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El gobierno ha faltado a la verdad: no se ha restituido una sola hectárea de tierra


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El gobierno ha faltado a la verdad: no se ha restituido una sola hectárea de tierra
La restitución como cortina de humo a las peores políticas agrarias
Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate sobre restitución de tierras, plenaria del Senado, 29 de mayo de 2012. (Ver video 1h.13m: http://bit.ly/L2RqaD)
Además de la restitución, Santos tiene otras políticas agrarias. El eje, más importaciones con los TLC e impulsar la gran producción monopolística. La extranjerización de la tierra. Los campesinos como siervos. La restitución es una cortina de humo que ni humo echa. El Polo está por la restitución efectiva de tierras a las víctimas. Ni por la vía de la ley ni administrativamente se ha restituido una sola hectárea. El gobierno sí se comprometió con metas. Por decreto desinvirtió la carga de la prueba. Formalizaciones no son restituciones. En formalización Santos ha hecho menos que los anteriores gobiernos. Cascada de mentiras desde la Casa de Nariño. El escandaloso caso de Las Catas.
Lo que vamos a hacer hoy aquí es un debate llamémoslo institucional del Polo Democrático Alternativo y se concentra de manera particular en el tema de la restitución de tierras. Vamos a hacer un balance a ver en qué va la política de restitución de tierras del gobierno, qué desarrollos hay hasta hoy y qué se vislumbra en el corto plazo.
Este es un debate a favor de la restitución de tierras y de la atención a las víctimas de la violencia. En eso no puede haber la menor duda. El Polo Democrático Alternativo desde siempre ha defendido la restitución de tierras. Hemos incluso participado muy activamente en la organización de las víctimas de la violencia. Luego este debate a lo que apunta es a que al final las conclusiones contribuyan de manera positiva a que la restitución de tierras asuma el rumbo que debe y se logre atender con éxito uno de los problemas más graves de la vida del país. Pero también, para empezar, voy a mirar brevemente el resto de la política agraria del gobierno del presidente Santos. La restitución de tierras es parte de otras políticas que vale la pena mencionar brevemente, porque vamos a ver a lo largo de la intervención cómo se ensamblan las unas con las otras.
La política agraria es regresiva
Voy a demostrar que se está ante una política agraria profundamente regresiva, probablemente la más retardataria de la historia de Colombia, que estimula las importaciones de productos del agro, tiene como propósito concentrar más la producción y la tierra, apunta a constituir verdaderos monopolios, incluso entregándoles las tierras a los inversionistas extranjeros, y tiene como concepción convertir a los pobres del campo, no en campesinos libres, sino más bien en una especie de siervos, que nos recuerdan las relaciones feudales del Medioevo.
Tocaré con brevedad un tema al que mis colegas se van a referir más adelante y explicaré cuáles son las razones por las que he venido sosteniendo que la política de restitución de tierras va muy mal, supremamente mal. Lo que es más grave, no veo al gobierno con vocación de corregir lo que se viene haciendo, sino por el contrario, se empecina en seguir el mismo rumbo, recurriendo incluso a una serie de frases y de cifras que crean confusión y ocultan lo mal que va la política agraria.
De manera clarísima voy a demostrar que no es cierto que aquí se esté haciendo un “esfuerzo monumental”, como lo repite la propaganda, que aquí estemos ante “un récord histórico”, que aquí hay una “revolución agraria”, que se le “está cambiando la faz al país” y que tenemos al doctor Santos como “el presidente de los campesinos”. No, esos son cuentos de los publicistas de la Casa de Nariño, lejísimos de la realidad. De los análisis ustedes mismos van a concluir que la política de restitución es un poco una cortina de humo para el resto de la política agraria, con una particularidad y es que ni humo echa, el humo ha sido reemplazado por retórica.
