pero es obvio, a estas alturas, que dicha cooperación no ha alcanzado el nivel de confianza para compartir información, y ni de tener elfuli disclosure y compliance indispensables. No es seguro que los grandes magnates mexicanos quieran que Estados Unidos comparta con México información sobre ellos, o que ellos quieran compartir con las autoridades mexicanas información sobre sus activos en Estados Unidos; en el pasado han mostrado ser muy reticentes al respecto. Evidentemente, no habría que hacerlo porque se trate de patrimonios maihabidos, pero no se puede evitar si se quiere cubrirlo todo.
Vemos, entonces, que si bien no existe una alternativa perfecta, completa, y probada antes de su ejecución, puede construirse. Se tiene que ir armando sobre la marcha. Hay que ir aprendiendo las lecciones de distintos países, de distintas experiencias, de las mejores prácticas. Hay que innovar, experimentar e, inevitablemente, fracasar también. Pero la construcción de esa alternativa, con imaginación, audacia y valentía, es una empresa mucho más redituable que colocar los mismos dotes al servicio de una causa perdida, por la razones equivocadas, con los medios equivocados y persiguiendo fines equivocados.

Para concluir



A lo largo de estas páginas, hemos visto cómo las principales justificaciones para el guerra del narco no se sostienen. El consumo de estupefacientes en México o bien no aumenta, o bien lo hace a partir de una base tan pequeña que los incrementos absolutos resultan insignificantes, por más que los relativos parezcan alarmantes. A propósito de la violencia, del contubernio con el crimen organizado, de la extraterritorialidad y la corrupción de las esferas políticas, policíacas y militares, tratamos de demostrar que estas situaciones no son nuevas, permanentes, ni son más graves que antes, sin que ello justifique los hechos actuales o implique una postura de brazos caídos. Esta es la tierra de Toledo Corro, de Arévalo Gardóqui y El Búfalo, de Gutiérrez Rebollo y Mario Villanueva, y de muchos, muchos más. No nos leamos las cartas entre gitanos.
Sobre la sabiduría convencional relativa a Estados Unidos, es decir, la creencia de que el origen del mal mexicano yace en la demanda y las armas estadounidenses, buscamos explicar que en parte se trata de medias verdades, en parte de sueños guajiros. La importación de armas a México desde el norte no es una explicación, ni mucho menos una causa de la violencia en nuestro país. Las armas provienen de todas partes, y países sin frontera con Estados Unidos padecen niveles de violencia muy superiores a los que rigen en México, niveles que en los últimos dos decenios han descendido notablemente, de acuerdo con las cifras del propio gobierno. La disponibilidad de armas en el mundo, y en Estados Unidos, es una constante, no una variable. Tal vez el poder de fuego de dichas afilas haya aumentado en tiempos recientes, pero no son nuevas la Segunda Enmienda a la constitucj norteamericana, que garantiza el derecho a portar armas, ni la fuerza cabildera de la NRA, ni es posible el regreso al status quo ante de 1994, cuando no existía el Assaujt Weapons Ban.
No ha caído, ni existe razón alguna para creer que caiga, la demanda estadounidense de sustancias ilícitas, que se ha mantenido estable durante casi medio siglo, a pesar del número incalculable de lamentos mexicanos de que la culpa la tienen los “pinches gringos mariguanos”, ni a pesar del número igua1men incalculable de exigencias mexicanas para que los estadounidenses reconozcan su “responsabilidad” algo que siempre han hecho, sin consecuencia alguna—. De allí no sólo el carácter inviable de exigir una reducción de la demanda sino el rechazo al carácter deseable de dicha aspiración por parte de los sectores más progresistas, y cada vez más numerosos, de la sociedad estadounidense. A las preguntas obvias (Apoco el gobierno no sabía todo ésto? Entonces porque procedió como lo hizo?) respondimos desde el ptincipio. por motivos políticos, producto directo de la supues necesidad de legitimarse, al término de un proceso electoral cuestionado por los perdedores.