El agro colombiano va muy mal. Es mala la situación de los ganaderos, que han visto disminuir su rentabilidad de manera bien notoria, mala la situación de los arroceros, de los cacaoteros, de todos. No es el tema que nos ocupa, pero quiero dejar planteado que este gobierno no corrige el rumbo ni aplica la política agraria que Colombia necesita. Parte esencial de la política de tierras son los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Europa y otros países. Desde hace rato, desde los tiempos de César Gaviria, el libre comercio le viene haciendo un daño inmenso al aparato productivo colombiano.
La feroz concentración de la tierra rural, una de las más altas del mundo, se explica en parte por la violencia que padecemos, pero también por el desastre agrario y por la ruina de nuestros productores. Un campesino boyacense me decía en estos días, senador, con las importaciones me quitaron el trigo y la cebada. No me queda sino la leche. Si me quitan la leche, me quitan la vaca y si me quitan la vaca, me quitan la tierra. Es el proceso que viene caminando.
Aquí acaba de señalar el presidente del Directorio Nacional Conservador la gravedad que significa que en los tres primeros meses de este año hayan aumentado las importaciones agrícolas en 50 por ciento. En el caso de los lácteos, aumentaron 453 por ciento, medido en toneladas, y en el del azúcar, 217 por ciento, y eso que todavía no tenemos allí el impacto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Cabe anotar que el Banco Mundial, en últimas el que determina la orientación de la macroeconomía colombiana, ha fijado una posición con respecto a lo que Colombia debe hacer en el marco del TLC con Estados Unidos. En un estudio del 2007, hecho para Colombia, reconoce que el TLC impactará en materia grave la economía agropecuaria y profundizará las desigualdades. Propone entonces la solución que, como ustedes van a verlo, casa con la política de tierras de este gobierno. Según el Banco Mundial, “el uso eficiente de la tierra requiere condiciones que faciliten la movilidad de los derechos de propiedad, de modo que pueda ser utilizada en actividades más productivas por usuarios más eficientes”. Dice el Banco Mundial, es decir, dice Estados Unidos que la tierra debe ser utilizada “en actividades más productivas por usuarios más eficientes”, o sea, lo que se plantea es una política de despojo de quien sabe cuántos compatriotas. Advierte además, ténganlo en cuenta, que en buena parte esa política se va a hacer por la vía del arrendamiento, que ellos consideran muy propicia para adelantar sus concepciones.
Impulsar la gran producción monopolística
Es claro también que el centro de la política agraria de Juan Manuel Santos es la gran producción. El punto 63 de su programa de gobierno dice con todas las letras que hay que impulsar “el desarrollo de grandes explotaciones agropecuarias” que tengan a su lado unos cuantos campesinos pobres del pancoger. Plantea de manera clara, además, que debe eliminarse la UAF o unidad agrícola familiar, una medida de economía campesina que se volvió un estorbo para que los baldíos del Estado puedan pasar a los grandes inversionistas. La política que plantea el programa de gobierno del presidente Santos la había ya propuesto Álvaro Uribe Vélez en el discurso famoso de La Fazenda, hace unos años. Uribe señalaba que las tierras de la altillanura deberían desarrollarse mediante haciendas de “40, 45.000 hectáreas”, pero que había que eliminar la traba de la UAF. Sin embargo, él y el ministro Arias consideraban que no tenían condiciones para eliminarla y permitir que la gran propiedad económica se quedara con los baldíos del Estado.
El 26 de agosto de 2010, recién posesionado, el ministro Juan Camilo Restrepo se fue a la reunión de la Asociación Bancaria y señaló que había que desmontar la UAF, porque entorpecía la concentración de la tierra. Dijo que había que inspirarse en la gran producción brasileña y fue claro en señalar que había que estimular la “gran agricultura empresarial”. Se cubrió un poquito con la hoja de parra añadiendo que serían “asociaciones” con pequeños y medianos campesinos, pero dejó en claro que el objetivo era la gran producción.
Después, en El Tiempo, el 14 de marzo, señaló que una buena empresa agroindustrial debía tener “una mínima economía de escala” del orden de “10 o 15 mil hectáreas”, la mínima, agrega el doctor Juan Camilo Restrepo, para que le quepan “inversiones de 200 ó 300 millones de dólares”, es decir, del orden de 600 mil millones de pesos. No estamos hablando de los empresarios de siempre en la historia de Colombia, sino de algo completamente distinto.
Y nos explicó también el ministro que en Carimagua iban a asociar a unos cuantos campesinos con un inversionista que aportara entre 300 y 400 millones de dólares, es decir, hasta 800 mil millones de pesos, y digamos desde ya que asociaciones entre campesinos pobres e inversionistas de ese tamaño no son otra cosa que alianzas entre el pájaro y la guayaba madura. Está claro que la política oficial es convertir a nuestros campesinos, no en propietarios libres de la tierra, como lo ordena la Constitución, sino en una especie de siervos, de semiparceleros de la gran producción.
Además de lo dicho por el ministro para el caso de Carimagua, hay otro, el de la hacienda Las Catas, en Córdoba. El director del Incoder de esos días señaló con precisión qué quería hacer allí con los campesinos. Dijo que les daría unas pequeñas parcelas para el pancoger, cada una con su casa, y que el resto de la hacienda se explotaría colectivamente. Que tendrían “como aliados –y estoy leyendo– empresarios que aportaran su conocimiento (…) socios que compren los productos y los acompañen en la financiación”.
“En el caso del cacao vamos a contar con un aliado muy importante que es la Nacional de Chocolates”, les advirtió a los campesinos el director del Incoder, y ustedes “se tienen que volver socios, tienen que aprender a convivir bajo unas reglas y el que no se adapte” a las asociaciones con estos monopolistas “tiene que salir”.
Y Santos, el 7 de agosto de 2010, en Barrancabermeja, fue también claro en señalar que a los campesinos había que asociarlos “con importantes inversionistas”, con el mercado de capitales, una manera de llamar a los banqueros. Que los campesinos “merecen ser socios y obtener rentas de capital además de sus ingresos laborales”, frase que, traducida al buen romance, significa que será otro quien controle la tierra, por la que pagará un arriendo, y podrá contratarlos como jornaleros, si bien les va. No es entonces en campesinos libres, independientes, prósperos, en lo que está pensando el presidente Juan Manuel Santos.
Lo anterior hace parte del problema de la restitución, porque el propio gobierno ha admitido que un porcentaje inmenso de los campesinos a los que les restituyan sus tierras no quieren regresar a ellas, entre otras cosas, porque no les ofrecen facilidades. Y entonces surge la pregunta: ¿qué va a pasar con sus tierras? ¿Quién se va a quedar con ellas? Y en una ley que está en trámite aparece una figura que consagra el derecho de superficie, consistente en separar la propiedad de la tierra de lo que se siembre en ella, política que apunta a dejar a los campesinos como arrendatarios paupérrimos de los grandes establecimientos productivos.
Y el artículo 99 de la Ley de Restitución de Tierras consagra que una cosa es el derecho a la restitución y otra muy distinta el derecho al retorno. Podría suceder que un campesino a quien el juez le haya ordenado la restitución no llegue nunca a retornar a su predio, porque la ley permite que con él se quede quien hoy lo posea, si resulta ser un tenedor de buena fe, o el Estado, en su defecto, pero en todo caso se mantendrá esa gran producción.
Esta concepción de la gran hacienda, de los campesinos semisiervos, del monopolio, de los banqueros, de los “nuevos llaneros” como llamaba una revista a personajes como Luis Carlos Sarmiento Ángulo, tiene una especie de culmen en la extranjerización de la tierra. Los colombianos saben que por el mundo andan las grandes trasnacionales de los países más poderosos quedándose con las mejores tierras de países como Colombia. Compran decenas y millones de hectáreas en beneficio de los países ricos. En un debate le pregunté al ministro de Agricultura qué pensaba él de que hubieran venido chinos a comprar 400 mil hectáreas y lo único que me respondió es que a él no le parecía que eso fuera un problema. Que si eran baldíos, lo que habría era que entregarles las tierras en alguna forma de usufructo.