Por último, propusimos una visión alternativa del “éxito” colombiano sin menosprecian0, y, a partir del mismo, un bosquejo de otro camino para México. Fuimos insinuando dicha alternativa a lo largo del texto —reducción del daño, combate a los daños colaterales quid pro qitos tácitos con los adversarios conformación de una policía nacional, sellamiento del Istmo de Tehuantepec, una postura distinta ante Estados Unidos— e insistimos cuantas veces fue posible que esta opción equivale a todo menos que a resignarse al Apocalipsis sin hacer nada. Dejamos para el final la exposición de la sucinta propuesta para que se derivara del cuestionamiento y análisis de las tesis oficiales, y no al revés. Pero insistimos en presentarla, aunque no sea el objetivo de este opúsculo, porque es evidente que, a estas alturas, ca— rece de sentido mirar únicamente hacia atrás. Calderón ya se metió en ésta dinámica, y (aunque ahora el tema esté devaluado, ocupando el noveno lugar en el decálogo presidencial de compromisos para la segunda mitad del sexenio) no existe una salida evidente.
Hace dos años, uno de nosotros formuló una analogía del panorama actual con la llamada “Doctrina Powell” sobre la primera guerra del Golfo Pérsico. Como algunos recordarán, Colin Powell, a la sazón jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y veterano de la derrota de su país en Vietnam, delineó cuatro requisitos indispensables para consumar una intervención norteamericana en el exterior sin desembocar en una nueva debacle, requisitos que se cumplieron en 1991. Primero, le parecía imprescindible una aplastante superioridad de fuerzas sobre el enemigo (overzvhelmingforce); segundo, se necesitaba contar con una estrategia clara de salida (exit strategy); tercero, el éxito exigía una definición del triunfo (a definition of victoy); y por último, no era posible la victoria sin el apoyo conciente e informado de la gente (the hearts and minds of the American people). De alguna manera, buena parte de Estados Unidos le reclamó a Powell, ya secretario de Estado, no haber demandado la aplicación de su doctrina antes de la invasión de Irak en 2003, ya que el fracaso de ese faena se debió en buena medida a la obcecación de Bush y Rumsfeld para proceder sin cumplir con las condiciones de Powell, quien por cies- gracia no se les opuso.
Nosotros no entramos en ese debate, pero explicamos en 2007 que la guerra de Felipe Calderón no cumplía para nada con las tres primeras exigencias de Powell, y sólo a medias con la cuarta. El Estado mexicano no cuenta con una fuerza infinitamente superior a la del narco, no se vislumbra una estrategia de salida, no existe una definición de la victoria y, aunque subsiste el apoyo de la mayoría de los mexicanos, dicho respaldo es escéptico, lejano al terreno y difícilmente duradero. Muchos de los resultados de hoy se podían vaticinar desde antes, a partir de esta analogía, forzada si se quiere, pero útil para pensar las cosas. No obstante, todo eso ya es historia, y ahora hay que abocarse al futuro.
Hacia adelante, quizás convenga citar Dro gas y democracia: hacia un cambio de paradigma, el ya conocido documento de los ex presidentes latinoamericanos Ernesto Zedillo, Fernando Henrique Cardoso y César Gaviria, junto con otros distinguidos ciudadanos de América Latina. No compartimos todas sus conclusiones y, obviamente, por tratarse ele estadistas con puntos de vista políticos, en ocasiones su lenguaje es elíptico, excesivamente equilibrado o deliberadamente ambiguo. Pero constituye el pronunciamiento más explícito, audaz y dotado de autoridad moral y política que ha emanado de la región en años. Por ello representa una colofón apropiado para este pequeño libro.
Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados... Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación de las drogas. Por ello, romper el tabú, reconocer los fracasos de las políticas vigentes y sus consecuencias es una condición previa a la discusión de un nuevo paradigma de políticas más seguras, eficientes y humanas... La cuestión que se plantea es reducir drásticamente el daño que las drogas hacen a las personas, a las sociedades y a las instituciones. Para ello, es esencial diferenciar las sustancias ilegales de acuerdo con el daño que provocan a la salud y a la sociedad. Colombia es un claro ejemplo de las limitaciones de la política represiva promovida globalmente por Estados Unidos. Durante décadas, este país ha adoptado todas las medidas de combate imaginables, en un esfuerzo descomunal, cuyos beneficios no se corresponden con los enormes gastos y costos humanos. A pesar de los significativos éxitos de Colombia en su lucha contra los cárteles de la droga y la disminución de los índices de violencia y de delitos, han vuelto a aumentar las áreas de siembra de cultivos ilícitos y el flujo de drogas desde Colombia y el área Andina... [Por ello es preciso] evaluar la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica.
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