El Polo Democrático va a presentar una reforma constitucional que impida que las tierras de Colombia se les entreguen a los monopolios extranjeros, como ya viene sucediendo en otros países.
Ante este debate, el ministro Restrepo ha dicho que “no podemos caer en esa exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero”. Pero lo que está en juego es que las mejores tierras de Colombia pasen a menos de inversionistas norteamericanos y de otros países y se pierda la propia soberanía de este país, ya bien vulnerada.
Este gobierno logró coronar el sueño que no pudo concretar Álvaro Uribe Vélez y que era el desmonte de la famosa UAF. En la Ley del Plan de Desarrollo, el presidente Santos consiguió eliminar la UAF, por lo menos en su parte práctica, aun cuando se mantiene la legalidad, la forma, pero en la práctica, previos unos trámites menores, ya se le podrán entregar los baldíos del Estado, y estamos hablando de millones de hectáreas, a cualquier inversionista de cualquier tamaño, banquero o lo que sea, así sea propietario de otras extensiones de tierra. Y establece también la norma que ya no será impedimento el haber recibido tierras de reforma agraria, que se pueden sumar para montar grandes haciendas. Logró el ministro Juan Camilo Restrepo y el presidente Santos lo que no pudieron Álvaro Uribe y el doctor Andrés Felipe Arias. Uno esperaría que lo menos es que les hagan el reconocimiento de haber sido los orientadores de esta política que, sin duda, no es de corte democrático, como deberían serlo las políticas del agro colombiano. Y no lo es porque, insisto, tenemos el peor índice de concentración de la tierra seguramente del mundo.
Luego, en resumen y termino con esto mi primera parte, el conjunto de la política agraria de Santos es profundamente retardatario. Como el país se ha dedicado a mirar sólo lo de la restitución de tierras, este otro debate lamentablemente no se ha hecho. Los colombianos no saben que está pasando. Yo le he dicho al doctor Restrepo, ministro, por lo menos promuevan un debate democrático. No metan estas cosas a las escondidas en el Plan de Desarrollo. Permitan que los colombianos se enteren y que cada uno defienda su punto de vista, pero no encubran la política agraria más retardataria en la historia de Colombia tras la cortina de humo de la restitución de tierras, que como enseguida voy a probar, ni humo echa, porque es mucho más la retórica que la realidad.
El Polo está por la restitución de tierras a las víctimas
Empiezo repitiendo que el Polo está por la restitución de las tierras a las víctimas de la violencia. Miente quien diga lo contrario. Es un mentiroso quien pretenda señalar que el Polo está en contra de las políticas de defensa de las víctimas y los campesinos colombianos. Falta a la verdad en materia grave.
En este sentido, entonces, empiezo por llamar al gobierno nacional a que defienda con medidas efectivas a las gentes que en el campo luchan por la restitución de tierras y que han venido siendo asesinadas en un número que ya se acerca al medio centenar. El gobierno debe garantizar que cesen los asesinatos y que quienes estén a favor de la restitución puedan ejercer su derecho democrático y exigir que se cumpla. El Polo no votó el proyecto del gobierno nacional, no porque estemos en contra de la restitución, sino porque presentamos nuestro propio proyecto, el que sí considerábamos correcto, el que sí considerábamos democrático, el que sí considerábamos progresista.
Infortunadamente, la ley que presentó el gobierno no fue consultada con las organizaciones de víctimas. Es una ley cicatera, una ley que le confiere demasiados poderes al gobierno nacional y que está sujeta a la sostenibilidad fiscal, lo que en parte explica el desastre de restitución que estamos presenciando. En dos ocasiones le escribimos al presidente de la República llamándolo a que corrigiera el proyecto de ley que se tramitaba. Nuestros congresistas en la Cámara y en el Senado hicieron todo lo que estuvo a su alcance para impedir que la ley saliera con los defectos con que salió. Luego que los funcionarios no nos vengan ahora con el cuentico, a decir que porque no les aprobamos una ley mediocre, cicatera, recortada, con excesivos poderes al gobierno nacional, es que estamos en contra de la restitución. Seriedad le pido a la gente del gobierno. Aquí sí hay quienes están en contra de la restitución, pero no somos los del Polo Democrático Alternativo. Aquí no hay dos sino tres posiciones al respecto. La de quienes están en contra de la restitución, la del gobierno nacional, y vamos a explicar cómo es que entiende este asunto, y la del Polo Democrático Alternativo. Nosotros somos leales defensores de una política de restitución de tierras y en la calle, caminando con nuestros campesinos y nuestros empresarios, defendemos que efectivamente se dé. Seriedad le pido al gobierno, porque con tergiversaciones no se puede hacer un debate que resulte mínimamente constructivo.
Sin embargo, a estas alturas ya el debate no es tanto sobre la ley de restitución, demandada por inconstitucional por las organizaciones de las víctimas. En lo que debemos centrarnos es en mirar cómo va el trámite, cuáles son los resultados, qué ha venido pasando, con un fin, y es que haya una restitución efectiva y para que no sea en el papel, como hasta ahora está siendo.
Pero antes de entrar al tema específico, quiero mencionar algo de lo que nadie habla en Colombia y que es parte de la Ley 1448, que apunta a la restitución, pero también contiene una política de indemnización administrativa a las víctimas, sobre la que llamo a los colombianos a echar ojo, porque también va mal. Imagínense ustedes que en el gobierno anterior, la indemnización por vía administrativa que se reconocía como máximo a una familia era de un poco más de 25 millones de pesos. Con el Decreto 4800 del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos la redujo a 20 millones de pesos, es decir, de un tiro les quitó el 20 por ciento.
Y después, un Conpes del año pasado la redujo en términos efectivos a 6.395.000 pesos, de acuerdo con los análisis hechos por la doctora Sandra Morelli, contralora general de la República. Explicó la contralora que esto era en parte efecto de uno de los puntos más negativos de la ley, el de la sostenibilidad fiscal, que el Fondo Monetario Internacional le impuso a la economía colombiana.
No se ha restituido una sola hectárea ni por vía administrativa ni por la Ley 1448
¿Cómo va la política de restitución? ¿En qué vamos? Digamos para empezar que a la fecha de hoy, colombianos, y ustedes seguramente se van a sorprender, no ha habido una sola restitución de tierras a víctimas de la violencia. Cero restituciones. Cero restituciones por la vía administrativa, que se podía hacer, y cero restituciones por la vía de la Ley 1448, que empezó su vigencia este año. Pero más grave aún, las metas de restitución planteadas por el gobierno nacional en sus objetivos inmediatos son cicateras, pobretonas, y van a llevar a que no se cumplan las promesas que hizo el presidente Santos.
Detallemos poco a poco lo que ha venido sucediendo. Hace unas semanas, repitiendo lo que me informó el Ministerio de Agricultura, acepté que iban apenas 699 restituciones por 18 mil hectáreas por la vía de la restitución administrativa. Pero resulta que hace poco, el ministro de Agricultura rectificó la información y precisó que por vía administrativa no va ni una sola hectárea. No porque no se intentara. Poco después de posesionado, el gobierno nacional anunció el llamado programa administrativo de restitución de tierras, una transformación del programa de restitución de tierras de Acción Social –todo lo que estoy leyendo son documentos oficiales– y estableció también un plan de choque tendiente a restituir antes de que la ley entrara en vigencia. El gobierno nacional contó con el respaldo de la USAID y de la Organización Internacional de Migraciones. Luego digamos desde ya que si no ha habido una sola hectárea de restitución por la vía administrativa, fue porque esa política fracasó de manera estruendosa.
Todas las citas presidenciales que voy a leer aquí son tomadas de la oficina de información de la Casa de Nariño (Sistema de Información del Gobierno, SIG), señor ministro. El presidente Santos, el 20 de octubre del 2010, dijo: “No vamos a esperar hasta la Ley para iniciar la devolución de tierras despojadas. ¡Ya le dimos la largada a este proceso! ¡El proceso de restitución de tierras empieza ya, esta semana! Por eso tenemos listo un plan de choque”. Esperamos “restituir y formalizar 312 mil hectáreas de tierra a casi 130 mil familias campesinas”, plan que “termina en abril del año entrante”.
Fíjense ustedes que en la frase revuelve como si fueran casi una sola cosa formalizar y restituir. Pero la oficina de prensa de la Presidencia de la República, al otro día, precisa de qué estaba hablando el presidente Santos. Aclara que es un “Plan de choque, para la restitución de tierras”, plan de choque “que espera devolverles 312 mil hectáreas a casi 130 mil familias”, y que todo se hace mientras se expide la Ley 1448, que solo saldría meses más adelante.
Aquí es importante que ustedes tengan en cuenta, colombianos, que en este asunto hay palabras con significado diferente. Hay formalizaciones, adjudicaciones, asignaciones, restituciones, etcétera, y resulta clave que se entienda que la restitución de tierras es una política nueva, la única nueva de este gobierno, y no se parece en razones de fondo a las anteriores políticas de tierras.
El mismo 20 de octubre, El Espectador informó: “Anunció el ministro que ejecutará un plan de choque destinado a devolver 312 mil hectáreas a 130.487 familias”. Luego queda ya claro que si no se ha restituido ni una sola hectárea de tierra fue porque ni el presidente Santos ni el ministro Echeverry cumplieron con su oferta.
Sobre el punto retornaremos más adelante, pero miremos un segundo aspecto. La otra posibilidad de restitución de tierras es la que ofrece la Ley 1448 y por esa vía tampoco se ha restituido ni una sola hectárea. Ni una es ni una a una sola víctima de la violencia. Es cierto, como afirma el ministro, que la ley apenas entró en vigencia el 1º de enero, hecho que no voy a discutir, pero lo que sí me interesa que quede claro es que por esa vía tampoco se ha restituido ni una sola hectárea de tierra.
El proceso, y es una de las cosas lamentables, se ha construido con una lentitud exasperante. La ley se había podido aprobar en el 2010, pero la dejaron para el 2011. Y no fue de inmediata aplicación, porque se empezó a aplicar apenas en el 2012. Yo les cuento que en este momento, el Ministerio de Agricultura, de acuerdo con el sistema establecido, ya ha debido trasladarles a los jueces agrarios por lo menos 8 mil peticiones, traslado que todavía no se ha hecho, y los jueces agrarios, senadores, están ahí sentados esperando a que alguien les ponga algo que hacer.
Falló entonces el proceso administrativo y falló el proceso judicial. Y la lentitud en el nombramiento de los abogados que habrán de actuar como jueces agrarios es también absolutamente exasperante. Apenas se han nombrado cinco, de 134, y se espera que al final del año estén nombrados apenas 22, o sea, cerca de una sexta parte.
La desinversión de la carga de la prueba enredó el proceso
Parte de la lentitud, y este es un punto clave en el debate, tiene que ver con una decisión a mi juicio absurda del Ministerio de Agricultura al reglamentar la ley. La ley quedó con un artículo que el Polo respaldó, creo que es el 78, según el cual la carga de la prueba quedó en manos de quien tuviera el predio. Es decir, la víctima no tenía que demostrar su derecho sobre el predio, sino que le correspondía al presunto victimario echarse sobre sí la carga de la prueba. Es lo que llaman los abogados la inversión de la carga de la prueba.
Lo voy a explicar con las palabras del Ministerio del Interior, senador Parmenio Cuéllar. Dice: “Será el victimario –o sea quien tiene la tierra–, el que deberá demostrar que adquirió el predio de buena fe, y no se le pedirá a la víctima que compruebe el despojo”. Está claro. Es lo que dice la ley. Pero en el decreto reglamentario, el 4829 de 2011, desinvirtieron la carga de la prueba. Se va a generar un enredo monumental, y por supuesto, vulnera los intereses de las víctimas, senador Velasco.
Miren cómo explica el ministro de Agricultura lo que pasó. Dice él: “En la práctica, la inversión de la carga de la prueba quiere decir que una vez presentada la solicitud, el Estado se echa sobre sus hombros la inmensa y delicada carga de ayudar a recaudar esa prueba”. O sea, la prueba no queda en manos del victimario, sino de la víctima y el Estado le ayuda. Ustedes me van a excusar que cite muchos textos, pero los detalles son importantes.
“El Estado tendrá que empezar a buscar, documentar o establecer si efectivamente el predio que reclama el despojado fue usurpado por la violencia o no, y si se prueba –ojo con las palabras del ministro–, y si se prueba que efectivamente hubo despojos –o sea, si se prueba ante la Oficina de Restitución de Tierras, parte del Ministerio de Agricultura–, si se prueba que efectivamente hubo despojo, coincidente con la reclamación, acompañará a la víctima y aportará la documentación que ha podido recabar como Estado. Y posteriormente el juez, evaluará y podrá dictar una sentencia.”
Va quedando claro que esto no es inversión de la carga de la prueba. Ahondemos un poco. En un comentario a un artículo de Daniel Samper Pizano, dijo también el ministro de Agricultura: “Es el Estado quien deberá ayudarle a conseguirlas y allegarlas”, las pruebas, refiriéndose a las víctimas. Dijo también: “La carga de la prueba instruye al Estado, a través de la Unidad de Restitución de Tierras, para que concurra en apoyo de las víctimas”, con el fin de ayudarlas a documentar sus pretensiones.
Eso no es inversión de la carga de la prueba ni aquí ni en Cafarnaún. María Isabel Rueda, en El Tiempo, le pregunta al ministro Restrepo: “¿Es cierto que el plan de invertir la carga de la prueba a favor del campesino echó reversa?” Y él da algunas explicaciones y concluye: “Como Estado, le ayudamos a la víctima a que allegue las pruebas para hacer valer su derecho”. Le ayudamos a la víctima. Entonces María Isabel Rueda, que es perspicaz y sabía de qué se estaba hablando, le repregunta: “Hasta donde yo tenía entendido, el que tiene que demostrar su derecho es el tenedor o propietario al cual se le reclama la tierra”. Y miren lo que contesta el ministro Restrepo: “No. La inversión de la carga de la prueba no es eso. Consiste en que la ley le dijo al Estado: ayúdele a la víctima que en condiciones normales debería aprobar su despojo, a allegar las pruebas para que lo pruebe”. Repito, ayúdele a la víctima a allegar las pruebas.
El punto a mi juicio es ilegal, porque no se puede reglamentar una ley violando la teoría de la inversión de la carga de la prueba. Pero más grave aún, se ha creado un enredo descomunal, porque aquí ¿qué fue lo que sucedió, senadores? Que además del proceso judicial ordenado por la Ley 1448, con inversión de la carga de la prueba ante los jueces agrarios, apareció un proceso administrativo que exige un fallo, porque el Ministerio no les traslada a los jueces las solicitudes del campesino sino cuando la Unidad de Restitución considere que hay pruebas suficientes.
Entonces aquí tenemos un gravísimo problema teórico, pero también uno práctico descomunal, como lo dije hace un momento. De acuerdo con los términos de la propia ley, el 10 de mayo deberían haberse tomado decisiones y empezar a pasarles a los jueces las 8 mil peticiones que se hicieron el año pasado. Es la hora en que los jueces no tienen en sus manos ni un solo procedimiento.
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